Lo que ha generado una reacción negativa en contra del ejército mexicano no es su permanencia en las calles en varias ciudades del país, ni la encomienda de combatir al narcotráfico, si no el número de víctimas inocentes que han perdido la vida en el fuego cruzado o los errores cometidos por las fuerzas armadas en retenes o en la misma confrontación contra el narcotráfico.
Es una realidad que la sociedad reconoce la determinación de Calderón de combatir al crimen organizado, pero a últimas fechas ha calado más hondo en el ánimo popular el daño colateral causado por esa lucha en perjuicio de víctimas inocentes, porque la batalla no es en la sierra o en lugares despoblados, por el contrario, se han incrementado los enfrentamientos en los centros de población y sobre todo en zonas urbanas de capitales de estados y en ciudades no pobres o aisladas, sino económicamente desarrolladas y con mucha población.
El número de menores de edad muertos en la llamada guerra contra el narcotráfico va en incremento. Según un recuento de REFORMA, de enero y hasta el 23 de abril, han fallecido 87 niños en circunstancias violentas. En el mismo laso de 2009, murieron 63 menores.
Del total de menores fallecidos este año, 75 contaban con entre 15 y 17 años de edad y 14 tenían entre 11 y 14 años, mientras que 5, entre 5 y 10 años.
Tres bebes de entre uno y 3 años también han muerto en esta guerra.
El pasado 3 de abril, los niños Bryan Martín Almanza de 5 y 9 año9s, murieron luego de que efectivos del Ejército dispararan contra la camioneta en la que viajaban de Tamaulipas.
Entre los adolecentes muertos, están los 14 estudiantes del CBTIS de Ciudad Juárez asesinados por comando armado el 1 de febrero en el fraccionamiento Salvacar.
Hace una semana, en la Colonia Alfonso Reyes de Monterrey, fue encontrado con las manos atadas Eduardo Romero, apodado “El Bebe”, de 14 años de edad y en otro incidente fue ejecutado Javier Chávez de 16 años. (Reforma 28/abril/2010)
Este dato preocupa, 197 niños durante todo el 2009, 63 de enero a abril de 2009, 97 de enero a abril de 2010. (Reforma 28/abril/2010)
OTRAS VÍCTIMAS INOCENTES
12 de marzo. En la comunidad de Bachoco, municipio de Navolato, Sinaloa, ocho agricultores fueron asesinados por un comando armado durante una fiesta.
Los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo abandonaron la biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) a las 00:38 minutos. Siete minutos más tarde fueron abatidos a balazos frente a la puerta de su escuela.
Seis comuneros de Mazatlán, Sinaloa, fueron abatidos al quedar atrapados en medio de una balacera entre narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán.
28 de marzo. En Pueblo Nuevo, Durango, diez jóvenes que viajaban en un vehículo fueron masacrados por un grupo de sicarios, al no obedecer la indicación de que detuvieran la unidad. (La Jornada 1/abril/2010)
La preocupación y el malestar social lo genera el alto índice de violencia y el grado de la violencia, la capacidad de asombro se ha perdido, tenemos decapitados, encajuelados, colgados, fusilados, descuartizados, embolsados, etc., etc.
Y además, el concepto de la Seguridad Pública ha cambiado y la presencia de los militares en esta lucha es prueba de ello, porque la seguridad pública no es competencia de los militares y resulta ya cuestionable que con motivo de esta guerra, los militares maten a ciudadanos de su propio país, en los hechos eso sucede, desde luego que los muertos por los militares son narcotraficantes en su mayoría, pero también han muerto inocentes.
Así, la discusión sobre el papel del Ejército en esta lucha se pone a debate, sobre todo el papel que juegan en un gobierno de civiles, sobre todo en un territorio donde no ha sido declarado un estado de sitio o de emergencia nacional.
El 21 de abril se aprobaron en el Senado las reformas a la ley de Seguridad Nacional y aunque en la Cámara de Diputados aún no se aprueba, la discusión sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública que corresponden a la autoridad civil es parte del debate y además, se anticipa ya con estas reformas un cambio en la relación de las fuerzas y los equilibrios del poder, porque se trata de regular el papel de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y además, acotar la facultad presidencial contenida en el artículo 89 constitucional de disponer el uso y desplazamiento del Ejército Nacional.
El Ejército ha demandado que se le dote de legalidad a su actuación en el combate al narcotráfico para tener así una protección jurídica que evite que en un futuro sean acusados de intervenir en una guerra sucia o sean consignados por no respetar los derechos humanos.
Como quiera que sea, el narcotráfico ha obligado una reforma constitucional cuyos efectos están por verse, que de momento limitan al presidente y molestan a las fuerzas armadas, porque lo aprobado no ha sido de su agrado y que además, dichas reformas burocratizaran la lucha contra el narco.
Con 105 votos en favor, uno en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que regula el uso militar contra el crimen organizado, al convertirlo en una decisión de Estado, abre la puerta para que los militares sean juzgados por tribunales civiles en caso de delitos contra ciudadanos inocentes y fortalece al CISEN en estas tareas.
Dicha declaración se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será de orden público y de interés social. En ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario ejecutivo informará de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, para que ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
O sea, que si para enfrentar una situación contra el crimen organizado por parte de las Fuerzas de Seguridad de una entidad federativa y éstas no puedan responder, deberán hacer un trámite ante el Consejo de Seguridad, dictaminarse, luego ante el Presidente de la República, luego publicarse en el Diario Oficial y avisar a las Comisiones de Derechos Humanos, ¿Cuántos días lleva esto?
¿Los narcos estarán en el mismo sitio esperando la declaratoria y la publicación?
Ello significa que si la autoridad estatal pretende detener al Chapo Guzmán y a su equipo de fuerza que lo acompañe si llega a ser detectado en algún lugar, primero se deberá hacer el trámite ya comentado, para que el Ejército pueda intervenir, el narco de seguro está feliz con esta burocracia, que además, la puede comprar para que el trámite no se inicie o no camine normalmente.
No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando la solicitud tenga su origen o causa en el cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, por ejemplo; en el caso del sindicato mexicano de electricistas o en el de Atenco o casos similares no procederá, o la toma de Reforma por López Obrador.
Considerado como el corazón de la reforma, el tema de los militares y su castigo por parte de tribunales civiles está en el artículo 72, donde establece que “las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
El artículo 13 Constitucional ordena que los delitos cometidos por militares contra civiles, sean juzgados por los tribunales del fuero común, no por la justicia militar. (Excélsior 28/abril/2010)
A Propósito…
No Es Así, Rigo
El diputado Rigoberto Salazar informó que la deuda del gobierno del estado, heredada de la anterior administración, es de mil 135 millones. De seguro, Rigo se refiere únicamente a la deuda bancaria con Banobras y no cita los otros adeudos que heredó el gobierno de Silverio Cavazos al de Mario Anguiano, entre los que destacan: 200 millones de pesos solicitados como anticipo de participaciones -como en su oportunidad lo dio a conocer el actual gobernador-, el adeudo a la Universidad de Colima por casi 100 millones de pesos tampoco está incluido, el adeudo a proveedores por 400 millones de pesos recién reconocido por el propio gobernador Mario Anguiano hace apenas unos días y el adeudo contraído con una empresa particular con cargo a la Ciapacov por el tratamiento de las aguas residuales, a 20 años, con pago promedio de 50 millones de pesos anuales.
Hay que recordar que el propio contador Osorio, Secretario de Finanzas, declaró al principio de la administración que durante el 2010 pagarían un promedio de 50 millones de pesos mensuales por concepto de deuda a corto plazo.
El diputado Rigoberto Salazar dice que el adeudo a proveedores es de 160 millones y el gobernador del Estado Mario Anguiano dice que son 400 millones.
Tal como lo hemos citado en esta columna, la deuda del gobierno con los bancos, con proveedores, con instituciones y con dependencias de gobierno federal por dinero no aportado, más la deuda de Ciapacov por el tratamiento de las aguas llega casi a los 3 mil millones de pesos.
Yo no he dicho en ningún momento que alguien se haya robado el dinero, únicamente he hecho dos preguntas: ¿por qué se endeudaron tanto?, y, dos: ¿en qué lo gastaron?
Ahora la pregunta es a Rigoberto Salazar: ¿por qué dice que el adeudo es de mil 135 millones?
Rigoberto debería dar a conocer el endeudamiento total del gobierno y sus dependencias, paraestatales y organismos descentralizados.
Por otra parte, según declaraciones de quienes fueron funcionarios del Ivecol, éste no fue quebrado financieramente su anterior director José Rivas Valencia, sino porque se pidió un crédito por un monto muy grande a nombre del Ivecol, pero el dinero nunca entró al Ivecol, únicamente se lo cargaron, y que quede otra cosa: Rigo dice que son 160 millones a proveedores y el gobernador Mario Anguiano dice que son 400. Yo le creo al gobernador.
La deuda bancaria del gobierno del estado, al parecer, es de 820 millones de pesos, contratada a muchos años, a eso hay que sumar la deuda de Ivecol de 230 millones de pesos y la deuda que tiene con bancos Ciapacov, quizás estas tres cantidades que se deben a bancos son los mil 132 millones a los que se refiere Rigo como deuda bancaria, pero repito: 400 a proveedores, van 1,532 millones, 100 millones a la universidad van 1, 632 millones, el endeudamiento por casi mil millones de la planta de aguas residuales, dan 2,632 millones, más los 200 millones de participaciones van 2,832 millones, mas lo que se le debe a las dependencias del gobierno federal por los recursos no aportados como FONAPO, SAGARPA, SALUD, etc. dan los más de 3 mil millones, Rigo.
Las cuentas parciales no cuentan, Rigo.
www.aproposito2004.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario