De manera irresponsable y, además, con mentiras documentadas, el señor Efraín Naranjo, quien se autoproclama como presidente de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamentales, continúa declarando sobre personas desaparecidas durante mi gobierno, atribuyéndole, falsa y dolosamente, responsabilidad a la Procuraduría de Justicia del Estado, así como a agentes policiacos de esa dependencia.
Quiero reiterar algo que ya fue publicado en esta columna y que también apareció publicado el 10 de mayo en el periódico La Jornada en la página 44, sobre la desaparición de Alejandro Martínez Dueñas, pues, según declaración de la señora Diana Martínez Dueñas, hermana de Alejandro, ella y su mamá, la señora Marcelina Dueñas, el pasado 8 de diciembre se reunieron en la ciudad de México, con el coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, de la presidencia de la república, Benigno Aladro Fernández, y que este funcionario, según lo dicho por Diana Martínez a La Jornada, les propuso un trato y de hecho aceptó que a Alejandro Martínez lo tenía la PGR, y les prometió entregárselos si prometían olvidar todo el asunto.
La misma Diana Martínez declara a La Jornada que dos días después, el 10 de diciembre de 2004, el funcionario Aladro Fernández le confirmó el trato y le pidió que ya no hiciera más gestiones sobre este asunto y que días después, el funcionario Aladro Fernández les informó a ella y a su mamá que Alejandro Martínez “no estaba desaparecido, sino que debía ser testigo protegido de la PGR y que en esas condiciones no podía entregárnoslo, sólo decirnos dónde y cómo estaba e informar después al presidente Fox para que él decidiera qué hacer”. La propia Diana Martínez declara que Aladro Fernández les cambió el trato, pero que sin embargo este funcionario después les llamó y les prometió que en enero del 2005, cuando regresara de sus vacaciones, tendría respuesta sobre su hermano.
Diana Martínez afirma que el 8 de febrero de este año, se reunió en el Vip´s de Calzada Galván con el funcionario de la Presidencia de la República, Aladro Fernández, a quien acompañó su secretario particular, Wiliam Castillo, con la presencia también de su mamá y uno de sus hermanos y que ahí el funcionario rompió el trato. En su declaración a La Jornada, Diana Martínez sostiene que, ahora más que nunca, se fortalece su convicción de que Alejandro está vivo y lo retiene la PGR.
Esta declaración de la hermana del desaparecido Alejandro Martínez es contraria a lo que afirma Efraín Naranjo, quien deberá responder por qué miente y contradice, al culpar a la Procuraduría Estatal, de lo que dicen la hermana y la mamá del desaparecido y el propio funcionario federal aludido.
Es cierto que el pasado mes de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación al Gobernador del Estado, al Procurador del Estado y al Procurador General de la República sobre este asunto.
El pasado 7 de junio, según consta en la prensa nacional, la señora Diana Martínez, hermana del desaparecido, estuvo en la ciudad de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para asistir al acto en el que su presidente rendía su informe anual de labores, con la presencia del Presidente de la República Vicente Fox, y quedó asentado en la prensa nacional que la señora Diana Martínez, al término del informe, exigió al Presidente la entrega de su hermano y manifestó su desacuerdo con la recomendación que emitió días antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre este caso, pues esta declaración no le fue muy favorable, por las razones siguientes:
1.- En la página 10, se cita que la PGR recibió la averiguación previa 144-99, que se inició el 12 de septiembre de 1999, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, por el homicidio de Gabriel Bueno Ramos, así como otras tres averiguaciones más del año 99 que se turnaron a la PGR, por la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima, por lesiones de tres personas entre ellos el desaparecido Alejandro Martínez Dueñas o Alejandro Fernández González. O sea, que se denuncia que el señor Alejandro Martínez Dueñas desapareció en Colima el 30 de junio del 2001, y en las investigaciones para conocer su paradero, la PGR conoce de cuatro averiguaciones, una de la Procuraduría de Michoacán y tres de la de Colima del año 99, de hechos delictivos en los que se involucra al señor Alejandro Martínez dos años antes de su desaparición.
2.- En la página 13 de la recomendación de la CNDH, se asienta el acuerdo del seis de febrero del año 2003, en el cual la PGR recibió la puesta a disposición de tres policías judiciales del Estado, que la Procuraduría de Justicia de Colima remitía a la PGR, para que fueran investigados en el caso de la desaparición de Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina.
Cabe desatacar que en esa fecha, el Procurador de Justicia del Estado, Doctor Sam López, me informó que la PGR solicitaba le fueran remitidos para investigación tres elementos de la Judicial de Colima, los cuales fueron remitidos.
3.- Se asienta también en la recomendación, que la PGR atrajo este caso para su investigación y que el día siete de febrero de 2003, arraigó en la ciudad de México, durante tres meses, a los tres elementos de la Policía Judicial de Colima, para realizar una investigación al respecto.
4.- Se asienta también en la recomendación el acuerdo de la PGR, del cinco de mayo de 2003, a través del cual ejerció acción penal en contra de los tres elementos de la policía judicial de Colima, por su presunta participación en la desaparición de Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina.
5.- Se asienta también que en el periodo comprendido del 22 de enero del 2002 al 22 de abril del 2003, declararon ante la PGR 16 personas sobre este asunto.
6.- En la recomendación se asienta que en el periodo comprendido del 30 de noviembre de 2001 al 12 de marzo de 2002, en la Procuraduría de Justicia de Colima, declararon sobre este asunto 21 personas y que también aquí en Colima declararon en fecha posterior otras 24 personas más, entre ellos, 12 servidores públicos de la PGR.
7.- Se asienta, además, que, de marzo del 2003 a febrero de 2004, otras 24 personas más declararon ante la PGR.
Lo que quiere decir que sobre este asunto, declararon 85 personas ante la PGR y la Procuraduría de Justicia de Colima, y aún así,el señor Efraín Naranjo afirma que no se hizo nada.
8.- En la misma recomendación se asienta la información inherente a la causa penal 232-98 que se instruyó a Alejandro Martínez Dueñas, como probable responsable de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos.
9.- También se asienta que la PGR dio fe de la averiguación previa 071-2001 iniciada en la PGJ del Estado de Michoacán el 30 de mayo de 2001, un mes antes de la desaparición de Alejandro Martínezy en dicha averiguación se refiere al delito de secuestro, homicidio y asociación delictuosa en agravio de Adolfo Miguel Martínez Licea, que vivía en Colima pero que fue secuestrado y asesinado en el estado de Michoacán, en los límites con Colima, un mes antes de la desaparición de Alejandro Martínez Dueñas.
Cabe destacar que en el texto de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se asienta que en la desaparición de Alejandro Martínez participaron dos agentes judiciales del Estado de Michoacán.
10.- En el texto de la recomendación, se asienta que de las averiguaciones realizadas por la PGR, se desprende también la desaparición del señor Gabriel Sánchez Sánchez; asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma en su recomendación que los servidores públicos de la PGR, que tuvieron bajo su responsabilidad las averiguaciones previas relativas a la desaparición de las personas mencionadas, omitieron practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados; o sea, de los tres elementos de la judicial de Colima que fueron arraigados en la ciudad de México y posteriormente consignados ante un juez federal.
11.- Resalta como importante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación, que con motivo de la averiguación previa que atrajo para su investigación la Procuraduría General de la República y de la que se solicitó orden de aprehensión en contra de los probables responsables (policías judiciales de Colima) que previamente habían sido arraigados, un juez federal negó la orden de aprensión contra los policías de Colima y que también la negativa a la orden de aprensión contra ellos fue confirmada por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Guadalajara, Jalisco, que tampoco encontró elementos para que los policías de Colima, arraigados por tres meses en la ciudad de México, siguieran detenidos y menos para que se les girara orden de aprehensión; o sea, no hubo elementos para que la justicia federal encontrara culpables a los policías de Colima, de las desapariciones de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez.
12.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce lo anterior, pero advierte que no se siguieron todas las líneas de investigación, pero las autoridades de la PGR y del Poder Judicial Federal, no encontraron elementos de culpabilidad en los policías judiciales de Colima que se reintegraron a sus labores y que a la fecha están ahí trabajando.
En consecuencia, el señor Efraín Naranjo podrá seguir diciendo lo que quiera, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma la vinculación de dos de los desaparecidos, con hechos delictivos en el Estado de Michoacán, poco meses antes de su desaparición, entre ellos, secuestro, homicidio y portación de armas prohibidas.
Cero Tolerancia
Hace unos días, el joven poeta Rogelio Guedea Noriega, que escribe en el periódico Ecos de la Costa, y de quien tengo referencia de su talento poético, así como de su esfuerzo en el estudio de las letras, escribió en su columna, que mi gobierno fue autoritario, y por considerar que es un buen muchacho, le quiero precisar que esa opinión la comparto, pero sólo en lo que se refiere a la seguridad pública y a la lucha legal que mi gobierno emprendió en Colima para terminar con los secuestros, pues antes de mi llegada al gobierno, en el gobierno anterior, del 91 al 97 se cometieron cerca de 60 secuestros en Colima; en mi gobierno, durante los seis años del 1 de noviembre del 97 al 31 de octubre de 2003, lamentamos únicamente la comisión de cinco secuestros, lo que nos permitió al término del gobierno, acreditar a Colima como uno de los estados más seguros de la República y con menos secuestros, las cinco personas secuestradas, fueron liberadas con vida y solamente en un solo caso, por decisión familiar, se pagó rescate; así, se nos hizo fama de duros al Doctor Sam y a mí como Gobernador, y quizá algunos, sin suficiente información como el joven Guedea, fama de autoritarios, porque en materia de la seguridad de los colimenses, no toleramos hechos delictivos y menos en materia de secuestros, porque muchas familias como la del joven Guedea Noriega, saben lo que sufre una familia cuando se es víctima o victimario en un secuestro y más cuando hay impunidad y ésta se hace del dominio público, pues no únicamente se agravia a una familia sino a la sociedad en su conjunto.
