El presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos, incrementando hasta en 31 mil millones de pesos el presupuesto de seguridad, es loable que así sea, porque el gobierno de Fox no lo incrementó, sino, por el contrario, siempre regateó los recursos a los estados para combatir la inseguridad, pero el problema no se va a resolver únicamente con el aumento de pesos, ni con nuevas leyes con penalidades cada vez más altas, porque el problema de la delincuencia debe atacarse de fondo y la raíz de la inseguridad está en la impunidad.
La impunidad se incuba en la corrupción y tiene su origen en la autoridad, que es permisiva y tolerante con quienes cometen hechos delictivos. De 100 delitos que se cometen, sólo son detenidos 10 presuntos delincuentes y sólo uno de ellos es consignado y sentenciado. Leyes hay muchas, las penalidades altas existen, lo que no hay son muchos delincuentes procesados y sentenciados, porque la mayoría de quienes cometen un hecho ilícito andan libres por ineficacia de las policías, por corrupción de las mismas o por deficiencia en el procedimiento.
En la nota roja de los periódicos vemos a diario, en el caso de Colima, Manzanillo y Tecoman, cuando menos cinco presuntos delincuentes detenidos, que en promedio son 1800 al año. ¿Dónde están detenidos? ¿A qué Cereso los metieron? Con esa cifra en un año se saturan los dos ceresos, el de Colima y Manzanillo, ¿Cuántos de esos fueron consignados?
Y si esto ocurre en todo el país….
En el caso de Manzanillo, leí recientemente una declaración de las autoridades municipales que habían detenido cerca de 800 narcomenudistas en un año, ¿dónde están detenidos? Se les detiene pero no se les sujeta a proceso, la falla viene desde la detención que a veces no se hace conforme a derecho y que por deficiencia al instrumentar la detención el delincuente queda libre, a veces la deficiencia en la detención, es por incapacidad policíaca, a veces por complicidad policíaca y las dos son formas de corrupción.
Cuando son detenidos y consignados ante el juez, en muchas ocasiones la consignación no está bien sustentada jurídicamente y la posibilidad se repite o se hace por error o por complicidad. En muchas ocasiones, cuando la detención se hace bien y la consignación es sólida jurídicamente, se puede atravesar en el camino un juez corrupto y se viene abajo lo que se hizo bien en las dos primeras etapas. En ocasiones, cuando el juez actúa bien en la apelación ante el tribunal de justicia de la entidad federativa que sea, puede haber también un magistrado corrupto o mediante el amparo y con la protección de la justicia federal, se puede también evadir la justicia si el juez de distrito es corrupto y sobornado y en el tribunal colegiado también la corrupción se puede hacer presente.
Entonces, la realidad nos dice que para que un delincuente sea sentenciado de manera firme y definitiva se debe recorrer un largo camino en las instancias del fuero común y ante la justicia federal y en ese tramo donde intervienen autoridades de diferente nivel, el riesgo de la corrupción se multiplica y la impunidad encuentra en muchos casos el huevo que la incuba.
Al inicio de mi gobierno, decidí proponer conforme a las atribuciones que tiene el gobernador, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y la razón de tomar esa decisión tenía su fundamento en que alguno de los magistrados que propuse remover habían sido denunciados en reiteradas ocasiones por haber dejado libres algunos secuestradores, que habían secuestrado algunas personas antes de mi gobierno y habían salido libres porque cuando apelaron ante el Tribunal de Justicia, no obstante que habían sido consignados por el delito de secuestro, al final fueron sentenciados por privación ilegal de la libertad y con ello salían más pronto de la cárcel y había ciudadanos de Armería, lo recuerdo muy bien, que me decían: esa persona me secuestró y anda libre.
Por eso propuse la ratificación de algunos y promoví la remoción de otros, entre ellos los dos que habían sido acusados.
Entonces, se dan seis o siete etapas donde la corrupción puede sustentar la impunidad y donde el presunto delincuente puede evadir la justicia si se le presenta la oportunidad y desde luego, si hay un funcionario corrupto que le de facilidades.
¿Y la victima, cuántas etapas de oportunidad tiene en su favor?
Ninguna, porque siempre tiene más oportunidades el delincuente.
A un presunto delincuente se le envía una orden de presentación, si no se presenta, se le gira una orden de aprehensión, una vez detenido, si no tiene un abogado, el estado le pone uno sin costo, se le consigna, se le procesa, siempre conforme a derecho y respetándole sus garantías constitucionales y sus derechos humanos, si no es así, en cualquier etapa del procedimiento puede inconformarse y hacerlos valer, se le sentencia y tiene derecho a apelar, puede ocurrir al amparo y a la justicia federal.
Una vez sentenciado, se supone que entra en un proceso de rehabilitación y readaptación social y puede gozar del beneficio de la libertad anticipada y normalmente nadie cumple la pena completa a la que fue sentenciada, la mayoría de las veces, siempre por algún beneficio de la ley, obtiene su libertad anticipada.
¿Y de la victima, quién se acuerda? ¿Quién la auxilia cuando queda con vida? ¿Quién le repara el daño? ¿Quién es su abogado de oficio? ¿Quién le protege o restituye sus derechos humanos violentados? ¿Quién la rehabilita de la lesión física sufrida o del daño psicológico que le trastorna?
La Comisión de Derechos Humanos atiende, por lo general, denuncias de presuntos delincuentes a las que las autoridades violaron sus derechos humanos o de personas que no fueron atendidas por las autoridades obligadas a protegerlos, pero jamás atienden denuncias en contra de delincuentes, porque para ello está el ministerio público y por ello, la gente tiene siempre la idea que estas comisiones protegen más al delincuente que a las victimas.
Así, tenemos que el delincuente, que por ineficiencia policíaca no es detenido o el que por corrupción judicial o procesal no es castigado, vuelve a delinquir sabiendo que existen formas de evadir la ley.
Otra causa de la impunidad es el influyentismo: familiares o amigos de funcionarios y jefes policíacos se vuelven intocables y las autoridades cómplices de los mismos.
Otro problema es la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policíacos que tienen en la narconómina a policías, comandantes o jueces que les protegen, que les proporcionan información oficial sobre operativos, sobre órdenes de aprehensión, etc., y policías que por complicidad propia o por instrucción superior se abstienen de acudir a los lugares a donde se cometen los ilícitos o tienen la orden de no molestar a ciertos personajes del crimen organizado, a quienes por el contrario deben garantizarles el apoyo oficial para que operen en la impunidad.
Por eso, muchas veces, cuando van a detener algún personaje, ya no lo encuentran, porque oportunamente fue avisado desde las oficinas policíacas donde tienen informantes a sueldo.
Por eso, muchos enfrentamientos que se han dado en Sonora, Michoacán, Chihuahua, etc., las policías no llegan, porque por eso les pagan, para que no lleguen y a veces también se dan enfrentamientos entre policías, unos actúan de buena fe combatiendo el crimen y otros que de mala fe los defienden. Los enfrentamientos a balazos de diferentes corporaciones policíacas, no es por ver quién hace mejor su tarea en contra del crimen, sino porque tienen tareas diferentes, unos del lado de la ley y otros en contra de la ley.
En un estado de la república cercano al nuestro, el crimen organizado patrocina económicamente campañas electorales y no se fijan en el partido, sino en el político que se presta o que se pone de modo y cuando triunfa en la elección, si es presidente municipal, nada más le piden poner el jefe de la policía y al de obra pública, para que la lavadora funcione.
Otro problema es cuando los propios policías tienen su empresa delictiva y son ellos mismos quienes cometen los delitos de robos, secuestros, etc., y si son comandantes o jefes policíacos, invitan al negocio a los subordinados y así corrompen a la organización policial. El caso Martí es un ejemplo contundente.
También hay la confrontación institucional entre cuerpos policíacos de diferentes niveles de gobierno y de diferentes partidos políticos y en la confrontación policíaca, en estos casos se privilegia más la rentabilidad electoral que la eficacia policíaca que proteja al ciudadano, como en el c aso Ebrard-Calderón.
Asimismo, la confrontación institucional entre dependencias de un mismo gobierno, o de funcionarios de una misma administración, local o federal, que en aras del protagonismo se confrontan más con sus colegas funcionarios que con los delincuentes, tal como ocurre con Medina Mora-García Luna.
Los anteriores problemas no se resuelven con dinero, ni con nuevas leyes o mayores penas, sino con el combate a fondo a la corrupción, a la impunidad, a la complicidad, a la infiltración, a la descoordinación institucional y a un compromiso verdadero de cero tolerancia a quienes violen la ley.
Pero estos problemas enumerados se refieren a la parte del combate a la delincuencia que realiza el gobierno y que tiene que ver con los aspectos de la legalidad y el fortalecimiento del estado de derecho, pero hay otro aspecto que es el político y mientras el gobierno federal no logre acuerdos políticos tendrá dos frentes de batalla en detrimento de la seguridad de los mexicanos.
Un frente en contra de la delincuencia y el otro en contra de las fuerzas políticas, partidos y poderes.
Actualmente, el gobierno federal panista mantiene un enfrentamiento permanente con las fuerzas políticas opositoras, se confronta con el congreso de la unión, acusándolos de que no aprueban sus reformas y se confronta también en la aplicación presupuestal con los gobiernos de los estados que surgen de partidos diferentes al PAN.
El presidente Calderón, al igual que Fox, tienen temor de cumplir a plenitud sus funciones constitucionales; primero, porque creen que no lo van a poder hacer bien, porque no saben cómo y segundo, porque creen que se pueden exceder y que pueden parecer autoritarios y contribuyen a no resolver los problemas que les corresponden y en consecuencia, a agravarlos, creando vacíos de poder que otros poderes fácticos terminan por llenar.
Así, tenemos ocho años de un poder presidencial que no puede, de un gobierno federal que no gobierna, de un presidente que se asusta por los machetes de Atenco y el zócalo semilleno.
El que un presidente de la república no tome las decisiones de manera oportuna, puntual, eficaz, pertinente, etc., se agrava por el hecho de que en el congreso de la unión no hay un partido que tenga una mayoría absoluta que le permita tomar decisiones que den la gobernabilidad que el ejecutivo no puede tener por si mismo.
Entonces, un ejecutivo que no resuelve y un congreso donde se dificulten los acuerdos porque los responsables de la política nacional no tienen la capacidad política para formar mayorías, hace que lleguemos a la atonía en el ejercicio del poder público y si a ello agregamos que la Suprema Corte de Justicia de la nación legisla y de manera autocrática vulnera la certidumbre jurídica, el problema de la gobernabilidad se agrava.
El gobierno federal enfrenta una batalla de tipo político con los partidos, con los que no se pone de acuerdo y con el congreso que no acuerda y por otra parte, enfrenta otra batalla con el crimen organizado.
Parte de la inteligencia del gobierno federal, de sus recursos políticos, de su fuerza institucional, de sus facultades legales, las dedica a confrontarse políticamente con la oposición y lo que le queda, lo destina al enfrentamiento contra la delincuencia y el crimen organizado.
De esta manera, el gobierno federal enfrenta dos batallas y no gana ninguna, y en ambas, los mexicanos salimos perdiendo.
Si lograra acuerdos políticos, si reconociera que no son mayoría y si el gobierno no se enfrentara con toda su fuerza a la oposición política, tendría el respaldo y la fuerza política para ganarle a la delincuencia, pero al dividir sus fuerzas –por lo demás, carentes de inteligencia y estrategia- no avanza victorioso en ninguno de los frentes de batalla en que divide su ejercicio gubernamental.
El presidente Calderón debería gobernar mediante acuerdos con las fuerzas políticas y dejar la confrontación con los opositores en manos de Acción Nacional, que los partidos se confronten y que el ejecutivo realmente gobierne, para que tenga la fuerza suficiente para ganarle la batalla a la delincuencia.
El gobierno de Calderón debe definir cuál es su prioridad: combatir y aniquilar a las fuerzas políticas, o a la delincuencia organizada.
Si decide combatir con todas las fuerzas del Estado a la delincuencia organizada, podrá contar con el apoyo de las fuerzas políticas del país, pero no puede mantener dos frentes de batalla, porque seguirá perdiendo en ambos.
Que la experiencia del nombramiento de Roberto Campa no se repita, porque Calderón subordinó la seguridad de los mexicanos al pago de favores electorales.
Nos vemos mañana sábado.
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