La Pena de Muerte, En Contra

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, puso el tema en la mesa y está a discusión: pena de muerte a los secuestradores.

La propuesta, evidentemente, tiene un sentido político, puesto que ocho de cada diez mexicanos encuestados, están molestos, hastiados, desesperados y atemorizados por el incremento de los secuestros en el país, y por ello son partidarios del incremento de las penas como medida para disminuir el índice delictivo.

El presidente Calderón recientemente declaró que los secuestros disminuirán en un 30% hasta el 2012, lo que quiere decir que en el corto plazo, seguiremos padeciendo este tipo de delitos que agravian a la familia y a la sociedad entera. Este anunció del presidente, que a falta de resultados acostumbra gobernar a plazos, motiva a los ciudadanos indefensos a exigir la pena capital a los delincuentes que secuestran.

Está demostrado que en los países en que existe está medida, los secuestros no disminuyen y los homicidios tampoco.

Está demostrado, también, que los juicios para imponer la pena de muerte son demasiado prolongados y el secuestrador termina convirtiéndose en víctima de un sistema de justicia que le quiere privar de la vida y que con el paso de los años, la gente olvida el delito que éste cometió y muchas voces se expresan para pedir la conmutación de la pena, las verdaderas víctimas son olvidadas y el delincuente se convierte en una víctima mediática, a la que quieren rescatar siempre organizaciones y personas alegando la defensa de la vida y los derechos humanos.

Basta un ejemplo: el día que se dio a conocer el asesinato del niño Fernando Martí y que al unirse casi todo México pedía pena de muerte para los secuestradores, al mismo tiempo, el gobierno mexicano y organizaciones nacionales en pro de los derechos humanos, exigían al gobierno de los Estados Unidos que conmutara la pena de muerte de un mexicano que había violado y asesinado a dos niñas en el vecino país.

Desde mi punto de vista, la pena de muerte no ha sido una medida eficaz para disminuir los delitos graves, porque siempre hay la esperanza y la posibilidad legal de que alguien la conmute, y los gobernantes, en muchos casos, ante la presión tratan de acreditar que son piadosos y que pueden otorgar el perdón.

Y si la pena de muerte no ha funcionado en países avanzados, desde el punto de vista democrático y de desarrollo económico, resultaría delicado y riesgoso implementarla en un país como el nuestro, que si bien se hace necesario desde el punto de vista del incremento delictivo y de la incidencia cada vez mayor del delito de secuestro, es un riesgo aplicarla con el alto grado de corrupción policíaca que existe en México y las debilidades que también ha acreditado nuestro sistema judicial.

Porque la corrupción que se ha convertido en cómplice de la impunidad, puede también convertirse en cómplice de la venganza y se pudiere dar el caso de que organizaciones criminales o personas en lo particular, compren policías o jueces para imputar delitos y legalmente privar de la vida a enemigos o contrarios.

No se puede, en un país con un alto grado de corrupción, dejar en manos de las autoridades que pudieren disponer discrecionalmente de este instrumento que permite privar de la vida a alguien.

Se ha acreditado en la “operación limpieza”, que altos funcionarios de la AFI y de la Secretaria de Seguridad Publica estaban al servicio de uno de los carteles de la droga, el del Chapo Guzmán y el de los Zambada, y que personal de la PGR, sobre todo los de la SIEDO, que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, estuvo al servicio de los Beltrán Leyva, quienes utilizaron a los altos mandos de las corporaciones policíacas del país para obtener información sobre los operativos policíacos y militares contra esos carteles, lo que quiere decir que cada uno de estos carteles tenía su propio cuerpo policíaco.

Imagine usted que estos policías, ligados a estos carteles, sean los responsables de investigar el secuestro y presentar acusaciones para que le sea impuesta la pena de muerte a presuntos delincuentes, la única ventaja pudiere ser que las ejecuciones podrían disminuir en las calles y aumentar en los juzgados.

Imagine usted la fuerza de policías corruptas que pudieren tener como un plus adicional, decidir también a quién ejecutar en términos de la ley.

Por otra parte, implementar la pena de muerte en un país que no ha consolidado sus instituciones democráticas y en el que la fuerza del Estado, más que combatir a los delincuentes de manera exitosa, se utiliza para confrontar a quienes son actores políticos de oposición, implicaría el riesgo de que se pudiere instrumentar delitos fabricados desde el poder a muchos personajes políticos incómodos, para eliminar a los opositores del gobierno en turno.

En México, la pena de muerte, más que disminuir la delincuencia, daría más fuerza y poder a las policías ligadas al crimen organizado y a los jueces corruptos, pues tendrían a su disposición instrumentos legales para incrementar su negocio.

En México, la pena de muerte, en manos de gobiernos de derecha, intolerantes, iluminados e ineficaces, serviría para atentar contra el ejercicio democrático de las libertades.

Por lo anterior, estoy en contra de la pena de muerte en México, porque contribuiría a la corrupción y a la venganza y porque sería arma política al servicio de gobiernos intolerantes.

Por otra parte, hace apenas unos años, en cumplimiento de convenios y tratados internacionales, se eliminó de nuestra legislación la pena de muerte. Restablecerla sería ir en contra de nuestros compromisos internacionales.

Recuerdo que en 1997, siendo ya gobernador electo, en el mes de septiembre u octubre, un grupo de alrededor de 40 personas, productores del municipio de Tecomán, me invitaron a una reunión para tratarme el tema de los secuestros y me exigieron que en mi gobierno, que estaba por iniciar, se estableciera la pena de muerte para evitarlos.

Recuerdo muy bien que en ese grupo de 40 empresarios, casi 20 de ellos habían sido secuestrados en el sexenio que estaba por concluir, en el que se habían cometido 57 secuestros.

Se encontraban sumamente molestos, indignados y por qué no decirlo, atemorizados. Les dije que no simpatizaba con la pena de muerte y me comprometí con ellos a que los secuestros iban a disminuir con la aplicación de la ley, con mano dura y sobre todo, con voluntad política y decisión.

El resultado fue que sólo hubo 5 secuestros en los seis años de mi gobierno, liberados todos con vida, es decir, ninguna persona secuestrada fue privada de la vida.

Quienes sí perdieron la vida fueron varios de los secuestradores que se enfrentaron a la policía. El procurador Sam López me dijo que tenían mala puntería y que al parecer, en una ocasión se balearon entre ellos, y según supe, un secuestrador se ahogó en el canal, al parecer no sabía nadar.

Los secuestros disminuyeron considerablemente sin necesidad de implementar la pena de muerte. Hubo voluntad política, eficiencia y decisión.

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