Sobre el conflicto de límites entre Jalisco y Colima, resulta oportuno hacer algunos comentarios, sin perder de vista el origen del problema, los intentos de Jalisco, así como la respuesta de los colimenses y sus gobiernos a lo largo del tiempo.
En la constitución de 1824, que da vida jurídica al Estado Mexicano, el asunto de los límites de los Estados que integraron la república federal fue pospuesto en el debate del constituyente y se estableció en el texto constitucional que los límites entre los Estados serían determinados por una ley federal que emitiría el Congreso de la Unión en una fecha posterior, lo cual no sucedió.
En la Constitución de 1857, el tema de los límites tampoco fue abordado de manera importante y el constituyente replicó el mismo artículo de la constitución de 1824, en el sentido de que, posteriormente, una ley federal emitida por el Congreso de la Unión fijaría los límites de los Estados.
El constituyente de 1917 dio una gran importancia en los debates del Congreso a las garantías sociales y de manera particular, dedicó el mayor tiempo y lucidez intelectual a la discusión de los artículos 3, 27, 123 y 130, y no resolvió de manera expresa los límites particulares y al detalle de cada entidad federativa y abordó el asunto de los límites en el artículo 45 que a la letra dice: “ARTÍCULO 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos”.
Entendiendo por la frase “que hasta hoy han tenido”, como aquellos territorios en que los Estados ejercen su soberanía y realizan actos de dominio, de esa fecha hacia atrás. De ninguna manera se refiere a hechos o actos posteriores, de ahí que los límites del Estado jurídicamente se acreditan con todos los actos de soberanía ejercidos desde que surge el territorio de Colima como Estado de la federación, a la fecha en que se aprueba la constitución del 17. Los hechos posteriores no tienen ningún impacto jurídico en la determinación de los límites, pues la constitución claramente estableció en 1917 que los Estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido. En ningún momento dice cómo los puede perder o ganar a futuro.
Y si bien en materia de propiedad privada la posesión de un bien presupone, salvo prueba en contrario, que quien posee es el propietario; en derecho público, la soberanía y los actos de dominio ejercidos sobre un territorio determinado, presuponen que el propietario es la entidad pública que los ejecuta o ejerce.
En consecuencia, ningún acto que haga Jalisco, invadiendo territorios nuestros que hemos tenido y teníamos cuando se aprobó la constitución actual en 1917, les da a los jaliscienses ningún derecho ni tampoco perdemos nosotros ningún derecho, ni sus agresiones, construcciones, incursiones, etc., etc., tendrán ningún efecto jurídico sobre el conflicto de límites.
Está fuera de tiempo lo que Jalisco hace y como nunca ha tenido esos territorios que reclama, ahora quieren ejercer sobre ellos actos de soberanía y dominio que nunca ejercieron y menos antes de 1917, que es el fundamento constitucional que da sustento al derecho del Estado de Colima sobre los territorios motivo del conflicto generado por Jalisco, al carecer del argumento jurídico que la constitución del 17 establece para reconocer los límites de un Estado, el que éste los haya tenido, pues en ningún momento la constitución habla en qué forma un Estado a futuro o después del 17, pueda adquirir o ganar territorios.
O sea, que ningún Estado, por grande, influyente o arbitrario que sea, puede apropiarse de territorios que no le corresponden.
Durante el gobierno de Cosió Vidaurri en Jalisco, inició las hostilidades en contra de Colima con el argumento de los límites y en una ocasión, bajó en Minatitlan en un helicóptero y se enojó y exigió que lo fuera a recibir el presidente municipal, pues argumentaba que en los territorios donde había bajado su helicóptero pertenecían a Jalisco y ahí espero molesto hasta que el presidente municipal llegó, el alcalde le dijo al gobernador de Jalisco que el era el presidente municipal de Minatitlan, Colima y que el terreno donde estaba su helicóptero y el gobernado de Jalisco también, era territorio colimense y agregó que en qué le podía servir. El gobernador Cosió se dio media vuelta enojado y se retiró sumamente molesto.
A finales del gobierno del Licenciado Carlos de la Madrid, el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas planteó al gobierno de Colima, la firma de un convenio amistoso para resolver el problema de límites y dicho convenio elaborado por el gobierno de Jalisco implicaba ceder soberanía ante Jalisco y permitirles que compartieran con Colima la prestación de servicios públicos en nuestro territorio.
El gobernador De la Madrid recibió el convenio y, desde luego, se negó a firmarlo, lo que molestó al gobernante panista de Jalisco, pues creyó que como el gobernador de Colima ya iba de salida iba “arreglar amistosamente” el asunto de los límites con Jalisco.
Los gobernantes de Jalisco siempre han creído que el asunto de límites se pueden arreglar amistosamente; o sea, entre cuates, que un gobernador buena onda, evite conflictos y ceda al Estado vecino parte del territorio estatal. Yo nunca firmé convenios amistosos en este asunto que implicaran reconocimientos que no tenía a Jalisco, pues hacerlo supone que Jalisco tiene algún derecho y eso “nuncamente” como dijera Alberto Cárdenas. Firmar convenios amistosos para evitar que se hagan obras o dar servicios, o para hacer obras conjuntas o servicios compartidos, implica el reconocimiento de derechos que no tienen, de compartir territorio que nos pertenece. En este tema no hay amistades, ni buenas intenciones. Simplemente, hay, derechos que defender jurídicamente.
Lo único que se puede convenir amistosamente es que el agresor respete el derecho que nos corresponde y que las cosas permanezcan como estaban hasta antes de la agresión, porque el asunto está en litigio y quien altera el estado jurídico de un asunto no resuelto por la autoridad competente, incurre en delitos. Repito: ningún convenio amistoso está sobre el derecho territorial que nos corresponde; por lo tanto, no se debe firmar ninguno, pues tenemos jurídicamente garantizados nuestros derechos, y sólo quienes no tienen la razón jurídica quieren “ganar amistosamente” lo que el derecho no les garantiza.
Siendo yo gobernador de Colima, en noviembre de 1997, al inicio de mi gestión, se celebraron en Jalisco las elecciones intermedias para renovar el congreso y ayuntamientos. El gobierno de Alberto Cárdenas perdió la mayoría en el congreso de Jalisco, en un acto desesperado del gobierno de ese Estado y de su partido el PAN, para recuperar simpatías perdidas en las urnas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional reclamando de Colima la reintegración de territorios supuestamente de Jalisco, ocupados por Colima desde hace muchos años y sobre los cuales Colima ejercía soberanía y dominio, argumentaba Jalisco.
En la demanda presentada, el gobierno de Jalisco hacia alusión a que el gobierno de Colima se había negado a firmar un convenio amistoso y por eso recurría a la Suprema Corte reclamando territorios y en su pretensión jurídica, nos reconocía como poseedores de dichos territorios.
El gobierno de Jalisco se dio cuenta que su reclamación nos beneficiaba, pues reconocía que teníamos bajo nuestra soberanía los territorios reclamados y retiró su demanda, presentado en el mes de enero de 1998 una nueva controversia, corrigiendo su error.
Fue así como le tocó a mi gobierno, los seis años, hacer frente a la controversia constitucional presentada por Jalisco. Desde el primer mes de mi administración hicimos todo para reinstalar la comisión de límites, presupuestar por primera vez recursos para la defensa jurídica del territorio, así como para la argumentación histórica, geográfica, documental, etc., etc., en defensa de nuestro territorio y se contrató, por primera vez, un despacho especializado en controversias constitucionales, así como los peritos para argumentar nuestros derechos territoriales.
Correspondió al licenciado Héctor Michel Camarena, en su carácter de secretario general de mi gobierno, coordinar el grupo de defensa de los límites, apoyado por el director de gobierno, Gilberto García Nava, y la comisión de límites presidida con la autoridad moral del Licenciado Francisco Velasco Curiel y el apoyo muy importante del licenciado Adolfo Virgen Schulte y de un distinguido y amplio grupo de historiadores y juristas colimenses.
En el seguimiento de la controversia, nos preocupo desde un principio que dos de los ministros de la Corte eran de Jalisco y que, sin duda, litigarían en contra de los intereses de Colima y cabildearían ante los demás ministros en favor de Jalisco.
Por esa razón contratamos un acreditado despacho de abogados, integrado por tres juristas expertos en derecho constitucional y conocedores de las controversias constitucionales, uno de ellos había sido ministro de la Corte, otro fue ministro presidente de la misma y el tercero es, actualmente, ministro de la Corte.
Durante mi sexenio nunca estuvo en riesgo perder el territorio, pues durante los seis años nos correspondió contestar las demandas presentadas por Jalisco, recabar y aportar 590 pruebas que acreditaban nuestro derecho sobre los territorios en conflicto, presentar todos lo peritajes pertinentes y acreditar los actos de dominio y el ejercicio de soberanía de Colima sobre dichos territorios, desde el momento en que nuestro Estado se erigió como entidad federativa integrante del pacto federal, hasta la aprobación de la constitución de 1917 y pruebas que documentaban la continuidad hasta la fecha, del ejercicio de nuestro derechos.
El Estado de Jalisco no presentó más de 20 pruebas, todas ellas, libros y mapas elaborados por jaliscienses, la mayoría de ellos de fechas posteriores a 1917 y algunas muy recientes. Por esa razón los ministros de Jalisco lograron con su influencia que el ministro ponente elaborará en el año 2004, siendo gobernado Gustavo Vázquez, un proyecto de sentencia con más fundamento político que jurídico y que consistía en reconocerle la mitad de los territorios en disputa a Colima y entregarle la mitad a Jalisco, a mitades iguales de manera “salomónica” a falta de argumentos jurídicos que favorecieran a Jalisco, pues sabían muy bien que jurídicamente no tenían la razón, de haber tenido argumentos jurídicos en favor de Jalisco hubieran propuesto darles todos los territorios a Jalisco.
Desde que el Licenciado Michel Camarena llegó al Senado de la República y ante el riesgo que implicaba la presencia de dos jaliscienses como ministros de la Corte, el senador Michel me propuso presentar un proyecto de ley que diera al senado la facultad o atribución de resolver los conflictos de límites y puso en ello todo su empeño.
El gobernado Gustavo Vázquez fue convocado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Mariano Azuela, para, de manera privada y discreta, darle a conocer que el ministro ponente tenía ya listo su proyecto de resolución y que únicamente lo conocía el presidente de la Corte y que aún no era del conocimiento de los demás integrantes del pleno, ni tampoco se había concensado, pero que dicho proyecto consideraba la mitad de los territorios para Colima y la otra mitad para Jalisco.
El proyecto de resolución no le fue entregado al gobernador Vázquez, únicamente se lo dio a conocer el ministro presidente y le pidió discreción, pues era un hecho inusual que a una de las partes de un conflicto en la Corte, se le mostrara el proyecto de resolución y más inusual aún que fuera a la parte que resultaría afectada con la perdida de la mitad del territorio en disputa.
El gobernador Gustavo Vázquez, cuando fue convocado por el ministro Azuela, me invitó a México para que una vez que conociera la información que le daría el ministro presidente la comentáramos. Siendo él acompañado a la Suprema Corte por el licenciado Héctor Michel Camarena.
Después de dicha reunión, de regreso a Colima en el avión del gobierno del estado, el gobernador Gustavo, Héctor Michel y un servidor, discutimos el tema y concluimos que había que advertirle a la Corte que Colima no aceptaría perder, por ningún motivo, ningún centímetro de su territorio. La respuesta de Gustavo Vázquez tenía que ser, y fue, como en la que en su momento tuvieron Francisco Velasco Curiel, Carlos de la Madrid, un servidor y ahora Silverio Cavazos: la defensa invariable de nuestro territorio. Nunca ha habido debilidad o flaqueza en este asunto.
Consideramos también que el licenciado Héctor Michel Camarena presentara a la brevedad su proyecto de reforma constitucional, para sacar del ámbito de la Suprema Corte el asunto de los límites y transferir, mediante la reforma, dicha facultad al Senado. Se acordó también que el licenciado Michel Camarena se entrevistaría nuevamente con el presidente de la Corte, Mariano Azuela, para que le presentara su proyecto de reforma constitucional, lo conociera y le anunciara, que en unos días más sería aprobado por las comisiones del senado y posteriormente por el pleno y que en consecuencia, el proyecto de reforma constitucional tenia ya un tramite iniciado.
El ministro presidente, Mariano Azuela, conoció el proyecto de reforma constitucional y detuvo la presentación del proyecto de sentencia que había elaborado el ministro ponente y que nunca fue concensado con los demás ministros y mucho menos presentado al pleno, o sea, jurídicamente nunca existió.
Está claro que al invitar el ministro presidente Mariano Azuela a Gustavo Vázquez para darle a conocer el sentido del proyecto de sentencia, le interesaba más que nada saber cuál sería la reacción del gobernador de Colima y por eso Gustavo Vázquez decidió hacer pública su negativa a aceptar cualquier resolución en contra de Colima y con ello se lograba, también, que nunca se manejara que le habían anticipado el sentido de la resolución. Así, el senado asumió la facultad de resolver el asunto de los límites, que no será pronto, porque bien lo han reconocido los senadores, el asunto se va a resolver en el senado, después de que éste apruebe el reglamento a la facultad constitucional que ahora corresponde al senado.
Por lo que respecta al circo montado por los jaliscienses en la zona limítrofe, será únicamente eso, pues allá sí tienen pan y circo y acá tenemos la razón jurídica.
No hay que mal interpretar al gobernador Silverio Cavazos, como lo hacen los panistas al decir que el gobierno pretende armar a los ciudadanos para defender el territorio de Colima, pues cuando el gobernador Cavazos habló de una acción armada, se está refiriendo claramente a las fuerzas de la seguridad pública que están armadas y que es lo que Jalisco ya ha hecho acciones armadas con sus cuerpos policíacos para incursionar e intimidar.
Así lo hicieron cuando por medio de sus fuerzas armadas detuvieron a la directora de seguridad pública del gobierno del estado. Esos hechos son los que el gobernador no va a volver a permitir y cualquier acción es correcto que se haga por medio de quienes legalmente están armados para defender el territorio y hacer valer nuestros derechos.
No se trata, pues, de enfrentamientos armados, sino de garantizar con nuestras fuerzas de seguridad pública el respeto del derecho en nuestro territorio y el rechazo legal de cualquier agresión ilegítima.
Por lo que respecta a los conflicto de la zona limítrofe Colima-Cihuatlán, la resolución de la propiedad de dichos territorios esta resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde tiempos del gobernador Francisco Velasco Curiel, ese asunto lo trataré en mi siguiente colaboración.
aproposito2004.blogspot.com
En la constitución de 1824, que da vida jurídica al Estado Mexicano, el asunto de los límites de los Estados que integraron la república federal fue pospuesto en el debate del constituyente y se estableció en el texto constitucional que los límites entre los Estados serían determinados por una ley federal que emitiría el Congreso de la Unión en una fecha posterior, lo cual no sucedió.
En la Constitución de 1857, el tema de los límites tampoco fue abordado de manera importante y el constituyente replicó el mismo artículo de la constitución de 1824, en el sentido de que, posteriormente, una ley federal emitida por el Congreso de la Unión fijaría los límites de los Estados.
El constituyente de 1917 dio una gran importancia en los debates del Congreso a las garantías sociales y de manera particular, dedicó el mayor tiempo y lucidez intelectual a la discusión de los artículos 3, 27, 123 y 130, y no resolvió de manera expresa los límites particulares y al detalle de cada entidad federativa y abordó el asunto de los límites en el artículo 45 que a la letra dice: “ARTÍCULO 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos”.
Entendiendo por la frase “que hasta hoy han tenido”, como aquellos territorios en que los Estados ejercen su soberanía y realizan actos de dominio, de esa fecha hacia atrás. De ninguna manera se refiere a hechos o actos posteriores, de ahí que los límites del Estado jurídicamente se acreditan con todos los actos de soberanía ejercidos desde que surge el territorio de Colima como Estado de la federación, a la fecha en que se aprueba la constitución del 17. Los hechos posteriores no tienen ningún impacto jurídico en la determinación de los límites, pues la constitución claramente estableció en 1917 que los Estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido. En ningún momento dice cómo los puede perder o ganar a futuro.
Y si bien en materia de propiedad privada la posesión de un bien presupone, salvo prueba en contrario, que quien posee es el propietario; en derecho público, la soberanía y los actos de dominio ejercidos sobre un territorio determinado, presuponen que el propietario es la entidad pública que los ejecuta o ejerce.
En consecuencia, ningún acto que haga Jalisco, invadiendo territorios nuestros que hemos tenido y teníamos cuando se aprobó la constitución actual en 1917, les da a los jaliscienses ningún derecho ni tampoco perdemos nosotros ningún derecho, ni sus agresiones, construcciones, incursiones, etc., etc., tendrán ningún efecto jurídico sobre el conflicto de límites.
Está fuera de tiempo lo que Jalisco hace y como nunca ha tenido esos territorios que reclama, ahora quieren ejercer sobre ellos actos de soberanía y dominio que nunca ejercieron y menos antes de 1917, que es el fundamento constitucional que da sustento al derecho del Estado de Colima sobre los territorios motivo del conflicto generado por Jalisco, al carecer del argumento jurídico que la constitución del 17 establece para reconocer los límites de un Estado, el que éste los haya tenido, pues en ningún momento la constitución habla en qué forma un Estado a futuro o después del 17, pueda adquirir o ganar territorios.
O sea, que ningún Estado, por grande, influyente o arbitrario que sea, puede apropiarse de territorios que no le corresponden.
Durante el gobierno de Cosió Vidaurri en Jalisco, inició las hostilidades en contra de Colima con el argumento de los límites y en una ocasión, bajó en Minatitlan en un helicóptero y se enojó y exigió que lo fuera a recibir el presidente municipal, pues argumentaba que en los territorios donde había bajado su helicóptero pertenecían a Jalisco y ahí espero molesto hasta que el presidente municipal llegó, el alcalde le dijo al gobernador de Jalisco que el era el presidente municipal de Minatitlan, Colima y que el terreno donde estaba su helicóptero y el gobernado de Jalisco también, era territorio colimense y agregó que en qué le podía servir. El gobernador Cosió se dio media vuelta enojado y se retiró sumamente molesto.
A finales del gobierno del Licenciado Carlos de la Madrid, el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas planteó al gobierno de Colima, la firma de un convenio amistoso para resolver el problema de límites y dicho convenio elaborado por el gobierno de Jalisco implicaba ceder soberanía ante Jalisco y permitirles que compartieran con Colima la prestación de servicios públicos en nuestro territorio.
El gobernador De la Madrid recibió el convenio y, desde luego, se negó a firmarlo, lo que molestó al gobernante panista de Jalisco, pues creyó que como el gobernador de Colima ya iba de salida iba “arreglar amistosamente” el asunto de los límites con Jalisco.
Los gobernantes de Jalisco siempre han creído que el asunto de límites se pueden arreglar amistosamente; o sea, entre cuates, que un gobernador buena onda, evite conflictos y ceda al Estado vecino parte del territorio estatal. Yo nunca firmé convenios amistosos en este asunto que implicaran reconocimientos que no tenía a Jalisco, pues hacerlo supone que Jalisco tiene algún derecho y eso “nuncamente” como dijera Alberto Cárdenas. Firmar convenios amistosos para evitar que se hagan obras o dar servicios, o para hacer obras conjuntas o servicios compartidos, implica el reconocimiento de derechos que no tienen, de compartir territorio que nos pertenece. En este tema no hay amistades, ni buenas intenciones. Simplemente, hay, derechos que defender jurídicamente.
Lo único que se puede convenir amistosamente es que el agresor respete el derecho que nos corresponde y que las cosas permanezcan como estaban hasta antes de la agresión, porque el asunto está en litigio y quien altera el estado jurídico de un asunto no resuelto por la autoridad competente, incurre en delitos. Repito: ningún convenio amistoso está sobre el derecho territorial que nos corresponde; por lo tanto, no se debe firmar ninguno, pues tenemos jurídicamente garantizados nuestros derechos, y sólo quienes no tienen la razón jurídica quieren “ganar amistosamente” lo que el derecho no les garantiza.
Siendo yo gobernador de Colima, en noviembre de 1997, al inicio de mi gestión, se celebraron en Jalisco las elecciones intermedias para renovar el congreso y ayuntamientos. El gobierno de Alberto Cárdenas perdió la mayoría en el congreso de Jalisco, en un acto desesperado del gobierno de ese Estado y de su partido el PAN, para recuperar simpatías perdidas en las urnas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional reclamando de Colima la reintegración de territorios supuestamente de Jalisco, ocupados por Colima desde hace muchos años y sobre los cuales Colima ejercía soberanía y dominio, argumentaba Jalisco.
En la demanda presentada, el gobierno de Jalisco hacia alusión a que el gobierno de Colima se había negado a firmar un convenio amistoso y por eso recurría a la Suprema Corte reclamando territorios y en su pretensión jurídica, nos reconocía como poseedores de dichos territorios.
El gobierno de Jalisco se dio cuenta que su reclamación nos beneficiaba, pues reconocía que teníamos bajo nuestra soberanía los territorios reclamados y retiró su demanda, presentado en el mes de enero de 1998 una nueva controversia, corrigiendo su error.
Fue así como le tocó a mi gobierno, los seis años, hacer frente a la controversia constitucional presentada por Jalisco. Desde el primer mes de mi administración hicimos todo para reinstalar la comisión de límites, presupuestar por primera vez recursos para la defensa jurídica del territorio, así como para la argumentación histórica, geográfica, documental, etc., etc., en defensa de nuestro territorio y se contrató, por primera vez, un despacho especializado en controversias constitucionales, así como los peritos para argumentar nuestros derechos territoriales.
Correspondió al licenciado Héctor Michel Camarena, en su carácter de secretario general de mi gobierno, coordinar el grupo de defensa de los límites, apoyado por el director de gobierno, Gilberto García Nava, y la comisión de límites presidida con la autoridad moral del Licenciado Francisco Velasco Curiel y el apoyo muy importante del licenciado Adolfo Virgen Schulte y de un distinguido y amplio grupo de historiadores y juristas colimenses.
En el seguimiento de la controversia, nos preocupo desde un principio que dos de los ministros de la Corte eran de Jalisco y que, sin duda, litigarían en contra de los intereses de Colima y cabildearían ante los demás ministros en favor de Jalisco.
Por esa razón contratamos un acreditado despacho de abogados, integrado por tres juristas expertos en derecho constitucional y conocedores de las controversias constitucionales, uno de ellos había sido ministro de la Corte, otro fue ministro presidente de la misma y el tercero es, actualmente, ministro de la Corte.
Durante mi sexenio nunca estuvo en riesgo perder el territorio, pues durante los seis años nos correspondió contestar las demandas presentadas por Jalisco, recabar y aportar 590 pruebas que acreditaban nuestro derecho sobre los territorios en conflicto, presentar todos lo peritajes pertinentes y acreditar los actos de dominio y el ejercicio de soberanía de Colima sobre dichos territorios, desde el momento en que nuestro Estado se erigió como entidad federativa integrante del pacto federal, hasta la aprobación de la constitución de 1917 y pruebas que documentaban la continuidad hasta la fecha, del ejercicio de nuestro derechos.
El Estado de Jalisco no presentó más de 20 pruebas, todas ellas, libros y mapas elaborados por jaliscienses, la mayoría de ellos de fechas posteriores a 1917 y algunas muy recientes. Por esa razón los ministros de Jalisco lograron con su influencia que el ministro ponente elaborará en el año 2004, siendo gobernado Gustavo Vázquez, un proyecto de sentencia con más fundamento político que jurídico y que consistía en reconocerle la mitad de los territorios en disputa a Colima y entregarle la mitad a Jalisco, a mitades iguales de manera “salomónica” a falta de argumentos jurídicos que favorecieran a Jalisco, pues sabían muy bien que jurídicamente no tenían la razón, de haber tenido argumentos jurídicos en favor de Jalisco hubieran propuesto darles todos los territorios a Jalisco.
Desde que el Licenciado Michel Camarena llegó al Senado de la República y ante el riesgo que implicaba la presencia de dos jaliscienses como ministros de la Corte, el senador Michel me propuso presentar un proyecto de ley que diera al senado la facultad o atribución de resolver los conflictos de límites y puso en ello todo su empeño.
El gobernado Gustavo Vázquez fue convocado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Mariano Azuela, para, de manera privada y discreta, darle a conocer que el ministro ponente tenía ya listo su proyecto de resolución y que únicamente lo conocía el presidente de la Corte y que aún no era del conocimiento de los demás integrantes del pleno, ni tampoco se había concensado, pero que dicho proyecto consideraba la mitad de los territorios para Colima y la otra mitad para Jalisco.
El proyecto de resolución no le fue entregado al gobernador Vázquez, únicamente se lo dio a conocer el ministro presidente y le pidió discreción, pues era un hecho inusual que a una de las partes de un conflicto en la Corte, se le mostrara el proyecto de resolución y más inusual aún que fuera a la parte que resultaría afectada con la perdida de la mitad del territorio en disputa.
El gobernador Gustavo Vázquez, cuando fue convocado por el ministro Azuela, me invitó a México para que una vez que conociera la información que le daría el ministro presidente la comentáramos. Siendo él acompañado a la Suprema Corte por el licenciado Héctor Michel Camarena.
Después de dicha reunión, de regreso a Colima en el avión del gobierno del estado, el gobernador Gustavo, Héctor Michel y un servidor, discutimos el tema y concluimos que había que advertirle a la Corte que Colima no aceptaría perder, por ningún motivo, ningún centímetro de su territorio. La respuesta de Gustavo Vázquez tenía que ser, y fue, como en la que en su momento tuvieron Francisco Velasco Curiel, Carlos de la Madrid, un servidor y ahora Silverio Cavazos: la defensa invariable de nuestro territorio. Nunca ha habido debilidad o flaqueza en este asunto.
Consideramos también que el licenciado Héctor Michel Camarena presentara a la brevedad su proyecto de reforma constitucional, para sacar del ámbito de la Suprema Corte el asunto de los límites y transferir, mediante la reforma, dicha facultad al Senado. Se acordó también que el licenciado Michel Camarena se entrevistaría nuevamente con el presidente de la Corte, Mariano Azuela, para que le presentara su proyecto de reforma constitucional, lo conociera y le anunciara, que en unos días más sería aprobado por las comisiones del senado y posteriormente por el pleno y que en consecuencia, el proyecto de reforma constitucional tenia ya un tramite iniciado.
El ministro presidente, Mariano Azuela, conoció el proyecto de reforma constitucional y detuvo la presentación del proyecto de sentencia que había elaborado el ministro ponente y que nunca fue concensado con los demás ministros y mucho menos presentado al pleno, o sea, jurídicamente nunca existió.
Está claro que al invitar el ministro presidente Mariano Azuela a Gustavo Vázquez para darle a conocer el sentido del proyecto de sentencia, le interesaba más que nada saber cuál sería la reacción del gobernador de Colima y por eso Gustavo Vázquez decidió hacer pública su negativa a aceptar cualquier resolución en contra de Colima y con ello se lograba, también, que nunca se manejara que le habían anticipado el sentido de la resolución. Así, el senado asumió la facultad de resolver el asunto de los límites, que no será pronto, porque bien lo han reconocido los senadores, el asunto se va a resolver en el senado, después de que éste apruebe el reglamento a la facultad constitucional que ahora corresponde al senado.
Por lo que respecta al circo montado por los jaliscienses en la zona limítrofe, será únicamente eso, pues allá sí tienen pan y circo y acá tenemos la razón jurídica.
No hay que mal interpretar al gobernador Silverio Cavazos, como lo hacen los panistas al decir que el gobierno pretende armar a los ciudadanos para defender el territorio de Colima, pues cuando el gobernador Cavazos habló de una acción armada, se está refiriendo claramente a las fuerzas de la seguridad pública que están armadas y que es lo que Jalisco ya ha hecho acciones armadas con sus cuerpos policíacos para incursionar e intimidar.
Así lo hicieron cuando por medio de sus fuerzas armadas detuvieron a la directora de seguridad pública del gobierno del estado. Esos hechos son los que el gobernador no va a volver a permitir y cualquier acción es correcto que se haga por medio de quienes legalmente están armados para defender el territorio y hacer valer nuestros derechos.
No se trata, pues, de enfrentamientos armados, sino de garantizar con nuestras fuerzas de seguridad pública el respeto del derecho en nuestro territorio y el rechazo legal de cualquier agresión ilegítima.
Por lo que respecta a los conflicto de la zona limítrofe Colima-Cihuatlán, la resolución de la propiedad de dichos territorios esta resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde tiempos del gobernador Francisco Velasco Curiel, ese asunto lo trataré en mi siguiente colaboración.
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