LOS LIMITES Y
De entrada, debo decir que la familia Leaño, y de manera particular don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, siempre han sido respetuosos y, además, defensores de los límites territoriales del Estado de Colima, porque no obstante ser distinguidos jaliscienses con grandes inversiones en Jalisco, siempre han defendido nuestro territorio, donde han hecho grandes inversiones para generar zonas de desarrollo turístico y agropecuarias.
Hace algunos años, siendo gobernador y con motivo de la controversia de Jalisco contra Colima por los límites, me reuní con Don Antonio Leaño, quien me había llamado telefónicamente para comunicarme que le gustaría aportar a los elementos probatorios en favor de Colima, un expediente que acreditaba que los terrenos de la Culebra siempre habían sido de Colima y que, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había emitido una resolución en favor del gobierno del Estado de Colima en ese sentido, cuando el Licenciado Francisco Velasco Curiel era gobernador del Estado.
Don Antonio Leaño me entregó el expediente, el cual envié a la Secretaría General de Gobierno para su análisis e incorporación como una prueba muy importante en favor de Colima, en el conflicto limítrofe.
Don Antonio Leaño me narró cómo la Corte resolvió en favor de Colima y además, cómo el licenciado Velasco Curiel defendió dichos territorios.
Hace unos días, el 28 de abril, el periódico “Colimán”, publicó un suplemento especial bajo la responsabilidad del periodista Tranquilino Contreras, que había sido también publicado en el periódico Ocho Columnas de Jalisco y que de segurono les gustó a los jaliscienses, pero voy aprovecharlo para tomar los datos sustantivos en apoyo de la platica que sostuve hace varios años con Don Antonio Leaño sobre este tema, en virtud de que él me hizo referencia de que los detalles, las fechas y los registros estaban contenidos en el expediente que me entregó y que el documento que publica Tranquilino Contreras es una síntesis de dicho expediente, al que faltaría agregar lo que me dijo don Antonio Leaño.
Don Antonio Leaño me aseguró que los terrenos de La Culebra han estado inscritos en el Registro Público de la Propiedad en Colima, desde que nuestro estado forma parte del pacto federal y que esa propiedad de 500 hectáreas la adquirió Carlos Suárez en 1956 y fueron inscritas el 30 de abril de dicho año en la Dirección General de Catastro, en la ciudad de Colima.
“El señor Carlos Suárez solicitó y obtuvo del C. Adolfo Ruiz Cortines, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un certificado de inafectabilidad agrícola que ampara el predio de su propiedad denominado “La Culebra” o “Isla de San de Francisco” el que está ubicado según se dice en el certificado Presidencial, relativo a ese predio, en el municipio de Manzanillo, Estado de Colima, el cual ya certificado se acordó expedir en acuerdo del 13 de noviembre de 1957 y fue el mismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1958, amparándose como inafectables las 500 hectáreas, cinco áreas y 43 centiáreas que abarcaba la propiedad.
El título original del certificado de inafectabilidad fue expedido con fecha 22 de enero de 1958 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación”.
O sea, el gobierno federal, a través del certificado de inafectabilidad en favor de dicho predio ubicado en Manzanillo, reconocía que pertenecía al Estado de Colima.
El señor Carlos Suárez vendió dicho predio al Doctor Salvador Madrigal, quien lo puso a nombre de su hermano, Rafael Madrigal, mediante escritura pública del 21 de noviembre de 1957 y que fue registrada en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Manzanillo, Colima, en el libro 21, bajo el número 1,567 y a su vez, en la dirección general de catastro de la ciudad de Colima, bajo el número 10 981.
El señor Carlos Suárez, antes de vender la propiedad, pagó todos los derechos fiscales al gobierno del Estado de Colima, con recibo oficial número 5071, de la receptoría de rentas local.
Los hermanos Madrigal aportaron estas 500 hectáreas de La Culebra para constituir la empresa Albergues Marítimos, S. A., mas otras propiedades que estaban ubicadas en el municipio de Cihuatlan, Jalisco, y que al sumarse, se registraron en una sola escritura constitutiva de la empresa, inscribiéndose en el registro público de la propiedad de Autlan, Jalisco.
O sea, los terrenos de La Culebra, registrados en Colima, pasaron a formar parte de una empresa que se registró con otros terrenos en Jalisco, no obstante que el predio de La Culebra no tenía ningún antecedente registral en Autlan, ni en el Estado de Jalisco.
No obstante, el notario que hizo la escritura constitutiva de la empresa Albergues Marítimos, S. A., asentó en la escritura que las 500 hectáreas del predio de La Culebra estaban registradas en Colima, pero que el municipio de Cihuatlan otorgó un comprobante para que la registraran junto con las otras propiedades en Autlan, Jalisco. Pero nunca fue cancelado el registro hecho con anteriodad en Colima.
Me dijo también el Licenciado Leaño que en 1964, durante la campaña del licenciado Francisco Velasco Curiel, de quien don Antonio era un buen amigo, el doctor Madrigal se entrevistó con el candidato a la gobernatura, a quien le expresó que el predio La Culebra estaba registrado en Colima, pero que también había quedado registrado en Autlan, Jalisco y que le solicitaba que si Colima le condonaba los impuestos que adeudaba, y que además no le cobraba los impuestos a futuro, cancelaría el doctor Madrigal la inscripción en Autlan para que quedaran únicamente registrados en Colima.
El licenciado Velasco Curiel le dijo que no, que una vez que él fuera gobernador, le iba a cobrar todos los impuestos atrasados, más los que se fueran acumulando. Molesto, el doctor Madrigal le dijo al licenciado Velasco que no le pagaría nada y que los mantendría registrados en Autlan, Jalisco, porque allá no le cobraban impuestos.
Cuando el licenciado Velasco llegó a la gobernatura, requirió a los hermanos Madrigal el pago de los impuestos y no habiéndolos pagado y haciendo caso omiso del requerimiento, el gobierno del Estado de Colima inició un juicio ejecutivo en contra del arquitecto Madrigal, que terminó con el remate de la propiedad por no pagar los impuestos estatales a Colima y con la adjudicación al Estado de Colima.
El arquitecto Madrigal, ante la sentencia judicial en contra de su empresa Albergues Marítimos, S. A, recurrió al juicio de amparo contra el remate de las tierras de La Culebra, que hizo el gobierno del Estado de Colima. La justicia federal resolvió el juicio de amparo en favor del Estado de Colima. Una vez ganado el juicio de amparo, el licenciado Velasco Curiel decidió crear un ejido y el gobierno federal, presidido por don Gustavo Díaz Ordaz, entregó las 500 hectáreas a un grupo de campesinos como dotación agraria provisional y dio posesión de las tierras a los nuevos ejidatarios.
Posteriormente, el licenciado Antonio Leaño en pláticas con el gobernador Velasco Curiel, le presentó el proyecto turístico que los hermanos Madrigal pensaban desarrollar en la zona de La Culebra, pero que habían fracasado porque habían perdido en el juicio las 500 hectáreas.
Don Antonio Leaño convenció, según me dijo él, al licenciado Velasco del proyecto turístico y de la posibilidad de que se desarrollara, pero La Culebra ya era tierra ejidal, y no era muy propicia para la agricultura, en virtud de carecer de agua dulce – y a la fecha aún carece de ella- y le propuso que se expropiaran 380 hectáreas a los ejidatarios, dejando 120 para el ejido, de las cuales, 110 se destinarían a la actividad productiva y 10 para el fundo legal.
El licenciado Velasco Curiel se entrevistó con el presidente de la república, acompañado de don Antonio Leaño, que también era amigo del licenciado Gustavo Díaz Ordaz y le explicaron el desarrollo turístico que sería posible realizar, si se expropiaban al ejido La Culebra las tierras necesarias.
El presidente Díaz Ordaz, cuenta Don Antonio Leaño, de entrada les dijo que no, puesto que su gobierno estaba siendo reconocido por la gran cantidad de tierras que había entregado a los ejidatarios y que por ningún motivo iba expropiarle tierras a unos ejidatarios.
El gobernador Velasco Curiel y don Antonio Leaño terminaron convenciendo al presidente de la república al decirle que los ejidatarios estaban de acuerdo con la expropiación, y por ello se emitió un decreto concediéndole como resolución definitiva a los ejidatarios únicamente 120 hectáreas de tierra, 10 de ellas para el fundo legal y 110 para fines agrícolas y ordenando la restitución a los antiguos propietarios de las 380 hectáreas para el desarrollo turístico y el gobierno del Estado regresó las tierras rematadas, a los hermanos Madrigal, mediante la escrituración correspondiente y previo el pago de los impuestos omitidos, constituyéndose así, con las 380 hectáreas, la nueva compañía desarrolladora de Barra de Navidad con la abreviatura TURBANA, S. A., que se registró en el Estado de Colima, de acuerdo con todos los antecedentes regístrales y catastrales de la tierra aportada.
Posteriormente, el Congreso del Estado emitió el decreto número 277, publicado el 1° de septiembre de 1973, que declara zona urbana las 380 hectáreas.
El gobierno federal otorgó a esta empresa una concesión por 30 años para el aprovechamiento de la zona federal, pagándose en Manzanillo, anualmente, los derechos de zona federal.
En el gobierno de la Maestra Griselda Álvarez, se firmó un convenio entre el gobierno del Estado, el gobierno de Jalisco y la empresa desarrolladora, para construir la carretera que conectaría a la carretera Cihuatlan–Barra de Navidad, con el desarrollo turístico Isla Navidad; o sea, pasaba uno por Cihuatlán, en territorio de Jalisco, y había un camino de terracería que decía Colimilla, con una extensión de 11 kilómetros.
El gobierno de Jalisco y la empresa construyeron los primeros 5.5 kilómetros de carretera asfaltada, partiendo de la carretera de Cihuatlan-Barra de Navidad hacía el mar, pues al llegar al kilómetro 5.5 había de madera y que marca la división entre Jalisco y Colima y a partir de ahí hay 5.5 kilómetros que fueron asfaltados por el gobierno del Estado de Colima y la empresa.
Quiere decir pues, que cada gobierno, el de Colima y el de Jalisco, al construir de manera conjunta los 11 kilómetros de carretera, cada uno reconoció cuáles eran sus límites y cada quien hizo su tramo carretero en su propio territorio, y es precisamente en ese tramo de 5.5 kilómetros de carretera construidos por Colima en el convenio con Jalisco, es el espacio territorial donde se han dado los conflictos derivados de la autorización de las autoridades de Cihuatlán, Jalisco, para construir los desarrollos Música del Mar y otros que, evidentemente, están en territorio de Colima, pues se encuentran pasando el puente que ha sido siempre la división entre ambos estados.
Durante el gobierno del licenciado Elías Zamora, y siendo presidente de la república el licenciado Miguel De la Madrid Hurtado el gobierno federal emitió un decreto expropiatorio, para expropiar al ejido sus 110 hectáreas que tenía destinadas para uso agrícola, que le fueron entregadas al gobierno del Estado para que a su vez, las vendiera a los desarrolladores turísticos, previa indemnización convenida con los ejidatarios.
O sea, que las 500 hectáreas de La Culebra, que eran de los Madrigal, se adjudicaron al gobierno del Estado de Colima y así lo ratificó la justicia federal. Después, con las 500 hectáreas se hizo un ejido, posteriormente el gobierno de Díaz Ordaz les expropió 380 has. a los ejidatarios para el desarrollo turístico privado. El gobierno de Miguel de la Madrid expropió otras 110 has al ejido para incorporarlas al desarrollo turístico, quedando únicamente las 10 del fundo legal y desapareciendo, en los hechos, el ejido, que hoy es el desarrollo Isla Navidad, registrado en Colima y pagando aquí sus impuestos.
Cuando fue inaugurado este desarrollo, con la presencia del presidente Zedillo y el gobernador Carlos De la Madrid, quedó acreditado también que toda esta zona es de Colima y al evento inaugural no invitaron al gobernador de Jalisco, porque nada tenía que ver en dicho territorio.
Todo lo que Jalisco ha venido haciendo en esta zona es únicamente con la intención de preconstituir pruebas que no tiene, pues al no tener pruebas que acrediten que ha ejercido soberanía y dominio sobre esos territorios, lo que pretende Jalisco es acumular pruebas para el momento en que el senado realice las visitas de inspección a la zona, y pueda demostrase que las construcciones ahí realizadas fueron autorizadas por Jalisco; o sea, si tuvieran actos de dominio acreditables los hubieran presentado en el periodo de pruebas ante la Suprema Corte. Pero como el Senado, al desahogar la facultad que ahora tiene sobre límites, una vez que notifique a las partes en conflicto, abrirá nuevamente un periodo de pruebas conforme al reglamento respectivo, que deberá aprobar el mismo Senado de la república, que al momento no existe y por lo tanto, el Senado no puede, jurídicamente, iniciar ningún acto procedimental por la falta de reglamento, periodo de tiempo que Jalisco ha aprovechado para pretender ejercer actos de dominio.
Está claro que esas acciones de Jalisco comenzaron en el 2004, cuando se dieron cuenta que la facultad de resolver los límites pasaría de la Corte al Senado y que esta instancia resolverá jurídicamente, pero también valorará con criterio político el efecto de los actos de dominio.
Me preocupa que actualmente en la comisión de límites el PRI no tiene ningún senador, quien la preside es del PRD y los dos secretarios son del PAN, uno de ellos Jesús Dueñas.
En la legislatura anterior, la comisión del senado tenía cinco miembros la presidía el licenciado Héctor Michel y se integraba con otros dos senadores priistas, uno del PAN y otro del PRD, lo que quiere decir que se descuidó la integración de la comisión, pues de tener la anterior tres priistas, ahora no tenemos ninguno.
Y me preocupa, porque el único senador colimense que está en la comisión es el panista Jesús Dueñas, quien ya propuso públicamente que se forme un fideicomiso, integrado por las partes en conflicto y el senado, para que administren los territorios en conflicto.
O sea, propone que nosotros cedamos en administración lo que tenemos en legítima posesión y Jalisco no cederá nada, pues nada tiene, sino únicamente administraría parte de lo nuestro.
Si a ese senador estamos atenidos, debemos tener cuidado, pues si nos va mal en la defensa de los límites, se dirá que un gobierno priista no supo defender el territorio y eso es lo que más conviene a los panistas, que perdamos territorio para que ellos ganen la gobernatura.
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