El discurso oficial sobre la batalla contra el narcotráfico que ha emprendido el gobierno, destaca siempre que se va ganando esta guerra y molesta a Calderón que se diga lo contrario.
El Ejército mexicano, que lleva a cuestas el peso de esta lucha, le ha tocado poner no únicamente muertos, sino también exponer su prestigio, ha tenido bajas de su personal y un sinnúmero de denuncias ante las comisiones de Derechos Humanos por presuntas violaciones, cometidas según las acusaciones con motivo de su guerra contra el crimen organizado.
El papel del ejército en estas acciones lo han cuestionado y el propio general Secretario ha tenido que reconocer que esta tarea no es de su competencia y que lo hacen porque han recibido una orden del comandante en jefe, Felipe Calderón, y además, como una necesidad ante la incapacidad de los cuerpos policiacos por enfrentar la capacidad de fuego del narco.
El 6 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por el asesinato de sus hijos.
Siete niños y cuatro adultos viajaban en una camioneta, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.
“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.
“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.” (La Jornada 7/abril/2010)
Los padres de los dos niños que exigieron que se realice una profunda investigación al presidente Felipe Calderón, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, y al gobernador, Eugenio Hernández Flores.
En una carta dirigida a los funcionarios, enviada por conducto del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, exigen que se haga justicia por el daño infligido a su familia y que se castigue.
“No pueden decir que nos confundieron, porque ya había suficiente luz del día. No entiendo por qué nos dispararon por la espalda, nos cazaron como si fuéramos animales y me quitaron a mis dos hijos, expresó Cinthia Josefina Salazar Castillo”.
Reiteró que ella gritó a los militares que no dispararan, porque eran dos familias con niños, pero en respuesta sólo se escucharon ráfagas de armas de fuego y estallidos de granadas.
“Al pasar junto a los soldados bajamos totalmente la velocidad (del vehículo), bajamos los cristales y esperamos alguna indicación de revisión, pero uno de los militares hizo la seña para que continuáramos circulando”.
Después de pasar el retén, agregó, comenzaron a escuchar disparos, varios de los cuales impactaron en la camioneta, por lo que detuvimos la camioneta.
“Sin embargo, continuaron los tiros y en ese momento nos dimos cuenta de que (la agresión) era hacia nosotros”.
Cuando acudió a su domicilio a recoger fotografías de sus hijos Martín y Bryan para ponerlas sobre sus ataúdes, Cinthia Salazar observó que más de 30 soldados rodeaban su vivienda.
Mientras los cuerpos de sus hijos estaban en la funeraria Cristo Rey y ella ingresó a su casa, los militares irrumpieron, tomaron fotografías, revisaron las habitaciones y la interrogaron.
Este lamentable hecho, sumado al reciente en las afueras del Tec de Monterrey, en la que murieron dos jóvenes estudiantes de excelencia académica, llevó al ejército al debate público.
Defensores de derechos humanos, políticos y especialistas, aseguraron que si no se ejerce más control sobre las fuerzas armadas y su participación en el combate al crimen organizado, seguirán al alza las violaciones a las garantías fundamentales de civiles, como el derecho a la vida.
César Nava, presidente del PAN, señaló que el Ejército ha cometido transgresiones. Consideró que se trata de hechos aislados que deben ser castigados y refrendó la permanencia de los militares en esta lucha.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que hay un aumento de 500 por ciento en las denuncias contra la Secretaria de la Defensa Nacional por violación a las garantías individuales en los cinco años recientes.
Familiares, amigos y vecinos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, realizaron un plantón frente al cuartel militar Macario Zamora en demanda de justicia y castigo a los responsables.
Portaban carteles con leyendas en las que se leía: “Por favor, no me disparen; soy un niño”, “Fuera soldados asesinos”, “Que se castigue a los responsables”.
Desplegaron otra manta que decía: “¡Basta de violencia!”.
El homicidio de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar en un retén militar en Tamaulipas generó el rechazo de diputados de PRI, PRD y PT, quienes promovieron que se guardara un minuto de silencio y exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un reporte detallado de por qué los soldados dispararon contra una familia indefensa.
Durante la discusión de la agenda política de este jueves, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Felipe Solís Acero, del PRI, dijo que si bien su bancada coincide en afirmar que en este momento las fuerzas armadas no pueden dejar de ejercer tareas policiacas que corresponden a la autoridad civil, también coincidimos en señalar que nadie, ni la institución castrense ni sus elementos en particular, pueden estar por encima del respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.
GOBERNACIÓN JUSTIFICA LA MUERTE DE DOS NIÑOS EN RETÉN MILITAR DE NUEVO LAREDO
La Secretaría de Gobernación afirmó que la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados.
“Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”, señaló.
La verdad es que no hay constancia de dicho enfrentamiento, y esto se ha interpretado como un argumento para justificar los dos homicidios de los menores.
El gobierno federal, señaló el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos “en este enfrentamiento”.
Gómez Mont justifica así el daño colateral y detalló el desarrollo del enfrentamiento y reconoció que durante las semanas recientes han aumentado las agresiones del crimen organizado contra la sociedad y los militares. (La Jornada 9/abril/2010)
CINCO Y DIEZ AÑOS MÁS
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.
En una reunión con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.
O sea, el secretario de la defensa reconoce que legalmente a otros toca enfrentar esta guerra y de seguir ellos al frente de la misma, el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.
“Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados”.
Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses, o sea, que el fuego de guerra debe subsistir.
Los diputados resaltaron, el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR por violaciones a Derechos Humanos, y eso ha puesto en riesgo el prestigio del ejército y la legalidad de su desempeño en esas tareas, esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.
Las afirmaciones del general Galván fueron rechazadas por senadores de PRI y PRD. El coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que nunca legalizarán que el Ejército siga 10 años más en tareas policiacas, y menos en las circunstancias actuales, con hechos tan lamentables como la muerte de dos niños en Tamaulipas, a los que se suman otras bajas de civiles en operativos contra bandas criminales.
Confirmó que va muy avanzado el dictamen sobre la ley de seguridad nacional, en la que se incluye legalizar la presencia de militares en operativos contra la delincuencia organizada, pero no de manera permanente.
Beltrones agregó que otras condiciones para que militares participen en la lucha antinarco es que se sujeten al mando del orden que solicite el apoyo y que estén sujetos a las leyes del fuero civil, no del militar.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que no está de acuerdo con lo expresado por el titular de la Sedena: no se debe prolongar el tiempo en que el Ejército siga supliendo a la Policía Federal, porque el deterioro de las fuerzas armadas es mucho y nadie puede apostar a erosionarlas más. (La Jornada 9/abril/2010)
A LA RIDICULA MINORIA
El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, retó nuevamente al crimen organizado. Esta vez le exigió que dé la batalla de frente, porque las autoridades, legisladores y gobiernos están dando la cara en esta lucha.
“Nadie se ha hecho menso con el tema (…) ¿O qué? ¿Nos ven embozados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas?”, expresó.
Sin embargo, reconoció que en la estrategia gubernamental contra la delincuencia hay fortalezas y debilidades, así como ajustes que se definen sobre la marcha de los operativos conjuntos.
“A veces –justificó Gómez Mont– no se pueden prever todos los actos. El Estado mexicano, como Estado democrático, se presenta con cara a la gente. Sus instituciones están visibles.
Estos señores (delincuentes) de repente salen de sus madrigueras y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos y a veces no”, dijo, debiera decir la mayoría de las veces no, no se les pueden neutralizar.
El funcionario opinó que el problema de la inseguridad no es un problema de drogas, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos.
El narcotráfico sólo es un componente menor. Yo no me la tomo que sólo es un tema del narcotráfico, expresó. (La Jornada 9/abril/2010)
Ahora resulta que el problema del narcotráfico es un componente menor, o sea, la ridícula minoría a la que se refirió Calderón se enfrenta al gobierno por una cosa menor que ha generado casi 20 mil muertos.
A Propósito…
1.- Una disculpa: yo creí que había sido un error, pero no, fue con toda la intención, o sea, el nivel en su justa dimensión.
2.- No ha sido muy sano que una vialidad se desvíe hacia predios particulares para generarles plusvalía en un primer favor o pago de facturas y en un segundo favor, se les tome como área de donación la superficie que prolonga una avenida que beneficia a los propietarios y en un tercer favor, se les acepte dicha área de donación sin existir un Plan Parcial de Urbanización, condenando a un futuro desarrollo a carecer de dichas áreas, el cuarto favor fue no haberles expropiado. Está claro que el anterior gobierno repitió en esta operación algo que le fue muy característico: dilapidar los bienes públicos en favor de particulares y además, seguir provocando daño fuera de su periodo legal como gobierno.
La lista de favores llega más “alto”, no concluye, ésta se extiende más al norte, y donde lo que se ha hecho, tampoco es sano.
Este asunto, herencia del gobierno anterior, apenas iniciará en su discusión pública.
www.aproposito2004.blogspot.com
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