La elección federal del 2006, fue una elección sumamente cuestionada, el triunfo legal de Calderón fue severamente cuestionado, primero porque sólo un tercio de los electores que votaron sufragaron por él y segundo, el mínimo margen de diferencia sobre López Obrador, fue el otro gran cuestionamiento y el argumento de la duda de su triunfo.
López Obrador y el perredismo radical tomo las calles para denunciar el supuesto fraude electoral y exigir el recuento voto por voto.
La toma de posesión de Calderón fue atípica, a punto estuvo de no realizarse, de no haber sido por el PRI que cumplió institucionalmente acatando la resolución de las autoridades electorales que habían dado el triunfo a Felipe Calderón.
El perredismo violento en las calles, la sociedad dividida y confrontada, los actores políticos polarizados y sin un liderazgo que articulara la inconformidad y la conciliación, orillo a Calderón desde el primer día de su gobierno a declarar la guerra a los carteles de la droga.
Esta decisión de Calderón no fue en base a una estrategia contra el crimen organizado sino fundamentalmente para mandar el mensaje a la sociedad de que contaba con el apoyo del ejército y que si el perredismo estaba en la vía publica, él sacaría de los cuarteles al ejército para ponerlo en las calles de las principales ciudades del país para enviar un mensaje mediático de que la intensión era combatir al narcotráfico pero el verdadero fondo político era demostrar a través del ejercito una fuerza que las elecciones no le habían dado al nuevo gobierno.
El verdadero mensaje era la demostración de fuerza militar respaldando su gobierno y no una estrategia seria contra los carteles. El déficit de legitimidad con el que inicio Calderón su gobierno advertía un peligro de ingobernabilidad que ameritaba tomar acciones de autoridad que mostraran a un presidente con carácter y agallas, que presentaran a Calderón en medio del cuestionamiento como un jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas encabezando la nación en una guerra contra el crimen organizado, esa era la mejor manera de legitimarlo o al menos de obtener el apoyo popular que tanto necesitaba. ¿Quién se opondría a la decisión del presidente de combatir al narco?
Nadie ha estado en contra del presidente en su determinación en combatir a los carteles, lo que se ha cuestionado severamente es la estrategia que ha resultado ineficaz y contraproducente y los resultados que han sido sumamente dolorosos con ya cerca de 23 mil muertos, entre ellos muchos civiles víctimas inocentes, jóvenes y niños han perdido la vida, así como las economías de muchas importantes ciudades quebradas, el turismo a la baja y el desprestigio nacional por la violencia y corrupción que se han hecho evidentes sobre todo la infiltración del narco en los cuerpos de seguridad que han acreditado estar al servicio de los criminales.
El presidente Calderón ha argumentado en repetidas ocasiones que se hable bien del país, pero el discurso oficial en toda ocasión es relativo a la lucha contra el narco, es el tema principal en la agenda gubernamental y es el compromiso de gobierno cada vez reiterado por el presidente y sus colaboradores que dejaron de lado el empleo, la economía y el combate a la pobreza.
El discurso de guerra, es el discurso oficial, el tema del narco persigue a Calderón a lo largo del país y el número de muertos supera cualquier cifra imaginada, el daño colateral de las víctimas inocentes es el tema de la protesta pública.
El presidente Calderón está agotando un activo institucional que había representado siempre el ejército mexicano, esta dilapidando el prestigio y el buen nombre de las fuerzas armadas, la sociedad mexicana siente que los derechos humanos son violentados por el ejército y lo que es peor, el ejército mexicano se encuentra inconforme por ser utilizado en labores policiales que no le corresponden y sin el sustento legal que requiere, para realizar actividades policiacas.
Así hemos pasado del cuestionamiento a la estrategia contra el narco, al cuestionamiento del desempeño del ejercito, hay la impresión que mas que acabar con el narco, se está acabando el prestigio y el buen nombre de las fuerzas armadas.
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: “Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección legal”.
Además dijo: “Se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años, a pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables”, dijo el secretario.
Aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses.
La reacción popular por la muerte de niños y mujeres en retes militares ha arreciado la inconformidad por la presencia del ejército en el combate al narco, la población ya lo rechaza y el ejército se inconforma.
GOMEZ MONT LO NIEGA
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que haya resistencia de mandos militares para continuar en la lucha contra el narcotráfico y aseveró que todos los miembros del Ejército cumplen cabalmente las instrucciones que reciben del Presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas.
Durante la reunión privada de integrantes del gabinete de seguridad nacional con senadores, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, advirtió a los coordinadores parlamentarios “que ya hay resistencias de algunos generales a participar en el combate a la delincuencia organizada, porque carecen de protección legal para ello”.
El tema incomodó al gobierno y motivó que Gómez Mont ofreciera una conferencia de prensa donde, si bien admitió que el general secretario solicitó a los legisladores mejorar el marco jurídico sobre el cual actúan las fuerzas armadas, sostuvo que en ningún momento fue emitida la expresión que reprodujo este diario acerca de la resistencia de mandos militares a seguir en la lucha antinarco. (La Jornada 14/abril/2010)
GOMEZ MONT INSISTIO
“No podemos olvidar que las fuerzas armadas actúan para defender los derechos de la ciudadanía, no para coartarlos”.
También rechazó que el fuero militar sea espacio de impunidad.
El secretario de Gobernación insistió en “que las violaciones a la ley por parte de militares son casos aislados y que los tribunales castrenses funcionan con celeridad, eficiencia y severidad”.
Los niños muertos en el reten de Tamaulipas, lo jóvenes del Tec de Monterrey y muchos más efectivamente son casos aislados y hasta distantes, unos fueron en Monterrey y otros en Tamaulipas esa es la óptica de Gómez Mont, minimizar el daño colateral.
El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, reconoció ayer ante senadores que el Ejército se prepara para un retiro paulatino de la lucha contra el narcotráfico y les explicó que para realizar tareas de seguridad pública se desarrollará una nueva generación de policía militar con conocimiento de policía civil.
Por otra parte, el Senado de la República, en el proyecto de dictamen sobre la ley de seguridad nacional, fija 90 días de plazo para el regreso total de los militares a los cuarteles, y ordena que, en caso de que el presidente de la República pretenda que algún contingente permanezca en un municipio o estado para coadyuvar en el combate al crimen organizado, deberá sujetarse a ciertas condiciones, entre ellas el respeto a los derechos humanos de la población.
En el documento se precisa que los militares podrán colaborar en el combate al narcotráfico y en tareas policiacas, sólo cuando se declare una afectación de la seguridad interna, entendida ésta como la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa, así como actos que pongan en peligro la estabilidad, la paz o el orden en una entidad federativa, municipio o región.
La intervención de la fuerza armada permanente deberá solicitarla la autoridad civil al Consejo de Seguridad Nacional, instancia que analizará la petición con base en la magnitud de la afectación y la capacidad de las instituciones para ejercer sus funciones de manera eficaz.
El secretario ejecutivo del consejo solicitará la opinión favorable de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en caso de receso. La declaratoria de afectación a la seguridad interior será por un periodo establecido en el espacio geográfico definido.
Estas son partes del proyecto de la nueva ley sobre seguridad nacional cuya discusión no está concluida y uno de los temas más discutidos precisamente es el fuero de guerra, en un principio el ejército aceptaba que fuera limitado pero ahora ha expresado lo contrario.
1.- Pobres niños mexicanos, están expuestos permanentemente al peligro, por un lado la comida chatarra, por otro los curas pederastas y además, los retenes militares.
2.- No tiene vuelta de hoja el derecho de Alumbrado Público es inconstitucional. Seguir argumentando y justificando que lo que requieren los ayuntamientos es dinero para pagar el alumbrado y por eso se cobra un impuesto violatorio de la constitución, repito, es como si un municipio o el gobierno del estado con finanzas quebradas optara por el narcomenudeo por obtener recursos, la violación a la constitución no tiene justificación y menos por quienes protestaron guardarla y hacerla guardar.
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