EL DISCURSO DE LA GUERRA II

EL DISCURSO DE LA GUERRA II

En realidad, hablar de una guerra del Estado Mexicano, en este caso contra el narco, podría parecer, en estricto sentido, una equivocación, pues los objetivos puntuales de una guerra se refieren a la defensa de la seguridad nacional, del territorio en su integridad y de la soberanía, pero el narco hace peligrar la seguridad nacional, porque es un fenómeno internacional vinculado a carteles de otras naciones y relacionado también con los países consumidores y con aquellos que proveen de armas al crimen organizado.

La integridad territorial no está en riesgo frente a otra nación, sino al interior, en territorios en los que gobierna el narco y en los que el gobierno ha perdido el control, y esto sucede no únicamente en zonas aisladas o serranas, sino en puertos, fronteras, grandes zonas urbanas y regiones interestatales, en las que el crimen organizado instala retenes, controla policías, cobra impuestos, controla cárceles, calles y funcionarios públicos, o sea, el narco también cuenta con funcionarios públicos y algunos carteles de la droga reclutan ex militares de elite y desertores del ejército, o sea, tienen su propio ejército.

La soberanía también se pone en riesgo porque la violenta zona fronteriza del país recibe el acoso constante de los cuerpos policiacos y militares del vecino del norte y además, las agencias de inteligencia y de combate al narcotráfico de ese país operan libremente, en aras de la defensa de sus fronteras e intereses en nuestro país.

El pretexto permanente de los norteamericanos para capacitar, asesorar y equipar a cuerpos policiacos y militares mexicanos es una constante, así como la venta de equipo de telecomunicaciones para inteligencia en materia de seguridad nos hace presa fácil de la intervención y el monitoreo.

Esos aspectos son tan importantes como los cerca de 23 mil muertos, muchos de ellos víctimas inocentes y otros muchos integrantes de los cuerpos policiacos y militares. La lucha contra el narco no debería ser únicamente con las armas, pues el crimen organizado está entreverado en la economía, la política y la sociedad y esa incrustación del narco en la economía no se combate con las armas, como tampoco la corrupción y la impunidad en los cuerpos policiacos y en los servidores públicos.

La sociedad dominada por el desempleo y la falta de expectativas de desarrollo para los jóvenes, el fracaso en la erradicación de la pobreza y la desigualdad social no encontrarán por la vía armada la solución que se reclama. Es cierto que el estado debe combatir la delincuencia organizada y hacerlo con la ley en la mano y no únicamente con la guerra.

Eso es lo que ha hecho el gobierno de Calderón: cruzar únicamente la fuerza armada contra el multifactorial fenómeno de la delincuencia y la inseguridad y el instrumento usado por el gobierno como lo es las fuerzas armadas ya se están cansando.

Altos mandos militares han hecho declaraciones preocupantes, veamos:

1.- “Los militares no somos ningunos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos”, expresaron generales que solicitaron el anonimato entrevistados a propósito de la discusión que existe en el Poder Legislativo en esta materia.

2.- Los militares revelaron que la jerarquía castrense, “a partir de que los soldados son adiestrados de manera distinta a los policías y su preparación es para el ataque y no para la disuasión, como ocurre con éstos, han planteado al Congreso y al presidente Felipe Calderón mantener el fuero militar, porque no se puede juzgar a un integrante de las fuerzas armadas como se juzga a cualquier policía”.

3.- Recordaron que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, ha propuesto al Presidente y a los legisladores dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el Ejército para que se combata la corrupción en los círculos gubernamentales y, en caso de detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de gobernadores o secretarios de Estado, por ejemplo.

O sea, que el cuerpo de inteligencia militar denuncie y se actué.

4.- Hasta hoy, la Constitución Mexicana no establece de manera específica bajo qué parámetros las fuerzas armadas pueden participar en el combate al crimen organizado ni la temporalidad del mismo. Para ello, únicamente se apoyan en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5.- En el más reciente encuentro, Galván Galván insistió ante los legisladores en su planteamiento: “el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en la lucha contra el crimen organizado, y de allí surgió la versión –nunca desmentida por la Sedena– de que el general secretario reveló la renuencia de algunos generales a seguir participando en la batalla contra la delincuencia a falta de garantías para esa labor”.

O sea, hay un malestar en los mandos militares porque jurídicamente en el ejército están desprotegidos cuando actúan como policías.

6.- Los mandos militares entrevistados plantearon: “no somos ningunos cobardes”. El general secretario dijo expresamente a los legisladores que los jefes de las zonas militares exigen no sólo la colaboración plena de todo el gobierno federal, sino de todo el Estado mexicano.

“¡No nos resistimos a combatir al narcotráfico ni a los delincuentes! Hacerlo sería insubordinación, y lo primero que se nos enseña es a obedecer y a acatar órdenes. Insubordinarse representa ser arrestado y llevado a juicio, como en cualquier ejército del mundo.

“Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no sólo la resolución de la SCJN.

“Y esto podría llegar al extremo de que el día que entre un nuevo presidente de la República, varios generales se vieran sometidos a consejo de guerra si el poder civil considera que violaron la ley. Podrían aducir: ustedes que se dicen tan respetuosos de la ley, ¿bajo cuál salieron a las calles si saben que constitucionalmente no pueden hacerlo?”.

O sea, los militares temen en un futuro ser acusados de violentar derechos humanos o de guerra sucia contra la población y en todo caso algunos militares han expresado que las órdenes se las den por escrito, para acreditar en los hechos violentos que recibieron órdenes sobre todo quien las dio.

7.- “La gente tiene que entender que a nosotros nos adiestran de forma diferente a los policías. Nuestros objetivos son distintos. Nosotros estamos listos para el ataque, no para la disuasión. ¿Nos explicamos?”

“Por eso es tan riesgoso tener a las tropas en la calle. ¿Pero cómo vas a actuar cuando tu presidente, el comandante supremo, saca al Ejército sin ninguna garantía?

8.- “Lo que dicen muchos generales es: combatamos primero con la misma fuerza de fuego y luego con la misma reacción, porque no puede ser que te tiren con un lanzacohetes y tú respondas con flores por aquello de los derechos humanos.

“Que en medio de ese fuego hay víctimas, sí. Que hay equivocaciones, también. Que nuestras tropas cometen excesos, a veces los hay.

“Para nosotros ésta es una situación de guerra. Las modificaciones que se han solicitado son para tener garantías de nuestra actuación en las calles y que si la tropa comete actos irregulares, sea juzgada por la justicia castrense, porque no se les puede tratar de la misma forma que a un policía, porque en principio somos diferentes.

“La tropa está acostumbrada a obedecer, si se le dice combate; es lo que hace, combate.

9.- También, en esa línea, el general secretario Galván ha dicho al presidente Calderón y a los legisladores: “la capacidad de fuego del crimen es 500, la del Ejercito de 100”.

“El Ejército no fue creado ni se le entrena para combatir a la delincuencia común, y el crimen organizado se está convirtiendo en delincuencia común”.

10.- El dinero es otro tema. “¿Cuál es el fondo de todo esto? Pues sólo hay que ver cuánto presupuesto tiene la Secretaría de Seguridad Pública federal. En cambio, el Ejército tiene equipos con una antigüedad hasta de 50 años; carecemos de capacidad de vuelo, porque nuestros aviones son viejos. Y aun así combatimos, obedecemos”.

O sea, seguridad jurídica, garantías para actuar, recursos económicos suficientes y equipo moderno, preservación del fuero de guerra.

Está suficientemente claro: los propios mandos militares reconocen que la tarea policiaca no se lleva con la formación militar, los ejércitos en cualquier parte del mundo están hechos para combatir o para disuadir, pero no para ser policías de barrio o elementos preventivos.

Felipe Calderón usó el ejército para dar el golpe mediático y un mensaje a quienes cuestionaban su raquítico triunfo en las urnas y dilapidó tres años parte importante del buen prestigio del ejército.

Pese a lo anterior, los militares dicen: “Aunque el Congreso no apruebe las reformas en materia de seguridad nacional, los integrantes de las fuerzas armadas seguiremos obedeciendo al jefe supremo, buscando que se legisle para tener garantías en las acciones contra el crimen organizado y que se establezcan sanciones para aquellos que traicionan a las instituciones y se suman a grupos criminales, señalaron altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

“Pero si no llegan a acuerdos y no se modifica la legislación, todos en la milicia seguiremos obedeciendo las órdenes del presidente Felipe Calderón, porque mantenemos la lealtad y compromiso que siempre han regido a los soldados de México. (La jornada 21/abril/2010)

ANTE EL FUERO DE GUERRA

Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron de gravísima y muy preocupante la pretensión del Ejecutivo federal y su partido (PAN) de impedir que militares acusados de violar garantías individuales sean juzgados por tribunales civiles. Esta intención, dijeron, se contrapone a las recomendaciones de organismos internacionales en la materia y a tratados que el mismo Estado mexicano ha firmado y ratificado.

Fuentes de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que la responsabilidad de que se revise el papel del Ejército Mexicano, sus alcances e incluso que se discuta la posibilidad de que en sus actos se sometan a la justicia civil, es responsabilidad exclusiva del presidente Felipe Calderón, quien por cierto ha insistido en una estrategia equivocada para enfrentar a la delincuencia organizada.

Destacaron que de mantenerse esta estrategia, el desgaste de las fuerzas armadas será cada vez mayor, lo que ya se refleja en las decenas de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que participa el Ejército como parte de los operativos en contra del crimen. (La jornada 21/abril/2010)

El coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió ayer que su bancada mantiene la determinación de que desaparezca el fuero militar en el caso de miembros de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de ciudadanos, para que sean juzgados por tribunales civiles.

Dijo también que estarían dispuestos a eliminar de la Ley de Seguridad Nacional la facultad del Senado para aprobar la participación temporal del Ejército en el combate al narcotráfico, en aras de llegar a un consenso, pero siempre y cuando se resuelva lo concerniente al fuero con base en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En todas las bancadas ha circulado la versión de que quienes dictaminan han recibido la oferta de aprobar la legislación que legaliza la acción del Ejército en tareas policiacas, pero sin tocar el fuero, ya que la Presidencia de la República hará llegar una iniciativa integral para reformar el Código de Justicia Militar.

El PAN frenó esta semana la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que convierte en una decisión de Estado el uso militar en la lucha contra el crimen organizado, porque argumentó que la intervención de las Fuerzas Armadas es una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo cual pretender que el Senado la apruebe es inconstitucional.

Pero también trabajaron en la redacción del artículo 57 del Código de Justicia Militar para introducir la disposición de que el fuero de los militares no los exime de la responsabilidad penal de los tribunales civiles, cuando cometen delitos del orden común mientras realizan tareas diferentes a su actividad militar o las hacen mientras no realizan acciones militares.

La posición panista es que la fracción sexta del artículo 89 constitucional establece como facultad exclusiva del Presidente de la República el uso de la Fuerza Armada Permanente; por lo tanto, la fracción primera del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional que se pretende aprobar es inconstitucional, porque faculta al Senado para aprobar el uso de esta Fuerza Militar Permanente, cuando el Presidente no está obligado a solicitar autorización. (Excélsior 21/abril/2010)

A Propósito…

1.- Sobre el tema de militares, la pregunta es: ¿por qué cambiaron al general comandante de la vigésima zona militar en Colima? Si tan solo en tres meses de estancia en nuestro estado descubrió y destruyó ocho narcolaboratorios, ¿será porque nomas fueron ocho? ¿Fueron pocos? ¿O porque fueron muchos?

¿O será porque golpeó al cartel equivocado?

¿O lo cambiaron para protegerlo?

Como quiera que sea, habrá que reconocer que en breve paso por Colima el general Hernández Brindis, fue positivo y meritorio, eso ayuda a seguir creyendo en el ejército.

Coquimatlán, Piscila, El Astillero, Tecoman (2), Cuauhtemoc (2), Cuyutlan, Armería. Esto es “pecata minuta”, comparado con los decomisos de Manzanillo.

Si Calderón dice que va ganando la guerra al narcotráfico, también creamos que en Colima no hay narcotráfico.

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