EN la segunda y la tercera semana del gobierno de Mario Anguiano el tema importante ha sido el estado de las finanzas gubernamentales y de manera particular, el desastre financiero que hereda la nueva administración del gobierno que se fue.
Primero, la renuncia del recién nombrado Secretario de Finanzas, al enterarse de cómo están las finanzas por dentro. Omar Magaña, como delegado de Banobras, conoció la situación financiera del gobierno en cuanto a los adeudos bancarios, porque él participó de manera muy importante en la reestructuración que hizo el gobierno con Banobras, pero no conocía los adeudos por fuera, o sea, con proveedores, con
La especulación en los primeros 10 días del nuevo gobierno fueron las causas por las que Omar Magaña renunció a tan importante cargo. En lo particular, no creo que haya sido por las razones familiares que argumentó, porque hubo el tiempo suficiente para que esas razones fueran analizadas, resulta infantil suponer que una vez que aceptó la invitación para ocupar ese cargo y rindió protesta al mismo como Secretario de Finanzas, después de eso haya reflexionado si le convenía o no la nueva encomienda. Políticamente, Magaña pretextó una causa diferente a la real, pero en realidad se fue porque se asustó por el desastre en las finanzas estatales.
Los siguientes días, el asunto que ha ocupado la atención sobre el nuevo gobierno ha sido el tema de los no recontratados, corridos, cesados, despedidos, renunciados, etc., etc. La declaración oficial sobre este asunto ha sido la siguiente: “Diario de Colima 14 de noviembre 2009: “Cuatro de cada 10 trabajadores de confianza y por contrato del gobierno estatal, 940 empleados de los dos mil 419 que tenían en esta modalidad, no fueron recontratados por la nueva administración.
En rueda de prensa, el secretario de Administración, Xavier Oldenbourg Ceballos, dio a conocer la medida, como parte de un programa de austeridad.
Oldenbourg Ceballos señaló que el principal motivo que originó este programa fue la drástica disminución de las participaciones federales que recibió nuestra entidad en más de 300 millones de pesos en lo que va del año, generando una diferencia negativa entre el gasto y el ingreso de la administración estatal.
Esta medida no aplica para los trabajadores de las secretarías de Salud y Educación, así como de
Este programa garantiza un ahorro mensual superior a los 10 millones de pesos.
Decidieron la permanencia de mil 479 servidores públicos, quienes fueron recontratados y los cuales fueron evaluados por una comisión integrada por la representación sindical, auditores de
Sobre este asunto, cabe señalar que es la primera vez en muchos años, que se toma una medida de esta naturaleza y mi comentario sobre los no recontratados no es si la medida tomada (el dejar fuera a 940 trabajadores de confianza equivalentes al 40% de los trabajadores de esa categoría del gobierno del estado) fue buena, mala, responsable, necesaria, dolorosa y cruel, política o impolítica; no, el tema no es calificar la medida, porque su decisión es discutible según donde cada quien se coloque, una opinión tienen los renunciados, otra el gobierno, otra el sector empresarial y varias, diferentes, los distintos partidos políticos.
Lo que no es muy discutible ni presenta tampoco mucha divergencia, es el fondo del asunto, el por qué se tomó esa medida, qué fue lo que orilló al nuevo gobierno, en sus primeros quince días de ejercicio, a tomar una medida de esa naturaleza, que es histórica como decisión gubernamental, pero mucho más histórica es la causa que obligó al gobierno a tomar una decisión de esa naturaleza.
La respuesta es sencilla, más sencilla que la decisión de tomarla, la causa está clara: es el desastre de las finanzas estatales que dejaron al gobierno que inicia.
La medida es histórica y responde, sin duda, al tamaño de la crisis financiera del gobierno estatal, porque no es por la crisis nacional, y tan no es así, que los gobiernos de los demás estados de la república no han tomado decisiones de esta naturaleza, es decir, de hacer despidos masivos de trabajadores de gobierno. Tampoco es el cambio de gobierno, porque nunca, en ningún cambio de gobierno de Colima, se había tomado una decisión similar: despedir al 40% de los trabajadores de confianza. Y tan no es el cambio de gobierno, que en otros cinco estados de la república se acaba de dar también el cambio de gobierno y no hubo despidos masivos. Es más, en Querétaro, en San Luis Potosí y en Sonora, también hubo cambio de partido en el gobierno y ni así se dieron estos despidos, como tampoco sucedió en Campeche y en Nuevo León, que también renovaron administración estatal.
Está claro que la medida obedece al estado desastroso de las finanzas locales y se encuentran éstas tan deterioradas, que en épocas de pasadas crisis nacionales, como las devaluaciones de 76, 82, 87 y 95, dichas crisis no orillaron a tomar en Colima medidas de esta naturaleza. La crisis de 1995 afectó más al país que la actual.
Las crisis locales, el temblor de 41, de 73 y el de 2003 y la utilización del dinero oficial para reparar los daños de la infraestructura oficial y para apoyar a la gente damnificada, no provocaron, tampoco, medidas de esta naturaleza.
Y no hubo, en crisis nacionales y locales anteriores, despidos masivos de esta proporción, porque las finanzas locales estaban saneadas, lo cual no sucede en estos momentos.
Es cierto: hay una crisis económica nacional que ha afectado a todos, pero el lamentable estado de las finanzas gubernamentales del gobierno de Colima, obliga a tomar este tipo de decisiones.
A la salida de los gobiernos de Griselda Álvarez, de Elías Zamora, de Carlos de
Decisiones de esta naturaleza no se están tomando en el Congreso local y tampoco en el Poder Judicial, ni en los ayuntamientos, que también tienen problemas financieros serios, esta decisión se toma únicamente en el Ejecutivo, porque, al parecer, ahí está el boquete financiero.
Todos los que han opinado del asunto y sobre todo las autoridades, han insistido en que fue por la crisis económica el despido masivo de trabajadores, y también es cierta la crisis económica del gobierno.
Hay muchas preguntas:
¿Se necesitaban o no, los trabajadores en el gobierno anterior?
¿Si no eran necesarios, por qué inflaron la nómina?
¿Era para meter a los de Tecoman?
¿Y en este recorte, salieron los de Tecoman que son los de menos antigüedad?
¿Cuáles fueron los resultados de los planes de austeridad que implementó el gobierno que se fue?
¿Cuáles fueron los resultados de las famosas reingenierías de la anterior administración?
¿Por qué no hay para pagar la nómina hasta diciembre, si estaba presupuestada?
¿Por qué se dice que el aguinaldo se va a pagar en abonos? Si se supone que estaba presupuestado.
¿Por qué el gobierno anterior, cuando surge la crisis en octubre de 2008, no fue cauteloso en el gasto? O, mejor dicho, en el cuidado de los dineros públicos.
En una empresa y en un gobierno, lo primero que se garantiza es la nomina y si ésta no alcanza es porque se presupuestó mal, porque se infló la nomina con personal real o ficticio, o porque alguien se robó la nómina. Si se infló la nómina, que se diga y si se presupuestó mal, que se reconozca. Porque nadie, de manera responsable, cuando hay recorte de las participaciones, deja desprotegida presupuestalmente a la nómina, en todo caso, si hay recortes, se deja de hacer obra pública o derroches innecesarios.
Pero cuando el problema es de nómina, el problema ya es muy serio y más si agregamos que muchas de las obras que se hicieron fueron remodelaciones, compras cuestionadas de terrenos, construcciones en terrenos sin certidumbre jurídica y venta de bienes inmuebles propiedad de gobierno, a precios cuestionados.
La gente también se pregunta si los periodistas que estaban en la nómina siguen estando, y vaya que son muchos. Al parecer, a ellos no los renunciaron, porque siguen en sus columnas defendiendo y justificando no únicamente la medida, sino el desastre financiero. Si hubieran renunciado a esos periodistas la cifra de no recontratados hubiera llegado a los 1000, pero no, ahí siguen defendiendo al gobierno anterior en agradecimiento de que a ellos la administración anterior no les pidió la renuncia.
Y como las preguntas son muchas y éste no es un tema menor, continuamos el lunes y el martes.
A propósito…
1.- Según Griselda Martínez, Secretaria de Formación Política del PRD, “ese partido buscará una acercamiento con el exgobernador Fernando Moreno, para tener acceso a la información que él tiene sobre la Boquita, toda vez que durante su administración se rescató parte de los terrenos que en este momento están en disputa, a él le tocó llevar a cabo la anulación del convenio con aquella empresa que incumplió.”
Sobre lo anterior, debo decir lo siguiente: primero, la información oficial del rescate a favor del Gobierno del Estado de Colima durante mi administración, están en el Gobierno del Estado, y además esa información no es tan relevante porque el rescate de los terrenos que yo hice no está en la discusión.
Segundo, lo que se está cuestionando es la venta que de esos terrenos hizo la administración gubernamental que acaba de concluir y los comentarios que yo he hecho al respecto han sido sobre la información que el gobierno anterior proporcionó una semana antes de salir, yo no tengo mayor información porque no participé en la venta de dichos terrenos y nada tengo que ver con los actos del anterior gobierno, mi deslinde siempre fue público y a tiempo.
Tercero, lo más recomendable es que el PRD invite de asesor en este tema al exgobernador Silverio Cavazos, ya que fue su gobierno quien vendió esos terrenos y en consecuencia él sí sabe muy bien como se realizó ese negocio.
Cuarto, es obvio que si el anterior gobierno no quería ni que asistiera a los eventos oficiales o del partido, mucho menos me iban a invitar a participar en los negocios que dicho gobierno realizó.
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