No Promover, Mejor Aplicar la Ley

Nuevamente surge la discusión sobre qué debe hacer el gobierno para resolver el problema que se presenta los fines de semana, cuando los jóvenes se reúnen a entretenerse, convivir y divertirse y en ocasiones excederse asistiendo a fiestas, discotecas y algunos otros lugares conocidos como “antros”, donde se consumen bebidas alcohólicas, hasta las primeras horas de la mañana.

Lo anterior preocupa por el riesgo que se corre por parte de los jóvenes, que en ocasiones conducen vehículos en estado de ebriedad, poniendo en peligro sus vidas, las de sus acompañantes o las de otros conductores o personas que por algún motivo transitan por calles y avenidas a esas horas.

Los jóvenes de Colima, y de cualquier parte, tienen todo el derecho a la diversión y al entretenimiento, sobre todo en aquellos lugares donde la autoridad correspondiente autoriza para esos efectos, en los domicilios y en los horarios que la autoridad determina.

Los primeros en preocuparse y ocuparse sobre los jóvenes que asisten a dichos lugares, y sobre todo de los que consumen bebidas alcohólicas o en un exceso consumen drogas o enervantes, son los padres de familia.

Las autoridades tienen la obligación de regular dichas actividades sin afanes “mojigatos”, pero tampoco propiciar con medidas regulatorias, el establecimiento de sitios o zonas de plena tolerancia o de reclusión etílica.

Las autoridades no están para propiciar nuevos centros de consumo, por más controlados que éstos estén, sino para vigilar que los existentes cumplan con la ley en todos sus términos, en la venta de productos legales, en que el comportamiento de los jóvenes que asisten a dichos sitios sea dentro de la ley y que los horarios de funcionamiento no excedan de lo permitido y que los espacios físicos donde se reúnen los jóvenes cuenten con las condiciones de seguridad que no pongan en riesgo su integridad física en caso de un desastre natural (temblor, inundación, etc.) o de una contingencia, provocada o accidental, como un incendio, disparos de armas de fuego o un pleito entre los propios asistentes a esos lugares.

La autoridad debe vigilar además y con mucho celo la presencia de menores en esos lugares y la venta de productos a menores de edad.

La autoridad no debe impedir que los jóvenes se diviertan, que por fortuna nadie ha planteado eso. Lo que se debe hacer es hacer que se cumpla la ley y prevenir que ésta no se viole, así como establecer las medidas pertinentes para proteger la vida de las personas, pues la autoridad no puede ser tolerante con quienes, con el pretexto de la diversión, violan la ley sin importar que éstos sean jóvenes o empresarios que administran centros de diversión.

La autoridad no debe simular que regula y a la vez, mediante autorizaciones especiales o compensaciones económicas, ampliar horarios de consumo o propiciar excesos en las conductas.

Se debe partir de una realidad: la mayoría de los jóvenes se divierten, pero la mayoría no se embriaga y mucho menos conducen en estado de ebriedad. En consecuencia es una minoría de jóvenes los que arriesgan su vida y la de los demás y por esa razón Colima y sus municipios, por su tamaño y población podría ser un Estado de la República modelo en cuanto a la respuesta a esta problemática que a todos preocupa.

Pero no nos rasguemos las vestiduras, no es éste un problema de la mayoría de los jóvenes, ni de todo el Estado, ni en todos los municipios y en consecuencia, no podemos actuar respecto a los jóvenes con el equivocado criterio de que es preferible encerrarlos que enterrarlos.

Los jóvenes que violen la ley deben ser sancionados conforme a su edad y al resultado de su conducta, al igual los propietarios de los establecimientos de consumo, que deben ser sancionados cuando violen la ley, pero no con multas que el negocio les facilita, sino con sanciones que los retire del negocio y también debe sancionarse a los inspectores y funcionarios que simulan y toleran la violación a la ley.

Durante mi gobierno, en reiteradas reuniones y programas radiofónicos, propuse a los alcaldes de los municipios donde se acentúa la problemática mencionada, que los horarios de funcionamiento de dichos establecimientos no rebasara las dos de la mañana.

Sin embargo, nunca hubo de parte de los alcaldes el acuerdo para ello; primero, porque algunos aducían, con razón, que tenían que estar todos los cabildos de acuerdo con un horario y ser inflexibles en su prolongación, sobre todos los municipios conurbados, porque si en el de Villa de Alvarez, por ejemplo, se actuaba de manera estricta y en el de Colima no, los jóvenes que iniciaban la diversión en Villa de Alvarez la continuarían hasta altas horas de la mañana en el de Colima.

Otro ejemplo era que si el de Colima y Villa de Alvarez se coordinaban en tener el mismo horario, los jóvenes emigrarían en la madrugada, con mayor riesgo a los municipios cercanos, como Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán y que además podría propiciarse con ese pretexto la apertura de ese tipo de establecimientos en municipios que carecían de ellos y veían la oportunidad del ingreso económico, autorizando nuevos establecimientos con horarios flexibles y atractivos para los “trasnochadores”.

O sea, que como la regulación y la autorización de licencias para el funcionamiento de esos negocios es municipal, sin atentar contra autonomía municipal, se debe buscar el consenso o la disposición legal para que las medidas regulatorias sean similares en todos los municipios del estado.

No debe olvidarse que la ley de Salud podría ser una alternativa, para que el gobierno del estado, en cumplimiento del espíritu de la misma ley, tuviera intervención en la regulación en cuanto al consumo, tema que habría que discutir.

Algunos presidentes municipales con quienes platiqué en ese tiempo al respecto, me argumentaban que el reglamento sí establecía el horario hasta las dos de la mañana, pero también me enteré que el propio reglamento facilitaba la autorización de horas extras, después de las dos de la mañana y que dichas autorizaciones implicaban un cobro extra para el establecimiento comercial por hora adicional y un ingreso económico, apetecible para el municipio, nada despreciable ante el argumento de las penurias económicas de las administraciones municipales.

O sea, con relativa facilidad, el empresario podía pagar horas extras, el municipio tener un ingreso y los jóvenes que optaban por embriagarse tenían tiempo de sobre para hacerlo, propiciándose el exceso en el consumo y el consecuente riesgo para quienes manejaban en esas condiciones.

Y así nos encontramos muchas veces con el absurdo de estar en bodas, quince años, o cualquier otra fiesta privada en convivencia familiar y recibir la presencia de los inspectores municipales con el argumento de que la fiesta familiar para la que se había solicitado autorización no tenía permiso más allá de las dos de la mañana y no se habían tramitado oportunamente las horas extras para la ampliación del horario, con la imposibilidad burocrática de hacerlo cuando el inspector celoso de su deber llegaba cancelando la fiesta o amenazando con detener a los músicos por no detener “la tocada”, y sí en cambio saber que cerca de ahí la “disco” funcionaba hasta las cinco de la mañana, porque oportunamente se había pagado el permiso correspondiente.

O sea, los padres de familia en algunos casos se podían reunir hasta las dos y los jóvenes hasta las cinco, y todo por no pagar a tiempo o no saber que se puede simular el horario.

Como muchos alcaldes comúnmente han aspirado, y aspiran, a puestos de elección popular y consideran que deben ganarse el voto de los jóvenes, algunos “políticos” en su calidad de alcaldes y aspirantes evitan tomar medidas que puedan “molestar” a la juventud o supuestamente limitarles el derecho a la diversión, que nadie discute.

Por eso muchos alcaldes que han aspirado a ser gobernadores, en los últimos años, no han logrado su sueño, porque los padres de familia han valorado que nada hicieron para proteger a los jóvenes. O sea, que deben asumir el costo político y establecer las medidas pertinentes que al ámbito de su responsabilidad compete.

He escuchado muchas opiniones al respecto y algunas tan permisivas y tolerantes, como la de que la policía lleve a los jóvenes “borrachos” a sus casas, o de que afuera de los establecimiento haya un servicio especial para los briagos que pretendan conducir o de que se establezca un sitio o lugar alejado de la ciudad para que los jóvenes se emborrachen y no molesten a nadie y que en dicho lugar la policía los vigile.

Esto último resulta completamente absurdo, pues la policía debe proteger y cuidar la seguridad personal y los bienes de los colimenses y no de manera exclusiva la conducta de los borrachos irresponsables. O sea, proponen que la policía los fines de semana no vigile las colonias populares o residenciales, sino que se concentre en los centros de consumo de bebidas alcohólicas y dejen la ciudad desprotegida al amparo de los ladrones que, por desgracia, cada día son más.

Que los empresarios sean responsables de la vigilancia al interior de sus negocios, con la contratación de servicios de vigilancia privada que incluya las afueras inmediatas de sus establecimientos y el cuidado obligado de sus clientes y de manera particular de aquellos jóvenes que más consumieron y más les dieron a ganar.Y si no les resulta negocio, sencillamente que lo cierren o que aumenten los precios para limitar el consumo. Pero que las policías vigilen toda la ciudad, detengan a quien maneje en estado de ebriedad y exponga su vida y la de otros, pues es absurdo que los fines de semana, las policías se concentren en las discotecas.

Por otra parte, me parece absurdo el argumento de que es preferible permitir el horario amplio en los establecimientos para evitar que los jóvenes ingieran bebidas embriagantes en calles, jardines o lotes baldíos, pues la autoridad no debe permitir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados y a quien viole esta disposición se le debe aplicar la ley. Pero que tampoco sirva esto de pretexto para que la policía realice razzias y levantones de jóvenes que se reúnen sanamente.

Dado el tamaño de la población, debe haber un trato diferente para quienes cometen por primera vez una falta administrativa, y para aquellos que habitualmente las cometen, sí amerita privarlos de su libertad por ese hecho y debe ser en lugares apropiados, a la edad y a la conducta y no recluirlos mezclados con quienes han cometido otro tipo de hechos delictivos. Infraccionar con la suspensión de la licencia de conducir, ya sea de manera temporal o definitiva, y con sanciones económicas, según el nivel de reincidencia.

El adelanto del gobierno electrónico en Colima permite dar un seguimiento puntual a esta problemática y a quienes la generan.

Me parece correcto que el Gobierno del Estado convoque a discutir este asunto con los padres de familia, con los empresarios, con los jóvenes, con las autoridades municipales, y sobre todo, analizar experiencias exitosas que se han implementado en otros lugares con características similares a las nuestras.

El tema da para mucho, toda la gente tiene opiniones al respecto, que se recojan las más que se puedan y que se implementen las que se requieran y sean posibles.

Se trata de disminuir un problema, ese es el reto, que el problema sea menor y que al hacerlo así no se generen otros de mayores dimensiones, pues está claro que lo más difícil es facilitar que las cosas se hagan y lo más fácil es hacer que éstas se dificulten.

A Propósito

1. Dicen los panistas que no nos quejemos por el precio de la tortilla, porque ya nos dieron durante seis años el PAN gratis.

2. Algunos creían que Socorro Díaz era una dama inteligente, acreditó no ser ni lo uno ni lo otro.

3. Ante la demostración de fuerza que ha pretendido dar el Presidente Calderón para legitimarse en la silla presidencial, debe tener presente lo que alguien dijo hace tiempo: “Las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas”