MUCHOS DETENIDOS, POCOS SENTENCIADOS

Se ha venido repitiendo a diario en todo el sexenio, en el país y en Colima. Hay muchos detenidos y pocos sentenciados, de nada sirve que en la lucha contra la delincuencia se logre detener a diario a muchos presuntos delincuentes, si muy pocos son los que se consignan y menos los que reciben una sentencia del poder judicial.

No es el número de detenidos, ni el tamaño o el peso delincuencial de un asesino lo que permite evaluar la eficiencia en la procuración de justicia y mucho menos que el número de detenidos refleje que la gente vive segura.

No, lo que permite evaluar que la gente viva segura y que las autoridades sean eficientes en materia de seguridad es que el número de delitos sea cada vez menor.

Es lógico que no se puede ponderar como un éxito policiaco el que se detenga a tales o cuales delincuentes y mucho menos anotarse un triunfo cuando el detenido tenía en su cuenta un sin número de crímenes, así los haya confesado, porque lo que refleja es que existieron los delitos, que los crimines se ejecutaron, que hay víctimas y que la sociedad está herida y agraviada.

Bien se ha dicho que una de las características de la salud es la ausencia de enfermedad y en materia de seguridad, la ausencia del delito.

La seguridad es eso: no únicamente agarrar delincuentes, esa es una tarea a la que está obligado el gobierno,  a perseguir, a atrapar a los delincuentes, pero en materia de seguridad no es la tarea primordial, pues lo importante es que el gobierno garantice a la gente su seguridad.

La detención de los delincuentes es una consecuencia de que se violó la ley, de que las personas fueron agraviadas, de que hay víctimas que sufren una injusticia, que no debió de haber sucedido si la autoridad tuviera la suficiente capacidad de haberlos protegido de los delincuentes.

La estadística criminal se valora, pues, no por el número de detenidos, sino por el número de víctimas. Calderón no lo entendió y el PAN tampoco, la sociedad mexicana sí lo entendió y por eso los echó fuera y los mandó al tercer lugar.

Los gobiernos priistas están obligados a entenderlo, porque la experiencia de los últimos años no es muy afortunada y la expectativa en los años por venir es muy grande. La esperanza es más grande que el agravio que se ha recibido debido a la ausencia de gobiernos federales y locales comprometidos con la seguridad de la gente.

Del inició del gobierno de Felipe Calderón a junio de 2012, se registraron en el país 92 mil 48 homicidios dolosos.

En el mismo lapso, se ha sentenciado como culpables de homicidios dolosos a 679 personas. Solo el 0.73 por ciento.

Si usted mató a alguien en los últimos seis años, la probabilidad de que esté en la cárcel sentenciado por ese homicidio es menor a 1 por ciento. La probabilidad de que le hubieran iniciado proceso es de sólo el  7 por ciento.

Estos datos son de la Procuraduría General de la República y han sido presentados al equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Dice el documento que de los 92 mil 48 homicidios dolosos, 73 mil 460 tienen “información validada” y 18 mil 588 con información en proceso de validación. Es decir, no se tiene información de más de 18 mil.

De esos 73 mil 460, solo se abrieron 62 mil 580 averiguaciones previas, es decir, unos 11 mil mexicanos muertos más no merecieron ni investigación formal aun cuando tenían “información validada”.

De las 62 mil 373 averiguaciones iniciadas, sólo en 22 mil 187 se determinó que había elementos necesarios, después de la investigación. De esos, sólo en 7 mil 202 casos se ejerció la acción penal y se obtuvieron 763 sentencias, 86 absolutorias y 677 condenatorias. El 1 por ciento de las averiguaciones previas terminó en una condena. (Milenio, Carlos Puig 9/Oct/2012)

A cuatro años de haberse signado en palacio nacional el acuerdo nacional para la seguridad, en el periodo 2008-2011, las cifras de homicidio doloso se incrementaron 70 por ciento, al pasar de 13 mil 155 a 22 mil 480 casos mientras que en secuestro, el aumento fue de 48 por ciento, al pasar de 907 en 2008, a mil 344 casos en 2011.
El 21 de agosto de 2008, el presidente Calderón, los gobernadores, alcaldes, legisladores y poder judicial se comprometieron a reducir el índice delictivo.
- "De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones". Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República
- "El Acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad". Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública
- "Nos parece que el Estado es mucho más fuerte que cualquier amenaza o riesgo que pueda representar la criminalidad". Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación
- "Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo y no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción". Alejandro Martí

GOBIERNAN CON EL EJEMPLO

En Colima, la deuda es enorme en materia de seguridad. Estamos viviendo una etapa criminal como nunca se había visto, desgraciadamente algunos cínicos quieren que nos acostumbremos a la violencia sin freno que agobia a Colima.

Es lamentable el estado en que las administraciones municipales salientes entregaron sus encargos a los nuevos cabildos, que enfrentan fuertes endeudamientos bancarios y a proveedores, a pensiones, conflictos laborales, denuncias a funcionarios municipales, violencia, inseguridad, adeudos a personal sindicalizado y elementos policiacos.

Un buen número de ayuntamientos se encuentran sin recursos para pagar los aguinaldos y los compromisos de fin de año y según se ha  informado, los diez ayuntamientos tienen deudas que en conjunto superan los 550 millones de pesos. Tecomán 180 millones, Villa de Álvarez 90 millones, Colima 50 millones, Manzanillo 190 millones, etc., etc.

El endeudamiento irresponsable en muchos casos y en otros heredados de otras administraciones municipales, son el reflejo del desorden financiero y el endeudamiento que también caracteriza a la administración estatal.

Recientemente se ha acreditado públicamente que la actual administración duplico el endeudamiento heredado por Silverio Cavazos que de por si fue escandaloso, por los montos y por la ausencia de obra que justificara los adeudos.

La crisis financiera del gobierno estatal, reconocida por las propias autoridades impide auxiliar a las autoridades municipales a solventar sus problemas económicos y además, ¿cómo les reprocha la autoridad estatal a las municipales salientes la crisis financiera y el endeudamiento, si están iguales?

No hay una línea política o un ejemplo a seguir en el buen manejo de la deuda y las finanzas.

Es vergonzoso como los policías del municipio de Tecomán hicieron protestas y paros porque no les pagaban  las quincenas: Eso explica por qué Tecomán es uno de los municipios con mayor presencia del crimen organizado e índice delict5ivo en general, de seguro muchos narcos se pudieron haber ofrecido a cubrir las quincenas de los policías.

Insólito es que un particular preste dinero al ayuntamiento de Ixtlahuacán para el pago de la nómina, no es el caso, pero de seguro muchos narcos estaría dispuestos a financiar a los ayuntamientos quebrados.

Lamentable lo que sucedió también en el municipio de Armería, donde los trabajadores bloquearon las carreteras en protesta por no recibir el pago de sus quincenas.

Vergonzoso el desempeño del ayuntamiento de Villa de Álvarez en el manejo de la política y de las finanzas y en la aprobación de fuertes sumas de dinero para que los altos funcionarios aseguraran sus salarios y dejaran las arcas vacías y las grandes deudas como símbolo de cómo gobierna el PAN.

Lamentable que se hayan presentado denuncias penales contra la alcaldesa interina de Colima, cuya única culpa fue haber trabajado bien y haber transmitido la herencia del  endeudamiento con pensiones.

¿Quién pudo haber puesto orden?,  ¿quién tenía la autoridad moral y política para orientar con el ejemplo a las autoridades municipales?

Sí, es cierto, son autónomos los municipios, pero en su autonomía actúan como lo hacen otros, ahora todos son compañeros del mismo dolor y esperan que Enrique Peña Nieto les pague los platos rotos.

Irresponsable el proceder de algunos alcaldes que en su salida basificaron laboralmente a sus preferidos, favoritas y amigos y que en la mayoría de los casos no respetaron la antigüedad de los trabajadores, ni la calidad del trabajo realizado.

Con mucha razón, Víctor Vázquez Cerda, dirigente de los trabajadores al servicio del gobierno del estado, declaró: las administraciones municipales que recién concluyeron no acataron las instrucciones de la anterior Legislatura y del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig) de no basificar trabajadores, pues ello únicamente acarrearía problemas económicos.

Señaló que las basificaciones de trabajadores de confianza, sin ninguna planeación. Lo único que generan es mermar la economía de los ayuntamientos, apuntando que quien resulta más afectad por esa irresponsabilidad de la población.

Afirmó que los alcaldes que se fueron “dejaron un caos económico por la falta de prevención económica.”

El diputado panista Fernando Antero Valle: “consideró como delicada la situación económica de las administraciones estatales y municipales, el congreso ha venido, de alguna manera, siendo cómplice en las pasadas legislaturas al aprobar los endeudamientos, por parte de las administraciones municipales y estatal, y eso es una bomba que eventualmente tendrá efectos y consecuencias”.

“El 88 por ciento de los recursos que ingresan a los comunas se destinan el pago de la nómina.”

“Los pocos recursos que llegan vía participaciones federales son los que se dejan para proyectos de infraestructura o desarrollo social.

Pueden aprobarse más créditos a los ayuntamientos, “ya vemos que todos los niveles de gobierno acumulan onerosas deudas, simplemente hay que recordar que en el gobierno estatal ese rubro supera los 2 mil millones de pesos.”

Los municipios no pueden operar debido al desastre financiero en que se encuentran. (Diario de Colima 16/Oct/2012)

El presidente de la Comisión de Hacienda, Oscar Valdovinos Anguiano, reconoció que debido a la difícil situación que atraviesan muchas de las administraciones municipales, los alcaldes tendrán que solicitar créditos para arrancar sus trabajos y cumplir con sus compromisos de fin de año.

“Los municipios están en una situación de crisis de la cual el gobierno del estado no es ajeno, y (los legisladores) tendremos que ver con mucha responsabilidad las solicitudes de financiamiento que algunos municipios pretendan realizar.” (Ecos de la Costa 16/Oct/2012)

No obstante lo mucho que deben las administraciones municipales y que jamás en la historia de Colima habían llegado a ese nivel de endeudamiento, lo mismo sucedió con el gobierno estatal, les ofrecen a los  municipios que se sigan endeudando.

El delegado de BANOBRAS, Omar Magaña Ceballos, informó que esa institución apoyará a las nuevas administraciones municipales y anunció que el 26 de este mes vendrá la titular nacional, Georgina Kessel, con ese propósito: a prestarles más.

“Vamos a apoyar a las nuevas administraciones con un financiamiento de alrededor de 50 millones de pesos”, indicó el delegado.

MERECIDO NOMBRAMIENTO

El congreso del Estado aprobó por 24 votos el nombramiento del licenciado René Rodríguez Alcaraz como presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, en reconocimiento a su probada capacidad jurídica y académica.

Únicamente un voto tuvo en contra: el del diputado Francisco Rodríguez del PRD, que argumentó sus fuertes ligas con el PRI, para justificar su disidencia y rendir homenaje a Manuel López Obrador.

La mayoría de los ciudadanos en Colima han  votado por el PRI y ese no es ninguna estigma para ser descalificado y menos en el caso del licenciado René Rodríguez, que es un reconocido académico y prestigiado abogado que ha acreditado en su desempeño público su capacidad profesional.

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