La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, han escenificado un auténtico fuego cruzado institucional por el homicidio de dos niños en el que estuvo involucrado el ejército mexicano, veamos:
El 6 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por el asesinato de sus hijos.
Siete niños y cuatro adultos viajaban en una camioneta, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
El pasado 9 de junio, en la reunión celebrada en Los Pinos con el presidente Calderón, la señora Cinthia Salazar, madre de los hermanos Martín y Bryan Almanza, los niños de 9 y 5 años, le preguntó al presidente si estaba consciente de que el Ejército mató a sus hijos. El Presidente respondió lacónico: “No”.
Ella sostiene que los militares dispararon a mansalva contra la camioneta luego de que cruzaron por un retén. La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, considera que este hecho ocurrió de manera circunstancial y no como consecuencia de la presencia de personal militar en un puesto de control que nunca se colocó oficialmente.
El parte militar indica que ese día, el 3 de abril, soldados que patrullaban sobre la carretera Reynosa-Nuevo Laredo recibieron a las 19:30 horas una denuncia anónima sobre un enfrentamiento entre narcotraficantes sobre esa vía, cerca del poblado Nueva Ciudad Guerrero. (Milenio 13/junio/2010)
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, y las heridas a otras cinco personas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los militares involucrados –elementos del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento– alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la CNDH”.
Hubo obstáculos de parte de servidores públicos de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los resultados revelan alteración de la escena de los hechos, omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza y obstrucción a la justicia.
Plascencia Villanueva sostuvo: la versión de la Sedena que sostiene que los hechos tuvieron como origen “un enfrentamiento entre elementos militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo y varias camionetas donde viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 117, es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por la Comisión Nacional.
“Se observa que el contenido del informe de la autoridad responsable no tiene sustento ni apego a las evidencias a que se allegó esta comisión, y que existió además un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias”. (La Jornada 17/junio/2010)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, concluyo que la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que indica que Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años, murieron por un fuego cruzado, carece de sustento.
Con las evidencias y testimonios que obtuvo la CNDH, se concluyo que la escena en la que murieron los dos niños fue alternada y que, incluso, la camioneta de la familia fue baleada cuando sus ocupantes ya la habían abandonado, en un aparente intento por cambiar la versión de los hechos.
El organismo emitió una recomendación a la Sedena y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las acciones correspondientes a fin de que se esclarezca la agresión y se repare el daño a las víctimas del ataque con disparos de arma de fuego y granadas, realizado por efectivos militares a 13 civiles el pasado 3 de abril, en ciudad Mier, Tamaulipas.
El argumento difundido por la Sedena sobre el caso, sostiene que los hechos tuvieron su origen en un enfrentamiento entre militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo, y varias camionetas en las que viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada, con dirección a Ciudad Mier, a la altura del Kilometro 17.
La CNDH consideró que la versión es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por el organismo.
“Las victimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”, dijo Placencia.
Los testimonios de las victimas coinciden al señalar que no llevaban camionetas adelante o atrás, que la visibilidad era clara y que disminuyeron la velocidad cuando un militar les ordeno parar. (El Mundo 17/junio/2010)
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que en el caso de los hermanos Almanza Salazar, la CNDH no registró todas las evidencias existentes.
La CNDH señaló que fueron balas de militares las que quitaron la vida a los dos menores, sin embargo, Gómez Mont desestimó el informe al señalar que está descontextualizado e incompleto.
“Yo lo que digo es que la valoración que se haga de esa recomendación se tiene que reconocer que está descontextualizado, que es cierto que parte de ese problema es que no puede conocer las indagatorias que hace la autoridad en este tipo de investigaciones, y que así lo ha dispuesto la ley, es cierto”.
Defendió que la CNDH no pueda tener acceso a la información de las autoridades investigadoras, porque así lo marca la ley en cuanto a la secrecía.
Sobre la hipótesis de que la escena del crimen fue alterada por militares, el secretario de Gobernación dijo que estos casos suelen presentarse por falta de entrenamiento y “no por dolo o por mala intención”.
Recordó que esos hechos suelen presentarse en un contexto de videncia lo que genera una afectación de la escena del crimen, por lo que se deben buscar ciertas reglas mínimas para que no se alteren las pruebas y los peritos puedan realizar su trabajo.
La CNDH insistió en que la investigación y recomendación fue “seria y objetiva”. (El Universal, 19/Jun/10)
Los peritajes de la PGR y la Sedena es de que los menores murieron por granadas lanzadas por narcos cuando soldados los enfrentaban. Los avances de ambas dependencias sobre el caso eximían a los militares de cualquier responsabilidad en la muerte de los dos infantes.
Por su parte, funcionarios de la PGR cercanos a la investigación informaron que aún no está concluida ni cerrada la indagatoria y todavía no se pueden señalar presuntos culpables o responsables, además de que siguen elaborando exámenes y peritajes en el caso.
Representantes de la Sedena dijeron que la institución aún analiza el contenido de la recomendación para determinar si hay peritajes y cuáles fueron estos, o si se trata únicamente de opiniones sobre los que se fundamentó esta”. (El Universal, 19/Jun/10)
Juicio al estilo de “La Tremenda Corte”
O sea: las instituciones del Estado, en su lucha contra el narcotráfico no únicamente se enfrentan a los criminales, sino que el daño colateral las obliga a confrontarse mutuamente, con el consecuente descrédito institucional que provoca el malestar entre la opinión pública, no únicamente por el daño a inocentes, sino por la poca claridad en el deslinde institucional cuando hay víctimas inocentes.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la guardería ABC de Sonora, en la que fallecieron 49 niños y 75 pequeños resultaron lesionados, se ha puesto en entredicho la imparcialidad y objetividad de la Suprema Corte, pues al parecer, la opinión pública sometió a juicio a los Ministros y a la Corte, esperando que el máximo órgano judicial señalara responsabilidades penales contra funcionarios públicos federales, estatales de Sonora y municipales de Hermosillo, con motivo de dicho incendio.
La Suprema Corte de Justicia intervino en este asunto conforme a la facultad que le confiere el artículo 97 constitucional, párrafo segundo, que a la letra dice: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal”.
Fue el ministro Arturo Saldívar quien presentó el proyecto de resolución que no fue avalado por la mayoría de los ministros, porque se pretendía que la Corte emitiera una opinión moral y ética sobre la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en el fallecimiento de los menores.
La Corte optó por rechazar una resolución en ese sentido, lo que ha molestado a amplios sectores de la opinión pública, que consideran que la Corte se sometió a los dictados y argumentos del gobierno federal para proteger a funcionarios públicos, porque el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a nombre del gobierno federal se entrevisto con los ministros de la Corte para evitar que se señalaran responsables y hacer valer la imposibilidad de la Corte de emitir fallos éticos y morales contra servidores públicos.
En su resolución, la Corte coincidió con los argumentos del gobierno federal y dio lugar a que se hablara de una intromisión gubernamental para proteger la impunidad y no culpar a los funcionarios por la muerte de los menores.
En estricto sentido jurídico, la Suprema Corte emite resoluciones jurídicas y no debe, efectivamente, emitir juicios morales o éticos y menos juicios de carácter político y equivocadamente, el ministro Saldivar pretendió que la Corte se eligiera en un tribunal moral, criterio con el que la mayoría de los ministros estuvieron de acuerdo, puesto que la Suprema Corte no es Ministerio Público, ni tampoco ir más allá de la investigación y condenar o sentenciar.
Esta resolución tan cuestionada mediáticamente no responsabiliza, ni exonera a nadie pero sí señala que hubo violación a garantías individuales, entre ellas el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, etc., etc., ni tampoco pone fin al juicio o a los juicios que los familiares de las víctimas han entablado y habrá que estar atentos a la resolución de la Procuraduría General de la República y la del estado de Sonora, que sí están obligados a consignar penalmente a los responsables de los fallecimientos de los menores.
Nos guste o no, desde el punto de vista jurídico, los ministros no podían actuar de otra manera, en todo caso, o se deroga ese párrafo del artículo 97, que en los hechos no ha servido para nada, o el Congreso de la Unión lo reforma y adiciona para que la Corte se pueda pronunciar sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos como éste.
De momento, el deterioro institucional daña a la Suprema Corte de Justicia, que ha recibido en los últimos días un verdadero fuego cruzado que ha marcado mediáticamente en forma negativa al máximo tribunal constitucional, lo que origina que la gente crea menos en el desempeño de las instituciones, con razón o sin razón.
A Propósito…
1.- El pasado 14 de junio, el Secretario de Educación, Federico Rangel Lozano, anunció que con una inversión de 9 millones 441 mil pesos, el gobierno del estado iniciará la segunda etapa de construcción de la escuela secundaria estatal de talentos.
En ese acto, el licenciado Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima, con la representación del gobernador Mario Anguiano Moreno, colocó la primera piedra de estas obras.
Cabe señalar que para la tercera etapa, se invertirán 12 millones de pesos, mientras que para la cuarta etapa, la inversión superará los 61 millones de pesos.
Sumadas estas inversiones, suman 93 millones 734 mil pesos, invertidos en la escuela secundaria de talentos.
O sea, una escuela que costará 93 millones de pesos.
Después del sismo de 2003, por el daño que sufrieron las escuelas Gregorio Torres Quintero y la Tipo, República Argentina, de esta ciudad de Colima, debimos construirlas nuevamente, costando cada una seis millones de pesos.
En cambio, esta Escuela de Talentos costará 93 millones de pesos.
Nadie duda que el talento cuesta mucho, ni que los niños talentosos requieren atención especial. Merecen eso y mucho más.
Pero tampoco se ocupa mucho talento para descubrir quién se está beneficiando con el negocio de la construcción de la Escuela de Talentos, que costará 15 veces más que la escuela Torres Quintero.
Según sé, el teatro Universitario -con todo y equipamiento- y la esplendida construcción de la Facultad de Derecho y la de Ciencias Políticas -edificios inaugurados hace poco-, costaron menos que la Escuela de Talentos.
Cabe recordar que la Escuela de Talentos fue iniciativa del gobierno anterior, como se ha reconocido públicamente. El líder de ese proyecto fue y sigue siendo el Licenciado Silverio Cavazos, por eso representó al señor Gobernador en el acto.
Qué bueno que la escuela es para hombres y mujeres talentosas.
¿Cuánto costará hacer una escuela para hombres de negocios?
www.aproposito2004.blogspot.com
El 6 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por el asesinato de sus hijos.
Siete niños y cuatro adultos viajaban en una camioneta, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
El pasado 9 de junio, en la reunión celebrada en Los Pinos con el presidente Calderón, la señora Cinthia Salazar, madre de los hermanos Martín y Bryan Almanza, los niños de 9 y 5 años, le preguntó al presidente si estaba consciente de que el Ejército mató a sus hijos. El Presidente respondió lacónico: “No”.
Ella sostiene que los militares dispararon a mansalva contra la camioneta luego de que cruzaron por un retén. La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, considera que este hecho ocurrió de manera circunstancial y no como consecuencia de la presencia de personal militar en un puesto de control que nunca se colocó oficialmente.
El parte militar indica que ese día, el 3 de abril, soldados que patrullaban sobre la carretera Reynosa-Nuevo Laredo recibieron a las 19:30 horas una denuncia anónima sobre un enfrentamiento entre narcotraficantes sobre esa vía, cerca del poblado Nueva Ciudad Guerrero. (Milenio 13/junio/2010)
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, y las heridas a otras cinco personas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los militares involucrados –elementos del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento– alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la CNDH”.
Hubo obstáculos de parte de servidores públicos de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los resultados revelan alteración de la escena de los hechos, omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza y obstrucción a la justicia.
Plascencia Villanueva sostuvo: la versión de la Sedena que sostiene que los hechos tuvieron como origen “un enfrentamiento entre elementos militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo y varias camionetas donde viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 117, es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por la Comisión Nacional.
“Se observa que el contenido del informe de la autoridad responsable no tiene sustento ni apego a las evidencias a que se allegó esta comisión, y que existió además un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias”. (La Jornada 17/junio/2010)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, concluyo que la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que indica que Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años, murieron por un fuego cruzado, carece de sustento.
Con las evidencias y testimonios que obtuvo la CNDH, se concluyo que la escena en la que murieron los dos niños fue alternada y que, incluso, la camioneta de la familia fue baleada cuando sus ocupantes ya la habían abandonado, en un aparente intento por cambiar la versión de los hechos.
El organismo emitió una recomendación a la Sedena y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las acciones correspondientes a fin de que se esclarezca la agresión y se repare el daño a las víctimas del ataque con disparos de arma de fuego y granadas, realizado por efectivos militares a 13 civiles el pasado 3 de abril, en ciudad Mier, Tamaulipas.
El argumento difundido por la Sedena sobre el caso, sostiene que los hechos tuvieron su origen en un enfrentamiento entre militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo, y varias camionetas en las que viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada, con dirección a Ciudad Mier, a la altura del Kilometro 17.
La CNDH consideró que la versión es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por el organismo.
“Las victimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”, dijo Placencia.
Los testimonios de las victimas coinciden al señalar que no llevaban camionetas adelante o atrás, que la visibilidad era clara y que disminuyeron la velocidad cuando un militar les ordeno parar. (El Mundo 17/junio/2010)
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que en el caso de los hermanos Almanza Salazar, la CNDH no registró todas las evidencias existentes.
La CNDH señaló que fueron balas de militares las que quitaron la vida a los dos menores, sin embargo, Gómez Mont desestimó el informe al señalar que está descontextualizado e incompleto.
“Yo lo que digo es que la valoración que se haga de esa recomendación se tiene que reconocer que está descontextualizado, que es cierto que parte de ese problema es que no puede conocer las indagatorias que hace la autoridad en este tipo de investigaciones, y que así lo ha dispuesto la ley, es cierto”.
Defendió que la CNDH no pueda tener acceso a la información de las autoridades investigadoras, porque así lo marca la ley en cuanto a la secrecía.
Sobre la hipótesis de que la escena del crimen fue alterada por militares, el secretario de Gobernación dijo que estos casos suelen presentarse por falta de entrenamiento y “no por dolo o por mala intención”.
Recordó que esos hechos suelen presentarse en un contexto de videncia lo que genera una afectación de la escena del crimen, por lo que se deben buscar ciertas reglas mínimas para que no se alteren las pruebas y los peritos puedan realizar su trabajo.
La CNDH insistió en que la investigación y recomendación fue “seria y objetiva”. (El Universal, 19/Jun/10)
Los peritajes de la PGR y la Sedena es de que los menores murieron por granadas lanzadas por narcos cuando soldados los enfrentaban. Los avances de ambas dependencias sobre el caso eximían a los militares de cualquier responsabilidad en la muerte de los dos infantes.
Por su parte, funcionarios de la PGR cercanos a la investigación informaron que aún no está concluida ni cerrada la indagatoria y todavía no se pueden señalar presuntos culpables o responsables, además de que siguen elaborando exámenes y peritajes en el caso.
Representantes de la Sedena dijeron que la institución aún analiza el contenido de la recomendación para determinar si hay peritajes y cuáles fueron estos, o si se trata únicamente de opiniones sobre los que se fundamentó esta”. (El Universal, 19/Jun/10)
Juicio al estilo de “La Tremenda Corte”
O sea: las instituciones del Estado, en su lucha contra el narcotráfico no únicamente se enfrentan a los criminales, sino que el daño colateral las obliga a confrontarse mutuamente, con el consecuente descrédito institucional que provoca el malestar entre la opinión pública, no únicamente por el daño a inocentes, sino por la poca claridad en el deslinde institucional cuando hay víctimas inocentes.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la guardería ABC de Sonora, en la que fallecieron 49 niños y 75 pequeños resultaron lesionados, se ha puesto en entredicho la imparcialidad y objetividad de la Suprema Corte, pues al parecer, la opinión pública sometió a juicio a los Ministros y a la Corte, esperando que el máximo órgano judicial señalara responsabilidades penales contra funcionarios públicos federales, estatales de Sonora y municipales de Hermosillo, con motivo de dicho incendio.
La Suprema Corte de Justicia intervino en este asunto conforme a la facultad que le confiere el artículo 97 constitucional, párrafo segundo, que a la letra dice: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal”.
Fue el ministro Arturo Saldívar quien presentó el proyecto de resolución que no fue avalado por la mayoría de los ministros, porque se pretendía que la Corte emitiera una opinión moral y ética sobre la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en el fallecimiento de los menores.
La Corte optó por rechazar una resolución en ese sentido, lo que ha molestado a amplios sectores de la opinión pública, que consideran que la Corte se sometió a los dictados y argumentos del gobierno federal para proteger a funcionarios públicos, porque el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a nombre del gobierno federal se entrevisto con los ministros de la Corte para evitar que se señalaran responsables y hacer valer la imposibilidad de la Corte de emitir fallos éticos y morales contra servidores públicos.
En su resolución, la Corte coincidió con los argumentos del gobierno federal y dio lugar a que se hablara de una intromisión gubernamental para proteger la impunidad y no culpar a los funcionarios por la muerte de los menores.
En estricto sentido jurídico, la Suprema Corte emite resoluciones jurídicas y no debe, efectivamente, emitir juicios morales o éticos y menos juicios de carácter político y equivocadamente, el ministro Saldivar pretendió que la Corte se eligiera en un tribunal moral, criterio con el que la mayoría de los ministros estuvieron de acuerdo, puesto que la Suprema Corte no es Ministerio Público, ni tampoco ir más allá de la investigación y condenar o sentenciar.
Esta resolución tan cuestionada mediáticamente no responsabiliza, ni exonera a nadie pero sí señala que hubo violación a garantías individuales, entre ellas el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, etc., etc., ni tampoco pone fin al juicio o a los juicios que los familiares de las víctimas han entablado y habrá que estar atentos a la resolución de la Procuraduría General de la República y la del estado de Sonora, que sí están obligados a consignar penalmente a los responsables de los fallecimientos de los menores.
Nos guste o no, desde el punto de vista jurídico, los ministros no podían actuar de otra manera, en todo caso, o se deroga ese párrafo del artículo 97, que en los hechos no ha servido para nada, o el Congreso de la Unión lo reforma y adiciona para que la Corte se pueda pronunciar sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos como éste.
De momento, el deterioro institucional daña a la Suprema Corte de Justicia, que ha recibido en los últimos días un verdadero fuego cruzado que ha marcado mediáticamente en forma negativa al máximo tribunal constitucional, lo que origina que la gente crea menos en el desempeño de las instituciones, con razón o sin razón.
A Propósito…
1.- El pasado 14 de junio, el Secretario de Educación, Federico Rangel Lozano, anunció que con una inversión de 9 millones 441 mil pesos, el gobierno del estado iniciará la segunda etapa de construcción de la escuela secundaria estatal de talentos.
En ese acto, el licenciado Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima, con la representación del gobernador Mario Anguiano Moreno, colocó la primera piedra de estas obras.
Cabe señalar que para la tercera etapa, se invertirán 12 millones de pesos, mientras que para la cuarta etapa, la inversión superará los 61 millones de pesos.
Sumadas estas inversiones, suman 93 millones 734 mil pesos, invertidos en la escuela secundaria de talentos.
O sea, una escuela que costará 93 millones de pesos.
Después del sismo de 2003, por el daño que sufrieron las escuelas Gregorio Torres Quintero y la Tipo, República Argentina, de esta ciudad de Colima, debimos construirlas nuevamente, costando cada una seis millones de pesos.
En cambio, esta Escuela de Talentos costará 93 millones de pesos.
Nadie duda que el talento cuesta mucho, ni que los niños talentosos requieren atención especial. Merecen eso y mucho más.
Pero tampoco se ocupa mucho talento para descubrir quién se está beneficiando con el negocio de la construcción de la Escuela de Talentos, que costará 15 veces más que la escuela Torres Quintero.
Según sé, el teatro Universitario -con todo y equipamiento- y la esplendida construcción de la Facultad de Derecho y la de Ciencias Políticas -edificios inaugurados hace poco-, costaron menos que la Escuela de Talentos.
Cabe recordar que la Escuela de Talentos fue iniciativa del gobierno anterior, como se ha reconocido públicamente. El líder de ese proyecto fue y sigue siendo el Licenciado Silverio Cavazos, por eso representó al señor Gobernador en el acto.
Qué bueno que la escuela es para hombres y mujeres talentosas.
¿Cuánto costará hacer una escuela para hombres de negocios?
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