El presidente Felipe Calderón presentó el pasado 15 de diciembre su iniciativa de reforma política o del Estado, contenida en 10 propuestas. Esto ha motivado los más diversos comentarios respecto a su viabilidad, al tiempo, al alcance, al contenido, a la intención, a la prioridad, etc., etc.
Primero: la propuesta está fuera de tiempo, porque una reforma de esta naturaleza se debe presentar al inicio del gobierno y no cuando éste va en su último tercio.
Segundo: la propuesta es insuficiente porque no propone ninguna modificación al poder ejecutivo que lo haga más eficaz y ofrezca mejores resultados; la propuesta se orienta, fundamentalmente, a modificar al poder legislativo, restándole facultades y diminuyendo su tamaño, busca debilitar el régimen de partidos al proponer candidaturas independientes e iniciativas ciudadanas y desaparecer a los partidos pequeños en las elecciones generales y llegar al bipartidismo a través de la segunda vuelta en la elección presidencial.
Asimismo, resulta insuficiente porque no incluye plebiscito, referendo y revocación de mandato y tampoco incluye la ratificación del gabinete por el Congreso de la Unión y porque las facultades del poder ejecutivo permanecen intocadas y la figura presidencial, en el marco de la pluralidad nacional, no se ajusta a los propósitos de la transición democrática, pues permanece, al igual que después del año 2000, en la mera alternancia.
Tercero: resulta inviable porque se propone disminuir facultades al Congreso de la Unión, órgano facultado para aprobar dicha reforma, y sería ilógico pensar que el propio Congreso disminuya sus propias facultades.
También es inviable porque el presidente Calderón no tiene en el Congreso el número suficiente de legisladores y ni siquiera cuenta con la unidad interna de su propio partido.
La propuesta es inviable, porque los temas prioritarios para la ciudadanía no son la reorganización del poder para acotarlo, disminuirlo o repartirlo. La prioridad es cómo hacerlo más eficiente para combatir la inseguridad, la delincuencia, la carestía y la pobreza.
La prioridad para la gente son las propuestas que incrementen el empleo, le den seguridad a la población y eleven su calidad de vida.
Es inviable, porque en el 2010 no se puede hacer una reforma política como la propuesta por Calderón, porque habrá elecciones en 15 Estados de la República, en 12 de ellos se renovarán las gubernaturas, congreso local y ayuntamientos.
Habrá en juego 2, 551 cargos de elección popular a nivel estatal.
Inviable porque, para hacerla realidad, se requiere mayoría calificada en el Congreso, porque el proyecto prevé cambios en 20 artículos de la Constitución, además de adiciones y derogaciones a otros 13.
Además, muchas de estas propuestas han sido presentadas infinidad de veces por múltiples actores políticos de diversos partidos y muchas han sido rechazadas por el partido Acción Nacional, cuando era partido de oposición.
Las propuestas y los argumentos de Calderón son las siguientes:
1.-Reelección consecutiva de alcaldes y delegados hasta por 12 años.
Dejar en libertad a legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del DF para establecer los alcances de la elección consecutiva hasta por 12 años de alcaldes, ayuntamientos y jefes delegacionales.
México es de los pocos países que no admite este tipo de reelección.
Las ventajas, según Presidencia, serían eliminar costos, permitir mayor experiencia y conocimiento legal de los funcionarios y otorgar a los ciudadanos la posibilidad de avalar o rechazar buenas o malas administraciones.
Las razones que motivan el proyecto son que el actual tiempo del encargo no permite instaurar políticas adecuadas y que se inhibe la rendición de cuentas y la cercanía entre ciudadanos y gobernantes.
No sería obligado que los estados o el Distrito Federal adopten esta modalidad. El proyecto especifica que los Congresos locales tienen la facultad de incorporar esta modalidad o no.
La restricción actual a la reelección data de 1933.
Es más pertinente la ampliación a 4 o 5 años el periodo, que la reelección hasta por 12 años, sobre todo por el problema del narcotráfico, que se ha apoderado de municipios en varias regiones del país y se estaría en riesgo de que cualquier cartel de narcotráfico controle municipios por 12 años.
2.- Reelección consecutiva de legisladores federales con límite de 12 años.
La intención es que en cada elección de Congreso, los ciudadanos premien o castiguen con el voto a los legisladores; si han cumplido adecuadamente, que se queden en el Congreso.
Esto de alguna manera se hace, la gente sabe utilizar su voto y muchos cambian su voto para castigar o premiar.
En 1964, el Partido Popular Socialista, en voz de Vicente Lombardo Toledano, propuso una reforma para que los diputados se reeligieran. En 1998, 2002 y 2003 se presentaron proyectos similares.
La reelección de legisladores federales permitiría elevar su profesionalización y especialización, en la medida en que su permanencia en el Congreso les permite profundizar su conocimiento sobre las materias que debaten y legislan.
Aún sin la reelección esto se logra, tenemos casos como el de Pablo Gómez que tiene 24 años consecutivos siendo asambleísta, diputado federal y senador. Otro caso es el de César Augusto Santiago que sido 5 veces legislador y muchos más.
3.- Reducir a 96 el número senadores y a 400 el de Diputados.
El Ejecutivo plantea desaparecer a los senadores plurinominales y que se elijan tres por entidad federativa de una lista, para que sólo sean 96, mientras se reduciría de 300 a 240 la cifra de los diputados electos de manera directa y de 200 a 160, los que lleguen al Congreso por la vía plurinominal.
El objetivo es “garantizar la gobernabilidad y dar cauce institucional a las problemáticas”, para “facilitar la negociación y concreción de acuerdos”.
El problema de los acuerdos, no es el número de diputados, sino de falta de capacidad del ejecutivo para lograrlos. En última instancia el problema no esta en la cantidad de legisladores, sino en la calidad de los legisladores.
Según los datos de Presidencia, cuatro de cada cinco ciudadanos apoya esta modificación.
Presidencia asegura que este método garantiza “una adecuada representación de la ciudadanía, manteniendo un adecuado balance entre pluralidad y eficacia”.
Repito, la eficacia no es únicamente problema del Congreso, sino del ejecutivo, porque éste es quien no logra acuerdos con las Cámaras.
Además, la practica ha demostrado en Estados Unidos, que la reelección ha estado más al servicio de las grandes empresas que de los ciudadanos.
4.- 4% de los votos, mínimo para que los partidos políticos conserven su registro.
El mandatario federal habló de la insatisfacción ciudadana con la democracia y pidió aumentar de 2 a 4 por ciento la votación mínima para que los partidos se mantengan, con el fin de garantizar mayor representatividad social.
El objetivo es garantizar la representatividad social de los partidos políticos, en tanto son receptores de recursos públicos.
Al menos se han presentado diez iniciativas en el mismo sentido.
De acuerdo con la Presidencia de la República, esta modificación fomentaría que grupos pequeños que quieran conformarse en partidos busquen otras asociaciones afines para llegar a puntos de encuentro y sumar fuerzas.
Hasta 1996, el mínimo para subsistir era una votación del 1.5%.
Lo que el presidente busca, es un bipartidismo, con la segunda vuelta los partidos pequeños no llegan a la final y ese debería ser el filtro.
5.- Dar a ciudadanos la facultad de proponer iniciativas de ley.
Para abrir la puerta a la participación ciudadana en asuntos públicos y que “vaya más allá de la mera elección de autoridades”, el jefe del Ejecutivo propuso reconocer el derecho ciudadano a proponer iniciativas de ley ante el Congreso y hacer efectiva su garantía a ser votados.
Incorporar la figura de iniciativa Ciudadana, teniendo éstos la facultad de hacer propuestas de ley ante el Congreso de la Unión.
Actualmente, los ciudadanos no pueden proponer una nueva ley. Sólo los legisladores o el Presidente pueden presentar propuestas.
Con la reforma, asegura Presidencia, los ciudadanos “de a pie” podrían presenta iniciativas de leyes o decretos.
Cada propuesta debe estar avalada por al menos una décima de punto porcentual del padrón electoral nacional.
Los grupos de la sociedad civil también tendrían personalidad jurídica y facultad de presentar propuestas, siempre y cuando cumplan con el requisito del punto anterior.
Las leyes que podrían proponerse o sobre las que podrían plantearse los cambios serían las del orden federal, sobre cualquier materia.
Los diputados ganarían con esto que podrían aproximar sus postulados a las necesidades de la ciudadanía.
Esta propuesta también es en contra del Congreso y de los propios partidos políticos, al igual que la siguiente
6.- Permitir candidaturas independientes para cargos de elección popular.
Se propone incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los puestos de elección popular.
La meta es crear “nuevas vías de participación ciudadana”.
El proyecto es para todos los puestos de elección popular admitan aspirantes que no sean integrantes de un partido político.
El candado que se establece es que los candidatos civiles sean respaldados por al menos uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación correspondiente.
La iniciativa – que por el momento sólo aplica a artículos constitucionales – aún no contempla mecanismos de acceso a financiamiento, tiempos en medios y fiscalización, que tendrían que ser delimitados en las leyes secundarias.
De esta manera personajes mediáticos como Fujimori o Berlusconi que han resultado unos payasos de la política pudieran comprar sus candidaturas.
7.- Segunda vuelta electoral en comicios para Presidente de la República.
En una primera vuelta ningún candidato logra más de la mitad de los votos, pasarán a segunda vuelta los dos que hayan obtenido más sufragios.
De acuerdo con la iniciativa enviada al Senado, la elección presidencial se realizaría el primer domingo de julio cada seis años y cuando ningún candidato obtenga más de 50 por ciento de los votos, el segundo domingo de agosto habría una segunda vuelta entre los dos que hayan obtenido más sufragios, fecha en que también se elegiría a los diputados y senadores.
También se modifica el inicio de las legislaturas al 1 de octubre y se ajustará la fecha de presentación del paquete económico y el plazo para la conclusión de la revisión de la cuenta pública.
Será electo presidente el candidato que en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos, sin ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos que hayan obtenido el mayor número de votos, pasarían a segunda vuelta.
Se propone que la segunda vuelta se lleve a cabo en la misma fecha que la elección legislativa, para que los votantes sopesen también la capacidad de maniobra legislativa que quieren otorgar.
Esta propuesta, evita que los partidos pequeños y las expresiones ideológicas que representan queden sin representación en el Congreso, porque al no ir a la segunda vuelta, quedarían sin posibilidades de representación legislativa.
Este método otorga mayor legitimidad, pues sólo gana quien obtenga más de la mitad de los votos y suele evitar las contiendas muy cerradas, como la que se vivió en México en 2006. El sistema premia las posiciones más moderadas.
El problema de la elección del 2006, es que no se contó voto por voto, la transparencia en el escrutinio evita las dudas en elecciones cerradas.
8.- Dar a la Suprema Corte de Justicia la atribución para presentar iniciativas de ley, en el ámbito de su competencia.
La SCJN tendría la capacidad para mejorar el funcionamiento del poder judicial y la posibilidad de incidir directamente en mejoras a la normatividad en materia de medios de control constitucional como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Los poderes judiciales locales ya tienen esta atribución.
9.-El Ejecutivo podrá presentar dos iniciativas preferentes al Legislativo.
Se introduce la iniciativa preferente, que en caso de tratarse de una norma constitucional, no podrá entrar en vigor sin haber sido aprobada mediante un referéndum organizado por el IFE, que se considerará aprobado con el respaldo de las dos terceras partes de los votos emitidos.
Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada primer período ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes.
Estas iniciativas deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya dicho periodo.
En caso de que el Congreso no dictamine y vote en cualquier sentido sobre la iniciativa, ésta se consideraría aprobada. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas bajo este procedimiento serían sometidas en caso de no existir decisión por el Congreso, a un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre su eventual aprobación.
Sobre el referéndum, dos terceras partes de los participantes deben dar el visto bueno a la iniciativa federal para que ésta entre en vigor.
Esto fomentaría la colaboración entre poderes, asegura la propuesta.
El presidente lo que quiere es legislar, y Calderón ha demostrado no ser capaz de ejercer la presidencia de la República y así quiere convertirse en legislador.
10.- Incorporar veto parcial del Ejecutivo al Congreso.
Solicita facultades para que, sin castigar o disminuir las facultades del Congreso, el Ejecutivo pueda realizar observaciones en leyes y el Presupuesto de Egresos de la Federación para “evitar riesgos en la conducción de las finanzas públicas del país” configuras como la reconducción presupuestal y de la Ley de Ingresos, cuyo ejecutor es el gobierno federal.
Facultar al Ejecutivo Federal para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos.
Actualmente existe el veto presidencial total a ciertas decisiones del poder Legislativo. No obstante, no existe el veto parcial, que permitiría la publicación de las partes de una ley sobre las que el Presidente no tiene observaciones.
También se propone aclarar la Constitución, que actualmente no es explícita sobre el Presidente puede o no vetar el Presupuesto de Egresos, tal como ocurre en otros ordenamientos.
El Congreso podrá superar las observaciones que haga el Ejecutivo mediante el voto de dos terceras partes de integrantes.
En caso de un Congreso con mayoría absoluta, las observaciones permitirían al Ejecutivo tener voz en el debate.
La propuesta, según argumenta, garantiza que el país no se quede sin ley de Ingresos.
Está propuesta atenta contra las facultades fundamentales del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados.
Reitero: la propuesta es inviable porque el presidente Calderón no tiene ya tiempo, ni legisladores suficientes, ni partido que le acompañe y mucho menos, la fuerza política y la credibilidad pública para que los ciudadanos lo respalden.
A Propósito…
1.- En Colima no pasa nada, excepto los resbalones en la pista de hielo y los resbalones de los políticos, que cada que hablan patinan, para unos es adeudo, para otros financiamiento y para muchos, agandalle y saqueo.
www.aproposito2004.blogspot.com
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