Hace más de 15 años, en un informe rectoral que me tocó rendir ante la presencia del licenciado Elías Zamora Verduzco, entonces Gobernador del Estado, abordé el tema del rezago de las titulaciones de los egresados y destacando que una de sus causas es que el egresado debe realizar varios pagos por concepto de titulación, como son el derecho al examen y el pago a los sinodales, la tramitación de certificados originales de estudio y la legalización correspondiente, la tramitación y pago de la cédula profesional, la elaboración del título en el formato y material autorizado, el registro ante la Dirección de Profesiones de la SEP del título y el pago correspondiente, etc.
En el marco de dicho informe rectoral, le plantee al licenciado Elías Zamora que una manera de motivar a los egresados universitarios para que se titularan pronto era que el gobierno del estado cubriera la totalidad de dichos gastos, en el entendido que a la Universidad únicamente le correspondía el pago al derecho de examen de titulación y los demás pagos eran para la Dirección de Profesiones de la SEP, cédula y título, para la persona que elaborara los títulos y otra parte para la legalización ante el gobierno del Estado, mediante el pago correspondiente, y que, en realidad, la Universidad recibía la parte mínima del costo de las titulaciones.
El licenciado Elías Zamora me preguntó que cual sería el número de titulados por año y cuánto su costo, le informé en ese momento que aproximadamente incrementaríamos en mil egresados titulados al año, con un costo de 800 pesos por egresado, reitero, hace 15 años.
Le propuse al licenciado Zamora que su gobierno otorgara dicho apoyo únicamente a aquellos egresados que se titularan en el plazo de un año, contado a partir del día de su egreso y que quienes no lo hicieran, pagarían por su cuenta la cuota correspondiente. El licenciado Zamora me autorizó hacer el anuncio en ese mismo momento y a partir de esa fecha, su gobierno cubrió este apoyo a los egresados. Lo mismo hizo el licenciado Carlos de la Madrid Virgen, durante su gobierno y un servidor también cumplió con ese compromiso, al igual que lo hizo Gustavo Vázquez durante el año del 2004.
Cabe destacar que con la ampliación de nuevas carreras, aumentó la matrícula en profesional, y por ello, con el paso de los años se incrementó de manera notable el número de titulados, el monto del apoyo gubernamental también se incrementó, pues las dependencias federales y estatales incrementaron los pagos correspondientes y desde luego, el número de egresados aumentó, llegando a la fecha a un número de tres mil egresados por año y lográndose uno de los índices más altos de titulación a nivel nacional.
Recuerdo que durante mi gobierno, el monto de la titulación era de 1,800 pesos y se titulaban alrededor de dos mil egresados. A la fecha, el costo de las titulaciones, al parecer, se ha incrementado a tres mil pesos titulándose tres mil egresados, lo que representa un apoyo del gobierno del Estado a los egresados de aproximadamente 9 millones de pesos, reitero el apoyo no es a la Universidad, sino al egresado que se titula a más tardar en el plazo de un año, y es importante destacar, también, que el costo se ha incrementado porque así son los aranceles que cobra la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, a través de la Dirección de Profesiones.
A partir del 2005 y durante el 2006, se titularon aproximadamente cinco mil alumnos en los dos años, haciendo un monto por concepto de pago de titulaciones de aproximadamente 14 millones de pesos y éste año de tres mil titulados, repito a tres mil pesos serán 9 millones de pesos. Recursos que por alguna razón la Universidad ha venido pagando de sus ahorros, pero esto ya ha provocado un problema financiero a la Universidad pues son ya casi 22 millones de pesos que han debido aportar en tres años y, al parecer, la Rectoría informó ya a los alumnos que el apoyo convenido con el gobierno del estado desde hace más de 15 años para las titulaciones, ya no podrá la Universidad seguirlo sufragando como lo ha hecho en 2005, 2006 y 2007, todo porque el gobierno del Estado, por razones que desconozco, no ha entregado a los egresados titulados de esos tres años, el apoyo comprometido.
El día de ayer leí en la prensa la declaración de un funcionario estatal en el sentido de que en breve el gobierno del Estado entregará a 1,500 alumnos, o sea, a la mitad de los tres mil titulados este año, un apoyo de 1,600 pesos por concepto de titulación, o sea, la mitad del apoyo a la mitad de los titulados. Que bueno que ya se vislumbra la intención de reanudar este apoyo a los titulados e ignoramos si las erogaciones que la Universidad ha hecho por este concepto a nombre del gobierno del Estado, le serán reintegradas o no.
Este hecho ha iniciado ya una polémica sobre si es cierto o no que este apoyo se ha retirado, la polémica desde luego no es importante y puede ser utilizada para diversos fines, lo importante es que este compromiso se cumpla en los hechos, se ratifique el apoyo a los titulados o se diga cuánto es lo que las finanzas estatales permiten erogar por este concepto o, también, se determine que no hay posibilidad de otorgar dicho apoyo y cumplir el compromiso del gobierno del Estado asumido hace más de 15 años a los egresados que se titulan pronto y desde luego ver la forma de resarcir a la Universidad lo que ha erogado los últimos 3 años pagando este apoyo a nombre del gobierno del Estado.
No se trata aquí de buscar culpables, sino de encontrar los recursos económicos que permitan seguir apoyando a los universitarios que egresan y se titulan.
A Propósito
1.- Como una coincidencia, quiero suponer, surge ahora también al debate público un tema relativo a la Universidad que tiene que ver, también, con sus finanzas y el cobro que por concepto de agua potable, le está requiriendo la CIAPACOV (Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez).
Es cierto que trátese de quien se trate la ley se debe aplicar y también, trátese de quien se trate, la ley se tiene que respetar.
La Ley Orgánica de la Universidad aprobada por la Legislatura del Estado determina en el artículo primero, que la Universidad de Colima es un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica propia.
El artículo tercero de dicha ley establece: “Los poderes públicos del Estado de Colima proporcionarán a la Universidad los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El artículo treinta y siete determina: “Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Universidad, tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno.
Cuando alguno de estos inmuebles deje de ser utilizado en los servicios indicados, el Consejo Universitario a propuesta del Rector, deberá declararlo así y solicitar su aprobación a la Legislatura Local y estas declaraciones protocolizadas se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad. A partir de este número los inmuebles desafectados quedarán en la situación jurídica de bienes de propiedad privada de la Universidad, y sujetos a las disposiciones del Derecho Común.”
El artículo treinta y ocho determina: “Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos y derechos de carácter estatal o municipal. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que la Universidad intervenga cuando los impuestos, estatales o municipales, conforme a la Ley aplicable debiesen correr a cargo de la Universidad.”
O sea, la Universidad es un organismo público, el Estado está obligado a proveerle de los recursos que requiera para cumplir sus fines y en este caso muy particular, para pagar el agua potable, pues sin ésta los laboratorios no funcionan, la investigación científica no se realiza, y el servicio docente sería imposible.
Está claro que los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Universidad, son inalienables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno. O sea, no son embargables, ni están sujetos a remate, y el paso del tiempo no cancela la propiedad de la Universidad sobre sus bienes y mucho menos nadie se los puede adjudicar bajo ningún procedimiento jurisdiccional.
Los bienes de la Universidad son bienes del dominio público y están sujetos a ése régimen legal, excepto que el Congreso del Estado, a petición de la Universidad, le autorice mediante decreto a desincorporarlos de su patrimonio, para que pasen a formar parte de la propiedad privada, sujetos al derecho común, mientras no suceda esto, los bienes son de carácter público y por tanto del dominio público del Estado, porque la Universidad es un organismo público descentralizado del Estado con capacidad jurídica propia que le otorga el propio Estado para administrar sus bienes en los términos que la ley lo señala y con las limitaciones que las mismas le establece, pero no son bienes de vecino, son públicos.
Así el artículo 115 constitucional establece en su fracción cuarta: “Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relaciones con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de servicio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.
O sea, que los bienes del dominio públicos estatales que sean utilizados, en un servicio público como lo es la educación y en el caso particular, para cumplir los fines de su objeto público, los bienes de la Universidad destinados al cumplimiento de sus funciones sustantivas están exentos del pago del agua.
Pero esto no es un asunto únicamente de carácter legal, que la Universidad puede acreditar de manera puntual, sino de intención política, de quererle cobrar el agua a una Universidad que está cumpliendo con pertinencia y calidad las tareas que el Estado le ha encomendado.
De certidumbre, de llevar a la Universidad, el Estado y el gobierno que la crea, a un litigio, que la distrae de sus altas responsabilidades, que la ocupa de manera innecesaria en defenderse jurídicamente de un Estado o de un ente gubernamental que está obligado a proporcionarle los recursos económicos, que le pretende cobrar.
Se trata también de violentar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y, sobre todo, de violentar la autonomía universitaria al equiparar a la Máxima Casa de Estudios, con cualquier empresa o con cualquier particular sujetos al derecho común.
Se trata también de agredir a una institución pública y si algunos tienen el pretexto de que en el Distrito Federal su gobierno pretende cobrar el agua al sector educativo, la razón fundamental de este hecho es un conflicto partidista, de una autoridad emanada del PRD y otra el PAN. Y no es el caso de la Universidad de Colima, porque ésta no tiene origen partidista y tampoco hay un conflicto entre la Universidad y el Estado, aunque la coincidencia y la intención den argumentos a los mal pensados.
La Universidad es autónoma, entendido esto no como extraterritorialidad y mucho menos de que la ley no se aplique en su territorio, sino el compromiso del Estado de facilitarle que la Universidad cumpla con las funciones que le ha encomendado, la respete y la haga respetar de cualquier ente público o privado que atente contra su buen funcionamiento.
Podrá argumentarse que la CIAPACOV es un organismo intermunicipal, pero en su órgano de gobierno participan 5 secretarios del gabinete estatal y 3 funcionarios más de otro nivel y el Titular del Ejecutivo es el Presidente de dicho órgano de gobierno y en el participan también miembros del legislativo y de los ayuntamiento conurbados.
Podrá argumentarse también que el Director de dicho organismo tiene facultades para actuar, pero nadie podrá sostener que se manda solo, o que su poder es tal que puede atentar contra la autonomía de la Universidad de Colima.
Son muchas las personas que saben de qué secretaría del gobierno estatal se alientan estas actitudes y estos desplantes que a nada bueno conducen y que siempre tienen como destino afectar las finanzas de la universidad.
Se podrá argumentar que la estreches económica que embarga a la administración estatal, obliga a uno de sus organismos a recaudar a cualquier costo y contra quien sea.
Estoy seguro que privará el respeto a la ley y además prevalecerá la justicia, la sensibilidad política y el compromiso social para que la Universidad siga trabajando en paz y con certidumbre.
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