Como ya habíamos comentado en esta columna, la presentada agenda a la nación a los grupos parlamentarios por Felipe Calderón es muy sencilla, ligera y no contempla las reformas estructurales que el país requiere, y por esa razón, los diputados priístas y perredistas rechazaron el jueves 5 de octubre, de manera tajante, la agenda legislativa del presidente electo.
Los diputados del PRI rechazaron la agenda porque, en lo general, consideran que no son comparables los temas de los criterios básicos de la propuesta que presentó la diputación priísta con la de Calderón.
El líder de la fracción perredista Javier González Garza, reiteró que con Felipe Calderón no van a discutir la agenda, que los harán con los diputados del PAN, pero “sí les adelanto que lo que nos pasaron en esas 7 hojitas no traen nada”. Solo traen algunos anzuelos como que los diputados y presidentes municipales puedan reelegirse, pero no traen nada serio.
Los priístas expresaron que: “desglosaron el texto con las propuestas donde se establecen “cinco grandes ejes que agrupan sus supuestas reformas y políticas públicas; estos ejes se desagregan en 44 temas que precisan algunas acciones generales, pero las otras, la mayoría de ellas, son tan específicas hasta el punto de ser solamente un simple glosario de acciones muy particulares que no tienen nada que ver con una agenda legislativa. Se observa que sus propuestas generales son coyunturales y únicamente para el corto plazo”.
Hasta el momento, la propuesta legislativa de Calderón no ha entusiasmado a nadie y los partidos y sectores empresariales han destacado que se quedó corto.
La verdad es que Calderón no quiere crear las falsas expectativas que generó Vicente Fox y que terminaron por desilusionar a la mayoría de los mexicanos, pero, sobre todo, a quienes votaron por el cambio.
Calderón sabe muy bien que lo primero que tiene que hacer, antes de las reformas, es arreglar el “tiradero” que le dejó Fox, y, sobre todo, buscar la reconciliación nacional con las demás fuerzas políticas, con base en el respeto y la confianza y fortalecer las instituciones, erosionadas por el desaseo presidencial y el escarnio popular a que fueron sometidas este sexenio por un presidente de la república que de manera irresponsable las puso a resguardo de un grupo de improvisados, en continuo aprendizaje, que dañaron de manera permanente el prestigio institucional y que, además, inspiraron sus errores en un radicalismo de derecha que, a más de torpes, acreditaron su intolerancia.
Esa es la tarea principal: arreglar el “tiradero” de Fox que devaluó a las instituciones.
Es cierto: no hubo devaluación económica, pero sí una devaluación política, cuyo arreglo requiere más tiempo y trabajo que la de las finanzas. Ahí está el conflicto postelectoral, el minero, Oaxaca, el narcotráfico, las ejecuciones, los decapitados, el desprecio a las autoridades, la gente armada en las calles, el muro fronterizo como muestra del fracaso migratorio, las desapariciones y los asesinatos de periodistas, la pederastia en políticos y en sacerdotes, los Bibriesca como símbolo de la impunidad, el descrédito de la Suprema Corte, el desprestigio del IFE y TRIFE, el desprestigio internacional, el abandono del campo, las muertas de Juárez en aumento, la baja calidad educativa.
En fin, una devaluación política y moral que afecta a la sociedad entera de mayores consecuencias que la devaluación económica. El gobierno del cambio, cambió la vida de los mexicanos: ¡ahora vamos para atrás!
Los perredistas que gobiernan el DF, empiezan ya el ajuste de cuentas. Recordamos como, en los primeros años de gobierno de AMLO, Carlos Slim tuvo toda clase de facilidades de las autoridades del DF, para que AMLO acreditara ante la gente del gran capital que daba confianza y seguridades a los inversionistas. Ahora, el enojo por la derrota electoral da lugar a las represalias.
La contraloría General del Gobierno del Distrito Federal revocó a Inbursa, propiedad del empresario citado, el contrato para el cobro del pasaje en el Metrobús, que le había asignado de manera directa.
De acuerdo con la resolución emitida el 21 de septiembre pasado, el Gobierno del Distrito Federal ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente reponer el procedimiento para que cumpla de manera puntual, es decir, que se licite entre las empresas que buscaron participar, por lo que será cancelado el contrato entregado a Inbursa.
La resolución del GDF se da un día después de que Slim criticó el plantón de las perredistas en el Zócalo y Paseo de la Reforma.
El 20 de septiembre pasado, cuando el también dueño de Grupo Carso y Telmex calificó el bloqueo a Reforma como “kafkiano”.
El 22 de septiembre, el hombre más rico de Latinoamérica lamentó que la izquierda del país se haya radicalizado y que en los últimos meses permitiera que fueran bloqueadas calles de la capital. El pasado martes, durante una entrevista radiofónica, AMLO dijo que Carlos Slim, “como parte de una elite”, no quiere que las cosas cambien en el país.
López Obrador criticó “la monstruosa desigualdad social” que existe en nuestro país donde “unos cuantos, incluido Carlos Slim, lo tienen todo y otros carecen de lo básico”. Con esto acreditan AMLO y las autoridades del DF que dieron contrato sin licitación para ganar simpatías, y algo más, para la campaña.
El Papa Contra Fox
El Papa Benedicto XVI, afirmó el pasado viernes ante la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia que: “hablar obedeciendo la dictadura de la opinión pública, dejarse llevar por aquello que los hombres buscan escuchar, es una especie de prostitución de las palabras y del alma”. O sea, el Papa critica el aplauso fácil, el querer quedar bien con todos y advirtió a los teólogos lo peligroso que es hablar buscando los aplausos.
O sea, hasta el Vaticano llegaron ya las noticias, de los excesos verbales del Presidente Fox.
La Comisión Teológica Internacional de la Iglesia ha estado trabajando durante un año en un documento que, se espera, recomendará abolir formalmente el “Limbo”, lugar donde según los católicos van los inocentes. Desde hace tiempo, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, declaró que el concepto del Limbo, debía ser abandonado.
Es del conocimiento general en los círculos del Vaticano que los días del “Limbo” están contados. Así es, el primero de diciembre se acaba y el presidente Fox dejará de vivir en él, después será oficializado esto por el propio Vaticano: la desaparición del Limbo.
Lo Que Nos Faltaba
Con motivo de los acontecimientos violentos en el estado de Oaxaca y la ineficacia del gobierno federal para su solución, se ha especulado mucho sobre quien deberá asumir los costos de una decisión que implique el uso de la fuerza pública, ya sea para reestablecer el orden jurídico y dar seguridad a los ciudadanos de Oaxaca o, bien, para desalojar el centro de la ciudad de Oaxaca de los grupos violentos que lo tienen bajo su control.
El sobrevuelo de helicópteros de la Marina, hizo suponer en un principio, que la Armada apoyaría a las policías locales y asumirían los costos de la ocupación policíaca y dejó en duda el papel del Ejército mexicano y del General Secretario sobre si se había negado o no a encabezar las fuerzas armadas en el probable desalojo de la ciudad de Oaxaca.
El tema dio para varios días en los medios de comunicación y nadie del gobierno federal y mucho menos el oficioso vocero presidencial, despejó la duda y salió en defensa del Ejército y del General Secretario.
Por eso, el Secretario de la Defensa, General Clemente Vega García, salió a hacer su propia defensa y la del Ejército, al afirmar que desde marzo, cinco mil cuatrocientos efectivos del Ejército patrullan Oaxaca, en acotamiento de grupos armados y fue contundente al afirmar “yo no podría insubordinarme al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y en estos momentos las instrucciones las recibo del señor Presidente de la República y de nadie más”.
Un descuido más de la presidencia de la república, dejar con su silencio en entredicho, la institucionalidad del Ejército, que por fortuna es la institución pública en quien más confían los mexicanos y que así siga siendo.
Universidad Tecnológica
Mucho se ha hablado del ya famoso proyecto de crear en Colima una Universidad Tecnológica, el argumento para su creación es que, aproximadamente, el 15% de quienes demandan ingresar a una carrera profesional en el Tecnológico o en la Universidad, no encuentran cabida.
Los del partido Acción Nacional, en voz de uno de sus diputados, Fernando Ramírez, reclamaron en el pasado informe de gobierno, que el gobierno del estado no ha secundado al presidente Fox en su propósito de la construcción y apertura de la Universidad Tecnológica.
Debemos decir, primero, que Colima es el estado de la república que mayor número de aspirantes acepta al nivel superior, y que mientras a nivel nacional sólo un 38 o 40% ingresa a estudios de licenciatura, en Colima logra ingresar a ese nivel educativo más del 80%, siendo así nuestro estado el que admite a nivel nacional un mayor porcentaje de aspirantes.
En segundo lugar debemos destacar que ningún país del mundo, incluido Estados Unidos, Francia, Suiza o Canadá, logran ingresar el 100% de los aspirantes, como algunos pretenden sea el caso de Colima: que haya lugar para todos. Pues en el nivel superior todos los países, incluso los más desarrollados, tienen establecido el examen de admisión, y no por falta de espacio, sino porque debe haber un proceso selectivo para admitir, en primer lugar a quienes llenen los requisitos exigidos para cada una de las carreras desde el punto de vista de la escolaridad, así como el acreditar un mínimo de conocimientos que les permitan continuar estudiando en el nivel superior, pues un porcentaje aproximado del 10% de los solicitantes en muchos casos no llenan los requisitos, o no acreditan tener la documentación requerida para estudiar en ese nivel por muchas razones, porque adeudan una materia o más del ciclo anterior, porque no revalidaron estudios que hicieron en otras instituciones, estados, países o sistemas que requieren, según la ley de profesiones, hacer la convalidación pertinente.
También un porcentaje importante aunque tengan los papeles en regla, no logran acreditar mediante los exámenes de admisión establecidos, tener un mínimo de conocimientos, suficientes para continuar estudios superiores, pues hay quienes creen que haber terminado un ciclo escolar con un mínimo de conocimientos, suficientes para acreditar su terminación es garantía para continuar estudiando en un ciclo superior, lo cual es falso.
O sea, resulta demagógico pretender aceptar a todos los que aspiran a nivel superior y además, resulta contrario a la preocupación de elevar la calidad de la educación aceptar a quienes no tienen el nivel mínimo requerido y mucho menos como en algunos casos sucede, la documentación mínima requerida.
Muchos de los que no logran entrar en Colima al nivel superior están en esta circunstancias y forman parte del 15% que no entran. A ello hay que agregar que muchos de ese 15% que no entran, no logran hacerlo porque aspiran a Derecho y a Medicina. En el caso de Derecho, cada año aspiran más de 250 y cuando mucho entran 100, pues no hay cupo para más en esa carrera y lo mismo sucede en Medicina, que no se pueden aceptar más alumnos, porque no hay campos clínicos para las prácticas médicas que requieren su formación profesional.
Sin embargo, hay quienes creen que el problema se soluciona abriendo más salones y no es así, se requieren los espacios para las clínicas en los hospitales, los lugares para el servicio social, y además, los espacios en los hospitales para los estudios de internado que los preparan para las especialidades médicas cuando terminan la carrera.
Además, si ese 15% aproximado de aspirantes que no entran a las carreras que aspiran, ingresaran a otras carreras no saturadas, donde siempre se quedan espacios sin llenar como es el caso de las ingenierías o las carreras de ciencias (física, matemáticas, químicas), todos lograrían un espacio.
Hay quienes de manera irresponsable, defienden que el alumno debe estudiar donde quiera y en la carrera que quiera y que no importa que en Colima, durante más de 40 años, hayan egresado abogados y que se acepte a todos los que aspiran cada año y que en todo caso, si son malos, que los repruebe la vida.
Hay quienes defienden que no importa que haya muchos estudiantes en medicina, para que haya muchos médicos, qué importa si son malos o son buenos. Pero la Universidad, como institución responsable de la formación de recursos humanos que la sociedad necesita, le corresponde regular la matrícula y garantizar el egreso de buenos profesionistas.
Además de lo anterior, el gobierno del presidente Fox quiere que cuando menos haya una universidad tecnológica en cada estado de la república, únicamente falta Colima, y lo que quiere es afirmar que al término de su sexenio, las hay en todos los estados. Este es un programa que inició el presidente Zedillo, y a Fox le interesa únicamente la estadística.
Para quienes creen que la universidad tecnológica va a solucionar el problema de los no aceptados por la Universidad de Colima o el Tecnológico, se equivocan, porque el problema de los rechazados es de los aspirantes a leyes, medicina, psicología o comunicación social de manera preferente y estas carreras muy demandadas no las ofrecen las universidades tecnológicas, que como su nombre lo dice, están orientadas a las ingenierías y en esas carreras existe espacio en la Universidad de Colima.
En todo caso, que el gobierno federal fortalezca al Tecnológico de Colima y a la Universidad en el área de las ingenierías, para que todavía tengan más espacio.
Lo que no dicen los panistas, es que el gobierno de Fox, al abrir una universidad tecnológica, cancela los apoyos para el crecimiento de las universidades públicas y de los tecnológicos regionales y trata de orientar el crecimiento de las universidades tecnológicas ya creadas, obligando a los gobiernos de los estados a que aporten el 50% del costo en nómina y gastos de administración de estas instituciones tecnológicas, así como el 50% de la construcción de las mismas, lo cual es una erogación que muchos estados no pueden realizar.
El Tecnológico de Colima, lo subsidia al 100% el gobierno federal, a la Universidad de Colima al 80%, y el gobierno del estado aporta como subsidio presupuestado de sólo un 20% a la U. de C. y al Tecnológico Regional le da apoyos que no implican un subsidio presupuestado.
Lo que el gobierno federal pretende es que el crecimiento de la matrícula a nivel superior lo subsidien al 50% el gobierno federal y el 50% el gobierno del estado, a través de la Universidad Tecnológica y ya no dar apoyos para que crezcan, la Universidad y el Tecnológico, y así ir transfiriendo el costo del crecimiento de la matrícula a nivel superior al gobierno del estado con el esquema 50-50, que es como operan las universidades tecnológicas.
O sea, si hay mil nuevos aspirantes a nivel superior, al gobierno federal le tocaría pagar el 50% de su costo y al gobierno del estado el otro 50%, a través de una universidad tecnológica. Pero si esos mil aspirantes se distribuyen entre la Universidad y el Tecnológico, el gobierno del estado no aportaría nada de dinero para quienes se vayan al Tecnológico, pues el gobierno federal cubre el 100% y el estado aportaría únicamente el 20% de quienes entran a la universidad y el otro 80% lo pagaría el gobierno federal, como lo hace hasta la actualidad.
El problema pues, es de recursos económicos que los estados no tienen para aportar una cantidad igual a la aportada por el gobierno federal, pues este gobierno recauda más del 96% de los impuestos del país. Y además, es estrategia política de los gobiernos de derecha, como el de Fox, de ir renunciando poco a poco a su obligación constitucional que tiene de pagar la educación pública.
A Propósito
Ya todos los medios de comunicación hablan de los posibles aspirantes a las candidaturas del 2009 a la gubernatura por los diferentes partidos políticos en la entidad, en el caso del PRI ya suenan nombres y se omiten otros.
Con el propósito de contribuir al análisis de este tema que ya empezó y nadie lo va a parar, sin el ánimo de expresar preferencias o malquerencias, posibilidades o imposibilidades, simpatías o antipatías sobre quienes ya suenan o se omiten, en la próxima colaboración daré mi opinión, sin preferencias personales, acerca de quienes menciono, en orden alfabético:
Anguiano Moreno Mario, Cruz Mendoza Carlos, Galindo Vda. De Vázquez Norma, Gaitán Cabrera Luis, Michel Camarena Héctor, Ochoa González Arnoldo, Peralta Sánchez José Ignacio, Rueda Sánchez, Silva Ochoa Humberto.
Para no despertar falsas expectativas, el análisis se va a concretar no para ver si ganan o no la gubernatura, sino en función de sus probabilidades de llegar a la candidatura por el PRI, en razón de sus antecedentes, de sus relaciones, de sus compromisos de sus alianzas, de sus complicidades y de sus confrontaciones y, sobre todo, de quien vaya a ser el presidente del PRI en el estado de Colima, una vez que la nueva dirigencia que encabeza Itzel Ríos de la Mora, emita la convocatoria respectiva y se elija nueva dirigencia que habrá de conducir el proceso sucesorio para la candidatura a la gubernatura en el 2009.
O sea, quien le va a operar al Gobernador Silverio Cavazos la sucesión, y por eso, él, y sólo él, tiene que definir quien irá a la presidencia del Partido en Colima.
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