El delegado de Conagua, Gerardo Hernández, últimamente se ha hecho el occiso en el caso de la PTAR y no dio jamás respuesta a mi insistente pregunta sobre la no utilización de recursos federales. Sigo insistiendo en que mintió al decir que las autoridades no aprovecharon los recursos federales a fondo perdido para la construcción de la planta. Al parecer, ya no va a contestar, se escondió y puso pie en polvorosa, como otros panistas lo están haciendo.
Es más, el delegado de Conagua no participó en la comisión investigadora que conformó el Congreso del Estado y no asistió a la primera reunión con el argumento: “De que no participó porque en la construcción de la PTAR no se utilizaron recursos federales”. Cuando anteriormente dijo que sí y que se iba a investigar lo de la construcción. Desde el 12 de febrero, he sostenido de manera reiterada en esta columna, que para la construcción de la planta de tratamiento no se habían destinado recursos federales ni estatales y en consecuencia, no había razón para que las instancias públicas investigaran la construcción de una obra hecha con recursos privados.
Ahora, mi argumento se ha convertido en la tesis oficial que he venido manejando desde el 12 de febrero, de que el gobierno contrató el tratamiento de las aguas y no la construcción de la planta.
Ante el silencio del delegado de Conagua, Gerardo Hernández, me imagino que su silencio se debe a que ya renunció o lo renunciaron o lo asustaron, por haber permitido la contaminación de los arroyos y no haber estado al pendiente, como es su obligación, de vigilar la limpieza de los ríos. Ahora, el delegado de BANOBRAS, Omar Magaña, ha entrado al relevo y ha declarado lo siguiente: “que el organismo operador había cumplido con todos los requisitos de elegibilidad para acceder a los recursos del Finfra, sin embargo, “los tiempos se empezaron a achicar, y a muchos organismos se les complicaron los procesos porque no contaban con recursos para hacer las coparticipaciones, y el cambio de administración retrasó el proceso de construcción de la planta de saneamiento”.
”En el caso del estado de Colima se analizó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam) y la Ciapacov, en donde accedieron a los recursos del estudio de diagnóstico, y ése fue el primer apoyo del Finfra, que aportó hasta el 75% de los recursos a fondo perdido, es decir, no recuperable. El 25% restante más el IVA lo puso el organismo operador”. Pero fue para el estudio de diagnóstico, agregado mío
“En la Ciapacov continuó avanzando y firmamos después un convenio de apoyo financiero para la ingeniería básica de la planta, un 50% lo pagó el Finfra, y el resto y el IVA lo pagó la Ciapacov”.
Aclaremos: fue para el estudio de ingeniería.
“Precisó que cuando se llegó al tema de la construcción de la planta, se tomó en cuenta el tiempo y la multa. “Todas las condiciones estaban, pero los tiempos administrativos del proyecto ejecutivo daban como resultado que no iba a ser tan ágil para dar respuesta a la norma o a la fecha fatal”.
“El funcionario bancario dejó en claro que fue decisión del consejo administrativo de la Ciapacov no acceder a los recursos del Finfra, precisamente por el tiempo. Fue una decisión en forma colegiada, en el consejo administrativo”, dijo. (Miércoles 27/feb/08 Diario de Colima). Fin de la cita.
El delegado de BANOBRAS también falta a la verdad, porque Ciapacov no estaba en condiciones de recibir recursos federales, ni de gestionarlos a fondo perdido para una empresa para que fueran utilizados para pagar parte de la construcción de la planta de tratamiento.
A su vez, Ciapacov no podía recibir recursos federales a fondo perdido ni gestionarlos, porque no llenaba los requisitos que establece el Finfra de BANOBRAS y el Promagua y uno de los impedimentos principales es que no cuenta Ciapacov con autonomía tarifaria, o sea, Ciapacov no está facultada legalmente para determinar las tarifas de los servicios que presta, deben ser aprobadas por el congreso del estado y, reitero: uno de los requisitos para obtener dinero a fondo perdido es la autonomía tarifaria del organismo operador.
Durante mi gobierno, Ciapacov contó con autonomía tarifaria y su Consejo de Administración aprobaba en definitiva las tarifas, sin que se requiriera la aprobación del Congreso, pero fue durante este sexenio cuando se modificó la ley para que las tarifas fueran aprobadas por el Congreso, cancelándole así a Ciapacov la autonomía tarifaria.
Es lógico que ninguna empresa privada construiría una planta de tratamiento en sociedad con Ciapacov si este organismo no puede fijar libremente sus tarifas porque están sujetas a decisiones políticas en el congreso, ninguna empresa privada aceptaría eso y tampoco la empresa entró al esquema de buscar recursos federales porque entre otras cosas, la empresa iba a ser auditada permanentemente durante 20 años al recibir recursos federales, debería tener abierta su contabilidad y la operación de la planta a la vigilancia permanente de BANOBRAS.
La empresa optó por construir la planta sin tener ningún vínculo en su operación y administración financiera con autoridad alguna y también sin ningún vínculo con los usuarios del servicio, sin que su relación es únicamente con Ciapacov respecto al tratamiento del agua, y el organismo, mediante la contratación de ese servicio, le paga por metro cúbico de agua tratada conforme a la tarifa determinada en la licitación del contrato, independientemente de las tarifas que Ciapacov cobre a los usuarios e independientemente también de si éstos pagan o no el servicio, y si se opta por cobrarle menos a los usuarios o por condonarles la tarifa.
De cualquier modo, Ciapacov o el Gobierno del Estado deberán pagarle a la empresa la tarifa convenida porque Ciapacov optó por la contratación de la prestación de servicios parcial con la empresa, o sea, únicamente el tratamiento del agua.
La Comisión tan Traída y tan Llevada
Respecto a la reunión de la comisión investigadora que conformaron los diputados, y que se celebró el pasado 27 de febrero, se aceptó lo que yo había venido argumentando desde el día 12 febrero en esta columna: que no se contrató la licitación de la construcción de la planta, sino que se contrató el servicio del tratamiento del agua y al parecer, hasta ese día de la reunión quedó eso muy claro, la prensa da cuenta de ello: “Uno de los temas que marcó diferencias entre el asesor jurídico del grupo parlamentario del PAN, Gerardo Andrés García Noriega y el gobernador Silverio Cavazos, fue lo relacionado en torno a si la planta de tratamiento de aguas se encuentra concesionada a alguna empresa particular o no, pues si era así, se debió de haber contado con la autorización del Congreso. El gobernador aseguró que no hay ninguna concesión en la obra, pues quien cobra el servicio es la Ciapacov y no algún particular”.
“Silverio Cavazos explicó que en donde sí se utilizaron recursos federales fue en la construcción de las obras secundarias.
Enrique Michel aseguró que si una vez que revise los documentos solicitados se percata que el gobierno del Estado hizo bien el procedimiento de construcción de la planta, así lo reconocerá públicamente”.
El diputado Michel insiste sin razón que el gobierno participó en el procedimiento de la construcción de la planta, cuando ha quedado muy claro que es una obra de carácter privado, con recursos únicamente privados.
“El diputado por el PRD, Adolfo Núñez González, dijo haber quedado complacido con esta primera reunión que se celebró, aunque pidió se le requieran las actas de la licitación de la obra. (Diario de Colima 28 de febrero)”. Se equivoca el diputado, pues nada tuvo que ver la autoridad con la construcción de la obra. ¿Es tan difícil de explicar y de entender esto?
La prensa publicó: “La planta de tratamiento de aguas residuales de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez fue construida mediante un proceso de contratación de servicios y no es el resultado de una licitación, aclaró el gobernador Silverio Cavazos a los diputados panista, específicamente a Enrique Michel, quien cuestionó el procedimiento constructivo de la planta en la reunión que al efecto celebraron los diputados de todas las fracciones con autoridades estatales y de Ciapacov”.
Nuevamente el diputado Michel se equivoca y sigue hablando de la construcción de la planta.
“El debate entre el diputado Enrique Michel Ruiz, y el gobernador Silverio Cavazos y el titular de la Ciapacov, fue para dilucidar el por qué la construcción de la planta se dio a una empresa cuando debería haberse realizado un procedimiento de licitación, abierto a todos los interesados”.
El gobernador Silverio Cavazos, dijo que la ley estatal que regula ese tipo de inversiones en obras señala que la contratación de un servicio, en este caso la construcción de la planta de tratamiento de aguas, puede hacerse por invitación directa a cuando menos tres empresas y que en este caso la invitación de Ciapacov fue girada a ocho empresas, de las cuales cinco se mostraron interesadas y de éstas sólo 4 hicieron sus propuestas resultando ganadora del proceso una de ellas, ya que las especificaciones presentadas fueron las más favorables en sus propuestas”.
Aquí hay también una confusión, pues se afirma que la contratación de un servicio es la construcción de la planta de tratamiento y no es así y que la construcción puede hacerse por licitación abierta, lo que también es un error porque, insisto, no se licitó la construcción de la planta, lo que se licitó es la contratación para limpiar el agua, no para construir la planta. Por lo menos a muchos, como a mí, nos ha quedado claro esto.
“Explicó el mandatario que la obra de la planta fue una contratación de servicios y que por eso no erogó el gobierno estatal ninguna cantidad de dinero”.
Aquí se reitera la confusión, porque una cosa es la construcción de la planta y otra muy diferente es la contratación de un servicio.
“Ciapacov contrató el servicio de saneamiento y el organismo operador le pagará, con recursos de las tarifas que cobra más las aportaciones que hace el gobierno estatal”.
“Señaló el mandatario que si la obra hubiera sido por licitación, Ciapacov no tendría que pagar por el servicio, sino que el concesionario tendría que cobrar el servicio. (Jueves 28/Feb/08 El Noticiero)
Reitero: la obra no fue por licitación, la construcción de la planta la hizo la empresa que ganó la licitación del contrato de prestación de servicios para tratar el agua.
La prensa dijo: “La insistencia de la fracción panista de que fue una concesión la que se otorgó a la empresa que construyó la planta y que por tanto debió haberse aprobado por el Congreso del Estado, el mandatario estatal sostuvo que no se trata de una concesión y que a la empresa que administra la planta se le paga por el servicio de saneamiento.
“Jurídicamente no es lo mismo concesión y licitación, y debo aclararles que no es una concesión, porque se contrató el servicio y sólo la Ciapacov cobra por éste, no la empresa”.
“Simple y sencillamente, añadió el mandatario, se contrató la prestación de un servicio y las cuotas las cobra la Ciapacov, que no es representante de la empresa, es el organismo operador y cobra las cuotas porque las autoriza el Congreso y las administra el gobierno, que intervino a la Ciapacov cuando estaba en bancarrota”.
Debe aclararse que Ciapacov nunca estuvo en bancarrota, la Ciapacov se creó cuando se construyó el acueducto Zacualpan Colima, que abastece de agua a la zona conurbada y que lo construyó mediante un crédito de BANOBRAS y ese es el motivo de la deuda que aún arrastra, pero nunca estuvo intervenido Ciapacov ni tampoco en bancarrota.
“Que no se trata de una concesión de ningún servicio, se trata de la contratación de la prestación de un servicio”.
Aquí tiene razón el señor Gobernador, porque con la empresa se celebró un contrato de prestación de servicios, no se le concesionó a la empresa el tratamiento del agua, porque si se le hubiera concesionado el Congreso, la hubiera aprobado y la empresa cobraría directamente al usuario la tarifa de agua.
“Si no paga la gente el saneamiento lo va a tener que pagar Ciapacov, porque al final del camino lo que queremos es que se limpie el agua y cuando no le ajuste el dinero que le cubren por las cuotas autorizadas, va a tener que pagar el gobierno del estado eso me queda muy claro. (Jueves 28/Feb/08 El Comentario)”.
Al gobernador le queda muy claro que si la gente no paga, Ciapacov le pagará a la empresa, porque la gente no contrató con la empresa la tarifa, la contrató Ciapacov, mediante la figura jurídica de contratación parcial del servicio,
Y así la normatividad de Promagua establece: “Contrato de Prestación de Servicios Parcial: El organismo operador establece una relación contractual con una empresa privada para que asuma la responsabilidad de la operación y mantenimiento parcial del sistema, incluidas algunas inversiones, de acuerdo a lo que indique el organismo operador en las bases de licitación”. El tratamiento del agua fue el objeto de la licitación, por eso el servicio es parcial, porque Ciapacov atiende el agua potable y el drenaje y únicamente la empresa atiende el tratamiento, por eso el contrato es parcial de servicios.
La normatividad de Promagua establece: “En el caso de los contratos de prestación de servicio tanto parciales como integrales, la empresa privada no aporta su experiencia en la toma de decisiones respecto al tipo inversiones necesarias y el momento en que se deban realizar éstas, limitando la posibilidad de influir en el incremento de las eficiencias. Otra característica de la modalidad es que el sector privado no tiene ninguna relación legal directa con el usuario, actuando siempre por cuenta y orden de la autoridad pública”.
“Título de Concesión: En esta modalidad la empresa privada tiene completa responsabilidad por los servicios incluyendo la operación, el mantenimiento, la administración y las inversiones para la ampliación de coberturas. Todas las decisiones de carácter tanto técnico como administrativo quedan en manos de la empresa privada.
En esta modalidad existe una relación comercial y jurídica directa entre usuario y concesionario, toda vez que éste último es el responsable directo de la presentación del servicio y lo cobra de manera directa a los usuarios, aplicando esquemas tarifarios previamente pactados en el título de concesión”. Fin de la cita.
Está claro que este esquema de concesión no es el usado por el organismo operador y hubiera sido muy bueno que en esa reunión de la comisión investigadora de los diputados, se les hubiera explicado a los asistentes la diferencia entre título de concesión y contrato de prestación de servicios; por eso, los diputados del PAN y del PRD plantearon una nueva reunión para que se les expliquen estas diferencias que la normatividad de Promagua establece con claridad pero que al parecer ninguno de los asistentes a dicha reunión ha leído.
Por eso, en entrevista posterior, el diputado Enrique Michel Ruiz declaró que celebraba que se diera este primer paso hacia la transparencia, y que entre las cosas que analizarán, menciono está lo jurídico del término de concesión y contrato, “ a ver en que condiciones están”.
Y también el diputado perredista Adolfo Núñez González dijo que es de felicitar a todos los involucrados que se haya llevado a cabo esta reunión, auque aún sigue con algunas dudas.
Indicó que una vez que le digan que fue una concesión, entonces le daría la razón a la gente de la Ciapacov y al Gobierno del Estado, pero si fue una concesión la que se otorgó, entonces esa situación tendría que haber pasado por el Congreso.
O sea, los diputados del PAN y PRD se hicieron bolas con el contrato de prestación de servicios (tratamiento del agua) y la concesión, que es una figura que no uso la Ciapacov y también se hicieron bolas todos lo presentes al confundir la licitación de la construcción de la obra, con la licitación de la contratación del servicio. Pues en la construcción de la obra no hubo licitación porque fue una obra de una empresa privada.
Reitero: a lo que convocó Ciapacov fue a licitar la contratación del servicio que ganó la empresa y esta para cumplir la licitación que ganó, tuvo que construir una planta de tratamiento para cumplir la licitación que ganó.
Si a los asistentes a la reunión de la comisión investigadora no les ha quedado claro se los vuelvo a explicar.
Por eso han confundido a la gente, porque no entienden lo que hicieron y tampoco lo que criticaron.
Me queda claro que no hay ánimo ni interés de los declarantes de confundir a la gente con el asunto de la concesión y de la contratación de servicios, o con la ultramentada licitación. No hay tal. Simplemente hay mucha ignorancia al respecto. Eso es todo. No es mala fe, sino exceso de protagonismo y de falta de claridad de los responsables, al explicar o criticar este asunto.
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