¿Y Esos Aspiran a Gobernar el País?

Las autoridades del gobierno federal y las del Distrito Federal, están por cumplir un año de enfrentamiento político permanente, y en el caso de la ciudad de México, este enfrentamiento está generando ya problemas serios en materia de gobernabilidad, de inseguridad, de violación del estado de derecho y de incompetencia en el ejercicio del poder público, como se acredita con el alarmante y escandaloso linchamiento ocurrido el pasado martes por una turba enardecida en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en la Delegación Tláhuac del DF, donde pobladores de ese lugar asesinaron a dos miembros de la policía federal preventiva, a quienes golpearon durante casi tres horas y después los asesinaron prendiéndoles fuego; uno más se encuentra sumamente grave por los golpes y lesiones recibidas.

El gobierno federal y el del Distrito Federal, tardaron más de tres horas en reaccionar, no obstante haber recibido de los policías torturados y asesinados, la solicitud de auxilio y el reporte de que estaban siendo agredidos.

El gobierno de López Obrador, en voz de éste y de su secretario de seguridad pública, Marcelo Ebrard, reconoció la incapacidad de la policía bajo su mando, para evitar el linchamiento de los tres elementos de la policía federal preventiva.

Marcelo Ebrard se justificó diciendo que “la policía no pudo llegar debido a lo complicado que resultaba, por la lejanía y la orografía del lugar, ir y reunir un grupo de elementos suficientes para enfrentar a la turba”.

O sea, que las autoridades capitalinas se les dificulta reunir a un grupo suficiente de policías para enfrentar hechos violentos, lo que quiere decir que si les avisan con tiempo, si pueden reunirlos, y que sólo pueden atender y enfrentar hechos violentos si estos están debidamente programados.

Al secretario Ebrard, en presencia de López Obrador, se le cuestionó sobre la tardanza y por qué reporteros de distintos medios de comunicación sí lograron llegar a tiempo, y la policía no, a lo que respondió: “no es lo mismo pasar como periodista, a que lo hagan 600 elementos de la policía con toletes. A los reporteros los dejan pasar a cualquier lugar. No es lo mismo llegar con una cámara y llegar entre 2 mil personas, que llevar granaderos. Eso sería una confrontación inmediata”.

O sea, que los periodistas tienen mayor capacidad de respuesta que la policía, y que no llevaron a los granaderos para evitar una confrontación; o sea, que los granaderos no están para la confrontación; quiere decir que los granaderos únicamente van a donde hay paz, armonía y diálogo.

Las autoridades del DF dejaron que la turba enardecida y manipulada, asesinara a dos policías ante su incapacidad de reacción, ante hechos violentos no programados, lo que quiere decir que la policía de López Obrador sólo tiene capacidad de respuesta si los revoltosos les avisan y les dan hora, fecha y lugar en que van alterar el orden y a violar la ley; o sea, que si no les avisan con tiempo, no pueden llegar al lugar de los hechos… y así aspiran a gobernar el país.

Los habitantes de la ciudad de México ya se dieron cuenta que si los policías armados no están seguros en el Distrito Federal, menos lo estarán los ciudadanos comunes indefensos e inermes. Aquí no hay complot, contra López Obrador. Carlos Salinas de Gortari, el innombrable como lo llama López Obrador, no manipuló ni azuzó a la gente de ese pueblo, no hay complot, hay incapacidad del gobierno del DF para brindar la seguridad, que los habitantes de la capital del país necesitan.

Los periodistas cuestionaron a López Obrador ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba el secretario de Seguridad? “Yo estaba aquí (en el Gobierno), el secretario de seguridad estaba actuando, en la medida de las posibilidades”. Eso dijo López Obrador, quien se negó a contestar siete de las 15 preguntas que se le hicieron, claro que no las contestó, si hubieran sido sobre el complot o sobre su candidatura presidencial, o su pleito con Fox o con Creel, hubiera contestado todas, que para eso López Obrador sí está preparado, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, cuando suceden esta clase de hechos violentos.

En estros casos es cuando el gobierno debe acreditar su capacidad de ser autoridad y actuar eficazmente para proteger a los ciudadanos que sufren una agresión y también el gobierno debe actuar para hacer valer su autoridad, y no aparecer, como que no existe gobierno y que se puede que cada quien se haga justicia por su propia mano y en lugar de la vigencia del estado de derecho prevalezca la ley de la selva.

Un gobernante que no es capaz de proteger a los ciudadanos y de proteger su propia autoridad, además de ser rebasado por los acontecimientos violentos, abdica del cumplimiento de sus obligaciones y se convierte en sujeto de responsabilidad; o sea, que el gobierno del DF, además de tolerar la corrupción, es negligente e incapaz… y así aspiran a gobernar este país.

La existencia del Estado sólo se explica en tanto que es el único administrador de la violencia y el directamente encargado de preservar la seguridad y la integridad física de los ciudadanos.

Si el Estado abdica de estas dos primeras vocaciones, pierde todo sentido y razón de ser. Pero si el estado no puede proteger a sus propios policías, menos podrá proteger a los ciudadanos… y así aspira López Obrador a gobernar este país.

En anteriores linchamientos, López Obrador declaró: “Esto de los linchamientos es una cuestión de usos y costumbres en las que prefiero no meterme” y en esta ocasión, López Obrador no se metió a tiempo y su gobierno dejó que mataran a los policías.

Debemos recordar que en lo que va del año, han asesinado en el DF aproximadamente a 50 ancianas, según lo han denunciado organizaciones no gubernamentales, y hace unos días, alguien dijo que se corría el riesgo de que sucediera lo que en ciudad Juárez, a lo que López Obrador pidió “no magnificar las cosas”. O sea, que si se magnifican va a argumentar que hay un complot en su contra.

Ahora bien, con qué autoridad moral va López Obrador a deplorar los hechos violentos o a condenar que se violente el orden jurídico o que no se respete la ley, si en reiteradas ocasiones el propio López Obrador, no acata las resoluciones de la Corte y que estos actos de barbarie que se presentaron en el pueblo de San Juan Ixtayopan, son la consecuencia de una ciudad que vive en la anarquía, donde reina la impunidad y en la que la ley ha sido menospreciada, inclusive por las autoridades capitalinas.

Por su parte, el gobierno federal, en voz del secretario de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, destacó que a pesar de tener una capacidad de reacción de ocho minutos para llegar a cualquier punto y poner orden, en este caso determinó no arriesgar a más elementos o a un helicóptero que, dijo, “pudieron haberlo tirado a pedradas”, los vecinos de Tláhuac. Además, este funcionario del gobierno federal reconoció que en el caso del linchamiento de tres elementos de la PFP en San Juan Ixtayopan, se cometieron muchos errores debido a que todavía están en proceso de aprendizaje.

No obstante, destacó que de esta lección aprendieron con quién no pueden contar para combatir a la delincuencia, particularmente destacó a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que encabeza Marcelo Ebrard, con la que, dijo, no existe comunicación.

A pesar de que en repetidas ocasiones criticó la falta de apoyo de la policía del DF, dijo que no le va aventar la bola caliente a nadie y reiteró que imperó la anarquía y la falta de actuación de una autoridad (la del DF), para poner orden ante los hechos, además de información confusa y que la policía de Tláhuac, se compone de 420 elementos y que no se tiene constancia de que hayan actuado.

O sea, que la falta de coordinación entre la policía federal y la del DF, la inexperiencia, pues están en proceso de aprendizaje, el miedo a perder un helicóptero, la lejanía y la orografía del lugar son las causas de que hayan perdido la vida dos policías federales, lo que quiere decir que los ciudadanos capitalinos no deben salir de sus casas, porque el pleito entre las policías les evita coordinarse y no pueden proteger a los ciudadanos, también habría que esperar a que los de la Secretaría de Seguridad terminen de aprender para que la gente salga a la calle y esté segura.

O sea, que la gente no salga a la calle hasta que el gobierno federal compre helicópteros blindados, porque las turbas enardecidas usan las piedras como misiles; ahora bien, en lugar de irse de braseros a los Estados Unidos, los habitantes de San Juan Ixtayopan, pudieran ser contratados por los palestinos, para tumbar a pedradas los helicópteros israelitas.

Además, como lo dijo Marcelo Ebrard, la lejanía y la orografía les impidió actuar. Habría que recomendar a los vándalos que cualquier futuro linchamiento que se les ocurra lo hagan cerca de los cuarteles de la policía, de preferencia en el Zócalo o las zonas residenciales, para que la orografía del terreno les permita actuar y además sin piedras para que no pongan en riesgo los helicópteros, y de ser posible, en horas de oficina, para que los jefes policíacos no tengan problemas para reunir los cuerpos de seguridad y desde luego que no sea por la mañana, porque todos los funcionarios del DF, están escuchando la conferencia de prensa de López Obrador; de no ser así, todo será un complot en contra de López Obrador.

Queda claro pues que los policías asesinados y su compañero herido estuvieron cumpliendo su tarea en el lugar y en la hora equivocada y no contaron en ningún momento con la actitud solidaria de sus compañeros policías porque los jefes policíacos y autoridades gubernamentales consideraron que no valía la pena arriesgar más elementos policíacos y mucho menos un helicóptero. Qué tal si lo ocupaban, este helicóptero para trasladar algún funcionario federal a un acto de partido en el Estado de Morelos, como sucedió el pasado fin de semana, en que tuvieron que pagar renta.

Por otra parte, estos actos de barbarie acreditan, además de la incapacidad policíaca para brindar seguridad, el hartazgo ciudadano y el desprecio popular hacia los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, y sobre todo, que hay ciudadanos que ante la impunidad y la corrupción en el DF, optan por hacerse justicia por sí mismos, lo cual resulta injustificable y condenable, tanto la conducta de la turba enardecida y azuzada, como la negligencia y la incapacidad operativa de las autoridades, y sobre todo, también son criticables las declaraciones justificatorias de su incapacidad, que alarman más que la turba incontrolable.

Quiere decir que el gobierno de López Obrador, tiene capacidad para pelearse con el Presidente Fox, para desafiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para enfrentarse con el Congreso de la Unión, pero tiene temor de enfrentarse a las turbas de ciudadanos enardecidas pero sobre todo, de no actuar en contra de la gente que viola la ley y que les puedan negar su voto en el 2006, porque todo lo que hacen estas autoridades en función de la sucesión adelantada.

En Tecomán, la Forma es el Fondo

Me he abstenido de abordar el caso de Tecomán, porque en sus inicios y en los meses posteriores, era evidente que las autoridades municipales pretendieron aparecer ante la opinión pública como víctimas políticas del acoso de un priísmo que no asimilaba el resultado electoral municipal.

Pero al paso del tiempo, se ha acreditado que no han sido los priístas quienes provocaron la huelga en ese municipio y que las autoridades municipales responsables de que esta huelga hubiese estallado y se haya prolongado innecesariamente hasta la fecha, han cometido una serie de errores que evidencian su falta de oficio político, y sobre todo, que no estaban preparados para trabajar en el servicio público y que desconocen las leyes vigentes y como funcionan las instituciones públicas y cuales son las facultades y atribuciones de los poderes públicos y de las instancias de gobierno.

El pasado lunes y martes, Diario de Colima publicó dos cartas, una suscrita por el presidente municipal, Elías Martínez, dirigida al presidente del PAN, Jorge Iñiguez y otra firmada por la CP Martha Angélica Valenzuela Verduzco, tesorera municipal, dirigida al Diputado Mario Anguiano, Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, en la que se acredita cómo conciben el servicio público y cómo reconocen que se han equivocado legal y políticamente, que han cometido errores imputables únicamente a su inexperiencia política y al desconocimiento de la cosa pública.

Las autoridades del municipio de Tecomán no guardan las formas, no porque no quieran, sino porque no las conocen, administran mal el servicio público porque siempre trabajaron en el ámbito privado, toman decisiones y actitudes como si fueran dueños del Ayuntamiento, pensando en que están manejando uno de sus negocios y por ello pueden hacer lo que se les antoje, sin rendirle cuentas a nadie, ignorando los derechos de los trabajadores, y despreciando a un pueblo que demanda servicios públicos y obras de infraestructura, pueblo al que quieren castigar porque les dio un voto para ocupar un cargo público, cuando estos patrones lo que querían era administrar un negocio.

A estos patrones no les interesa el pueblo de Tecomán, ni sus necesidades, lo único que les interesa es ganarle el pleito al sindicato aunque la gente sufra, porque están preparados mentalmente no para servir a la gente sino para que los trabajadores no les ganen, o sea, no es que sean malos, o perversos o mal intencionados, o peleoneros, sino que únicamente no trabajan en el lugar adecuado, ni de la manera en que están acostumbrados, no es que no sean expertos, lo son en la cosa privada, pero no en la pública.

Los acuerdos del consejo de administración son diferentes a los del Cabildo, los requerimientos de los clientes, son diferentes a las necesidades y reclamos ciudadanos, las líneas de mando en una empresa son diferentes a la jerarquía legal que regula el servicio público, por eso no hay que atacarlos ni satanizarlos, hay que entenderlos, comprender que no están hechos para la cosa pública, incluso justificar que si no respetan las formas es porque nunca las han practicado y por eso cometen errores.

Con el ánimo de ejemplificar, no de atacar o criticar a las autoridades municipales de Tecomán, doy a conocer dos pequeñas muestras que me fueron entregadas:

El documento uno es un ejemplo de cómo la Tesorera municipal, Martha Angélica Valenzuela Verduzco, usurpa funciones y se ostenta en documento oficial como Presidente Municipal, pues no firma ni por ausencia, ni por autorización ni por poder, aunque sí pudo.

En el documento dos, se acredita que con motivo del “Día de las Madres”, el Presidente Municipal, Elías Martínez Delgadillo, y la Tesorera del municipio, Martha A. Valenzuela Verduzco, entregaron regalos a las madres tecomenses, también sin guardar las formas, porque la tradición política, la cual desconocen, indica, que es el DIF quien entrega los regalos en esas fechas a las madrecitas

Pero tal parece que esos regalos los obsequió el Ayuntamiento y por eso aparecen el nombre de dos funcionarios del municipio, del Presidente y de su Tesorera, O sea, el DIF no tuvo nada que ver con esos regalos a la Madre.