El presidente Felipe Calderón convocó de manera tardía a los diálogos por la seguridad, cuando ya han transcurrido casi cuatro años de su gobierno y se han reportado más de 28 mil ejecutados en territorio nacional, para revisar y mejorar según lo dijo la estrategia de la lucha contra el narcotráfico que decidió el presidente encabezar desde el primer mes de su mandato en diciembre del 2006, al enviar miles de soldados y policías federales a Michoacán y posteriormente a varios estados de la república en los que la violencia se incrementó de manera inusitada y la inseguridad se detonó con mayor fuerza y sin lograr a la fecha recuperar a los territorios dominados por el crimen organizado.
En estos diálogos, el presidente se mostró intolerante con la estrategia seguida y en ninguna de las reuniones organizadas con miembros de organizaciones civiles, con jueces y ministros de la corte, con los partidos políticos, con académicos y organizaciones religiosas y con los líderes parlamentarios, así como con gobernadores y alcaldes, el presidente no encontró el respaldo que esperaba, sino por el contrario, el reclamo general de que la estrategia seguida ha resultado ineficaz porque, combatir la violencia, con violencia, únicamente la incrementa.
En una de las primeras reuniones, el presidente Calderón abrió el debate sobre la despenalización o legalización de las drogas y muchos entendieron que debatir este tema, donde el presidente se pronunció en contra de la legalización, era el Plan B del gobierno federal ante el fracaso de la lucha contra la inseguridad y se pretendía aprovecharlo como un distractor donde el propio gobierno federal abre el debate anticipando estar en contra y con ello se anticipa el fracaso del debate; no obstante, el presidente dijo que tomaría nota de lo que se dijera sobre el tema: “El escritor Héctor Aguilar Camín, el periodista Jorge Fernández y el académico del Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE) Jorge Chabat dijeron que el gobierno debe ganar la batalla de la información en su combate al crimen, porque puede perder en los dos ámbitos “y la estrategia pierde legitimidad”, aseguró Chabat”.
Calderón reconoció la deficiencia de información al expresar: “Creo que ha sido, definitivamente, una gran ausencia, fundamentalmente nuestra, el poderle explicar a la gente la narrativa de lo que está ocurriendo. Lo hemos intentado, pero creo que de las cosas que también han quedado claras es que la parte de la comunicación, de la información del gobierno, no ha sido propiamente lo fuerte. Y creo que es una parte medular”.
O sea, hay una percepción de que el gobierno tiene estrategia equivocada, pues la gente ve los resultados sangrientos en los hechos.
“El académico Mauricio Merino incluso acusó cerrazón informativa del gobierno”.
Miguel Molina, asesor del Cisen, comentó: “Si no tenemos un diagnóstico y un propósito para mi gusto suficientemente claros, la sociedad no puede entender qué demonios está pasando”.
Guerrero afirmó que el Presidente apresuró la guerra y no hizo un análisis y diagnóstico certeros para que el combate no nos atrapara, “como parece que ocurre”.
Ante ese reclamo, el Presidente respondió: “Uno pudiera desear que se tomaran todas las cosas su tiempo, pero le aseguro que hubo una previsión adecuada en tiempo; y otro detalle: en muchos lugares del país cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro, asesinato o violencia y pide atención, créame que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis”.
El jurista Sergio López Ayllón alertó que en esta guerra antinarco “se está actuando en un vacío jurídico muy peligroso para el Ejército, para la sociedad civil y para el futuro del país […] es urgente definir cuál es el marco jurídico”.
Mauricio Merino criticó que la Federación pelee con las entidades: “Yo creo, señor Presidente, que no es una buena idea decir que todos los estados fracasan […] una buena forma de sacar este tema de la pelea electoral es la honestidad de Estado. Usted ha calificado esos diálogos como unos que están en busca de una política de Estado. Para darles estatura de Estado hay que quitarles la estatura partidaria, y para quitarles la estatura partidaria hay que meter a la sociedad en este juego”. (El Universal 4/agosto/2010)
En esta reunión con intelectuales y expertos no le fue bien al presidente, el propio CISEN reconoció que la violencia crece y no se detiene, como lo expresó Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Aceptó que el Estado y las organizaciones delictivas se disputan el control de las policías —de todos los niveles, municipales y estatales— y que los avances en materia de persistencia de problemas de secuestro y extorsión a la población son claramente insuficientes.
Ante Calderón Hinojosa, en el segundo día del Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, con especialistas y periodistas en el Campo Militar Marte, Valdés recordó los atrasos y deficiencias con las que recibieron el país de manos de la administración del ex presidente Vicente Fox Quezada.
Valdés admitió en este gobierno de Calderón los avances son insuficientes en lavado de dinero; procesos lentos en la profesionalización de policías; lentitud en la entrega de recursos de Estados Unidos para combate al crimen (Iniciativa Mérida); avances claramente insuficientes en materia de violencia y de persistencia de problemas de secuestro y extorsión.
Dijo que en lo que va del sexenio se has suscitado 963 enfrentamientos públicos —en carreteras y calles— entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, “casi un enfrentamiento al día en promedio”.
El Estado y las organizaciones delictivas se disputan ahora el control de las policías, que anteriormente estaba en manos de los criminales ante la debilidad institucional, reconoció en el informe presentado con las cifras siguientes:
6% de la población de entre 12 y 65 años de edad consume algún tipo de droga.
34 mil autos han sido confiscados en lo que va del sexenio.
200% creció la adicción a la cocaína entre 2001 y 2008.
28 mil crímenes por la violencia en el país se han suscitado de 2006 a la fecha.
1 enfrentamiento diario ha ocurrido durante el sexenio.
84 mil armas largas y cortas han sido decomisadas.
34 mil efectivos tienen entre sus filas la Policía Federal en la actualidad.
59 mil personas ligadas al narco fueron arrestadas en diferentes operativos.
20 mil pertenecen al cártel del Golfo (“Los Zetas”).
18 mil arrestados son miembros del cártel del Pacífico.
12 mil corresponden al cártel de Juárez.
9 mil eran adheridos de los Beltrán Leyva.
Estas cifras oficiales documentan el fracaso de la estrategia y de la lucha contra la inseguridad.
DELATAR A NARCOS
En el diálogo con los líderes religiosos, el presidente Felipe Calderón pidió información confidencial o secreta de lo que hacen los criminales, porque quiere saber dónde se reúnen y quiénes los protegen. O sea, pidió que los sacerdotes se vuelvan delatores de los narcos cuando estos confiesen su actividad delictiva a la iglesia.
“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere, incluso, confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”.
“Yo creo que necesitamos una sociedad organizada a través de sus líderes que nos proporcionen esa información. Y esa información sólo puede darse a través de redes articuladas socialmente. Es una información que tratamos nosotros de organizarla por canales institucionales, pero esos canales están deteriorados”. (Milenio 5/agosto/2010)
La reacción de los curas no se hizo esperar y dijeron que: “El presidente Felipe Calderón pretende que en materia de seguridad los ciudadanos hagamos la chamba que durante todo su régimen no ha hecho, comentó hoy el obispo de Saltillo, Raúl Vera López”.
“Desde el inicio de su mandato, Calderón ha realizado una guerra en donde están ausentes la procuración de justicia, una persecución seria del lavado de dinero y también una persecución seria de los funcionarios públicos que en los diferentes niveles de gobierno están coludidos con el crimen”.
Lo anterior, agregó, “evidencia los huecos enormes que tiene la estrategia seguida, y ante el llamado de Calderón para que los ciudadanos denuncien actos de la delincuencia y evidencien a sus integrantes, Vera cuestionó que ahora pretenda que nosotros hagamos la chamba que durante todo su régimen él no ha hecho”. (La Jornada 6/agosto/2010)
LA PARÁBOLA INCOMPLETA
El presidente Felipe Calderón aseguró que no esperará a que llegue el apoyo de partidos y Congreso para relanzar la estrategia contra las bandas del crimen organizado.
“Estoy saliendo y pidiendo la ayuda de la sociedad, como también se la pedí a los partidos políticos y se la pedí al Congreso, y la seguiré pidiendo. Pero no me voy a quedar a esperar a ver a qué hora los intereses particulares terminan de estar por encima de los intereses nacionales”, sostuvo.
“Lo advierto de una vez: no voy a ceder” en esta lucha, afirmó el mandatario, y reiteró que es inaceptable retirar las fuerzas federales de las calles para que no haya violencia y dejar que los criminales “se lleven a los mexicanos por delante”.
Para explicar esta situación, el titular del Ejecutivo recurrió a la parábola del rey que organizó un banquete y cuando los invitados se excusaron de no ir, salió al cruce de los caminos y convocó a quienes pasaban por ahí.
Calderón utilizó la parábola de manera incompleta y no se refirió al pasaje bíblico a detalle, en el que se dio muerte a los enviados del rey.
Con ello, Calderón evidenció, además de la soledad en que se encuentra, que nadie hace caso de su estrategia.
No le fue bien con los líderes religiosos.
En la reunión, atribuyó las 28 mil ejecuciones ocurridas en lo que va del sexenio, a las fracturas internas de las organizaciones del crimen organizado, y consideró que enfrentarlas sin usar la fuerza pública es como estar en el paraíso. (Milenio 5/agosto/2010)
EL PODER JUDICIAL RESPONDE
En el quinto día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el procurador Arturo Chávez Chávez, debatieron sobre las deficiencias en el sistema judicial.
En su segunda intervención, Calderón Hinojosa cuestionó a Ortiz Mayagoitia por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
Al respecto, el presidente de la Corte contestó: “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, de personas que han delinquido”. (El Universal 12/agosto/2010)
O sea, el ministerio público no integra bien las averiguaciones, en algunos casos por negligencia y en otros por complicidad.
El presidente Felipe Calderón pidió aclarar por qué la cifra de condenados es significativamente menor a la de detenidos y cómo puede combatirse la impunidad, al llamar a los representantes del Poder Judicial a no permitir que las deficiencias u omisiones abran rendijas para que los criminales eviten su castigo.
La respuesta del presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue que “los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia”, porque deben ser imparciales, y calificó la interrogante del mandatario sobre qué puede hacerse de “tan de sentido común, tan sencilla de expresar”, que no tiene una respuesta unívoca.
Ortiz señaló que no probar la responsabilidad plena de criminales y cometer errores al recabar pruebas deriva en la liberación de las personas detenidas; resaltó que 85% de los autos de formal prisión se condenan, mientras que en 15% los jueces estiman que no existen pruebas suficientes para demostrar de manera irrefutable la responsabilidad del acusado.
El presidente de la Corte aseguró además: “Todas las instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración del crimen organizado”, y “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida, todas las denuncias son investigadas”.
Algo que percibo, dijo el mandatario, es que la policía o las fuerzas armadas detienen a un alto número de personas, incluso en flagrancia o en compañía de presuntos criminales, y sin embargo la cifra de quienes son sujetas a proceso o condenadas “es significativamente menor. ¿Eso obedece realmente a deficiencias en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿A qué obedece? ¿Hay algo que se puede hacer con ello? También le pregunto al procurador”.
¿Cómo puede acotarse la impunidad y el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen y que eso, por cierto, estimule la comisión de más delitos?
Calderón afirmó que los ciudadanos quieren ver “un comportamiento ejemplar, de plena integridad y claridad en la justicia que se imparte de los jueces y magistrados”. (Milenio 12/agosto/2010)
El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, dijo que el nuevo sistema de justicia penal ha presentado fallas en los estados donde comenzó a aplicarse, por lo que se diseñará un protocolo que permita “aterrizar” con más éxito la reforma para evitar que se repitan las deficiencias en otras entidades.
“En los hechos no se han dado los resultados esperados, respondió el funcionario al presidente Felipe Calderón”.
También en esta reunión se evidenció el fracaso.
A Propósito…
1.- Una disculpa: ofrecí escribir el sábado y no pude hacerlo. La verdad es que, como priista, quedé conmovido con la visita oficial de Don Juan Bosco a Colima
Mañana continúa.
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