El secuestro y asesinato de Fernando Martí, detonó la inconformidad social contra los diferentes niveles de gobierno por su incapacidad para combatir a la delincuencia, la violencia y el crimen organizado, porque era un joven sano, deportista, con un amplio futuro, buen estudiante, y se convirtió en una de las víctimas inocentes y emblemáticas de la inseguridad pública.
Y así ha sido porque su padre, Alejandro Martí, por su posición económica y social y por sus relaciones políticas y empresariales, se ha convertido en voz de muchos padres de familia que habiendo sufrido la misma tragedia familiar, no tienen la oportunidad o los medios para expresar públicamente su indignación y coraje ante la sociedad y frente a las autoridades.
Alejandro Martí es una voz autorizada porque ha sufrido en carne propia el dolor que genera la violencia y la incapacidad gubernamental para frenarla.
Desde un principio hubo indignación porque el joven fue secuestrado al ser detenido en un reten policiaco, real o falso, y en el que se denunció que participaron policías, ex policías y presuntos policías. A la gente le parece inexplicable que a plena luz del día, en avenidas céntricas del Distrito Federal, se puedan instalar libremente retenes de supuestos policías, sin que ninguna autoridad policíaca, investigue, ni cuestione por qué existen retenes de esa naturaleza. La conclusión es que si el reten no era policíaco, sí estaba instalado ahí con la complacencia y complicidad de algunas autoridades.
El seguimiento de este caso y la persistencia mediática del padre de la víctima, exigía una respuesta inmediata de las autoridades del Distrito Federal y en unas semanas, la procuraduría del D. F., declaró que los culpables de este hecho delictivo era la banda de la Flor, comandada por Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias el “APA”.
Este fue un triunfo policiaco de las autoridades capitalinas y el propio Marcelo Ebrard, el procurador y los jefes policíacos, dieron múltiples conferencias de prensa para acreditar su eficacia y dar una respuesta que calmara los ánimos encendidos de una población amenazada e indignada por la violencia.
Pero resulta que meses después, la Procuraduría General de la República presentó a un grupo de presuntos criminales de la banda de los “Petriciolet”, encabezada por Daniel Abel Silva Petriciolet y uno de ellos confesó que él había asesinado a Fernando Martí y su declaración dejó al descubierto que la banda de “La Flor” no había participado en este secuestro y que la mujer policía detenida por ese hecho, identificada como la comandante Lore, no formaba parte del grupo que cometió el secuestro.
La PGR declaró que la Procuraduría del D. F., no tenía razón y que la acusación de la policía capitalina contra la banda de “La Flor” se basaba en declaraciones de supuestos testigos, pero no en confesiones de quienes había sido los autores materiales del secuestro y asesinato del joven Martí.
Esta situación genera nuevamente la incertidumbre ciudadana, sobre qué autoridad policíaca dice la verdad, si la federal o la del D. F., y genera también dudas de si los primeros presuntos delincuentes fueron presentados con el ánimo de tener un triunfo mediático que ahora se revierte ante la confesión del autor material y la identificación de la casa habitación donde estuvo el secuestrado, identificada por el guardia de Martí que fue abandonado vivo, dándolo por muerto los delincuentes.
Ahora resulta que son dos bandas diferentes las que secuestraron y asesinaron al joven Martí y resulta que los dos cuerpos policíacos, el federal y el capitalino, son muy eficientes, pues cada uno tiene su banda culpable.
Tal parece que al joven Martí, lo secuestraron dos bandas, dos veces y lo asesinaron dos bandas, dos veces. Ahora la gente está a la expectativa a ver si los dos grupos delictivos van a ser sentenciados por el mismo crimen.
Si mucho se ha hablado de la ineficiencia policíaca y Alejandro Martí les dijo si no pueden renuncien, las dos policías demostraron que si pueden y tan pueden que no detuvieron a una sola banda, sino a dos.
Esperamos que cuando detengan al Chapo Guzmán nos presenten a los dos, tres o cuatro Chapos Guzmán.
También a diario, los diferentes cuerpos policíacos, y el ejército mismo, nos dan a conocer la detención, de operadores financieros, jefes de sicarios, introductores de droga a Estados Unidos y las autoridades siempre nos dicen que los detenidos son los jefes o los capos más importantes de las bandas y siempre resultan ser, según las autoridades, los segundos en el mando de dichos cárteles de la droga, o sea, hay cientos de segundos y si uno los ve en la televisión o en los medios cuando son presentados por las autoridades, nadie les cree que esos sean en realidad los verdaderos cerebros del crimen organizado que tienen en jaque a las autoridades mexicanas.
Tal parece que las autoridades nos quieren convencer que la autoridad detiene a capos importantes y por eso a diario nos presentan a los que, según ellos, son los grandes capos del narco mexicano y la verdad es que por “la facha” de los detenidos, que en muchos de los casos no articulan ni una frase, se me hace que en la jerarquía criminal no son ni de quinto nivel y no pasan de ser delincuentes sin ninguna importancia, que acredite que las bandas se están desmantelando.
Así como nos presentan que dos bandas de delincuentes cometieron el mismo delito, como en el caso del joven Martí, a diario la autoridad informa que detuvo a los grandes capos de la droga, y el narcotráfico sigue ahí, y sigue tan campante.
LO INDEFENDIBLE
Ante el lamentable fallecimiento, de dos menores en un lago artificial en el parque Hidalgo de esta ciudad y por los comentarios vertidos en esta columna, los narcoperiodistas que todo defienden y justifican, incluyendo al narco, al igual que un regidor del ayuntamiento capitalino, Armando González Manzo, conocido como “el torpedo”, dieron respuesta a esta columna.
Cabe destacar que sobre este tema se han escrito cuatro editoriales, 16 notas de prensa y ha sido abordado dicho tema en 12 columnas periodísticas y a la única que han pretendido dar respuesta es a la de un servidor, lo cual habla de la importancia que está columna tiene.
La respuesta ha sido en el sentido de que el lago en que se ahogaron los menores no tenía tres metros de profundidad como se escribió en esta columna y donde yo preguntaba, ¿tres metros para qué?, de profundidad del lago desde luego, la profundidad de dicho lago no es invento de un servidor, mi pregunta parte de lo que se publicó en los medios y declararon algunas personas. Así, se publicó lo siguiente:
“Según explicó Adrián Córdova, subcoordinador de la Cruz Roja, para MILENIO Colima, el familiar que logró sacar los cuerpos del lago denunció que éste tiene una profundidad de casi tres metros, por lo que le fue complicado salvar a tiempo a los menores. Señaló que una de las razones que dificultaron el rescate fue que uno de los niños quedó atrapado en el fondo con un artefacto desconocido”.
“Cuando la Cruz Roja llegó al lugar, los dos niños ya estaban sin vida; según comenta el adulto, quien lo rescató, es que fue difícil incluso para él sumergirse en el lago y salvar a los dos niños. Según relata, el lago tiene una profundidad de tres metros, y que en su fondo existió algo que provocó que el niño se atorada (sic) y no pudiera salir”, expuso Adrián Córdova”. (Milenio Colima, 1/Agosto/09)
Esta claro, que al señor Córdova, ningún funcionario municipal, ni narcoperiodista al servicio oficial, lo desmintió respecto a los tres metros, como lo informó en su carácter de subcoordinador de la Cruz Roja y que acudió al lugar de los hechos.
Esta claro, que yo no inventé la profundidad del lago, los defensores de lo indefendible aseguran que su profundidad es de 1.5 metros, pero ese no es el fondo de la cuestión, sino el descuido, la irresponsabilidad con que se actuó, la falta de previsión, y sobre todo, el culpar a los menores y a su familia, el eludir la responsabilidad de la omisión oficial.
La verificación de la profundidad y su publicación no le va a regresar la vida a los menores. Se trata, no de que se responsabilice penalmente a los funcionarios municipales, ni tampoco de que se les destituya por ese hecho, sino simplemente de que se reconozca, por parte de la autoridad, que se hizo una obra sin previsión, sin valorar los múltiples riesgos que un lago implica en un lugar de convivencia infantil.
No se trata tampoco de que no se construyan por los riesgos que implica obras de remozamiento que mejoren el entorno y sean atractivas visualmente para los visitantes.
No se trata de que el lago se tape o se cancele como ahora se pretende, ya que los niños se ahogaron, sino que las obras que se hagan se hagan con el suficiente cuidado para que nadie ponga en peligro su vida.
Las medidas anunciadas, resultan siempre igual que las que se toman cuando suceden hechos que la sociedad lamenta, recordemos cuando en el predio del manchon fue violada una menor, se alzaron múltiples voces oficiales que incluían la expropiación del medio, su iluminación, la vigilancia policíaca 24 horas, un acuerdo inmediato de parte del congreso del estado sobre lotes baldíos, etc., etc., y después todo queda igual, precisamente porque la autoridad en esos casos no asumen la responsabilidad de esos hechos, cuando la responsabilidad oficial se asume las cosa se corrigen y de eso se trata nada más, y nada menos.
Y desde luego que la autoridad asuma su responsabilidad y exhorte una vez que lo haga a la corresponsabilidad de los padres de familia ya que la sociedad en general valore los riesgos y coadyuve a que nadie salga perjudicado. Porque lo que ha molestado a mucha gente ha sido que la autoridad municipal culpó en un principio a los padres de familia del descuido sobre sus hijos.
Afortunadamente, el presidente municipal, José Antonio Orozco, hizo, posteriormente a esa interpretación producto de lo publicado, una aclaración y negó que haya responsabilizado a los padres de las victimas de lo sucedido.
Es este un lamentable accidente, que se puede evitar si se asumen las responsabilidades correspondientes y se disminuyen los riegos.
A Propósito…
LA DEUDA Y LA NOMINA
El mandatario Silverio Cavazos Ceballos reconoció que el gobierno del estado tiene actualmente una deuda aproximada de 700 millones de pesos, misma que calificó como manejable y aseguró que por el momento no se tiene contemplado solicitar otro préstamo.
Está declaración es un alivio para quienes se preocupan por las finanzas y el endeudamiento estatal, porque cuando se reestructuró la deuda se habló de casi mil millones de pesos, pagaderos a 20 años. ¡Qué bueno que no es así!
Además, hace unos días se publicó en la prensa local que los ayuntamientos tienen un adeudo superior a los 500 millones de pesos, hecho que nunca había sucedido en Colima.
Pero además, resulta importante saber, gracias a la publicación que hizo hace unos días el acucioso economista Enrique Álvarez Navarro, que del 2005 al 2009 se han captado, por concepto del impuesto a la nomina, 602 millones de pesos, y según se ha publicado, estos recursos que capta el estado sirven para apoyar proyectos productivos, de promoción económica y para otorgar prestamos a los pequeños y micro empresarios, a quienes se les cobra el correspondiente interés, lo que quiere decir que la cantidad recaudada debe ser ya mayor por la utilidad financiera generada. Entonces, si debemos 700 millones de deuda y por concepto de impuesto a la nomina tendremos al final del 2009, una cantidad similar por lo captado en los últimos años, y que se utiliza como fuente de financiamiento, no hay ninguna razón para preocuparnos por las finanzas del estado.
De ser así, habría que hacer el reconocimiento público que se le debe por esa razón a Hugo Vázquez Montes, arquitecto de esta reestructuración financiera y del “cómodo” endeudamiento que le colocaron al estado de Colima.
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