NO SE CONFUNDAN, NI SE EQUIVOQUEN

El problema de la inseguridad en el país, cada día crece en número, pues el mes o el año que termina, se dice, ha sido el más violento en la historia a diario se superan cifras de ejecutados y se hacen proyecciones numéricas del número de muertos con que terminará el año o el sexenio.

Lo que aumenta la indignación, la alarma, el miedo y el hartazgo son las modalidades de las ejecuciones, que pasaron de acribillados a decapitados, descuartizados, pozoleados, enterrados clandestinamente, sin que la gente vea el final de esta guerra que ya ha producido más de 36 mil muertos y miles de familias que han perdido a uno o varios de sus miembros.

La pérdida de vidas inocentes, o el incremento del daño colateral como se dice, ha generado una serie de frases que se acumulan y se acumulan, al igual que los cadáveres, frases como: “ni una muerta más”, “sino pueden, renuncien” que pronunció el empresario Martí, o el “No tienen madre” de Nelson Vargas o el ya “Basta de sangre”, promovido por un grupo de caricaturistas o el más reciente, del poeta Javier Sicilia: “Estamos hasta la madre” y hasta el “ya basta colectivo” que lanzó Felipe Calderón por no repetir el “y yo por qué”.

En esta lucha contra el narcotráfico, llamada guerra en un principio por Calderón, se han ido delimitando las posiciones a favor y en contra de ella, a favor y en contra de la estrategia, a favor y en contra del ejército en las calles, a favor y en contra de si el gobierno va ganando o va perdiendo y como resultado de esto, si la sociedad va ganando o los criminales la están derrotando.

Hay algunos que, de manera velada y otros abierta, hablan de un pacto que ponga fin a la violencia, aunque el consumo de drogas continúe; algunos lo hacen porque algo piensan ganar, otros por golpear al gobierno, otros por desesperación o porque no ven otra salida.

Desde luego, el gobierno federal no debe pactar con los narcos, aunque estos ya tienen pactados y arreglados a muchos funcionarios y miembros de los cuerpos policiacos en los diferentes niveles de gobierno; así, cínicamente, se dice que si los narcos ya pactaron y tienen en su nómina a muchos del gobierno, falta que esto se formalice.

Si los ciudadanos están desesperados, asustados, preocupados y por qué no decirlo, hartos de la inseguridad y de la violencia, y se expresan del gobierno en forma crítica y acusatoria, precisamente por su hartazgo, el gobierno de Felipe Calderón en ocasiones también se desespera y como dijera Barack Obama, el presidente Calderón se siente frustrado por el incremento de la violencia, también Calderón ya se siente harto de las expresiones que reflejan el hartazgo social, parece que tiene dos frentes en esta batalla, una con los criminales y otra con sus críticos.

El presidente Felipe Calderón emplazó a los mexicanos a lanzar un “ya basta colectivo” contra los criminales. “No podemos confundirnos: los que asesinan son ellos, los criminales; los que matan jóvenes inocentes son los criminales, los que secuestran y asesinan migrantes son los criminales, la que tiene asolada grandes partes de nuestra sociedad o de nuestro territorio es la delincuencia”.

En una comida con empresarios de Torreón, el Presidente consideró que la delincuencia afecta a las familias, desde el que roba su bolsa a una señora, secuestra a un empresario o mata a un migrante.

“Son criminales, son enemigos de México; a ellos hay que frenarlos, a ellos hay que condenarlos, hacia ellos debe ir un ya basta colectivo y nacional. ¡Ya basta a los criminales! En eso estamos empeñados todos, estoy seguro, sociedad y gobierno”, dijo el mandatario federal.

“El enemigo está ahí, en la delincuencia, en la delincuencia común y en la delincuencia organizada, y por eso debemos hacer un frente común, porque no debe escudarse en el deseo político de atacar a una u otra instancia de gobierno, al gobierno federal o a las fuerzas armadas; (no debe confundirse) el propósito político de atacarlas con el deseo de la sociedad de tener seguridad y de tener paz”.

Frente al gobernador interino, Jorge Torres, insistió en la necesidad de depurar las instituciones de seguridad, “porque sabemos que la delincuencia actúa al amparo de muchos cuerpos policiacos”. (Milenio 13/abril/2011)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el rector de la UNAM, José Narro, respondieron al presidente Felipe Calderón, quien la víspera pidió a la sociedad lanzar un “ya basta” a los delincuentes, y

El presidente de la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, pidió al Ejecutivo federal “no equivocarse” y recordó que es responsabilidad del gobierno federal brindar seguridad pública en el país.

En tanto, el Rector de la UNAM advirtió que el “ya basta” no debe ser sólo para los criminales, y reiteró la necesidad de poner en marcha un proyecto integral para combatir la inseguridad que incluya más recursos para educación.

Señalaron que el llamado de Calderón no es suficiente para aplacar la violencia.

“El hecho de que se incremente el número de ejecuciones y que no veamos un aumento en el número de detenidos, procesados y condenados, creo que es un reflejo muy claro de cómo las cosas no se están llevando de la manera adecuada”.

No debemos equivocarnos, que el gobierno es quien tiene la responsabilidad de brindar seguridad pública. Para eso existen instituciones, para eso existen recursos. Los recursos en materia de seguridad pública para 2011 son los más altos de la historia, de tal manera que es fundamental una evaluación para medir los resultados que se están dando, de qué manera se está mejorando la seguridad pública o, en su defecto, la condición que se está dando en algunas partes del país, donde lamentablemente no se ve un avance sustancial en la materia.

“La responsabilidad de brindar seguridad pública corresponde al Estado, no solamente para prevenir los delitos, sino para detener a los criminales, de tal manera que cuando se señalan acciones como el “ya basta” o afirmaciones como ésa, debe existir un compromiso de los servidores públicos para rendir mejores resultados en el ámbito de la seguridad pública”. (Milenio 14/abril/2011)

El gobernador del Estado de México Enrique Peña, aseguró que la lucha emprendida por Calderón ha resultado insuficiente ante una ciudadanía que ya muestra hartazgo.

El líder del PRI en San Lázaro, Francisco Rojas; “Lo que debemos decir es ya basta a una estrategia que no nos está dando resultados. No hemos visto, no se aprecia de ninguna manera que estemos avanzando en esta guerra al crimen organizado”, reclamó. (Reforma 14/abril/2011)

No debemos equivocarnos, ni confundirnos. El presidente debe entender que las críticas a su gobierno por la inseguridad y la violencia, y sobre todo por el incremento sin precedente de estos hechos, son por la exigencia de resultados y desde luego que de parte de los actores políticos es una crítica a su desempeño político como presidente de los mexicanos, como jefe del gobierno y como instrumentador y operador de una estrategia contra el crimen organizado, que no ha dado los resultados que la población espera y que el propio gobierno reconoce que no son satisfactorios.

Que el presidente Calderón pretenda que la sociedad, los ciudadanos, o los actores políticos, reclamen a los delincuentes su conducta ilícita o su violencia inaudita es tratar de convertirlos en interlocutores o en reclamantes directos de su conducta criminal y en ese sentido, el autorizado y facultado legalmente para exigir el cumplimiento de la ley a quienes delinquen es, precisamente, el gobierno.

Los ciudadanos pueden coadyuvar, incluso denunciar, con el riesgo que eso implica, pero no ser corresponsables en la lucha contra el crimen organizado, porque esa es precisamente la función esencial del Estado a través del gobierno y de sus instituciones: brindar la seguridad a los ciudadanos.

Pretender que la crítica de las organizaciones sociales, políticas o de los ciudadanos se oriente a criticar, señalar y exigir el cumplimiento de la ley a los delincuentes o a sus organizaciones criminales, es aceptar o reconocer, por parte del gobierno, su incapacidad de cumplir con la función de brindar seguridad pública.

Es entendible que el presidente Calderón quiera que le entiendan que él no es el causante de la violencia, como algunos lo dicen, y eso hace que el presidente se vea desesperado y se sienta incomprendido.

Está claro que los culpables de la violencia son los criminales, que los crímenes los cometen los delincuentes y que son éstos los que tienen una responsabilidad penal por sus conductas ilícitas.

Pero también está claro que el gobierno es responsable de combatir con éxito a la delincuencia, de hacer que prevalezca el estado de derecho y tiene también la responsabilidad de prevenir, evitar y disminuir la comisión de hechos delictivos.

No pueden los ciudadanos, los partidos o las organizaciones, exigir a los delincuentes el cese de la violencia, porque no cuentan con los elementos materiales y logísticos para hacerlo y si el gobierno no puede, que tiene la facultad legal, los recursos y las armas, menos los ciudadanos.

La exigencia es al gobierno en sus diferentes niveles porque no ha sido eficaz en esa su tarea primordial, la exigencia es por la impunidad, la corrupción y la complicidad de quienes, teniendo responsabilidades públicas y la obligación de combatir la delincuencia, se coluden con los criminales, los protegen, los apoyan, están a su servicio y en muchos casos participan policías y delincuentes como un solo equipo en contra de los ciudadanos.

El propio gobierno federal ha reconocido que está infiltrado; asimismo, ha informado que muchos de los detenidos son o fueron integrantes de cuerpos policiacos, que muchos de los delincuentes en fuga, son o han sido policías o miembros de las fuerzas armadas.

Un ejemplo reciente, los 16 policías que han sido detenidos en Tamaulipas, partícipes en el horrendo crimen de 126 personas en el municipio de San Fernando.

La formación en su origen del grupo de los zetas con militares desertores y muchos casos más que a diario se dan a conocer en las detenciones que se realizan, en las que sin faltar en todos los casos, algunos son, o han sido, policías o militares.

En Colima se ha aceptado que policías estatales preventivos participaron en el asesinato de Silverio Cavazos y que dos policías judiciales ya fueron internados en el penal de Puente Grande por su vinculación con el crimen organizado.

O sea, la gente ve, y así se da a conocer oficialmente, que personal adscrito a los policías, y en consecuencia que cobran en la nomina del gobierno, cometen delitos y se vinculan a la delincuencia organizada.

La propia procuradora del Estado, Yolanda Verduzco, dio a conocer que posiblemente el 20% de 460 elementos de la policía judicial, pudieran estar vinculados al crimen organizado.

El propio Gobernador del Estado ha reconocido que hay infiltraciones y que una de sus líneas estratégicas contra la inseguridad es la depuración de los cuerpos policiacos que se inició, como él dice, con el cambio de algunos mandos.

Entonces, es entendible que se le exija al gobierno que cumpla con su responsabilidad, porque los ciudadanos no le entregaron su voto y su confianza a los delincuentes o a algún cartel de la droga; no, los ciudadanos le entregaron su voto y su confianza al gobierno en sus diferentes niveles y a ellos, al gobierno, se le exige que cumpla con su compromiso y su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos.

Normalmente, el gobierno se lamenta de que estas cuestiones se partidicen y se politicen.

Es cierto, se partidizan porque el ciudadano votó por un partido que le ofreció seguridad, se politizan porque se apoya o se rechaza una política pública, un compromiso político y se evalúa bien o mal una política sobre seguridad pública.

El gobierno no debe equivocarse en el sentido de la crítica ciudadana y mucho menos en el destino de la misma y el gobierno no debe confundirse sobre a quién corresponde garantizar la seguridad de los ciudadanos y mucho menos esperar que la gestión ciudadana o los buenos oficios de la sociedad frente a la delincuencia, logre que los delincuentes se comporten correctamente.

A Propósito…

Es oportuno no confundirse y no equivocarse en el caso de la prolongación de la avenida Ignacio Sandoval, los empresarios beneficiados, motivados o incentivados, no son responsables de salvaguardar el patrimonio público, ni cuidar que la ley se aplique en materia de obra pública. Los responsables son los funcionarios en los diferentes niveles y en el grado de responsabilidad que tengan.

No debe pues, haber confusión en culpar a empresarios que invierten su patrimonio aprovechando las facilidades o incentivos gubernamentales y menos si la autoridad cumplió con la ley al otorgarlos.

Si todo está apegado a derecho como se afirma, en ese caso, los empresarios no deben de preocuparse y los funcionarios involucrados menos, si respetaron la ley y sobre todo, si cuidaron el patrimonio público que están obligados a salvaguardar.

No debe haber equivocación en que lo que legitima los actos de gobierno es el cumplimiento de la ley. Eso es lo que vale y cuenta.

No son la diatriba o la descalificación política, ni mucho menos el aval de algún encumbrado funcionario, lo que da legalidad a los actos de gobierno.

Lo que cuenta es si la ley se cumplió o no y mientras no se acredite que ésta se violó, habrá que dar siempre el beneficio de la duda.

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