El problema grave que enfrenta el país es la violencia y la inseguridad que ha generado el crimen organizado y que se ha complicado con la militarización de las zonas más álgidas, donde la lucha contra la delincuencia ha dejado ya más de 28 mil muertos.
En esta lucha del gobierno federal por rescatar territorios y disminuir la violencia, ha habido desatinos oficiales que han merecido la desconfianza de la gente sobre el actuar de las autoridades.
La información deformada sobre algunos hechos, el sobredimensionamiento de otros y el montaje mediático en algunos asuntos donde ha habido detenidos o rescatados, o las muertes de menores inocentes en retenes o en el Tecnológico de Monterrey, o la muerte de jóvenes en Ciudad Juárez, a los que el presidente Calderón calificó como miembros del crimen organizado, han sido errores, desatinos, equivocaciones o excesos que, tarde o temprano, han arrojado una verdad muy diferente a la que en un principio sostuvieron las autoridades y terminaron disculpándose y aceptando que los hechos fueron distintos a como originalmente se publicitaron.
Una prueba es el caso reciente de la detención de “La Barbie”, que ha dado lugar a informaciones distintas sobre la forma en que fue capturado.
Otra ha sido la de los reporteros que fueron secuestrados en Ciudad Juárez y que fueron, según la policía federal preventiva, rescatados en un operativo de inteligencia que supuestamente armó la propia PFP y que a la postre resultó una mentira, porque los propios reporteros, según han declarado últimamente, fueron utilizados por la policía federal al ser llevados a una conferencia de prensa para anunciar su liberación por esa corporación.
Los reporteros dieron a conocer que no fueron liberados por la policía, sino por sus propios captores y que no hubo ningún operativo de inteligencia policiaca para liberarlos, puesto que ellos fueron al encuentro de los policías.
Han sido varios los señalamientos que los medios de comunicación han dado a conocer de montajes mediáticos que la policía federal ha orquestado en la lucha contra la delincuencia informar sobre operativos policiacos con delincuentes capturados.
La gente en México pide efectividad, exige resultados que en realidad disminuyan la violencia y los hechos delictivos y que la eficacia oficial en la detención de delincuentes, famosos o no, coincida con la disminución de los delitos y se establezca una real y efectiva relación de personajes detenidos con menos delincuencia y violencia en las calles.
Es entendible que a veces esto no corresponda proporcionalmente en muchos de los casos, pues son muchos factores los que intervienen en la violencia, pero lo que molesta e irrita a la población es que se presenten como éxitos policiacos, hechos que a veces no corresponden con la realidad, o con la disminución de la delincuencia.
La estrategia de comunicación del gobierno federal no ha contribuido a tener una esperanza de que las cosas van a mejorar en materia de seguridad, sino todo lo contrario, de que la guerra se va perdiendo y de que la violencia va a aumentar, según palabras del propio presidente Calderón.
Así, vamos perdiendo la guerra en los hechos y tampoco la batalla mediática la gana el gobierno, pues el propio Calderón reconoce que la percepción de la gente no es favorable al gobierno en cuanto a los resultados.
Eso sucede en el ámbito federal, lamentablemente no hay, pese al esfuerzo y el discurso oficial, disminución de la violencia, sino todo lo contrario y el propio presidente Calderón ya expresó que está cansado o harto de la cantaleta de lo que hace mal el gobierno y sobre todo, de las críticas que se hacen cuando hay daños colaterales.
A nivel local, las cosas no están mejor y el consuelo oficial es que es un problema nacional que a todos afecta, pero que en proporción a la población del estado y al tamaño de su territorio, los registros del Sistema Nacional de Seguridad consideran a Colima como uno de los estados de mayor incidencia delictiva, porque si bien es cierto, que en el último año en Jalisco ha habido cerca de 500 asesinatos, en Colima el número casi llega a 100, y considerando que el estado de Jalisco tiene 11 veces más población que Colima, proporcionalmente, la incidencia delictiva es más alta en Colima.
Por señalar un caso, del 5 al 20 de septiembre hubo 15 asesinatos en diferentes balaceras, más de un ejecutado por día. Hecho sin precedente en la historia de Colima y son ejecuciones realizadas después de los foros sobre seguridad.
Además, tres comunicados han emitido autoridades norteamericanas para alertar a sus conciudadanos que eviten viajar a Colima, por considerarlo un estado de alto riesgo.
Estos dos hechos no son producto de ningún crítico del gobierno, sino del crimen organizado que ha cometido las ejecuciones, y del gobierno norteamericano que ha emitido las recomendaciones.
Los que han diseñado la estrategia de comunicación en Colima, la han orientado a minimizar los hechos, a buscar culpables en los medios de comunicación no oficiales, a desvirtuar las criticas en materia de inseguridad y a considerar como enemigos del gobierno a quienes han hecho señalamientos sobre el incremento de la violencia y sobre el estado desastroso en que se encuentra la seguridad pública en Colima, que es una de las nefastas herencias dejadas por el gobierno anterior.
Al principio del gobierno, el tema de la deuda se negó, no se aceptó como herencia y los hechos y las declaraciones oficiales terminaron por imponerse y reconocer un adeudo sin precedente, que llegó casi a los 3 mil millones de pesos. Este tema no se discute ya, aunque el estado lo padece, y no se discute porque fue aceptado y reconocido y porque el tema de la inseguridad y la violencia desplazó del debate mediático el asunto de la deuda.
Así es, de la deuda ya conocemos su monto, los colimenses ya saben lo que van a pagar durante los próximos 20 años, pero lo que la gente ignora y desea saber es cuándo van a terminar la violencia y los crímenes en las calles de Colima. Deuda y violencia tienen origen en la administración anterior.
Reitero: la violencia tiene su origen en el sexenio anterior, al gobierno actual le ha tocado enfrentar las consecuencias. En el sexenio anterior iniciaron las ejecuciones, decapitados, secuestros, narcomantas, etc., etc.
El gobierno actual difundió, a través del discurso mediático, que la inseguridad no es un problema heredado, y ello fue así porque los medios oficiales, y quien dirige la estrategia mediática oficial, sirven a los intereses del gobierno anterior.
SE HARTARON
Hace unos días publiqué en esta columna, que un importante funcionario público que tiene que ver con la seguridad de los colimenses, declaró que ya lo teníamos harto con las críticas sobre la inseguridad.
Le debería de tener harta la inseguridad y no las críticas sobre la misma, pues los colimenses están hartos de tanta violencia e inseguridad en las calles, pero el miedo y el temor es mayor al deseo de expresar el hartazgo con tanta muerte y balacera.
El pasado 4 de septiembre el Ecos de la Costa publicó: “Me están colmando el plato. Ya son muchas las cosas y vamos a deslindar en el ámbito legal lo que corresponda”, señaló el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, al anunciar que prepara una denuncia penal por difamación, en contra de los directivos y del dueño del periódico Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid.
Silverio Cavazos dijo que no se vale todo lo que han dicho de él y de su familia, aunque recordó que ha mantenido su compromiso con la ciudadanía, de no ser un ex gobernador subido a los medios. “Ahora, ya hasta Mariano Trillo y otros más (me difaman), pero creo que se están equivocando, porque piensan que me voy a quedar callado toda la vida y no”.
“Por eso, si bien la denuncia es por este caso del polarizado, de lo demás, también estoy haciendo un análisis para ver lo que voy a hacer y cuándo”. (Las negritas son mías).
Así es, Silverio Cavazos y algunos de sus amigos se hartaron pronto de lo que la gente dice y eso es peligroso: que “los poderosos se harten”, porque hay muchos oficiosos que les gusta quedar bien cuando eso sucede.
Después de los hechos violentos suscitados el 8 de septiembre, donde perdieron la vida 5 personas y resultaron heridas otras tres, todos ellos familia y vecinos de Villa de Álvarez, acribillados en un lote de carros usados denominado “El Gallo de Oro”, el Procurador de Justicia del Estado, no ofreció conferencia de prensa sobre este hecho, donde hubo delitos del fuero común, competencia de la Procuraduría estatal.
Pero la semana pasada, todo el aparato oficial de la Procuraduría y los medios de comunicación oficiales, hicieron cola para anunciar con bombo y platillo, propios de las fiestas del bicentenario de la Independencia, el más importante triunfo de los policías colimenses, “el descubrimiento”, de un sembradío de dos plantas de marihuana en sus respectivas macetas, en una finca, ubicada en el pueblo de Suchitlán.
Este éxito policiaco, en medio de más de 20 secuestros, 30 balaceras, 8 descuartizados y casi un centenar de muertos y heridos, así como 14 narcolaboratorios descubiertos y casi 200 toneladas de drogas decomisadas en el puerto, dimensiona el caso de Suchitlán.
Sin tener acreditado un supuesto delito federal, con declaración de dos mujeres detenidas y escondidas durante más de doce horas para que declararan ante autoridades no competentes, sin la presencia de sus abogados o defensores de oficio, a que tenían derecho, se arma todo un show mediático, para dar a conocer “lo que supuestamente se sembró” y que hace evidente el trato y el uso que se da a los asuntos de la procuración de justicia, que días antes no mereció una conferencia de prensa el acribillamiento de ocho personas y este hecho de Suchitlán si mereció la atención y difusión oficial de la Procuraduría de Justicia estatal, así como de los voceros oficiales que anteriormente justificaron y defendieron otras conductas.
Pero las autoridades federales habrán de dar su veredicto sobre este caso que, como siempre, dirán la verdad jurídica sobre los delitos que se hayan cometido.
Mientras eso sucede, las autoridades policiacas locales ya dieron prueba de que “los poderosos ya se hartaron”.
El día 13 de septiembre en la colonia Oriental, según información que dio la Procuraduría estatal, fue ejecutado Marco Antonio Casillas Valadez, dos sicarios que viajaban en una camioneta Nissan y que posteriormente, en el operativo implementado, se logró la captura de dos personas del sexo masculino que viajaban en una Cheroke, supuestamente los asesinos, pero que por razones obvias no se daban los nombre de los detenidos.
Cuando la Procuraduría del Estado da a conocer la captura de presuntos sicarios, de inmediato publica los nombres y las fotografías de los mismos; sin embargo, en este asesinato de la colonia Oriental por “razones obvias” se ocultan los nombres y fotografías, supuestamente para proteger la averiguación. Sin embargo, en el caso de Suchitlán sin haber homicidios de por medio, ni sicarios detenidos, se da a conocer de manera amplia por “razones obvias” el nombre de un familiar del dueño del Diario de Colima.
Las razones son más que obvias: pudo más el deseo de venganza. Es obvio que así fue.
Sobre el caso de la Oriental, ahora resultó lo obvio: el Procurador informó ayer que los detenidos no eran los sicarios que asesinaron a quien se llamó Marco Antonio Casillas Valadez, y si en un principio se dijo que fueron ellos, a bordo de una Nissan, ocho días después, la misma Procuraduría informa que no fueron ellos los asesinos y que fueron capturados en una camioneta Cheroke y que confesaron que eran amigos del ejecutado en la Oriental, pero que ellos habían asesinado a dos personas en el restaurante japonés de la plaza Litzy, sobre el tercer anillo.
El procurador informó el día de ayer, que estos dos detenidos se llaman Ramiro Chávez Gaona y Gerardo Salas Cervantes y que son miembros de la familia Michoacana y aunque originalmente dijo que habían asesinado al de la Oriental hace ocho días, ahora dijo que no fue así, sino que el pasado 27 de julio, habían asesinado a dos personas: Oscar Mendoza Contreras y Arturo Sánchez Mendoza, en el restaurante japonés Suntoyaki, motivo por el que contaban con una orden de aprehensión por esos crímenes; o sea, fueron detenidos por otro crimen que no cometieron y confesaron otros dos que sí cometieron y el Procurador informo que son miembros del cártel de “La Familia”.
No obstante, que la propia Procuraduría del estado, según publicó el Ecos de la Costa el pasado 2 de septiembre, había detenido a Carlos Botello Pozos, sobrino de Ramiro Pozos del cártel de la Resistencia, a quien se atribuyeron las dos ejecuciones del restaurante japonés.
O sea, dos miembros del cártel de “La Familia”, según la Procuraduría estatal, asesinaron a los del restaurante japonés y dos miembros del cártel de la Resistencia, también asesinaron a los del restaurante japonés. Dos cárteles enfrentados ejecutan a los mismos dos, en el mismo restaurante japonés.
¿Fueron cuatro los asesinos?
¿Los dos cárteles, “La Familia” y la “Resistencia”, hicieron una tregua para matar a los del restaurante japonés?
En el caso de Suchitlán, pregunto: ¿por qué puede más el deseo de venganza que la eficacia contra el crimen organizado?
¿Por qué en una semana donde hay diez asesinatos, se usó como distractor de la violencia el caso de Suchitlán? Por razones obvias.
También por razones obvias, vale la pena preguntar a la Procuraduría Ahora que los poderosos se hartaron: ¿seguimos nosotros?
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