Las Batallas de Calderón

Los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón se han caracterizado por no ser una luna de miel o el disfrute de un bono democrático que no hubo, sino más bien, por enfrentar su gobierno varios frentes de batalla donde, por cierto, Felipe Calderón Hinojosa, su gobierno, su partido y el pueblo de México, no han ganado nada.

El ex presidente del empleo reporta cifras crecientes de desempleo en el país. El ex presidente de la seguridad ya fue amenazado y ha devenido, al comandar las fuerzas armadas, en un muy mal secretario de la Defensa. Y si del presidente Zedillo se dijo que fue mal presidente pero buen secretario de Hacienda, el comentario generalizado acerca de Felipe Calderón Hinojosa es que no ha podido ser presidente todavía y ha resultado muy cuestionado como jefe de la seguridad nacional, en el aspecto de la pobreza y el desempleo la ha agudizado y así, sus tres compromisos fundamentales de campaña y de gobierno no han mostrado avances y, por el contrario, han sufrido severos retrocesos.

El presidente Calderón más que vencer problemas y ofrecer soluciones es un presidente que esta a la defensiva, enfrentando la violencia que genera el narcotráfico, emitiendo boletines sobre los ejecutados cada día y levantando cadáveres.

Durante el gobierno de Calderón se han movilizado cerca de 25 mil soldados en operativos contra el crimen organizado, a los que se han sumado, desde luego, las fuerzas estatales y municipales y han logrado capturar a un mil 260 delincuentes, de los que apenas una tercera parte están detenidos y sujetos a proceso. En cambio, las ejecuciones violentas en manos del crimen organizado superan las un mil 300 y eso sí, todos están muertos y un 20 por ciento de ellos son miembros de los cuerpos militares o policíacos, muchos de ellos ejecutados, no en el cumplimiento de su deber, si no por que traicionaron o dejaron de servir a determinado cártel.

Quiere decir pues, que habido más ejecutados que delincuentes sujetos a proceso, lo que muchos entienden como que el crimen organizado va ganando esta batalla.

En el mes de mayo se cumplió la cifra de un mil ejecutados, en el mes de julio de 2006 se llego a esa cifra de un mil y en 2005, en el mes de septiembre se llego a los un mil ejecutados. A este ritmo de la batalla, en el 2008, en el mes de marzo se llegará a esa cifra.

Esta batalla contra el crimen organizado la enfrenta el gobierno en desventaja, los narcos tienen gente infiltrada en el gobierno y en las fuerzas armadas y policíacas, así lo ha reconocido la propia autoridad y en cambio, el gobierno no tiene gente de sus cuerpos de inteligencia infiltrada entre los narcos, lo que implica una ventaja del narcotráfico sobre el gobierno, al tener protección e informantes del lado de la autoridad.

En las comunidades donde se asientan los narcotraficantes, tienen redes de información entre la población civil, a quien amenazan o compran, y obtienen información y protección de la gente de las comunidades, sobre todo del área rural, en donde tienen su actividad delictiva primaria en el cultivo de la droga y generan empleo para los habitantes de los pueblos. O sea, tienen aliados en la sociedad civil. Por su parte, el gobierno no cuenta con aliados en estas comunidades y ven a la autoridad y a los cuerpos policíacos como sus enemigos o sus represores.

En esta batalla, cuyas proporciones han obligado al gobierno a recurrir al ejército y lo más pertinente es que, por el momento, lo mantenga en esta tarea, pues no puede retirarlo cuando es evidente que no la estamos ganando y el ejército no se puede ir en retirada perdiendo.

Por el lado mediático y de la opinión de los intelectuales y de las organizaciones civiles nacionales e internacionales, se expresan reiteradas voces en contra del papel del ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que es un ingrediente más en contra del gobierno, porque estas voces están muy atentas al comportamiento de los militares y a destacar más sus errores que sus aciertos y sobre todo, a dar amplia difusión a las acciones negativas que la gente de las comunidades denuncia en contra del ejército, independientemente de que sean ciertas o no, y además, estas voces quisieran que el ejército mexicano actuara sin exceso de fuerza, con pleno respeto a los derechos humanos y verificara el currículo de los presuntos delincuentes antes de actuar en su contra.

En el campo mediático, el propio de los intelectuales y las organizaciones civiles, el gobierno también tiene perdida la batalla, porque el ejército está preparado para combatir, no para investigar, ni para prevenir, sino para actuar con toda la capacidad de fuego a su alcance; sin embargo, al ejército se le exige un comportamiento diferente a como actúan los narcotraficantes, a quienes nunca se les acusa del exceso de fuerza y ésta se destaca únicamente cuando la aplica el ejército en el combate a los narcos.

Así pues, éste es otro frente perdido, cuando se exige al ejército que respete reglas, que en una batalla no existen y que la otra parte tampoco respeta.

Muchos militares han expresado su molestia, pues además del riesgo que corren y al que están acostumbrados, han expresado que se enfrentan a ex policías y ex militares suficientemente capacitados en el manejo de las armas y además, pagados en dólares. Y por si fuera poco, corren el riesgo, como ha sido costumbre en los gobiernos panistas, de acusar a los militares, con el paso de los años, de crímenes de guerra sucia, como sucedió con los militares de alto grado que el gobierno de Fox pretendió encarcelar.

Esta batalla continuará, sin duda alguna, el presidente ha dicho que quizá rebase su sexenio, nadie sabe su límite en pérdidas humanas, pues cada día aumentan y la forma de ejecutar se hace cada vez mas sofisticada.

La otra batalla de Calderón es al interior de su propio partido, contra su dirigencia, contra el ex presidente Fox y parte de quienes integraron su gabinete, como Carlos Abascal y los miembros de la organización ultraderecha El Yunque. Esta batalla también la esta perdiendo Calderón, no se puede decir que Yucatán lo perdió únicamente Espino, sino todo lo contrario, quien en realidad perdió fueron Calderón y su partido, pues Ana Rosa Payán era la candidata original de Manuel Espino y Xavier Abreu era el candidato de Calderón, pues fue su coordinador de campaña en el proceso electoral.

El que haya ganado Calderón mayor numero de consejeros nacionales, aunque haya sido el 60%, no es un triunfo para Calderón, pues le ganó a su propio partido, compitió contra su dirigencia y la debilitó ante el electorado nacional, en este año al que le restan 13 procesos electorales. Con qué autoridad Espino, derrotado por Calderón, exhibido como su enemigo al interior y al exterior del PAN, va a motivar al panismo nacional en los procesos estatales contra las otras fuerzas políticas.

A nadie nos da gusto que el presidente pierda las batallas que emprende y menos cuando las encabeza en nombre de los mexicanos que representa, que pierda al confrontarse con su partido nos preocupa, porque lo debilita como presidente y además, lo distrae en su lucha contra el crimen organizado y si bien es cierto que los cárteles se están peleando entre sí, los panistas también.

A Propósito

1.- Resulta preocupante que en el caso de los límites, los hechos me den la razón, pues yo señalé que lo que Jalisco buscaba era preconstituir pruebas y que la propuesta de Jalisco de la Comisión Intermunicipal, originalmente planteada para brindar tranquilidad y seguridad en la zona de La Culebra, iba a motivar que Jalisco hiciera lo mismo en otras zonas de conflicto y puse como ejemplo Minatitlan, dije que iba a propiciar intranquilidad para buscar un mecanismo de coadministración en aras de la paz social.

Pues bien, ya el presidente municipal de Minatitlan denunció que el gobierno de Jalisco pretende establecer una patrulla en el poblado de Platanar, perteneciente a Colima y al municipio de Minatitlan.

Advertimos también que no teníamos quien representara los intereses de Colima en el Senado y en la Comisión de Límites de ese órgano legislativo, y ya el secretario general de gobierno declaró que la propuesta de Jalisco es inaceptable y similar a la que planteó el senado y en consecuencia, nuestros senadores colimenses no han hecho nada en favor de los intereses de Colima. Algunos ni siquiera lo han hecho en su discurso, ya no digamos en los hechos.

2. Ya se bautizó por la prensa escrita al gobernador de Jalisco, Emilio González, como “el gober dadivoso”, al haber regalado a Televisa 27 millones de pesos para realizar el programa Espacios2007. La crítica de la prensa de Jalisco es que se hace una donación a una empresa particular sumamente rica y que, además, se tomó de la partida destinada a Desastres Naturales.

3.- El periódico Ecos de la Costa y de manera particular su columnista Adalberto Carvajal, refieren de manera periódica que durante mi gobierno hubo acuerdos financieros y entregas de grandes cantidades de dinero al Diario de Colima. La respuesta es sencilla: para que fundamenten su dicho, soliciten a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, las copias de los cheques que mi gobierno pagó a Diario de Colima, a Ecos de la Costa, al grupo Radio Levy, al grupo Radio Variedades, etc., etc., y prueben así sus acusaciones, porque hasta hoy, lo único que han acreditado una y otra vez es la falsedad de sus señalamientos.

Sería sano para todos que a través de las bondades que ofrecen los programas de transparencia, se solicite la información sobre los pagos que mi gobierno realizó a los medios de comunicación durante mi sexenio. Además de que legalmente no me puedo oponer, me daría mucho gusto que se hiciera.

4.- Hace unos días, el periodista Adalberto Carvajal, en el programa de radio que tiene en el grupo Radio Levy, hizo alusión a la Señora Hilda Ceballos de Moreno, de manera innecesaria y en esa campaña por fastidiarme, comentó acerca de la compra hecha por ella de un vehículo y eso fue suficiente para que el señor Carvajal criticara a mi esposa, sembrando la sospecha de que todo lo que hago yo o mi familia es ilegal o incorrecto.

El señor Adalberto Carvajal siempre habla de actos de corrupción relacionados con mi gobierno y a la fecha, nunca ha podido probar alguno, cuando se le cuestiona sobre ello, siempre expresa que lo escuchó por ahí o que la gente dice, podría parecer que el señor Carvajal es un chismoso mentiroso en lo que respecta a mi persona y a mi familia, pero creo que tiene una obsesión sobre la corrupción familiar que desde hace muchos años atrás le inquieta y lo hace actuar de manera obsesiva sobre este tema para liberarse o expiar sobre una realidad que como él dice, muchos colimenses saben y dicen, pero que en su caso es cierta, sucedió y le atormenta.

Desde luego que el señor Adalberto Carvajal no tuvo culpa alguna de que su señor padre, hace algunos años, no tantos para que se olvide, tuvo que abandonar el estado de Colima e irse a vivir al extranjero, precisamente por haber cometido un acto de corrupción, que realizado en la etapa juvenil de Adalberto, le obsesiona y busca siempre tocar el tema de la corrupción, ligarlo con la familia, porque éste, el de la corrupción, es un tema que lo marcó desde joven y guía, además, sus acusaciones como periodista.

Cito lo anterior no como un ataque a Adalberto Carvajal, sino como una explicación de su conducta a mi persona y a mi familia, y si de esa manera él se libera de éste, que es uno de los tantos temas que lo atormentan desde su juventud, es entendible que lo haga y habrá que seguirlo soportando.

Algunos amigos me han preguntado por qué Adalberto Carvajal expresa reiteradamente ese odio hacia mi persona y hacia mi gobierno, en el cual colaboró y cobró, y le he dado vueltas para ver qué hicimos desde mi gobierno que hubiera molestado a Adalberto Carvajal o a su familia. Desde luego que el acto de corrupción que cometió su muy cercano familiar no fue durante mi gobierno, ni tampoco hicimos nada por darle seguimiento a la comisión de ese ilícito, pues al parecer era un asunto prescrito y lo único que considero como la causa de tanto ataque sin fundamento y sí con mucho odio “jarocho”, es un asunto que tuvo que ver, precisamente, con un veracruzano.

Pero el del “odio jarocho” es un tema que, por lo pronto, dejaré para otra ocasión.

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Jorge Luis Preciado, Justicia Plena

En el caso de la destitución como diputado local de Jorge Luis Preciado Rodríguez por resolución de la Justicia Federal, que le negó su protección el pasado 28 de mayo ante el amparo que Preciado había solicitado y que de manera definitiva el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió en contra de Preciado, el asunto queda concluido como definitivo e inapelable, en el caso de la destitución como diputado integrante del Congreso Local.

El 25 de mayo de 2006, el Instituto Electoral del Estado registró a Jorge Luis Preciado Rodríguez como candidato a diputado local. La Alianza por México, integrada por el PRI y el Verde, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado, argumentando su inelegibilidad en virtud de que la Constitución de Colima establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos del Estado de Colima se suspenden en los casos determinados en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción II dice: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “por estar sujeto a un suceso criminal, por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.

A su vez, el artículo 24 de la Constitución local, en su fracción I establece: “para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos”.

Jorge Luis Preciado, al momento de ser registrado el 25 de mayo de 2006 como candidato a diputado local, estaba suspendido en sus derechos y prerrogativas, en virtud de que la denuncia presentada por difamación por el doctor Christian Torres en su contra, lo hizo merecedor al auto de formal prisión el 31 de agosto de 2003, y en consecuencia, el auto de formal prisión lo hace inelegible, pues está sujeto a un proceso criminal, que si bien se encontraba suspendido por efectos del fuero que como legislador federal le protegía y no podía ser detenido, el fuero no le invalidaba su inelegibilidad para ser registrado a un nuevo cargo y estaba impedido por la Constitución local para ser registrado como diputado, pues no estaba en goce de sus derechos.

El 10 de junio de 2006, el Tribunal Electoral del Estado resolvió que Jorge Luis Preciado era inelegible y de inmediato, el Partido Acción Nacional presentó, el 14 de junio, juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Federal Electoral, mismo que resolvió el día 16 de junio de 2006, revocando la resolución del Tribunal Local Electoral que había negado el registro de la candidatura de Jorge Luis Preciado por ser inelegible.

El Tribunal Federal Electoral en su segundo resolutivo señaló: “En consecuencia, se confirma el registro de Jorge Luis Preciado Rodríguez como candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa para el tercer distrito local uninominal por el Partido Acción Nacional, decretado por el Consejo General del Instituto Electoral de la citada entidad federativa, mediante el acuerdo número 8 de veinticinco mayo del presente año”. Eso le permitió a Jorge Luis Preciado ser registrado como candidato, y aunque perdió la elección en el tercer distrito uninominal, también iba en el cuarto lugar de la lista plurinominal y por eso llegó al congreso.

El Tribunal Federal Electoral resolvió, como ya se dijo, el registro de Preciado como candidato, en virtud de que éste argumentó que en el Juzgado Primero de Distrito de Colima había promovido un Juicio de Amparo el 134/2006-III, en contra de las autoridades locales de la Procuraduría de Justicia y del Supremo Tribunal, por el asunto de la difamación y el Juez Primero de Distrito le había concedido a Jorge Luis Preciado la suspensión definitiva, misma que fue recurrida por las autoridades locales y por el agente del ministerio público federal, adscrito al juzgado primero de distrito y esta suspensión otorgada a Preciado fue uno de los argumentos que el Tribunal Federal Electoral tomó en consideración para autorizarle el registro a Jorge Luis Preciado, pero como el propio Tribunal Federal afirma en sus considerandos, el registro está condicionado a la resolución del fondo del asunto; o sea, el caso de la difamación de la que Jorge Luis Preciado solicitó amparo a la Justicia Federal y mientras no se resolviera el fondo del asunto, el Tribunal Federal autorizaba que fuera candidato.

El Tribunal Federal consideró en su resolución del 16 de junio de 2006 que el Juez Primero de Distrito considero que Jorge Luis Preciado no podía ser suspendido de sus derechos político-electorales, porque el artículo 218 de Código Penal de Colima le beneficiaba y que por lo tanto, las cosas deberían permanecer en el Estado en que se encuentran, es decir, evitar la suspensión de los derechos político-electorales de Jorge Luis Preciado Rodríguez y su baja en el padrón electoral por lo que se da a entender que está en pleno goce de los derechos mencionados y luego entonces, no existe al momento base alguna, mientras no se resuelva el fondo del asunto (el delito de difamación), para declarar la inelegibilidad de Preciado.

El Tribunal Federal consideró lo siguiente: “De esa forma tenemos que, si el ciudadano tiene el carácter de candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa, y que la suspensión definitiva que le fue concedida es susceptible de ser recurrida, es claro que el estado de elegibilidad en el que se encuentra, está sujeto a la resolución definitiva del juicio de amparo 465/2006-III, pues de lo contrario, quedaría privado de sus derechos político-electorales, por virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, actualizándose por ende, la causa de inelegibilidad que le impide acceder al ejercicio del encargo de mérito”. O sea, sería inelegible si perdía el amparo.”

“Como consecuencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional federal estima, que la validez del registro otorgado a Jorge Luis Preciado Rodríguez por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, queda condicionada al caso de ser recurrida la suspensión definitiva otorgada a favor del actor, pues existe la posibilidad de que dicha suspensión sea revocada por autoridad ulterior, o en su caso, de que el quejoso no obtenga la protección de la Justicia de la Unión en el amparo tramitado, supuesto en el cual se surtiría lo contemplado en la fracción II del artículo 38 de la ley electoral local, haciéndole inelegible para acceder al cargo de diputado local referido”. Fin de la cita.

O sea, la condición de que la justicia federal no lo ampare se dio el pasado 28 de mayo de 2007 y Jorge Luis Preciado perdió el amparo, que había promovido para efectos y al darse la condición contemplada por el Tribunal Federal, se considera que Preciado es inelegible, porque su argumento de que le habían concedido la suspensión definitiva fue echada abajo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y por eso es destituido, porque la condición se cumplió.

Asimismo, el Tribunal Federal Electoral precisó: “Asimismo, debe precisarse que en ese caso, sucedería lo mismo en el supuesto de que una vez celebrada la jornada electoral, el candidato en cita obtuviera la victoria y por ende, fuera llamado por el Congreso del Estado para ocupar el cargo de mérito, pues tendría que separarse, por virtud de la referida inelegibilidad, pues conforme al artículo 24, fracción I de la Constitución local, quien aspire a ocupar un cargo de elección popular, para acceder a este, debe estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos”.

O sea, entró de diputado plurinominal y al perder el amparo es inelegible y en consecuencia, no debe ocupar el cargo de diputado y por eso es separado de la diputación que ocupaba. Debe quedar claro que este amparo que Jorge Luis pierde se refiere a que no es elegible, y nada tiene que ver con el otro amparo que presentó Jorge Luis y que aún no se resuelve sobre si hubo o no difamación. Así de simple es todo: Jorge Luis es destituido porque no era elegible al momento de su registro y eso es lo que resolvió la justicia federal al negarle su protección, aunque sigue pendiente el amparo relativo a si hubo o no difamación.

El Tribunal Federal considero también lo siguiente: “En ese orden de ideas, y de llegarse a consumar plenamente los hechos precisados en los párrafos que anteceden, y en virtud de los efectos vinculativos que tiene la presente ejecutoría, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y el Congreso de dicha entidad federativa, deberán realizar los actos conducentes y oportunos, tendentes, ya sea a impedir que Jorge Luis Preciado Rodríguez acceda al cargo de diputado, o bien, a separarlo del ejercicio del mismo, a fin de evitar prácticas que violenten lo ordenado por la Constitución local”.

Así, el Instituto Electoral lo registró porque en ese momento la justicia federal no había resuelto en definitiva el asunto de la elegibilidad y al resolverlo el pasado 28 de mayo de 2007, el Congreso del Estado lo separó del cargo como lo había previsto el Tribunal Federal Electoral.

Los directivos y diputados panistas han expresado que el asunto no está concluido y que en consecuencia, Jorge Luis Preciado podrá regresar al Congreso del Estado si resulta absuelto en el caso de la difamación. Eso es una equivocación, porque el asunto relativo a la inelegibilidad de Preciado está resuelto de manera definitiva, pues era inelegible al momento de su registro y al momento también de su ingreso al Congreso y lo sigue siendo y la causa por la que es destituido es la inelegibilidad. O sea, por estar privado de sus derechos al momento de su registro como candidato.

Si cuando se resuelva el fondo del asunto de la difamación, resulta absuelto Jorge Luis Preciado, el supuesto de la inelegibilidad no desaparecerá, porque ésta ya la resolvió en definitiva la Justicia Federal, la cual no condicionó su elegibilidad a que fuera inocente en el asunto de la difamación. Si el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en su resolución hubiera determinado que si Preciado era absuelto por el delito de difamación debería ser restituido en el cargo, así sería, pero la resolución no admite condición alguna, como si la previó el Tribunal Federal Electoral, que condicionó el registro de Jorge Luis Preciado y su posible separación del cargo si la justicia federal lo declaraba inelegible, lo cual sucedió, se dio la condición y en consecuencia, la separación del cargo.

O sea, la inelegibilidad de Preciado no tiene vuelta de hoja, ya es un hecho consumado. Su posible inocencia en el delito de difamación, lo hará quedar absuelto de dicho delito, pero eso no le quita lo inelegible como ya lo decretó el Tribunal Federal Electoral, al negarle la justicia federal el amparo.

Queda claro que a Jorge Luis lo destituye el Congreso del Estado, porque se cumplió el supuesto que consideró el Tribunal Federal Electoral y que se dio al resolver el Tribunal Colegiado en Materia Penal en contra de Jorge Luis. Si este Tribunal Colegiado hubiera resuelto a favor de Jorge Luis, no hubiera sido separado del cargo, pues la justicia federal lo hubiera considerado elegible, que era la otra condición que consideró el Tribunal Federal Electoral, pero no fue así.

Una resolución de elegibilidad a favor de Jorge Luis no hubiera resuelto si era inocente o no en el caso de difamación. Y esta resolución de inelegibilidad, tampoco resuelve si es culpable o no en el caso de difamación, lo único que está reiterando la justicia federal es la validez del auto de formal prisión que hace inelegible a Jorge Luis Preciado.

O sea, una autoridad federal determina que lo que hicieron las autoridades locales, tanto de la Procuraduría de Justicia y el Tribunal de Justicia Estatal, en cuanto a la orden de aprehensión y al auto de formal prisión fueron actos ajustados a derecho y por tanto, jurídicamente colocaron a Jorge Luis Preciado en el supuesto previsto en las leyes locales y federales de que quien está sujeto a un proceso criminal está privado de sus derechos políticos para votar y ser votado y en consecuencia, lo hace inelegible para un cargo de elección popular.

En este caso, estamos analizando objetivamente las resoluciones tanto del Tribunal Federal Electoral, como de la Justicia Federal en materia de amparo y no estamos considerando el asunto de la difamación, en consecuencia, no se puede argumentar que la justicia local actuó de una manera equivocada en contra de Jorge Luis Preciado, porque la Justicia federal validó lo actuado por las autoridades locales.

El fondo del asunto de la difamación habrá de resolverse también en instancias federales y en consecuencia, hasta el momento todo ha sido conforme a derecho y cuando el derecho coincide con la justicia es mucho mejor para todos.

A propósito

1. Aunque a veces mis colaboraciones les parecen muy largas a algunos, he preferido que así sean para argumentar y razonar y evitar en lo posible, el uso de adjetivos en virtud de que éstos no forman parte de mi estilo.

No daré respuesta a la carta que el pasado viernes publicó en los medios locales Salvador Silva, operador del área de Comunicación del Gobierno del Estado, y no lo haré por dos razones: primero, porque es una carta provocadora y, segundo, porque el miércoles pasado, antes de la publicación de dicha carta, asumí el compromiso de no dar respuesta a las agresiones mediáticas de funcionarios del gobierno del estado hacia un servidor y como siempre he honrado mis compromisos, los voy a cumplir en los términos acordados.

No importa si otros cumplen o no con la palabra empeñada.

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Límites, Corrección del Rumbo

Me satisface por Colima y por el fortalecimiento de liderazgo priísta en el Estado, que el señor gobernador haya decidido presentar una contrapropuesta a lo acordado por la Comisión de límites del Senado de la república el 16 de mayo y no aceptar la creación de la Comisión Intermunicipal y mucho menos que Jalisco coadministre territorios colimenses. El anuncio lo hizo el señor gobernador el pasado sábado en los términos siguientes: “El gobierno del estado creará un Consejo Estatal para la defensa del territorio y propondrá, ante la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República, que en lugar de pactar un organismo intermunicipal encabezado por los alcaldes de Manzanillo, Colima y Cihuatlán, Jalisco, se impulse lo que sería un comité interestatal, con el propósito de no generar la situación de una figura asociativa entre dos municipios, dado que Jalisco no aporta parte de su territorio” (las negritas son mías).

Desde el sábado 19 de mayo declaré mi oposición a la Comisión intermunicipal y con argumentos lógicos y jurídicos sustenté mi declaración. A partir de ella, algunos voceros oficiosos y apoyadores permanentes se lanzaron en mi contra y descalificaron mi declaración sólo por ser yo quien la hacía. Buscaron descalificar al emisor de la propuesta, pero no rebatieron los argumentos que en ella se expusieron.

El señor gobernador fue sumamente respetuoso de mi declaración y expresó que todas la voces son respetables y que se trataba de ir unidos en la defensa de los límites. Coincido a plenitud con él.

Los apoyadores oficiosos argumentaban que mis intenciones eran inconfesables y destacaban que había un apoyo pleno y total al señor gobernador, hecho que nunca discutí ni puse en duda. El PAN y el PRD apoyaron al gobernador en la defensa de los límites, pero expresaron siempre su discrepancia en torno a la Comisión Intermunicipal. Desde luego, mis declaraciones no les gustaron y fui referencia obligada de los dirigentes de esos partidos. Así se expresaron los hermanos Carlos y Jaime Sotelo del PRD y Víctor Torres del PAN, a quien ya Martha Sosa lo puso en su lugar por hablador. El diputado Jorge Iñiguez expresó también su desacuerdo con la Comisión Intermunicipal.

Los apoyadores oficiosos pusieron siempre por delante su apoyo incondicional al señor gobernador y equivocaron el objetivo, porque Jalisco no pretende quitarle al licenciado Silverio el cargo de gobernador, lo que pretenden es quitarnos territorios y estos apoyadores opinaron más en función del gobernador que de las pretensiones de Jalisco y de la coadministración de los territorios nuestros.

Es cierto, yo no di el énfasis en los puntos que los apoyadores lo dieron y ese fue el motivo de su preocupación: el apoyo al gobernador. En mi caso, siempre he reiterado el reconocimiento a su liderazgo y además, nunca me confundí, pues siempre hablé de que lo importante era la defensa de los territorios de Colima y ellos creyeron que apoyando la Comisión Intermunicipal, que ya no se va a integrar por decisión del gobernador, apoyaban por ese sólo hecho al titular del ejecutivo; en cambio, yo siempre dije que se ayudaba más advirtiendo los peligros y riesgos que corremos, pues en esta etapa del conflicto lo importante es no cometer errores y creo que el licenciado Cavazos ha actuado correctamente.

Sobre ese punto, el periodista Héctor Espinoza, de El Noticiero, dijo ayer lunes 28 de mayo: “Finalmente, el gobernador Silverio Cavazos hizo caso a los reclamos de diferentes actores políticos, así como organismos y partidos políticos, y antes de tomar decisiones se reunió con senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes y dirigentes de partidos, para dialogar durante más de 6 horas y determinar que el miércoles propondrá al Senado una contrapropuesta para una comisión interestatal de vigilancia del conflicto de límites, en lugar de una comisión municipal como en principio fue anunciado”.

“Y los resultados de esa reunión seguramente le demostraron al gobernador el beneficio que significa tomar decisiones de gobierno con el apoyo de todos los representantes políticos del Estado, porque eso además lo fortalece como gobernante, y le favorece a su partido”.

En la columna “Los caudillos y su sombra” publicada en el periódico Ecos de la Costa el domingo pasado, se afirma que: “El posible acuerdo para la creación de una Asociación Intermunicipal que ayude a resolver los problemas generados en la zona en conflicto entre Colima y Jalisco, parece destinada al fracaso. Y lo está por varias razones fáciles de entender y percibir. En primera instancia ha recibido el rechazo en ambos lados de la frontera. Lo mismo se critica al gobernador Silverio Cavazos por su aceptación a la firma de un convenio inexistente, e incluso, a pesar de las solidaridades que eran de esperarse en el PRI, en el Poder Legislativo y de algunos presidentes municipales, entre ellos Virgilio Mendoza y Mario Anguiano, prevalecen las dudas sobre la viabilidad del proyecto”.

Y en su editorial del sábado pasado, el Ecos de la Costa afirma: “Como una estrategia para corregir los efectos que pudo tener un desafortunado acuerdo que los jaliscienses interpretaron como una declinación de Colima en la defensa de sus límites, este miércoles, el gobernador Silverio Cavazos Ceballos presentará ante la Comisión de Límites del Senado de la República una contrapropuesta en el sentido de crear una Comisión Interestatal de Vigilancia respecto al conflicto limítrofe, en lugar de la intermunicipal que en un inicio se acordó, pues se trata de atender un problema entre entidades y no entre municipios”.

El mismo Adalberto Carvajal, quien siempre está en contra de lo que yo digo, afirma: “Más allá de las circunstancias políticas, hay obstáculos legales. De acuerdo a quienes la han estudiado, en la Constitución General de la República no existe una figura para que un Estado de la federación administre el territorio de otra entidad. Un acuerdo de esta naturaleza no puede estar por encima de la soberanía de los estados de la República ni de la Constitución que los gobernantes protestaron cumplir y hacer cumplir”. Desde luego que el Diario de Colima expresó casi a diario su oposición a la Comisión Intermunicipal.

Pero el señor gobernador dio una respuesta muy clara: “se hizo una análisis profundo de lo que es la propuesta que hizo el Senado y hemos tomado el acuerdo de generar una contrapropuesta que nos permita seguir generando la posibilidad del convenio, que era en el sentido estricto de poder dar tranquilidad a la zona y de que no se generara ningún conato de violencia”, y agregó: “nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos consensado la creación de un Consejo Estatal para la defensa del territorio colimense y de nuestra soberanía”.

Por mi parte, reitero que el señor gobernador actuó de una manera inteligente y que planteó a los colimenses la propuesta hecha por Jalisco en la Comisión de Límites y así se abrió el espacio para las múltiples expresiones que se dieron y, por su parte, no descalificó a nadie, condujo prudentemente el debate que se dio en los medios y entre las personalidades políticas y de entrada, tuvo una ganancia inmediata, pues se dejó apoyar y quedó claro que en ese caso tiene todo el apoyo del priísmo, de las dirigencias panistas y perredistas y de las Cámaras empresariales y al final, ya fortalecido con las múltiples expresiones de apoyo en su favor, decidió rechazar la propuesta que le presentaron el 16 de mayo en México.

Los apoyadores oficiosos, no deben sentirse decepcionados sino todo lo contrario, al gobernador le quedó muy claro el apoyo que le brindaron y de seguro, hizo buen registro de ello. No deben sentirse decepcionados porque apoyaron una Comisión municipal que no se hará porque no conviene a Colima; por eso, el gobernador decidió presentar una contrapropuesta, sabedor de que cuenta con el apoyo de todos y además, está seguro que su propuesta de una Comisión Interestatal serán también apoyada por los apoyadores oficiosos, pues esa es la tarea que tienen encomendada.

O sea, deben sentirse bien porque cumplieron con su función, apoyaron al señor gobernador y de paso, algunos de ellos se desahogaron al declarar en contra mía y pretendieron dar la impresión de que no sólo apoyan, luchan y pelean, aunque sea conmigo, como fue el caso de los hermanitos Sotelo, de Víctor Torres, del senador Rogelio Rueda, etc.

Lo verdaderamente importante es que el señor gobernador estuvo a la altura de las circunstancias y le queda muy claro, como lo dijo el pasado sábado: “la razón jurídica, histórica y, desde luego el conocimiento que tiene Colima en la zona a través de los actos de autoridad que despliega desde antes de 1917 en el territorio que reclama Jalisco, nos acredita fehacientemente que vamos a generar la argumentación y las pruebas adecuadas, como las 590 que ya se han hecho valer ante la Suprema Corte”.

A propósito

1. Quien es primero en tiempo es primero en derecho, así que primero daré respuesta, por falta de espacio, a la carta que me dirigió el licenciado Salvador Silva Padilla y el próximo viernes, daré respuesta a la del senador Rogelio Rueda.

Licenciado Salvador Silva Padilla

Estimado Chava:

En primer lugar, no sé que tenga que ver con el tema de los límites o de la libertad de expresión, el que nos des a conocer tu edad.

Dices que publiqué una información falsa en mi columna, al afirmar que tú llamaste para que el senador Rogelio Rueda interviniera durante la entrevista radiofónica que me hacían en esos momentos en FM 90.5 y yo creo que no tienes razón y que no obstante tus 48 años, ignoras la naturaleza de mi declaración y el por qué te incluí en ella, en el marco de un asunto político y en alusión a una jerarquía política a la que tú perteneces y que en materia de información representas oficiosamente, más no de manera oficial, pues, al parecer, careces de nombramiento en el área de comunicación social en el gobierno del estado.

Lo anterior hace más delicada tu intervención en este asunto, pues trataste de impedir, infructuosamente, que la entrevista se realizara en Radiorama y si bien tienes razón en cuanto a que tú no metiste a Rogelio Rueda a la entrevista, en cambio, sí es cierto que trataste de impedirla, lo cual es peor, y llamaste antes de la entrevista para que ésta no se realizara.

Ahora bien, en nuestra plática telefónica del pasado sábado, ante tu reclamo de que tú nada tuviste que ver con lo del senador Rueda, te dije que cuando llegué a la estación de radio, el director me informó que había platicado contigo y le habías expresado el interés de que la entrevista se cancelara y tú me confesaste que tenías varios meses buscando al director de la radio y que, coincidentemente, lo habías localizado minutos antes de mi entrevista, después de varios meses, no obstante tu experiencia periodística y tus 48 años de edad, y que lo único que le pediste fue que la “checara” a un nivel más alto, que se la autorizaran a otro nivel, es decir, el de tu jefe inmediato.

Te expliqué, también por vía telefónica, que te cité a ti, para evitar citar a la persona para quien trabajas y que fue quien te dio la instrucción de impedir que yo hablara en la radio. Te dije en nuestra conversación que me consta que superiores tuyos llamaron al director de la radio, para que se interrumpiera mi declaración y que en un comercial el nerviosismo del director de la radio me llevó a preguntarle cuál era la razón de su preocupación y me informó que lo más recomendable era que la entrevista se suspendiera. Omito decir el nombre de quien, según me informaron, fue quien dio la instrucción, pero ya te lo dije cuando hablamos por teléfono.

El director de la radio quiso cumplir con la instrucción, pero le expresé que yo iba a informar al aire que la suspensión de mi entrevista se debía a que órdenes superiores así lo habían instruido y dándose cuenta que no me iba a salir de la cabina, pues mi invitación fue de dos a tres de la tarde, me propuso que se le diera espacio al senador Rogelio Rueda, lo cual acepté. Así que, efectivamente, tú no lo pediste, sino tu jefe inmediato, pero tú iniciaste el infructuoso boicot a mi entrevista.

Chava: eres maestro de la Escuela de Letras y Comunicación y siempre supuse que eras un defensor de la libertad de expresión y que eso le enseñabas a tus alumnos, pero a tus 48 años acreditas que la atropellas y que atentas contra ella de manera oficiosa y antidemocrática.

Me parece una arbitrariedad de tu parte que hayas pretendido que mi entrevista no se diera o hacerle sentir al director de la radio que eso causaría molestia a tus superiores. Yo sí acepté que interviniera el senador Rueda, fue precisamente porque me había referido a él y era correcto que él expresara al aire sus argumentos, pero comenzó igual que tu descalificándome y acusándome de decir mentiras y a salir innecesariamente en defensa del señor gobernador a quien tú y el senador Rueda involucran sin motivo en estos hechos.

Por último, Chava Silva, no lamento que no seas leal a la amistad, sé que esta se acabó cuando dejé el cargo, lo que preocupa es que no seas leal con el gobierno donde actualmente cobras, pues con tu carta pretendiste lavar tu culpa e irresponsablemente, confirmar la intervención de tus superiores.

Me da pena Chava, no tu incapacidad para impedir mi entrevista, sino tu atrevimiento y que a pesar de tus 48 años, con tu carta te quieras pasar de “chistoso” en algo que te debería avergonzar profesionalmente: ser oficiosamente ineficiente.

Pero como te dije el sábado por teléfono, Chava Silva, el 2009 está cerca y después de eso, quizás ya sin compromisos ni fobias sexenales, a lo mejor podemos platicar y recordar las razones que nos hicieron amigos y no las que nos han confrontado. A fin de cuentas, ya falta poco para el 2009 y si no pudiste detener mi entrevista, el tiempo menos.

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Los Límites, Jalisco el Adversario a Vencer

Decía ayer que me preocupa las declaraciones del senador panista Jesús Dueñas, integrante de la Comisión de límites, por dos razones: una, porque se declara imparcial en el tema y la otra porque propone reformas a la facultad del senado en el asunto de los límites. El senador Dueñas afirma que su actuación como miembro de la Comisión de Límites del Senado “será imparcial, porque me va a tocar ser juez de esta problemática”.

Me parece un error del senador Dueñas, porque no debe ser imparcial porque representa los intereses de Colima y el de sus electores, que lo llevaron al senado por mayoría, pues el senador panista de Jalisco, Héctor Pérez Plazola, también integrante de la Comisión, no será imparcial pues representa los intereses de Jalisco y de sus electores en dicha Comisión.

Creo que el senador confunde su responsabilidad como miembro del Senado y particularmente de la Comisión de Límites y esta ahí no para representar a su partido, pues es un senador de mayoría que deberá representar el interés de los colimenses que defendemos la soberanía de nuestro Estado y el dominio de los territorios en conflicto.

Por eso preocupa su declaración y la manera como se confunde en el papel que le toca representar, porque se equivoca y cree que él será juez en este asunto. Un juez resuelve, él como miembro de la Comisión será parte en la elaboración de un proyecto de dictamen, que será presentado al pleno del Senado para que éste juzgue y resuelva.

Es cierto en el seno de la Comisión se van a valorar las pruebas aportadas y él deberá defender el valor de las pruebas aportadas por Colima y tratar de restar valor a las presentadas por Jalisco. Si él es imparcial, no tendremos en el seno de la Comisión a nadie a nuestro favor y además, el senador panista de Jalisco va a defender los intereses de Jalisco.

La Comisión de Límites se integra por tres senadores; en este caso, uno del PRD que la preside y dos secretarios del PAN, el de jalisco y el de Colima. Jesús Dueñas, no se saca en un sorteo estar en dicha Comisión, pidió ser incluido en ella y lo aceptaron, los otros senadores por Colima, o no lo hicieron, o no los aceptaron, o no acreditaron su interés por representar los derechos de Colima en la Comisión.

Martha Sosa de Rodríguezha sido muy clara al respecto y al estilo foxsista ha declarado ¿y yo por qué?, ella se ha deslindado de este asunto, con lo que ratifica su relación política con el ex gobernador Alberto Cárdenas, que fue quien presentó la demanda en contra de Colima en 1998 y en razón de su cercanía le impide definirse en favor de Colima y al igual que Jesús Dueñas, ambos senadores panistas pretenden que el panismo nacional les de la candidatura de su partido a la gubernatura si no contravienen las intenciones en contra de Colima en el asunto de límites de los ex gobernadores y ex secretarios del gabinete Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña de Sagarpa y Gobernación, respectivamente.

Ambos senadores panistas juegan en el caso de los límites en función de su aspiración al 2009, la senadora Sosa de Rodríguez en la omisión plena y el senador Dueñas en el activismo total, que incluye ser imparcial en este tema, dejando al Estado de Colima indefenso en el seno de la Comisión.

El senador Carlos Sotelo, participante en las reuniones de la Comisión, ratifica en sus declaraciones su acuerdo con la Comisión Intermunicipal en función de la unidad, así sea la entrega de la soberanía y declara que su preocupación principal es el pleito al interior del PRI, entre el señor gobernador y Fernando Moreno. Se debería de preocupar por el pleito al interior del PRD, pero sus razones tendrá para que le preocupe más un supuesto pleito al interior del PRI que la soberanía y los territorios en disputa. Le preocupan, dice, la paz y la tranquilidad. Esas palabras en voz de un senador perredista de veras que conmueven y justifican su transformación al pacifismo. Como es sabido, él representa en el Senado a su partido, en su carácter de senador plurinominal, siempre ha llegado a esos cargos por esa vía y supone que hay gobernadores plurinominales, por eso pasa lista de presente.

El senador del PRI, Rogelio Rueda, interrumpió ayer la entrevista que Radiorama de Manzanillo, me hizo en FM 90.5, programa al que tuvo acceso gracias a la petición que hizo Salvador Silva Padilla, quien solicitó al entrevistador que le diera oportunidad de declarar al senador Rueda, quien de entrada, pretendió descalificarme al afirmar que estaba yo desinformando y confundiendo a la opinión pública y emitiendo juicios de hechos inexistentes o de suposiciones irrealizables. El senador Rueda no se ha pronunciado a favor ni en contra de la Comisión Intermunicipal, pero lanzó por delante su apoyo incondicional al señor gobernador y me acusó ante el auditorio de confrontar al licenciado Silverio Cavazos y expresó su molestia porque yo afirmé que él decidió no formar parte de la Comisión de Límites porque tenía otros intereses, nunca aclaró por qué no forma parte de dicha Comisión.

Le expresé al senador Rueda, al aire, que era muy preocupante que en el asunto de límites el senador Dueñas fuera marcando la pauta y que además de haber propuesto él como consta en los medios locales hace más de quince días, propuso lo del fideicomiso para administrar la zona en conflicto y al final de cuentas la propuesta del senador Dueñas dio lugar a la propuesta de la Comisión intermunicipal.

Le dije al senador Rueda que me preocupaba que el senador Dueñas junto con el también senador panista Héctor Pérez Plazola, habían propuesto una iniciativa de ley en el Senado hace unos días, para modificar los artículos 46 y 76 de la constitución que tratan sobre la facultad del Senado en los asuntos de límites y que, desde mi punto de vista, son lesivos para los intereses de Colima. El senador Rueda me dijo que no era cierta mi afirmación, que la propuesta de los panistas era muy buena y que yo no tenía la información completa y me recomendó consultar en internet al respecto. Por mi parte, le respondí que la información se había publicado en la prensa local el jueves pasado y allí se expresaba con claridad el propósito de la reforma, pero él argumentó que el boletín estaba equivocado y yo le dije que Dueñas acreditaba su activismo en este tema y él me contestó que él, Rogelio Rueda, más que activo era eficaz.

Me queda claro que el senador Dueñas propone una iniciativa de ley como miembro de la Comisión respectiva, pero se hubiera visto muy bien el senador Rueda al presentar una iniciativa de ley reglamentaria sobre este asunto y además, en su carácter de abogado. Pero, lástima, no lo hizo.

La propuesta que me preocupa de los senadores panistas se centra en los siguientes párrafos de la información publicada: “Las actuaciones hechas por las entidades federativas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnadas al Senado de la República podrán reconocerse como válidas en sus términos siempre que el asunto sea ofrecido como prueba; en caso contrario, se iniciarán como asunto nuevo ante la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, ajustándose al procedimiento contenido en esta ley.
“Los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hayan recaído sobre las actuaciones de las controversias hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente tendrán validez como criterios a ser tomados en cuenta por la comisión, misma que podrá cambiar el criterio”.

O sea, que se está proponiendo que lo actuado por la Suprema Corte en el caso de límites no sea tomado en el caso de las pruebas como una valoración obligada, si no optativa y si consideramos que Colima aportó 590 pruebas que son el soporte jurídico del derecho que tiene Colima y Jalisco apenas aportó 25 pruebas, no se obligue a que el Senado de oficio haga la valoración respectiva, y habrá un nuevo periodo de aportación de pruebas, puesto que el mismo Senado instruyó a la Corte que remitiera el expediente completo de lo actuado, lo que supone que el Senado dará la importancia que tiene a las pruebas ya presentadas y si en la Comisión respectiva el senador por Colima será imparcial, no hará valer, sin duda, las 590 pruebas que favorecen a Colima.

Le recordé al senador Rueda que yo no estoy confrontado con el Gobernador, ni promuevo nada en contra de su liderazgo, el cual reconozco, y que tampoco tenemos por qué confrontarnos el senador y yo puesto que los adversarios en este caso son los de Jalisco que han ido marcando la pauta en este asunto.

Sobre el tema de la Comisión intermunicipal, el senador Rueda no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, solo dice que apoya al señor Gobernador, pero debe reiterar para ver si les queda claro a todos, incluido el senador Rueda, por supuesto, que nadie está en contra del señor Gobernador, sino que estamos en contra de los de Jalisco, tampoco están en duda el liderazgo y la firmeza del señor Gobernador en la defensa de los límites y en el cumplimiento de sus responsabilidades, pero sí estamos advirtiendo la pretensión de Jalisco, su interés de preconstituir pruebas, para la etapa que abre el Senado y por eso quieren ejercer actos de dominio y coadministrar territorios de Colima, para acreditar ante el Senado que han autorizado construcciones y obras en la zona y que han cobrado impuestos y ejercido la autoridad municipal, como lo ha declarado públicamente el Gobernador de Jalisco.

Le reiteré al senador Rueda que no se trata de que me ganen a mí en este asunto, si no que le ganen a Jalisco y que si dos ex gobernadores de Jalisco tienen interés e intervienen en el asunto, yo únicamente doy mi opinión como ciudadano y no va ser descalificándome como puedan juzgar mis argumentos, le dije también que de nada sirven los apoyadores oficiosos.

Por mi parte, entiendo muy bien cómo la senadora Sosa y el senador Dueñas aprovechan el caso de los límites para sus aspiraciones al 2009, están en su derecho de hacerlo y yo, como priista y colimense, de criticar su estrategia y sus intenciones y entiendo muy bien cómo juega el senador Rueda y está en su derecho de hacerlo.

Hace algunos días, en el periódico Avanzada, el senador Rueda se destapó como aspirante a al gubernatura por el PRI y ayer declaró que no es tiempo para destapes sino para el trabajo y en el marco del conflicto de límites, él esta haciendo su trabajo y ya dio inició, como lo anuncio ayer, a una gira por los diez municipios para informar a los colimenses sobre el asunto de límites. Que nadie se confunda no va a hacer campaña, sino a informar lo que ha hecho en el senado en favor de Colima en este asunto. Lo curioso es que los senadores panistas, sobre este asunto actúan en el senado y ambas posturas son respetables en función de sus aspiraciones al 2009, lo que preocupa es lo que se hagan en función de los límites.

El ex senador Héctor Michel, también aspirante a la candidatura, enlistado por el señor Gobernador al igual que otros priístas más, sobre el tema opinó que no se deben preconstituir pruebas y que nadie ajeno a Colima puede hacer obras y servicios en nuestro territorio. De manera sutil está en contra de la Comisión Intermunicipal, pero da su apoyo al señor Gobernador.

El diputado federal Arnoldo Ochoa dice que apoya la creación de la Comisión y también al Gobernador, a quien defiende argumentando que no tenía otra opción. El no aceptar la creación de dicha Comisión era otra opción.

Mario Anguiano declara que apoya la creación de la Comisión Intermunicipal y que a veces es mejor ceder para lograr la tranquilidad.

Luis Gaitan Cabrera afirma que apoya con todo al señor Gobernador y también la creación de la Comisión Intermunicipal.

Humberto Silva Ochoa, según lo publicado en los editoriales del periódico de su propiedad, Ecos de la Costa, el pasado martes y jueves, no está de acuerdo con la Comisión Intermunicipal. El martes dijeron: “El acuerdo podría ser muy desventajoso para Colima, por cuanto supone sentar precedentes jurídicos que, en el futuro, servirían para la causa de Jalisco. Y en ello se ve una significativa ventaja par los legisladores panistas de Colima, pues el gobierno estatal, de extracción priísta, perdería el litigio territorial y el PAN podrá sacar raja electoral de ese fracaso”.

El pasado jueves publicaron: “Es evidente, pues, que el Gobierno de Jalisco da por hecho que las autoridades de Colima aceptarán “que las funciones municipales las haga Cihuatlán” mientras la presidencia de la Comisión Intermunicipal la ocupe el alcalde cihuatleco. Y eso no es admisible. No se puede permitir. De ahí la pertinencia de reformular el acuerdo para que los jaliscienses no piensen que Colima esté cediendo facultades que le corresponden como posesionario del territorio en disputa”.

Juan Carlos Pinto y Carlos Cruz no se han pronunciado sobre la Comisión, pero nadie duda de su apoyo al señor Gobernador en la defensa de los límites.

Roberto Chapula De la Mora apoya al señor Gobernador, pero quiere conocer antes los puntos del acuerdo para opinar con certeza.

Itzel Ríos De la Mora, de manera inteligente como lo ha venido haciendo, da su respaldo pleno al señor Gobernador y dice que los diputados son autónomos y está segura de que harán un análisis serio para aprobar la Comisión.

No hay duda, pues, que el apoyo al Gobernador es indiscutible dentro del priismo, al cual me sumo y reitero, pero donde sí hay discrepancia es en el asunto de la Comisión Intermunicipal y me parece muy riesgoso de algunos apoyadores oficiosos que tratan de confundir el apoyo al señor Gobernador con el apoyo a la Comisión Intermunicipal.

Sobre el tema el PRD, dice que sí pero que no, pero apoyan al señor Gobernador.

Los panistas están divididos, la dirigencia dice que si, Víctor Torres dice que no, Virgilio dice que sí, Nabor permanece callado y Martha Sosa está ausente del tema.

Canaco, Canacintra Y Coparmex dicen que los alcaldes no deben tener poder en la Comisión Intermunicipal, ratifican su apoyo en la defensa del territorio, pero afirman que hace falta conocer a fondo los términos en que “se dio” el convenio para poder emitir una declaración más amplia y coinciden en que desconocen los detalles jurídicos del convenio.

Quiero dejar en claro para quienes pretendieron ayer boicotear mi presencia en FM 90.5 Radiorama de Manzanillo, que no ando promoviendo nada en contra de nadie y que si asistí a dicha estación radiodifusora fue atendiendo a una invitación de sus directivos, en virtud de que el pasado martes se dio la noticia en dicha estación de que un familiar mío había derribado una torre de la comisión Federal de Electricidad en el tercer anillo periférico en la madrugada del día 13 de mayo.

Les llamé para decirles que estaban en un error, que el ayuntamiento de Villa de Álvarez había informado desde hace días que una camioneta propiedad del señor Adolfo Contreras Alejandrez, que esta detenida por las autoridades de vialidad de ese municipio, había sido el vehículo que se impactó contra dicha torre y que se encontraban en calidad de detenidos sus dos ocupantes: José Guzmán López y Luis Rivera García, el primero detenido en el lugar de los hechos y el otro en el Seguro Social.

Recomendé a los directivos de dicha estación radiofónica que pidieran información al ayuntamiento de Villa de Álvarez y fue el propio presidente municipal quien al día siguiente, el miércoles, informó al aire en esa estación que mi familiar nada tenía que ver con dicho asunto y él afirmó, como es cierto, que mi familiar vive fuera de Colima, que es médico y que él sabía que estaba fuera haciendo un curso.

En el periódico el Noticiero también se publicó información similar, lo que me obligó a llamar al periodista Héctor Espinoza, a quien solicité la aclaración correspondiente y agradezco que lo haya hecho en la edición del pasado jueves. Sé también, lo cual agradezco, que el señor procurador al ser interrogado sobre el asunto, dio la información correcta, eximiendo de toda responsabilidad a mi familiar.

Me queda claro que este infundió, chisme o rumor forma parte de la campaña de desprestigió en contra mía y de mi familia y que me obligó a ir a dicha estación radiofónica, porque ahí se originó la difusión equivocada de dicha información.

Agradezco la corrección que han hecho los diferentes medios de comunicación al respecto y abordo el tema, no para victimizarme por el rumor frecuente en mi contra, sino para dejar en claro por qué acudí a la estación de radio en Manzanillo y que, en reciprocidad a su corrección, acepté que me entrevistaran.

No promuevo guerras contra nadie, no tengo tiempo porque tengo tareas en mi Partido que me mantienen muy ocupado y una columna que me obliga a trabajar más cada día, pero no me quejo, porque, además, siempre he dicho que quien se lleva se aguanta y a muchos les consta que yo aguanto.

Mi capacidad de ataque aún no está acreditada, pero sí la de respuesta.

Límites; Preservar el terriotrio

Reitero, en la defensa de los límites todos los colimenses unidos, pero no en la entrega, ni en facilitar a Jalisco la preconstitución de pruebas.

El sábado 19 de mayo se publicó en Diario de Colima una entrevista que me hizo dicho periódico donde señalaba la inconveniencia de firmar el convenio para crear la comisión intermunicipal que administrará el área en conflicto en la zona de La Culebra y el Rebalse, derivado esto del acuerdo que el pasado 16 de mayo se generó en la reunión de las autoridades de Colima y Jalisco en el Senado de la República y en presencia de la comisión de límites de ese órgano legislativo.

A partir de mi declaración, surgieron innumerables voces a favor y en contra de dicho acuerdo. Sin embargo, quienes han declarado en favor de apoyar el acuerdo, en su mayoría, no obstante que apoyan la creación de la comisión, proponen modificaciones a sus atribuciones.

Quienes nos hemos expresado en contra del convenio que da vida a la Comisión, no lo hacemos de mala fe, como se aprecia en la argumentación, no se trata de estar en contra por estarlo, sino que se han dado razones políticas y argumentos jurídicos para que no se firme dicho acuerdo. Hay otros que no están de acuerdo con la Comisión y lo han expresado, pero terminan por aceptarla únicamente porque yo estoy en contra, pero debe quedar claro que no se trata de ganarme a mí o a Diario de Colima en este asunto, sino a Jalisco, pues de nada va a servir a Colima que me ganen y pierdan con Jalisco.

Antes de hacer la declaración oponiéndome a dicha comisión, le comenté a un amigo que iba a declarar que estaba de acuerdo con la Comisión y que me parecía lo más correcto y que era adecuado firmar el convenio, para que así me dieran contra y no lo firmaran y se protegieran los intereses de Colima. Pero en este asunto es importante fijar claramente una posición, no para darle gusto a nadie, ni para molestar a nadie, sino únicamente para que se resuelva el fondo del asunto en favor de Colima.

Por otra parte, está claramente acreditado cuál fue mi papel como gobernador en este asunto, yo no perdí el juicio como dice Juan José Santos del PRD, el asunto no esta resuelto, se puede complicar si cometemos errores. Durante mi gobierno, se contestó la demanda, se instaló la Comisión en cuanto asumí el cargo y concluido mi gobierno la desaparecieron. Aportamos las 590 pruebas y después de mi gobierno no se ha aportado ninguna más, porque dicho período de aportación y desahogo se cerró durante el último año de mi gobierno; se contrató un despacho calificado y durante los 6 años de mi gobierno, Jalisco no nos invadió, ni nos amenazó, ni generó violencia en los territorios de Colima, ni arrestó a ningún jefe policíaco, conmigo ni lo intentaron ¿por qué sería? Estoy seguro que de haber sucedido algo en contra de Colima en esa zona o en otra hubiera mandado al Doctor Sam y al Capitán Cendejas a que los desalojaran de inmediato.

Así que no se confundan, si los del PRD o quien sea, tiene alguna prueba de que no hicimos lo correcto, que la publiquen; de lo contrario, será como siempre: chismes y rumores sin sustento. De lo que sí hay pruebas públicas es de que quienes perdieron el juicio son los del PRD, pues andan como locos por el país reconociendo a López Obrador como presidente legítimo, eso sí es perder el juicio.

Pues bien, las autoridades locales, según se publicó el pasado 17 de mayo, “consideran el acuerdo de formar la comisión intermunicipal como adecuado, pues con ello no se detiene el progreso de la zona, además se abre un espacio de tolerancia en inclusión, sobre todo gobernabilidad”.

Esta declaración no tiene desperdicio, pues hace ocho días dicen que es para no detener el desarrollo y ayer la Directora de Gobierno, Yolanda Verduzco, contradice esa declaración al afirmar: “Este es un acuerdo que da una salida política al conflicto y es el único mecanismo que puede detener la construcción de nuevos asentamientos”.

O sea, primero se dice que todo es por el desarrollo, se les olvida que el fondo del asunto no es ese, sino la soberanía sobre los territorios; sin embargo, ocho días después se dice oficialmente que así se van a evitar los nuevos asentamientos, lo que quiere decir que se va a detener el desarrollo de nuevas construcciones o asentamientos.

Se dijo hace ocho días que se abre una zona de tolerancia e inclusión. Efectivamente: se “tolera” que Jalisco expida permisos de construcción y también se “incluye” a Jalisco como autoridad en territorio colimense, y también se da “gobernabilidad”, pero compartida con Jalisco.

La Directora de Gobierno afirma: “si el gobierno de Jalisco no está de acuerdo en que el organismo intermunicipal se limite únicamente a administrar las dos parcelas donde se ubican los fraccionamientos Música del Mar y Playa Grande, Colima no va a signar nada y seguirá adelante con la defensa de los límites, que se aceptó integrar la comisión intermunicipal como la mejor forma de frenar a Jalisco, puesto que no hay otra manera al no contarse con una ley reglamentaria de límites”.

Pero la funcionaria no dice que se entiende por administrar en este caso y si dice que esta es la mejor forma de frenar a Jalisco, o sea, Jalisco se frena si coadministra territorios que nos pertenecen. Resulta lamentable que se reconozca por parte de Colima la impotencia legal de frenar a Jalisco y que la única forma sea ceder ante su agresión.

La Directora de Gobierno dice que al gobernador Silverio Cavazos Ceballos: “le preocupa que se genere entre la sociedad un estado de confusión o una inestabilidad de seguridad jurídica debido a todos los comentarios que han realizado algunos columnistas, reporteros y actores políticos en torno al controvertido tema del conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco”.

Ahora resulta que la inestabilidad y el estado de confusión lo hemos generado quienes damos nuestro punto de vista. De ser así, por el interés de Colima, debe pedírsele a los medios de comunicación que no toquen el tema o siguiendo el criterio que la Directora de Gobierno le atribuye al señor gobernador, sólo se pueda opinar a favor de la Comisión. No es así, las voces en contra se alzaron al momento que se conoció la información de la creación de dicha comisión y sus posibles atribuciones, la confusión e inestabilidad es producto de la reunión de la comisión de límites.

La Directora de Gobierno dice: “efectivamente estamos conformando un cuerpo de especialistas, de abogados colimenses, para hacer una nueva revaloración de las pruebas que hemos aportado en las tres controversias constitucionales que actualmente enfrentamos con el vecino estado de Jalisco”.

Sobre las dos controversias de límites entre los estados de Jalisco y Colima, las pruebas están aportadas y son 590, y no se puede hacer una revaloración de las mismas, puesto que ya están aportadas y desahogadas y forman parte del expediente que la Corte mandó al Senado y es nuestro sustento jurídico.

Lo que sí se requiere, como bien lo dice, es un cuerpo de especialistas y no de apoyadores incondicionales, para decidir qué hacer ante las nuevas realidades y cómo dar seguimiento al asunto en el Senado, por lo que resulta inexplicable el que hayan desaparecido la Comisión de límites que se reinstaló durante mi gobierno, pudieron cambiar algunos de sus integrantes, por razones obvias, y haber nombrado otros integrantes, esto hubiera sido entendido y aceptado.

Pero lo que no se explica uno, es que se haya desaparecido la Comisión con el argumento que da la licenciada Yolanda Verduzco: “anteriormente se tenía una Comisión donde Adolfo Virgen Schulte era el vicepresidente ellos hicieron un magnífico trabajo de recopilación, análisis y presentación de las pruebas. El gobernador en su momento consideró que ya se había agotado ese trabajo de recopilación, análisis y presentación de pruebas, y es por eso que decidió que concluyera la comisión para la defensa de los límites territoriales”.

Fue un error considerar que la Comisión de límites concluía su trabajo con la presentación de pruebas y no considerar que debió estar vigente hasta la conclusión del fondo del asunto.

Por otra parte, yo sí confío plenamente en la energía y en la firme posición del gobernador del estado en la defensa de límites de Colima y no puede ser de otra manera, pues conozco el carácter y el conocimiento jurídico del señor gobernador. Además, sé que tiene muy presente el compromiso asumido por Gustavo Vázquez en el asunto de los límites, quien declaró: “prefiero ser desaforado o encarcelado pero no ceder un centímetro del territorio colimense”.

Me parece un acierto que se esté convocando para el próximo sábado a integrar una Comisión, pero más acertado será si además de invitar a los representantes de los tres poderes y a los alcaldes involucrados, se invita a quienes están a favor y en contra de crear la Comisión intermunicipal. Este es el asunto prioritario y posteriormente, una vez que se decida firmar o no dicho acuerdo, reinstalar la Comisión de defensa de los límites que dé seguimiento al fondo del asunto.

Por otra parte, debemos recordar que el pasado 17 de mayo se anunció como iba a operar la comisión, que bueno que a ocho días después se dice en voz de la Directora de Gobierno, que los términos de cómo se va a suscribir este convenio que todavía se están analizando.

La licenciada Yolanda Verduzco señaló: “que la idea principal del gobernador Silverio Cavazos era la de crear un fideicomiso”. O sea, la idea de crear la Comisión fue de Jalisco, porque así les conviene a ellos.

Respecto a quién propuso que el organismo intermunicipal fuera presidido primeramente por el alcalde de Cihuatlán, declaró la Directora de Gobierno, que no lo podía responder porque no tuvo acceso a reunión privada.

Por otra parte, me parece que es digno de reconocer el conocimiento que la Directora de Gobierno tiene sobre el conflicto agrario de la zona.

Uno de los acuerdos a los que se debe llegar es que se suspendan las construcciones en la zona que han sido autorizadas por Jalisco en territorio colimense. No se puede argumentar como prioridad dar certidumbre jurídica a los inversionistas, continuando con la expedición de permisos de construcción por Jalisco. Reitero: la prioridad es la soberanía sobre los territorios y además, mientras ésta no se defina por el Senado, lo que más conviene a los inversionistas es esperar a que haya una solución de fondo que precisamente garantice que esos territorios son de Colima.

Las construcciones pueden esperar y no se debe tomar acuerdos que lesionen la soberanía o preconstituyan pruebas en favor de Jalisco para alentar las inversiones.

Por otra parte, Cihuatlán desea seguir otorgando permisos, pues hay un proyecto para construír 400 casas en esa zona y está detenido y se va a reactivar si Cihuatlán preside la comisión. Por eso es la urgencia del agua, no tanto para los habitantes de Colimilla, sino para dotar de agua a esas 400 viviendas y darles desde luego agua a los habitantes de Colimilla, pero ese es el pretexto: el fondo es el negocio inmobiliario.

Colimilla se llama así porque pertenece a Colima, si no se llamaría Jalisquilla, pero si se coadministra se llamara Jacolmilla el primer año que presida Jalisco y Coljalimilla cuando le toque a Colima, el problema es cual sería el patronímico adecuado. Pero el problema tampoco es el agua, ni debe ser pretexto para compartir soberanía al ceder en la coadministración de la zona.

A propósito.

Mañana abordaré nuevamente este tema, pues me preocupa la actitud del senador panista Jesús Dueñas Llerenas, de que es imparcial y más grave aún que junto con el senador panista Héctor Pérez Plazola, ambos integrantes de la comisión de límites pretenden beneficiar al gobierno panista de Jalisco reformando los artículos 46 y 76 en sus fracciones X y XI de la Constitución, al margen de los intereses de Colima y sin consultar a nadie sobre el tema.

Abordaré también la posición asumida por los partidos políticos, los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura y los dirigentes empresariales sobre el tema de la comisión intermunicipal.

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Ecos de la Costa y los Límites: Maniqueísmo Ramplón

Reitero: el asunto de los límites y el proyectado acuerdo para la creación de una comisión intermunicipal para la administración de los territorios en conflicto es un asunto que preocupa y no existe de mi parte más ánimo que no se lesionen los intereses de Colima y que no se pierda de vista el motivo de la controversia constitucional en contra de Colima es para quitarnos los territorios. No es un asunto de obra pública o de desarrollo de la zona, es un asunto de soberanía y de no sentar precedentes de que somos obsequiosos con quienes pretenden despojarnos de territorio colimense.

Siempre he considerado que la reiterada intención del Ecos de la Costa de confrontarme con el señor gobernador es una estrategia periodística que sirve únicamente para el anecdotario político, para alimentar el chisme y el rumor y para exhibir a dicho medio periodístico como carente de temas de interés político y basar sus columnas periodísticas en referencias a mi persona, relacionándola siempre con falsedades y lo más grave, negándole al señor gobernador el indiscutible liderazgo político que tiene y otorgando siempre a un servidor una fuerza política que compite con la del gobernador del estado y que están en confrontación permanente.

Este tema del supuesto conflicto concluirá, sin duda alguna, en el 2009 y después de esa fecha, ni como anécdota será tema en ninguna parte.

Pero en lo que sí es permanente y perdurará es la posición que cada uno de los colimenses adopte respecto a los límites y la defensa de la integridad territorial del Estado de Colima. Por eso fue mi declaración en el sentido que no me parece conveniente para los intereses del Estado la creación y los propósitos de comisión intermunicipal para la administración de la zona en conflicto, posición que nada tiene que ver con una supuesta y falsa confrontación de un servidor con el gobernador del Estado.

Como ciudadano, reitero que estamos otorgando ventajas a quien de manera violenta e ilegal pretende despojarnos, que estamos sentando precedentes para que en los otros territorios que forman parte de la controversia y de la ambición de Jalisco suceda lo mismo, que estamos contribuyendo a preconstituir pruebas que Jalisco no tiene y que si bien es cierto que tenemos la razón jurídica, histórica y geográfica, se está acreditando con este hecho que carecemos de la firmeza política para hacer valer nuestros derechos y para rechazar las ambiciones expansionistas de Jalisco.

El día que fue publicada mi declaración en este sentido, coincidentemente, otros columnistas de Diario de Colima y de otros periódicos, incluido el Ecos de la Costa, consideraron, al igual que yo, que ésta no era la mejor solución. Posteriormente ha habido declaraciones que confirman mi dicho, unas estando de acuerdo y otras verdaderamente preocupantes.

Preocupa lo declarado por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien afirma que otros de los acuerdos es que la Comisión Nacional del Agua haga los trabajos previos para la perforación de un pozo en los terrenos de Jalisco para proveer agua en la zona de litigio. Antes de esta declaración se había dicho que el pozo sería perforado en las márgenes del arroyo seco ubicado en Manzanillo, ahora se dice que la obra se hará en Jalisco, para que así se diga después que Jalisco abastece de agua a esa zona.

El gobernador de Jalisco declaró, como lo publica el periódico el Correo de Manzanillo el sábado 19 de mayo, que la asociación intermunicipal tiene como función proveer los servicios municipales “pero también el fungir como autoridad municipal”; o sea, la zona en conflicto tendrá dos autoridades municipales, antes nomás tenia la de Colima y ahora se agrega Jalisco a ejercer actos de autoridad en esa zona, autorizados por Colima.

El gobernador de Jalisco agrega: “Esto es, el presidente de Cihuatlan tendrá toda la facultad, una vez que esto sea llevado al congreso del estado, de seguir, incluso, en esta zona que está ahora en litigio y que nosotros reconocemos como Jalisco, otorgando licencias de construcción, participando en la creación de infraestructura, propiciando el desarrollo de la zona”. O sea, que en el año que preside Jalisco dicha asociación, estará facultado el presidente municipal de Cihuatlan para expedir mientras ejerza su autoridad en la zona todas las licencias de construcción que quiera, así como autorizar cualquier plan de ordenamiento territorial que se le presente.

El reportero le pregunta al gobernador de Jalisco: “Emilio, ¿acepta entonces el gobierno de Colima que las funciones municipales las haga Cihuatlan? ¿En el caso de los permisos especialmente los de construcción de obras privadas quién las va a conceder y bajo qué reglamentos?”. El gobernador de Jalisco responde: “Los va a conceder la asociación intermunicipal, la persona de Don Enrique presidente municipal de Cihuatlan, y presidente de esta asociación, bajo el reglamento de Cihuatlan y bajo los ordenamientos urbanos de Cihuatlan; así es, esta aceptado por el equipo de Colima”. (Las negritas son mías). De seguro, el gobernador de Jalisco contuvo la risa para dar lugar a la soberbia y anunciar que todo se hará como Cihuatlan lo disponga, porque así lo aceptó Colima y si lo aceptó es porque se lo propusieron y dijo que sí.

Le preguntan al señor gobernador de Jalisco: ¿Queda satisfecho con las resoluciones que se emitieron? Y responde: “Más que satisfechos, estamos esperanzados a lo que viene; a que este es un primer paso, que como todo arreglo, todo mundo tiene que sacrificar una parte”. O sea, lo que viene es que tiene la esperanza de quedarse con los territorios de Colima y en cuanto al sacrificio, Colima ya lo hizo, pues aceptó coadministrar lo propio.

El gobernador de Jalisco agrega que hubo mucha firmeza en el ayuntamiento de Cihuatlan, quiere decir entonces que hubo debilidad en el de Manzanillo. Y que además, esta alternativa nos deja esperanzados a que esto empieza por buen camino, desde luego para Jalisco. No hay duda de que se está burlando, de que ganó la primera partida.

El gobernador de Jalisco declaró que se necesita tranquilidad para detonar esta zona, y se sentaron las bases sobre todo para que Cihuatlan siga creciendo. O sea, la intranquilidad que provocaron los de Jalisco, les da tranquilidad y sobre todo administrará terrenos y efectivamente, Cihuatlan ya creció, pues administrara terrenos colimenses que no le pertenecen.

El licenciado Héctor Michel Camarena declara al periódico El Panorama, el lunes 21 de mayo: “Me sorprende que algunos jaliscienses están prefabricando pruebas que le pueden favorecer y éstas consisten en ejercer actos de soberanía en terrenos de Colima. Jalisco debe parar cuanto antes su afán de preconstituir pruebas, tales como servicios de agua potable. Colima debe adoptar una pacifica pero enérgica actitud de rechazo a estas obras”. Precisamente eso es lo que se va hacer a través de la asociación intermunicipal: constituir pruebas y dar servicios públicos. En eso estoy totalmente de acuerdo con el Licenciado Héctor Michel.

El senador Carlos Sotelo declara a Diario de Colima el 21 de mayo: “Que no comparte completamente al acuerdo que llegaron los gobiernos de Colima y Jalisco de crear una comisión intermunicipal, se debe promover alguna modificación al convenio anunciado”. Declara que no comparte el acuerdo, pero respalda la decisión tomada por el gobierno del estado, por considerar que Colima no puede presentar fisuras; debe presentarse unido en la defensa de nuestro territorio. O sea, declara que no pero sí y para él es más importante la imagen de unidad, que la defensa de los territorios.

El Senador Sotelo agrega: “Se debe dejar fuera de este asunto los conflictos internos del PRI, en que un grupo encabezado por el gobernador Silverio Cavazos y otro por el mandatario Fernando Moreno porque puede afectar los intereses territoriales de Colima”. O sea, se debe dejar fuera de este asunto lo que él mete, el supuesto conflicto, él dice que no se mezcle y lo mezcla, desde luego, para pegarle al PRI y también le pega al PAN, acusándolos de desleales en la defensa de nuestros límites. El senador Sotelo, candidato a gobernador por el PRD, politiza este asunto, pero no quiere que nadie más lo politice.

El senador Sotelo dice que el gobernador debe de despartidizar este tema y Sotelo lo usa para pegarle al PRI y al PAN y dice que lo que importa es ir unidos en este asunto.

Sí, unidos, pero en la defensa, no en la entrega.

El senador Sotelo agrega que él no participo en el acuerdo, actuó como un senador “invitado de palo”, o sea fue de adorno y para estar presente para acreditar que aspira a ser gobernador de Colima, o lo que quede de ella, tras este acuerdo.

El senador Sotelo actúa igual que otros, no está de acuerdo con el convenio, pero me pone de pretexto para estar y consentir que Jalisco coadministre territorios de Jalisco.

Se ha difundido mucho que dicha asociación intermunicipal será presidida primero por Cihuatlan un año, y el segundo año por Colima y el tercero por Cihuatlan y así etc., etc., y que dicha asociación se puede dar por concluida cuando una de las partes se retire; o sea, que Cihuatlan, en su primer año, puede otorgar todos los permisos de construcción que quiera y después de que concluya su año puede decidir retirarse, y así desaparece la asociación y a Colima no le toca administrar nada. Esto me hace recordar aquel chiste del mexicano y el gringo que en la frontera se disputaban un pato y después se demostró que a ese mexicano ni siquiera le gustaban, pero aprovechó la ocasión para joderse al gringo. O sea, por qué confiar en que los de Jalisco van actuar de buena fe en este asunto, si nunca lo han hecho y que no es que les guste coadministrar, sino lo que les gusta son los territorios y quieren quedarse con ellos.

Además, durante el año que le toque coadministrar a Cihuatlan, si se inaugura un hotel, una obra o un negocio, invitará, sin duda, al gobernador de Jalisco al acto inaugural y no al de Colima.

El periódico Ecos de la Costa declara: “Hay posturas indefendibles, como aceptar la existencia de una comisión intermunicipal entre Manzanillo y Cihuatlan que garantice el cumplimiento de los acuerdos tomados por Colima y Jalisco en el seno de la comisión de límites del Senado de la República” y más adelante agrega “La comisión intermunicipal garantiza una convivencia pacifica en la zona en conflicto y el desarrollo inmobiliario de la misma que es el verdadero motor de esta controversia”.

O sea, que todo el lío es por el desarrollo y la paz, pero no, lo que motiva la controversia presentada por Jalisco es quitarnos territorios que nos pertenecen. Es cierto que el desarrollo es importante, pero es importante quien lo promueva, si Jalisco, que no tiene derecho, o Colima, a quien pertenecen dichos territorios, y tampoco el tema es el del agua potable, el tema es y seguirá siendo la defensa del territorio.

Pero dice el Ecos de la Costa que, efectivamente, esa comisión no es la mejor solución , pero si Fernando Moreno va a opinar de este asunto, entonces la comisión si es la mejor solución y nomás les falta decir a los del Ecos de la Costa, que si Fernando Moreno sigue haciendo la defensa de los territorios de Colima, más vale que se los demos a Jalisco. Así piensan estos defensores de la libertad de prensa y sobre todo de la nomina, son capaces, por sus odios personales, de ponerse del lado de los de Jalisco, pues prefieren que se pierdan los territorios, que estar de acuerdo con mi punto de vista.

A Propósito

El periódico el Correo de Manzanillo, el lunes 21 de mayo dice que los habitantes de Cihuatlan piden la renuncia de su presidente municipal, al señalar que: “El malestar e inconformidad de los cihuatlenses por la creación de una asociación intermunicipal para la prestación de servicios en la zona del conflicto limítrofe, y en general por los acuerdos “tomados” en la reunión que sostuvieron los Gobernadores de Jalisco y Colima y los Alcaldes de Cihuatlan y Manzanillo, el pasado miércoles, con la comisión del límites del Senado de la República, se dejo sentir en una reunión que la autoridad municipal de Cihuatlan convocó el pasado viernes por la noche”.

“El líder agrario Jorge Salas, califico el convenio de vergonzante para el municipio de Cihuatlan y exigió la renuncia del alcalde y fue emplazado para que respondiera a que intereses servia al haber llegado a ese acuerdo y desmintió todo lo que se ha dicho por la parte de Colima y por la parte de Jalisco, pues el alcalde contesto: “No se llego a ningún acuerdo, que no se firmó nada y que “esto está sujeto a revisión”, y dijo que se comprometió a ir con el gobernador de Jalisco, cuando les llegue el convenio, “para revisarlo y ofrecérselo al pueblo a que lo vea, si están de acuerdo le entramos, si no, ellos lo saben aquí” dijo refiriéndose a los Regidores. Dijo no estar de acuerdo en ceder nada, señalando que Cihuatlan tiene la razón, y recalcó que se espera desahogar la prueba sobre la verdadera desembocadura del río Marabasco.”

O sea, que los de Cihuatlan, que van a coadministrar lo nuestro, no están de acuerdo, quieren administrar todo y solo ellos y para siempre, y nosotros, que no vamos administrar nada de ellos, estamos de acuerdo y aceptamos que ellos coadministren. Queda claro que el alcalde de Cihuatlan dice que no se comprometió a nada y en consecuencia, no está obligado a nada, ya dijo que si la gente no quiere, no le entran, ¿Cuál es la seguridad para Colima entonces?, nunca van a respetar los acuerdos, como no cumplieron en el 2004 y el del 2006.

Benjamín Luna Jiménez, Comisario Ejidal de El Rebalse, dijo que los ejidatarios de El Rebalse nunca van a ir a pagarle a Colima, y declaró que no van a permitir que negocien su casa los senadores. Imaginese usted como van actuar los de Cihuatlan cuando le toque presidir la asociación intermunicipal a Colima, si a ahorita que van a presidir ellos no les parece, después menos.

ADEMAS…

Sobre este tema, seguiré opinando las veces que sea necesario, aunque a algunos les desagrade que yo tenga la razón, la respuesta prudente del señor gobernador a mis comentarios, ratifica que en Colima hay libertad de expresión y tolerancia, para que cada quien, desde su punto de vista, haga su aportación en la defensa de nuestro territorios, contra la agresión de Jalisco y no se confundan en este caso, los adversarios son las autoridades de Jalisco que pretenden, a la mala, despojar a Colima de lo que nos pertenece.

El tiempo dirá a qué intereses ha servido y sirve cada quien.

aproposito2004.blogspot.com