Hace unos días, al comparecer en el Congreso de la Unión ante las comisiones de seguridad, defensa y justicia, el Procurador General de la república, Eduardo Medina Mora, y el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, afirmaron: “El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguro que no ha habido ofrecimientos ni se ha pactado ni se va a pactar con los grupos criminales para evitar la violencia, y agrego que ni el ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, va renunciar, sino a poner toda nuestra pasión en cumplir con nuestro mandato”.
García Luna indicó: “No me han ofrecido un pacto ni pactaremos y enfrentaremos con toda contundencia la delincuencia organizada”.
“Nunca se puede pactar con el enemigo que atenta contra el Estado mexicano.”
Eso está muy bien.
Eduardo Medina Mora negó también la posibilidad de pactar con grupos criminales para evitar la violencia: “No se puede pactar con quien nos arrebata el derecho de vivir en paz y se están poniendo en práctica todos los recursos para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”.
Muy bien, también.
Medina Mora reconoció que no habrá resultados concretos del combate a la delincuencia en 100 días, como lo demandaron las organizaciones civiles. O sea, que nos están hablando con la verdad, aunque el pasado 21 de agosto en la firma del acuerdo por la seguridad, nos dijeron que habría resultados pronto.
Los funcionarios confirmaron que no habrá salida de las fuerzas armadas del combate al crimen, por lo menos en un tiempo relevante todavía, porque no se han construido instituciones civiles duraderas, con despliegue de reacción a la confrontación o el acotamiento de los grupos criminales.
Eso es lógico, no pueden regresar el ejército a los cuarteles, porque no se ha construido un nuevo cuerpo policiaco eficaz, honesto y sin vínculo con el crimen organizado; o sea, mientras no haya cuerpos policíacos que cuenten con la capacidad de reacción armada superior al de los narcos, el ejército seguirá en el combate al crimen organizado.
Lo urgente es, pues, que el gobierno federal esté ya conformando esos cuerpos policíacos nuevos que la seguridad del país requiere. La verdad es que resulta difícil la doble tarea del gobierno; por un lado, combatir al narco con policías corruptas o infiltradas y a la par, integrar una nueva policía.
Hay quienes dicen que formar una nueva policía con formación académica o universitaria nos llevaría 4 o 5 años ¿y mientras? Mientras lo seguirán haciendo los militares, y no hay necesidad de esperar 4 o 5 años, porque en todos los estados de la república hay un gran número de abogados, sin buenos empleos, preparados jurídicamente, que en poco tiempo, con capacitación en la investigación policíaca y buenos salarios, podrían conformar los mandos policíacos que se requieren con urgencia.
García Luna dijo que espera que en un plazo razonable, las policías recuperen esa capacidad de respuesta y agregó: “Tenemos un déficit histórico estructural de las policías en perfiles, en capacidades técnicas y en el corto plazo la lógica es cambiar el sistema operacional y el modelo completo de policía” ¿y mientras?, no se puede dejar de combatir el crimen organizado y esperar que se tenga una nueva policía para atacarlo. La tarea es doble y paralela: combatir la delincuencia con lo que se tenga a mano y a la par, conformar los nuevos cuerpos policíacos.
García Luna también reconoció que falta mucho por hacer para terminar con la corrupción de todas las corporaciones policíacas, y que en el caso de las federales aún hay resistencias de las policías con más de 20 años de servicios que se oponen a cambiar sus actitudes.
El procurador general de la república, luego de reconocer que hay corrupción en la policía, dijo que se está ante la oportunidad histórica de acabar con ese cáncer, para lo cual se requiere llevar a la ley los controles de confianza a los policías, pues hoy no están en la legislación.
Los dos mandos policíacos, Medina Mora y García Luna, afirmaron que no habrá pacto con el narco, no renunciarán, no habrá resultados en 100 días, y hay corrupción policíaca. (Milenio 23/09/08)
BLINDAR LA POLITICA
La semana pasada escribí lo siguiente: “Todos los partidos políticos, los gobiernos federales y estatales han alertado del riesgo de la presencia del dinero ilícito en las campañas políticas y de la posible postulación de candidatos ligados al narcotráfico, y todos han coincidido en que eso se debe evitar”.
“En el 69 aniversario de la fundación del PAN, el presidente Calderón exhortó a su partido, Acción Nacional, a estar vigilantes a no postular candidatos de conducta dudosa, de malos antecedentes, de no utilizar recursos de procedencia ilícita en las campañas”.
“Y también los mismos partidos en su estrategia de campaña combatirán y denunciarán a sus competidores políticos que postulen candidatos ligados al narcotráfico o a envenenadores de la juventud”.
“Cualquier candidato ligado al crimen organizado o que sea proyecto político o impulsado y promovido por el narco electoralmente, difícilmente será postulado, porque ese va a ser el tema de la campaña y quienes tengan amigos que se dediquen a esas actividades deberán decidirse entre la política o los amigos”.
Y eso ya se reiteró a nivel nacional por los partidos políticos y por el propio IFE, blindar la política de dinero ilícito y de candidatos ligados al narcotráfico.
La semana pasada un destacado columnista nacional se preguntó: “¿Habrá voluntad real de sus partidos y sus dirigentes, incluso del mismo presidente para frenar la narcopolítica que avance en México?”
Los partidos políticos dieron la nota ayer lunes: Impulsan partidos ‘blindaje’ antinarco.
“En un intento por blindar los procesos electorales de la filtración del narcotráfico, la mayoría de los partidos apoya la intervención oficial del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que investigue a todos los aspirantes de elección popular a partir de los comicios de 2009, lo que supone el fin de la inocencia proselitista”.
La medida será aceptada con la reserva de que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) quien regule la participación del órgano de inteligencia y de manera paralela se promoverá el antidoping, la revisión de cuentas bancarias y auditorias internas a los candidatos.
En este tema hay coincidencias en PRI, PRD, PVEM y Partido Social Demócrata, principal promotor.
Por medio de sus oficinas de comunicación, los dirigentes de PAN, Convergencia y Nueva Alianza, se abstuvieron de dar respuesta al tema, aunque se da por descontado el respaldo del blanquiazul a la propuesta.
El presidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que también apoyan que el Cisen intervenga, y adelantó que de manera interna, supervisarán expediente por expediente para difundir los datos por internet de sus aspirantes a cargos de elección popular.
“Deberíamos tener un compromiso los partidos para cerrar filas, ya que si hay alguien rechazado por dudosa reputación, debe haber un pacto para que nadie lo acepte”, dijo.
Acosta Naranjo subrayó que además de experiencia, en este trabajo se necesita valor para señalar nexos con el narco.
El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam comentó que desde hace años, en el tricolor “hemos mucho en la medida de nuestras capacidades para revisar los nexos que tienen nuestros aspirantes, por lo que me parece que sería una buena opción que el Cisen participe para reforzar esto”.
“De entrada me gusta la idea, porque el gobierno es el único que tiene órganos de información e inteligencia, en el entendido de que el Cisen no puede acusar a nadie de la nada, ya que no puede actuar nada más porque sí”.
Para el senador del PVEM Arturo Escobar los próximos comicios deben estar sustentados en tres premisas: inversión con eficacia de los fondos económicos de su partido, selección de candidatos y alejarse de escándalos, y respaldó la intervención del Cisen. (Universal 29 de septiembre del 2008)
El presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, informó que pedirá que la PGR y el CISEN tomen medidas para impedir que dinero ilícito o provenientes del narcotráfico entre en el proceso electoral 2009 que inicia el viernes próximo.
Expuso que se busca que los candidatos sean electos con dinero lícito, “evitando que los recursos provenientes del narcotráfico formen parte del proceso electoral”.
Mencionó que los presidentes de todos los partidos políticos trabajan en la posibilidad de llegar a un convenio para pedir al IFE su intervención ante el Gobierno Federal para impedir dicha posibilidad”.
El líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, afirmó que si es necesario organismos del Estado como el CISEN deben investigar las campañas electorales donde se sospeche que haya recursos del narcotráfico.
Se deben acordar as reglas de la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) pues “sería una amenaza a la seguridad del país y al estado de derecho el uso de recursos ilegítimos en procesos electorales”.
“Esa amenaza hay que conjurarla antes de que entremos a dicho proceso electoral, pues no quiero ver a un Pablo Escobar mexicano votando leyes en el Congreso”, advirtió el legislador por Guanajuato.
(EL COMENTARIO, 30/Septiembre/2008)
A nivel local los legisladores también dieron su punto de vista sobre este tema:
El coordinador de los diputados del PAN, Enrique Michel Ruiz, enfatizó que sería bueno que se diera esa transparencia a los recursos que son utilizados por los políticos en sus campañas, “y evitar que un candidato adquiera compromisos con gente indeseable”.
El problema es de los aspirantes que ya adquirieron compromiso con gente indeseable y que tienen amigos de reputación comprobada, es decir, no dudosa.
El legislador del PRD, Adolfo Núñez González, dijo sobre el tema que antes su partido deberá analizarlo, y por ello no podría definir una postura. Adelantó que desde su punto de vista, esta medida viola las garantías constitucionales. Aunque reconoció que se ha dicho que en algunas campañas sí ha habido dinero “ilícito”. Ponderó que este tema resulta escabroso por la importancia que reviste, razón por la que debería abrirse a la discusión de la sociedad y al interior de los partidos políticos para poder sacarlo adelante o desecharlo.
Este diputado de lo que queda del PRD en Colima, no acredita ninguna capacidad para emitir un juicio propio y me parece delicado que diga que es un tema que debe abrirse a la discusión de la sociedad para aprobarlo o desecharlo, porque nadie debe permitir el dinero de procedencia ilícita y los candidatos ligados al narcotráfico en la política local o nacional. Este tema no es como dice el diputado del PRD, no está a discusión, lo que sí se debe discutir es el procedimiento para investigar y vigilar que los que tienen malos amigos sean candidatos.
En tanto, el legislador del PRI, Roberto Chapula de la Mora, apoyó que se pueda dar esta medida, aunque aclaró que se requiere también de la participación de la Procuraduría Federal de la República (PGR), y dijo
“El estado mexicano debe combatir al narcotráfico para evitar su infiltración en las campañas locales y federales, ya que se ha comentado públicamente que existe infiltración del narco en algunas entidades federativas, principalmente en ayuntamientos”. Esta declaración del diputado Chapula es de tomarse muy en cuenta, sobre todo como él dice por los ayuntamientos.
A Propósito
1.- “El procurador general de Justicia, Arturo Díaz Rivera, aseguró que en la dependencia a su cargo no existe tráfico de influencias, pues la semana pasada habían dejado en libertad a Luis Alberto Mejía Trujillo”.
Manifestó que anteriormente, el agente del Ministerio Público del Fuero Común lo había dejado en libertad debido a que no había encontrado elementos para poder acreditar absolutamente nada.
Mejía Trujillo fue detenido de nueva cuenta en relación con otra denuncia en su contra, presentada por otro de los familiares del militar desaparecido y fue entregado a la PGR, quienes están investigando el asunto sobre la desaparición del militar y el individuo se encuentra arraigado.
O sea, cuando lo detuvo la judicial estatal no le encontraron nada y lo soltaron, no porque fuera pariente de Mario Anguiano, o porque éste hubiera intervenido para liberarlo. No, lo soltaron porque no le acreditaron nada y después, volvió a ser detenido Mejía Trujillo por otra denuncia que presentó en su contra otro familiar y fue en esta segunda detención cuando la Procuraduría Estatal lo entregó a la Procuraduría Federal, que lo están investigando sobre la desaparición del militar y es la propia PGR quien lo arraigó.
Así de claro.
Dijo que si los familiares del teniente de intendencia, José Vicente Edgar Salinas Martínez, quien se encuentra desaparecido, señalan que el ahora arraigado es pariente del presidente municipal Mario Anguiano, es porque deben de tener alguna razón.
Bueno, el boletín emitido por el ayuntamiento, precisa que Mario Anguiano desconoce que sea su pariente, no niega que lo sea, pero tampoco lo reconoce. Simplemente, desconoce que sean parientes, lo cual es normal: hay muchos parientes que uno no conoce y éste puede ser el caso.
Que bueno que lo volvieron a detener, aunque haya sido por otra denuncia diferente a la desaparición del militar y que bueno que se precisa que el asunto ya está en la PGR, porque la Procuraduría Estatal no le encontró nada, únicamente el Audi y a lo mejor, el militar se lo prestó antes de desaparecer, pero todo ya quedó muy claro.
Incluso, hasta lo del parentesco se está aclarando, pues el procurador Díaz Rivera dijo sobre este tema: “Al preguntarle si Luis Alberto Mejía Trujillo es pariente del presidente municipal, el procurador se limitó a contestar, “pregúntenle a Mario Anguiano, no tiene los apellidos, pero pregúntenle a Mario Anguiano” (DIARIO DE COLIMA, 30/Septiembre/2008).
Efectivamente: no tiene los apellidos y esa es una deducción muy convincente.
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