EL DISCURSO DE LA GUERRA I

La elección federal del 2006, fue una elección sumamente cuestionada, el triunfo legal de Calderón fue severamente cuestionado, primero porque sólo un tercio de los electores que votaron sufragaron por él y segundo, el mínimo margen de diferencia sobre López Obrador, fue el otro gran cuestionamiento y el argumento de la duda de su triunfo.

López Obrador y el perredismo radical tomo las calles para denunciar el supuesto fraude electoral y exigir el recuento voto por voto.

La toma de posesión de Calderón fue atípica, a punto estuvo de no realizarse, de no haber sido por el PRI que cumplió institucionalmente acatando la resolución de las autoridades electorales que habían dado el triunfo a Felipe Calderón.

El perredismo violento en las calles, la sociedad dividida y confrontada, los actores políticos polarizados y sin un liderazgo que articulara la inconformidad y la conciliación, orillo a Calderón desde el primer día de su gobierno a declarar la guerra a los carteles de la droga.

Esta decisión de Calderón no fue en base a una estrategia contra el crimen organizado sino fundamentalmente para mandar el mensaje a la sociedad de que contaba con el apoyo del ejército y que si el perredismo estaba en la vía publica, él sacaría de los cuarteles al ejército para ponerlo en las calles de las principales ciudades del país para enviar un mensaje mediático de que la intensión era combatir al narcotráfico pero el verdadero fondo político era demostrar a través del ejercito una fuerza que las elecciones no le habían dado al nuevo gobierno.

El verdadero mensaje era la demostración de fuerza militar respaldando su gobierno y no una estrategia seria contra los carteles. El déficit de legitimidad con el que inicio Calderón su gobierno advertía un peligro de ingobernabilidad que ameritaba tomar acciones de autoridad que mostraran a un presidente con carácter y agallas, que presentaran a Calderón en medio del cuestionamiento como un jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas encabezando la nación en una guerra contra el crimen organizado, esa era la mejor manera de legitimarlo o al menos de obtener el apoyo popular que tanto necesitaba. ¿Quién se opondría a la decisión del presidente de combatir al narco?

Nadie ha estado en contra del presidente en su determinación en combatir a los carteles, lo que se ha cuestionado severamente es la estrategia que ha resultado ineficaz y contraproducente y los resultados que han sido sumamente dolorosos con ya cerca de 23 mil muertos, entre ellos muchos civiles víctimas inocentes, jóvenes y niños han perdido la vida, así como las economías de muchas importantes ciudades quebradas, el turismo a la baja y el desprestigio nacional por la violencia y corrupción que se han hecho evidentes sobre todo la infiltración del narco en los cuerpos de seguridad que han acreditado estar al servicio de los criminales.

El presidente Calderón ha argumentado en repetidas ocasiones que se hable bien del país, pero el discurso oficial en toda ocasión es relativo a la lucha contra el narco, es el tema principal en la agenda gubernamental y es el compromiso de gobierno cada vez reiterado por el presidente y sus colaboradores que dejaron de lado el empleo, la economía y el combate a la pobreza.

El discurso de guerra, es el discurso oficial, el tema del narco persigue a Calderón a lo largo del país y el número de muertos supera cualquier cifra imaginada, el daño colateral de las víctimas inocentes es el tema de la protesta pública.

El presidente Calderón está agotando un activo institucional que había representado siempre el ejército mexicano, esta dilapidando el prestigio y el buen nombre de las fuerzas armadas, la sociedad mexicana siente que los derechos humanos son violentados por el ejército y lo que es peor, el ejército mexicano se encuentra inconforme por ser utilizado en labores policiales que no le corresponden y sin el sustento legal que requiere, para realizar actividades policiacas.

Así hemos pasado del cuestionamiento a la estrategia contra el narco, al cuestionamiento del desempeño del ejercito, hay la impresión que mas que acabar con el narco, se está acabando el prestigio y el buen nombre de las fuerzas armadas.

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: “Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección legal”.

Además dijo: “Se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años, a pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables”, dijo el secretario.

Aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses.

La reacción popular por la muerte de niños y mujeres en retes militares ha arreciado la inconformidad por la presencia del ejército en el combate al narco, la población ya lo rechaza y el ejército se inconforma.

GOMEZ MONT LO NIEGA

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que haya resistencia de mandos militares para continuar en la lucha contra el narcotráfico y aseveró que todos los miembros del Ejército cumplen cabalmente las instrucciones que reciben del Presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas.

Durante la reunión privada de integrantes del gabinete de seguridad nacional con senadores, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, advirtió a los coordinadores parlamentarios “que ya hay resistencias de algunos generales a participar en el combate a la delincuencia organizada, porque carecen de protección legal para ello”.

El tema incomodó al gobierno y motivó que Gómez Mont ofreciera una conferencia de prensa donde, si bien admitió que el general secretario solicitó a los legisladores mejorar el marco jurídico sobre el cual actúan las fuerzas armadas, sostuvo que en ningún momento fue emitida la expresión que reprodujo este diario acerca de la resistencia de mandos militares a seguir en la lucha antinarco. (La Jornada 14/abril/2010)

GOMEZ MONT INSISTIO

“No podemos olvidar que las fuerzas armadas actúan para defender los derechos de la ciudadanía, no para coartarlos”.

También rechazó que el fuero militar sea espacio de impunidad.

El secretario de Gobernación insistió en “que las violaciones a la ley por parte de militares son casos aislados y que los tribunales castrenses funcionan con celeridad, eficiencia y severidad”.

Los niños muertos en el reten de Tamaulipas, lo jóvenes del Tec de Monterrey y muchos más efectivamente son casos aislados y hasta distantes, unos fueron en Monterrey y otros en Tamaulipas esa es la óptica de Gómez Mont, minimizar el daño colateral.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, reconoció ayer ante senadores que el Ejército se prepara para un retiro paulatino de la lucha contra el narcotráfico y les explicó que para realizar tareas de seguridad pública se desarrollará una nueva generación de policía militar con conocimiento de policía civil.

Por otra parte, el Senado de la República, en el proyecto de dictamen sobre la ley de seguridad nacional, fija 90 días de plazo para el regreso total de los militares a los cuarteles, y ordena que, en caso de que el presidente de la República pretenda que algún contingente permanezca en un municipio o estado para coadyuvar en el combate al crimen organizado, deberá sujetarse a ciertas condiciones, entre ellas el respeto a los derechos humanos de la población.

En el documento se precisa que los militares podrán colaborar en el combate al narcotráfico y en tareas policiacas, sólo cuando se declare una afectación de la seguridad interna, entendida ésta como la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa, así como actos que pongan en peligro la estabilidad, la paz o el orden en una entidad federativa, municipio o región.

La intervención de la fuerza armada permanente deberá solicitarla la autoridad civil al Consejo de Seguridad Nacional, instancia que analizará la petición con base en la magnitud de la afectación y la capacidad de las instituciones para ejercer sus funciones de manera eficaz.

El secretario ejecutivo del consejo solicitará la opinión favorable de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en caso de receso. La declaratoria de afectación a la seguridad interior será por un periodo establecido en el espacio geográfico definido.

Estas son partes del proyecto de la nueva ley sobre seguridad nacional cuya discusión no está concluida y uno de los temas más discutidos precisamente es el fuero de guerra, en un principio el ejército aceptaba que fuera limitado pero ahora ha expresado lo contrario.

1.- Pobres niños mexicanos, están expuestos permanentemente al peligro, por un lado la comida chatarra, por otro los curas pederastas y además, los retenes militares.

2.- No tiene vuelta de hoja el derecho de Alumbrado Público es inconstitucional. Seguir argumentando y justificando que lo que requieren los ayuntamientos es dinero para pagar el alumbrado y por eso se cobra un impuesto violatorio de la constitución, repito, es como si un municipio o el gobierno del estado con finanzas quebradas optara por el narcomenudeo por obtener recursos, la violación a la constitución no tiene justificación y menos por quienes protestaron guardarla y hacerla guardar.

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UNA MODERNA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

(COLUMNA INVITADA)

14-Abr-2010

Opinión de la experta

Jacqueline Peschard

Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información

Vivimos en la era de la información, no sólo porque datos de todo tipo fluyen a gran velocidad de un lado al otro del mundo, sino porque alcanzan volúmenes antes inimaginados, gracias, en buena medida, a los avances tecnológicos. Entre esas grandes bases de información se encuentran conjuntos enormes de datos personales que se refieren a una persona identificada o identificable y que se encuentran en los campos de salud, telecomunicaciones, financieros, económicos, entre otros.

Todo esto ha vuelto a poner de relieve el tema de la vida privada y del significado de los datos personales que, de acuerdo con la teoría liberal, conforman nuestra esfera privada, e incluso la íntima, la cual debe y merece estar resguardada de la intervención del Estado. De hecho, el famoso ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos Louis Brandeis afirmaba que “el derecho a la vida privada es el más omnicomprensivo y el más valorado por los hombres civilizados” (1928).

En México, desde 2002, año en que se aprobó la Ley Federal de Transparencia, se legisló para regular, a la par que el acceso a la información pública, la protección de los datos personales en manos del gobierno y de los organismos públicos, a fin de garantizar que sólo los titulares de un dato personal, desde un expediente clínico, pasando por una ficha de situación migratoria, a una boleta de calificaciones escolares, o la acumulación de semanas cotizadas para alcanzar una pensión, entre otros, tuvieran acceso a él, o la posibilidad de solicitar su corrección, en caso de error. Dichos datos correrían la suerte inversa de la información pública, ya que mientras que a ésta la rige el principio de máxima publicidad, a los datos personales los ampara la confidencialidad como eje rector.

A pesar de que, desde entonces, se habló de la necesidad de extender la protección de los datos personales a aquellos en manos de particulares, la idea tardó en madurar, en buena medida porque no existen antecedentes dramáticos de violación a la vida privada de las personas como en otras partes del mundo como Europa Oriental, y porque, quizás por eso, no se ha erigido en un tema central de la agenda pública. Sin duda, estamos familiarizados con la confidencialidad de nuestra correspondencia, o de nuestras comunicaciones y con el derecho que tenemos las personas a que el gobierno no se entrometa, pero hay zonas de nuestra vida privada que tienen que ver con nuestras conductas sexuales, nuestras preferencias ideológicas o nuestras prácticas religiosas, o datos sobre nuestro patrimonio que son información igualmente confidencial y que es necesario legislar para protegerlas.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares está finalmente a discusión en el Poder Legislativo. Se trata de un dictamen que ha sido ampliamente discutido, no sólo entre legisladores y dependencias gubernamentales, sino con representantes de empresas privadas que manejan importantes bases de datos personales (aseguradoras, servicios financieros, expedientes clínicos, entre otros) y que constituye una ley moderna, en la medida que garantiza los principios de protección de datos personales internacionalmente reconocidos; es decir, está en sintonía con los estándares internacionales, sin impedir los flujos de datos a través de las fronteras, generando inversión extranjera al dar certeza a las empresas nacionales y extranjeras que su información estará protegida (sobre todo para los llamados “call centers”).

Este modelo combina principios internacionales de protección de datos personales con procedimientos para facilitar el flujo de información, sin generar altos costos de transacción (no se requiere permiso de la autoridad para efectuar transferencias internacionales), previendo formas de consentimiento tácito de los particulares para el tratamiento de la mayoría de los datos personales (sólo los datos sensibles requieren consentimiento expreso). En este sentido, la ley en comento se corresponde con los lineamientos de la OCDE, y su aprobación permitirá que México deje de ser uno de los dos únicos países miembros junto con Turquía que no cuenta con una ley de protección de datos personales.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales brinda certeza jurídica a los individuos respecto del uso de su información personal por parte de entes privados, y al tratarse de un solo régimen de protección para todo el país, ofrece ventajas competitivas frente a otros países. Un régimen único facilita su comprensión y su cumplimiento.

Si convenimos con Daniel J. Solove, profesor de derecho de la Universidad George Washington, en el sentido de que el valor de la vida privada depende de la importancia social de las actividades que ella facilita” (Understanding Privacy, 2008), podemos afirmar que ésta es una ley orientada a satisfacer dos actividades de gran relevancia social.

A Propósito…

La Ley Federal de Protección de Datos Personales ha sido aprobada esta semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es importante destacar que siete años antes, en el 2003, durante mi gobierno enviamos al congreso local el Proyecto de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales, la cual fue aprobada por unanimidad. Repito; hace siete años y fue Colima el primero y es el único estado de la república que tiene esta ley, lo bueno es que el congreso federal ha hecho lo propio.

Cabe destacar, también, que a nivel nacional están a discusión las figuras de plebiscito y referéndum y que durante nuestro gobierno, en el año 2000, éstas fueron incorporadas a la legislación local, mientras que en el ámbito federal, apenas se está discutiendo su viabilidad jurídica.

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El Gobierno Va Ganando, La Gente Perdiendo

El discurso oficial sobre la batalla contra el narcotráfico que ha emprendido el gobierno, destaca siempre que se va ganando esta guerra y molesta a Calderón que se diga lo contrario.

El Ejército mexicano, que lleva a cuestas el peso de esta lucha, le ha tocado poner no únicamente muertos, sino también exponer su prestigio, ha tenido bajas de su personal y un sinnúmero de denuncias ante las comisiones de Derechos Humanos por presuntas violaciones, cometidas según las acusaciones con motivo de su guerra contra el crimen organizado.

El papel del ejército en estas acciones lo han cuestionado y el propio general Secretario ha tenido que reconocer que esta tarea no es de su competencia y que lo hacen porque han recibido una orden del comandante en jefe, Felipe Calderón, y además, como una necesidad ante la incapacidad de los cuerpos policiacos por enfrentar la capacidad de fuego del narco.

El 6 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.

Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por el asesinato de sus hijos.

Siete niños y cuatro adultos viajaban en una camioneta, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.

Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.

Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.

“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.

“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.” (La Jornada 7/abril/2010)

Los padres de los dos niños que exigieron que se realice una profunda investigación al presidente Felipe Calderón, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, y al gobernador, Eugenio Hernández Flores.

En una carta dirigida a los funcionarios, enviada por conducto del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, exigen que se haga justicia por el daño infligido a su familia y que se castigue.

“No pueden decir que nos confundieron, porque ya había suficiente luz del día. No entiendo por qué nos dispararon por la espalda, nos cazaron como si fuéramos animales y me quitaron a mis dos hijos, expresó Cinthia Josefina Salazar Castillo”.

Reiteró que ella gritó a los militares que no dispararan, porque eran dos familias con niños, pero en respuesta sólo se escucharon ráfagas de armas de fuego y estallidos de granadas.

“Al pasar junto a los soldados bajamos totalmente la velocidad (del vehículo), bajamos los cristales y esperamos alguna indicación de revisión, pero uno de los militares hizo la seña para que continuáramos circulando”.

Después de pasar el retén, agregó, comenzaron a escuchar disparos, varios de los cuales impactaron en la camioneta, por lo que detuvimos la camioneta.

“Sin embargo, continuaron los tiros y en ese momento nos dimos cuenta de que (la agresión) era hacia nosotros”.

Cuando acudió a su domicilio a recoger fotografías de sus hijos Martín y Bryan para ponerlas sobre sus ataúdes, Cinthia Salazar observó que más de 30 soldados rodeaban su vivienda.

Mientras los cuerpos de sus hijos estaban en la funeraria Cristo Rey y ella ingresó a su casa, los militares irrumpieron, tomaron fotografías, revisaron las habitaciones y la interrogaron.

Este lamentable hecho, sumado al reciente en las afueras del Tec de Monterrey, en la que murieron dos jóvenes estudiantes de excelencia académica, llevó al ejército al debate público.

Defensores de derechos humanos, políticos y especialistas, aseguraron que si no se ejerce más control sobre las fuerzas armadas y su participación en el combate al crimen organizado, seguirán al alza las violaciones a las garantías fundamentales de civiles, como el derecho a la vida.

César Nava, presidente del PAN, señaló que el Ejército ha cometido transgresiones. Consideró que se trata de hechos aislados que deben ser castigados y refrendó la permanencia de los militares en esta lucha.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que hay un aumento de 500 por ciento en las denuncias contra la Secretaria de la Defensa Nacional por violación a las garantías individuales en los cinco años recientes.

Familiares, amigos y vecinos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, realizaron un plantón frente al cuartel militar Macario Zamora en demanda de justicia y castigo a los responsables.

Portaban carteles con leyendas en las que se leía: “Por favor, no me disparen; soy un niño”, “Fuera soldados asesinos”, “Que se castigue a los responsables”.

Desplegaron otra manta que decía: “¡Basta de violencia!”.

El homicidio de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar en un retén militar en Tamaulipas generó el rechazo de diputados de PRI, PRD y PT, quienes promovieron que se guardara un minuto de silencio y exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un reporte detallado de por qué los soldados dispararon contra una familia indefensa.

Durante la discusión de la agenda política de este jueves, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Felipe Solís Acero, del PRI, dijo que si bien su bancada coincide en afirmar que en este momento las fuerzas armadas no pueden dejar de ejercer tareas policiacas que corresponden a la autoridad civil, también coincidimos en señalar que nadie, ni la institución castrense ni sus elementos en particular, pueden estar por encima del respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.

GOBERNACIÓN JUSTIFICA LA MUERTE DE DOS NIÑOS EN RETÉN MILITAR DE NUEVO LAREDO

La Secretaría de Gobernación afirmó que la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados.

“Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”, señaló.

La verdad es que no hay constancia de dicho enfrentamiento, y esto se ha interpretado como un argumento para justificar los dos homicidios de los menores.

El gobierno federal, señaló el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos “en este enfrentamiento”.

Gómez Mont justifica así el daño colateral y detalló el desarrollo del enfrentamiento y reconoció que durante las semanas recientes han aumentado las agresiones del crimen organizado contra la sociedad y los militares. (La Jornada 9/abril/2010)

CINCO Y DIEZ AÑOS MÁS

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.

En una reunión con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

O sea, el secretario de la defensa reconoce que legalmente a otros toca enfrentar esta guerra y de seguir ellos al frente de la misma, el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.

“Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados”.

Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses, o sea, que el fuego de guerra debe subsistir.

Los diputados resaltaron, el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR por violaciones a Derechos Humanos, y eso ha puesto en riesgo el prestigio del ejército y la legalidad de su desempeño en esas tareas, esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.

Las afirmaciones del general Galván fueron rechazadas por senadores de PRI y PRD. El coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que nunca legalizarán que el Ejército siga 10 años más en tareas policiacas, y menos en las circunstancias actuales, con hechos tan lamentables como la muerte de dos niños en Tamaulipas, a los que se suman otras bajas de civiles en operativos contra bandas criminales.

Confirmó que va muy avanzado el dictamen sobre la ley de seguridad nacional, en la que se incluye legalizar la presencia de militares en operativos contra la delincuencia organizada, pero no de manera permanente.

Beltrones agregó que otras condiciones para que militares participen en la lucha antinarco es que se sujeten al mando del orden que solicite el apoyo y que estén sujetos a las leyes del fuero civil, no del militar.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que no está de acuerdo con lo expresado por el titular de la Sedena: no se debe prolongar el tiempo en que el Ejército siga supliendo a la Policía Federal, porque el deterioro de las fuerzas armadas es mucho y nadie puede apostar a erosionarlas más. (La Jornada 9/abril/2010)

A LA RIDICULA MINORIA

El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, retó nuevamente al crimen organizado. Esta vez le exigió que dé la batalla de frente, porque las autoridades, legisladores y gobiernos están dando la cara en esta lucha.

“Nadie se ha hecho menso con el tema (…) ¿O qué? ¿Nos ven embozados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas?”, expresó.

Sin embargo, reconoció que en la estrategia gubernamental contra la delincuencia hay fortalezas y debilidades, así como ajustes que se definen sobre la marcha de los operativos conjuntos.

“A veces –justificó Gómez Mont– no se pueden prever todos los actos. El Estado mexicano, como Estado democrático, se presenta con cara a la gente. Sus instituciones están visibles.

Estos señores (delincuentes) de repente salen de sus madrigueras y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos y a veces no”, dijo, debiera decir la mayoría de las veces no, no se les pueden neutralizar.

El funcionario opinó que el problema de la inseguridad no es un problema de drogas, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos.

El narcotráfico sólo es un componente menor. Yo no me la tomo que sólo es un tema del narcotráfico, expresó. (La Jornada 9/abril/2010)

Ahora resulta que el problema del narcotráfico es un componente menor, o sea, la ridícula minoría a la que se refirió Calderón se enfrenta al gobierno por una cosa menor que ha generado casi 20 mil muertos.

A Propósito…

1.- Una disculpa: yo creí que había sido un error, pero no, fue con toda la intención, o sea, el nivel en su justa dimensión.

2.- No ha sido muy sano que una vialidad se desvíe hacia predios particulares para generarles plusvalía en un primer favor o pago de facturas y en un segundo favor, se les tome como área de donación la superficie que prolonga una avenida que beneficia a los propietarios y en un tercer favor, se les acepte dicha área de donación sin existir un Plan Parcial de Urbanización, condenando a un futuro desarrollo a carecer de dichas áreas, el cuarto favor fue no haberles expropiado. Está claro que el anterior gobierno repitió en esta operación algo que le fue muy característico: dilapidar los bienes públicos en favor de particulares y además, seguir provocando daño fuera de su periodo legal como gobierno.

La lista de favores llega más “alto”, no concluye, ésta se extiende más al norte, y donde lo que se ha hecho, tampoco es sano.

Este asunto, herencia del gobierno anterior, apenas iniciará en su discusión pública.

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NARCO ESCOLARES, ESCUELAS DE CALIDAD

Tienen 13 y 14 años de edad y dicen ser de La Familia. En la secundaria formaron un grupo de 20 adolescentes que se adueñaron de los pasillos, los patios, los baños y la seguridad de la escuela a cambio de una “cuota” de uno a siete pesos por día; primero extorsionaron a los maestros y luego a los estudiantes.

“No te vayas por ahí, están los de La Familia, los de tercer grado”.

Él no hizo caso, quería ir al baño. Siguió su camino.

—Dame un peso —le lanzó un grandulón de 1.60 metros y de lunares blanquizcos.

—¿Qué?

—¡Te digo que me des un peso! —retó mientras acercó su cuerpo hacia él.

— No, no tengo —fue la respuesta y motivo suficiente para que lo pescara por la cintura y de inmediato otros dos adolescentes que esperaban detrás de su jefe se le fueran encima.

Lo voltearon de cabeza y así lo depositaron en el bote de basura que fue el único testigo de lo que ocurrió en el pasillo.

Los maestros de esta secundaria en Ciudad Juárez, en la colonia Miguel Enríquez Guzmán, tenían más de un mes de asumir el costo de la extorsión que en principio “empezó como un juego. Primero pensamos que era porque esta es una zona de pobreza y que nos pedían porque no traían para completar para el lonche. Luego era a diario y nos pedían a todos. Lo platicamos y dejamos de darles”.

Empezaron con los niños de primero y segundo grado; y ya no era un peso, llegaron a ser de cinco a siete pesos. Cada vez que los niños llegaban a un patio o cancha, cruzaban un pasillo, iban a un baño o para salir a la calle, tenían que pagar una cuota a ese grupo con tal de no ser agredidos, conservar sus lonches, sus mochilas, tenis o la ropa”, asegura un maestro.

“El niño se me acercó para pedirme dinero. Dijo, ya no traigo dinero. Me acaban de quitar lo que traía para mi lonche, fueron los que están en el patio. Dicen: somos de La Familia”, afirma la maestra.

“A la hora del recreo se veía a las pequeñas células caminar; el líder siempre rodeado de otro grupo”, describe la docente. “Han aprendido lo que ven en sus casas y en las calles, pues son hijos de sicarios o familiares de encarcelados por narcomenudeo.”

“Los niños se han convertido en el vínculo de las pandillas —que se dedican al robo de transeúntes y casas— y las organizaciones del narcotráfico”, relata Rafael Hernández, presidente del Consejo Nacional de Alianzas Educativas.

Dice que en Ciudad Juárez, Chihuahua, existen entre 60 y 70 escuelas de un total de 120 secundarias “en donde deberíamos estar preocupados por lo que está sucediendo con los jóvenes”.

Además de la extorsión, venta de drogas y violencia, también ocurre el consumo de alcohol y la participación de las niñas en redes de prostitución infantil o trata de personas, asegura.

Durante el último año alrededor de 10% de los niños han abandonado las escuelas debido a la violencia, las adicciones, el narcomenudeo y la prostitución. (El Universal 21/feb/2010)

El sistema educativo del gobierno panista y las condiciones sociales que ha generado el gobierno federal prepara para el futuro a las nuevas generaciones del crimen organizado, enlace, enciclomedia y escuelas de calidad, son expresiones virtuales, que solo existen en el discurso oficial, pero la realidad para desgracia es otra.

Y LA PEDERASTIA

El arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar nuevamente la controversia constitucional enviada por el gobierno de Guanajuato a fin de eliminar los efectos jurídicos de los matrimonios gay y su derecho a la adopción.

Incluso, sostuvo, habría que reflexionar acerca de este tipo de iniciativas de ley y su relación con lluvias, inundaciones y terremotos.

“Ante la violencia, el odio, la venganza y la muerte, ante las iniciativas de ley que afectan directamente la base de la sociedad, como es la familia, ante la inseguridad y el sufrimiento de tantas personas, es bueno meditar los signos de los tiempos y preguntarnos; con los terremotos, las lluvias, las inundaciones, ¿no nos estará hablando el Señor? ¿Qué nos estará diciendo con todo esto?” (Excélsior 1/marzo/2010)

El mensaje es claro, el señor, no quiere curas pederastas.

LA AMBICION DE CAMACHO

Luego de la elección de 2006, se explica el ex regente de la ciudad de México, nadie daba un peso por la izquierda en la disputa por la Presidencia. “Nadie cree, salvo personas de una voluntad política extraordinaria, como Andrés Manuel López Obrador, quien dice ‘de todas maneras vamos a competir y a ganar’”.

Las alianzas electorales con el PAN son, pues, en la idea de Camacho, la única manera posible de poner a navegar el barco electoral de los tres tercios. “Si cambiamos las expectativas, entonces sí podemos hacer política”.

–“Qué bueno que Andrés Manuel esté en sus posiciones. Es sano. Si nosotros nos equivocamos, él podrá decir: se los dije. En cambio, si él se sumara y esto sale mal, nos hundimos todos. Y si esto sale bien no le vamos a decir: te lo dijimos, sino le vamos a dar a la izquierda un estímulo que ya no tenía”.

–“¿Cuál fue el diagnóstico que los llevó a tejer las alianzas?”

–“La división que se dio entre 2006 y 2009 fue muy costosa para la izquierda. Quedó un PRD muy dañado, un PT con un porcentaje de votos apenas un poco mayor y un partido Convergencia que apenas conservó el registro. Entonces, la primera parte del diagnóstico fue: si no nos unimos, simplemente no tenemos nada que hacer, vamos a terminar en 2012 con una candidatura de 6 por ciento, otra de 6 y una más de 4 por ciento”.

Camacho sacó cuentas y concluyó “que con esas fuerzas no nos alcanzaba para ser competitivos. Y de ahí, a las alianzas”.

–“¿Y cómo explicar a su electorado que van con el partido que les robó la Presidencia?”

“Hay un propósito claro y ya son otras reglas, ya no se puede ver todo por lo que pasó (en 2006)”.

“Todo pasa por los votos. Si no podemos dar resultados en votos, lo demás puede ser muy puro, atractivo en términos doctrinarios, pero la verdad es que no están respondiendo a la gente, y la gente quiere un cambio. La única manera de cambiar este status quo político es, creo yo, en una elección presidencial y con alta participación”.

“Si logramos los votos, la gente se va a entusiasmar. Si no, simplemente va a decir: ‘estos nos llevan de derrota en derrota’. La responsabilidad de los políticos es dar resultados, no sólo tener principios”.

Es la máxima de Porfirio Díaz: si quieres gobernar, administra las ambiciones (La Jornada 12/marzo/2010)

OFRECEN AYUDA

Un grupo de cárteles colgó narcomantas en Jalisco, Chihuahua y Durango, en las que propone al presidente Felipe Calderón acabar con Los Zetas, lo cual confirma una presunta unión de bandas del narco contra esta última organización delictiva.

La mañana de este lunes se localizaron en varios puntos de Guadalajara mensajes dirigidos al presidente Felipe Calderón, en los que le ofrecen ayuda en la lucha contra el ex brazo armado del cártel del Golfo.

“Sr. presidente Felipe Calderón con todo el respeto que se merece, le pedimos nos permita ayudarle a terminar con el cáncer del país, el veneno se combate con el mismo veneno. Después de que acabemos con ellos continúe con su trabajo. Retire al Ejército y la Marina. Atte: cárteles de México unidos contra los Z”, se lee en los mensajes.

Las narcomantas se difunden a una semana de que agencias de investigación de Estados Unidos dieran a conocer que los cárteles de Sinaloa, del Golfo y La Familia michoacana tomaron la decisión de crear un frente denominado Gran Federación para exterminar a la organización de Los Zetas. (Milenio 9/marzo/2010)

¡QUE CALCULO!

“Extraordinaria afluencia de vehículos se registró durante horas pico en las playas, con lo que se contabilizan más de un millón de visitantes, incluyendo a los porteños que disfrutan los balnearios del puerto”.
“La mayor parte de turistas, en un 70 por ciento provienen del estado de Jalisco, 20 por ciento de Michoacán y el resto del Estado de México y Distrito Federal”.
“Christián Montero, director de Tránsito y Vialidad, informó lo anterior y dijo que el puerto se contagió con la alegría y la locura de sus visitantes, ya que durante las horas pico se rebasaron las estadísticas que se tenían contempladas al registrarse un cálculo de más de 320 mil vehículos en zonas de playas, sobre todo desde el viernes, sábado y gran parte de hoy domingo”. (Ecos de la Costa 04/abril/2010)

Qué buena noticia que vinieron un millón de turistas a Manzanillo, que orden que hayan circulado 320 mil vehículos en el puerto, que civilidad para divertirse en grande y sin causar molestias.

Yo no digo que no sea cierto que eso haya pasado, pero suponiendo sin conceder, me pregunto: ¿a qué vinieron? ¿Tantos y en tan pocos días? ¿Cómo acomodaron a los visitantes y a los vehículos? ¿Por dónde llegaron?

Tiene ya Colima un primer lugar más, somos el destino de playa que maneja el mayor volumen de turistas de “clase acomodada”, porque los acomodaron bien para que cupieran tantos en tan poco lugar.

Y un premio nacional, también, por la capacidad de cálculo, pues la nota dice que del millón de turistas el 70% eran de Jalisco, o sea, 700 mil, el 20% de Michoacán, o sea, 200 mil michoacanos que además se portaron muy bien, porque aquí en Colima siempre que hay algo malo se dice que son de Michoacán los que lo hicieron.

Pero además, se dijo que hubo 320 mil vehículos en Manzanillo, si cada uno, aproximadamente, tiene 4 metros de largo, el resultado es un millón 380 mil metros lineales de puros vehículos, o sea, mil trescientos kilómetros lineales, trece veces de Tonila a Manzanillo. ¿Cómo los acomodaron? ¿Cuántos baños públicos ocuparon?, otro premio más: tenemos playas de tres pisos.

Si el gobierno anterior hubiera contratado como secretario de Finanzas a este funcionario de Tránsito y vialidad de Manzanillo, las cuentas serían muy alegres y de seguro hubiera habido superávit en las finanzas estatales.

A Propósito…

Con la postulación del candidato Francisco Olvera del Estado de Hidalgo, el PRI concluye sus procesos internos para competir por las doce gubernaturas en las que sin duda alguna saldrá victorioso derrotando a las alianzas contra natura del PAN-PRD.

Me ha tocado al nombre del PRI coordinar los procesos de postulación de candidatos en tres Estados Tlaxcala, Veracruz y Durango, los dos primeros en mi responsabilidad como secretario regional nombramiento que incluye también el Estado de Tabasco y en el caso de Durango como Delegado General del PRI. Así me ha tocado en esta etapa importante para el PRI desempeñarme como secretario general y como delegado, en el caso de Durango, mi compromiso era sacar la postulación de candidatos y una vez que esa tarea se ha cumplido, me dedicare únicamente a atender los tres estados que me corresponden como secretario regional Tlaxcala y Veracruz con la elección y Tabasco en la que se celebro la elección intermedia el año pasado.

Cabe destacar que Durango, San Luis Potosí y Zacatecas forman parte de otra Secretaria Regional que le toca encabezar a José Antonio Rojo que aspiro a la gubernatura de Hidalgo, aspiración que no se concreto y fue precisamente la razón por la que correspondió atender de manera emergente dicho estado en su postulación de candidatos a Alcaldes, Diputados y Gobernador.

La importancia política del estado de Veracruz requiere nuestro mayor empeño y el que Tlaxcala este gobernada por el PAN que durante doce años no hemos ganado la gubernatura nos obliga a dedicarle más tiempo.

No hay duda el PRI ganará las elecciones del 2010, al tiempo.

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El Derecho De Alumbrado Público

Muchos han opinado sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público y se ha reiterado que es un cobro inconstitucional y que así ha sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado priista Rigoberto Salazar Velasco, considera como movimiento político a los amparos contra el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y defendió su constitucionalidad ante una eventual afectación a los diez ayuntamientos.

En rueda de prensa, el legislador sostuvo que la Carta Magna obliga a los gobiernos municipales a brindar servicios a la población, como el alumbrado público, pero también el documento da atribuciones para cobrar un impuesto para ello.

“Es un servicio en términos del artículo 115 constitucional, le corresponde otorgar al municipio además de establecerse en el mismo precepto que el municipio percibirá ingresos por los servicios que se encuentren a su cargo determinándose así la constitucionalidad del cobro por el derecho al alumbrado público, quiere decir que lo prevé la Constitución”, afirmó.

No obstante, admitió que es en la forma de cobrarlo las quejas sobre su ilegalidad “el cobro del DAP se ha declarado en casos inconstitucional, lo cual se ha dado por la forma para establecer el cobro y no por el cobro mismo”, sostuvo.

Informó que en otros estados, como Coahuila y Guanajuato, se ha cambiado la forma de cobrarlo “en donde el criterio es como una cuestión constitucional, es usar como parámetro el total del metro lineales una tienda departamental, oficina, casa habitación para fijar la tarifa de este cobro por el servicio de alumbrado público”.
A pesar de ello, aseguró que la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos está en un análisis del tema para buscar alternativas de solución, “porque no hay que perder de vista que uno de los principales problemas que tenemos ahorita es la carencia de recursos en los ayuntamientos”, dijo. (Avanzada 11/feb/2010)

Al respecto, varias empresas e instituciones han presentado solicitud de amparo para no ser sujetos de este cobro y han ganado los juicios, entre ellos la Universidad de Colima, Apasco, Las Encinas, etc. Parece que no se ha precisado por qué este impuesto es inconstitucional, el diputado Rigoberto Salazar dice que se alude la ilegalidad por la forma de cobrarlo o por la forma de establecer el cobro y no por el cobro mismo.

Hay quienes consideran que los metros lineales del frente de una casa sirven para determinarlo y no es así, es un cobro al consumo de energía eléctrica, que consiste en agregar al costo de la energía que consume un usuario mediante recibo que emite la Comisión Federal de Electricidad, un 10% adicional por concepto de DAP.

La inconformidad que se expresa no es por motivos políticos, pues su cobro beneficia a los ayuntamientos priistas, panistas, perredistas o de cualquier color y afecta por igual a todos los militantes de los partidos políticos, no lo establece tampoco el Gobierno del Estado, la inconformidad es porque se hace un cobro que a todas luces es inconstitucional y que en muchos casos los diputados locales no entienden por qué y por eso hacen declaraciones imprecisas sobre el tema y buscan justificantes para cobrar lo que nada tiene que ver con la legalidad y mucho menos con la constitucionalidad de dicho cobro.

El punto es que hace aproximadamente 40 años, la legislatura local, al igual que lo han hecho otras legislaturas, aprobó mediante un decreto y modificaciones a las leyes de hacienda municipales, el cobro del 10% sobre el consumo de energía eléctrica para todo tipo de consumidores.

Este impuesto lo recauda la Comisión Federal de Electricidad y su monto se abona a lo que el municipio debe pagar a la CFE por concepto de alumbrado público; en algunos casos, los ayuntamientos reciben un sobrante, pero en la mayoría de las ocasiones, aportan una cantidad para completar el pago total.

Hace muchos años, una legislatura local aprobó el DAP, en contra de lo que establece la Constitución, violando la Carta Magna y atribuyéndose facultades que no tenía y que no tienen las legislaturas locales, que es la de legislar en materia de energía eléctrica y al gravar el consumo de la misma a través de la legislación local y municipal aprobada por el Congreso del Estado, legislaron sobre una materia, energía eléctrica, que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, pues así se establece en el artículo 73 fracciones X y XXIX que a la letra dice:

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias y químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juego con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

XXIX. Para Establecer contribuciones

5º. Especiales sobre

a) Energía eléctrica

En consecuencia, esos diputados locales invadieron competencias del Congreso de la Unión, violaron la Constitución y por eso es inconstitucional.

Por lo tanto, afirmar que el cobro del DAP es Constitucional, por el solo hecho de que la Constitución General de la República, en el artículo 115, faculta a los ayuntamientos a cobrar los servicios públicos, es un grave error.

También es un error considerar que la pobreza de las finanzas municipales justifica y valida violar la ley para que los municipios tengan recursos indebidos para pagar el alumbrado público, porque suponer esto es como afirmar que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que tiene serios problemas financieros y adeudos que gravan y afectan su buen desempeño, se justifique ante la pobreza financiera y decida obtener recursos de manera ilegal, vendiendo droga y dedicándose al narcomenudeo, esto sería absurdo, además de ilegal, como lo es también el cobro del DAP.

La pobreza o la falta de recursos no valida, ni legitima, que personas o instituciones y mucho menos el gobierno en cualquiera de sus niveles, recurra a la ilegalidad para sanear sus finanzas.

En consecuencia, si otra legislatura local violó la Constitución, invadió competencias del Congreso de la Unión y ha autorizado por años el cobro ilegal del DAP, debe ser el propio congreso local el que corrija o enmiende esta violación constitucional y se retorne en este aspecto al cumplimiento de la ley y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

El tema no es político, en su origen es jurídico y afecta a la política, porque los diputados locales protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, y aquí se ha violado, no se ha respetado, ni se ha hecho respetar.

Quizás en otras legislaturas y en otros tiempos, la gente no protestó, ni las autoridades se dieron cuenta de la ilegalidad, de la que se enteraron cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace pocos años, declaró inconstitucional dicho cobro, pero ya siendo del conocimiento de todos de que el DAP es inconstitucional, los diputados locales deben modificar las leyes de hacienda de los municipios para derogar este ilegal cobro.

Vamos a ver de qué están hechos nuestros diputados locales, pues en lugar de justificar una disposición inconstitucional, deberían buscar una forma jurídica que no viole la Constitución y que le permita a los municipios tener más ingresos para que no sigan violando la ley.

ALCALDE PANISTA MAFIOSO

Recordemos que en año 2009, unos meses antes de la elección federal, el Gobierno de la República, a través de su Procuraduría General, giro orden de aprehensión contra 12 presidentes municipales del Estado de Michoacán y contra 11 funcionarios de la administración gubernamental de Michoacán, de extracción perredista.

Cuando eso sucedió la gran mayoría de analistas políticos y desde luego el perredismo nacional, lo consideraron como una agresión y una medida electoral para desprestigiar a la izquierda michoacana, para que el PRD perdiera las elecciones en ese Estado del que es originario el Presidente Calderón y en el que en una ocasión compitió para gobernador y perdió.

Casi un año después, ahora en el 2010, esas personas arrestadas fueron puestas en libertad al no encontrarse pruebas suficientes que los vincularan con el narcotráfico o crimen organizado.

Desde mi punto de vista, el año pasado los arrestaron por motivos políticos, por la elección del 2009, y ahora los liberan también por motivos políticos, también por la elección del 2010; o sea, que el año pasado cuando los arrestaron, el panismo y el perredismo eran enemigos acérrimos en la elección del 2009, y ahora en las elecciones del 2010, van PRD y PAN de aliados y han olvidado sus diferencias y agravios reiterados.

Por eso está claro por qué los liberan: el panismo, que gobierna a nivel federal, pactó con el perredismo liberar a los perredistas michoacanos, presuntamente ligados con el narco, y este tema merece por sí solo el comentario, pero más cuando vemos como tratan desde la Procuraduría General de la República a los alcaldes panistas, veamos:

El Alcalde de San Pedro Garza García de Nuevo León, Mauricio Fernández de la Garza, reconoció que una de las personas detenidas por la Marina es de los informantes de su “grupo rudo”, pero dijo desconocer que tuviera alguna relación con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Alberto Mendoza Contreras, “El Chico Malo”, fue detenido en un operativo en el que fueron capturadas otras cuatro personas y presentado como quien tomó el liderazgo del Cártel de los Beltrán en San Pedro, desde 2009.

Fernández dijo que conocía a Mendoza como Beto, a quien vio personalmente al menos en tres ocasiones y proporcionó al Municipio información puntual y valiosa.

“Lo conocía simplemente por un apodo. No sabía que le decían “Chico Malo” ni nada. Yo simplemente lo conocía como un informante que se llamaba Beto (…) pero yo no tenía ninguna información de que le dijeran “Chico Malo”. Yo no sabía ni su apellido”, afirmó el Alcalde.

¿Pero no sabía que estaba relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva?, se le preguntó.

“Yo lo que sabía es que tenía acceso-y, como te digo, muy puntual y muy positiva- a mucha información que nos proporcionó. Yo no juzgo, no te pido un curriculum, como le llames, si me traes información”, respondió.

“Cuando lo vi en el periódico, pues, sí lo reconocí como Beto”, agregó el Alcalde. “Además, es una persona que personalmente lo vi dos o tres veces en un año. No tenía así contacto para nada con él”, agregó. (Reforma 23/marzo/2010)

O sea, este alcalde panista tuvo relaciones y se reunió varias veces con un narcotraficante, que le daba información sobre el narcotráfico, y lo hizo de manera impune y además involucró a la Secretaría de Gobernación como instancia relacionada con el narcotráfico a cambio de información.

La Secretaría de Gobernación (Segob), apoya emplear informantes para combatir el crimen organizado, dijo el edil de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández.

“Hablé con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y le pedí que me ayudara a través de los órganos federales del Ejército, de la Marina, de la PGR y del Cisen, y me avisaran los nombres de otras personas que pudieran trabajar como informantes para San Pedro”, dijo el alcalde de extracción panista.

La Secretaría de Gobernación rechazó que haya tenido conocimiento que Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, colaboraba con la administración del alcalde Mauricio Fernández Garza.

Funcionarios de la SIEDO acudieron a la oficina del alcalde a tomarle la declaración en torno a los señalamientos respecto a que Mendoza Contreras, El Chico Malo, formaba parte de sus informantes.

Reconoció que desde enero el presunto narcotraficante fungía como su informante para obtener información en contra de Los Zetas que operan en la zona.

Al conocer la captura del narcotraficante, ocurrida el 19 de marzo en una operación de infantes de la Marina, declaró públicamente que El Chico Malo era informante de su municipio. Al ser cuestionado por este vínculo con el capo sostuvo que “si el demonio me da información, la compro”. (El Universal 27/marzo/2010)

La Secretaría de Gobernación desmintió su vinculación con informantes relacionados con el narcotráfico y el alcalde de San Pedro Garza García, el panista Mauricio Fernández Garza, se disculpó con el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por haber afirmado que el funcionario federal avaló que tuviera como informante a Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, detenido por la Secretaría de Marina y señalado como jefe de la plaza para el cártel de los Beltrán Leyva.

El alcalde añadió: “mi tema es erradicar de San Pedro al crimen organizado, pero necesito información para lograrlo y ayudar también con datos para los operativos federales que se ejecuten.

A Propósito

Así no…

1.- La difusión de obscenidades, por parte de una dependencia del gobierno del Estado, con el pretexto de dirigirse a los jóvenes y que estos entiendan el mensaje, es una falta de respeto a la sociedad colimense y en particular, una ofensa hacia los jóvenes a quienes se pretende estigmatizar con que sólo mediante lenguaje soez se puede dialogar con ellos.

Es algo que no se puede pasar por alto, porque está publicado en las calles, sobre todo, lo más grave, con el aval del gobierno y con el logotipo que lo identifica.

Quiero creer que es un error que se puede corregir, pues me resisto a aceptar que ese sea un estilo de gobernar y mucho menos que gobierno y gobernados estemos a ese nivel.

No me espanto, pero si me asombro por el mal gusto y la falta de creatividad.

2.- ¿Qué es la prolongación de la avenida Ignacio Sandoval?

Es la prolongación del gobierno anterior en negocios privados a costa de los bienes públicos.

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