Los Panistas, Imprudentes, Protagonistas y Provocadores

Insisto, los panistas no han jugado conforme a los intereses de Colima en los casos de los límites, han actuado conforme a sus intereses partidarios dentro de una estrategia particular, ajena a la implementada por el representante del pueblo y del gobierno de Colima que es Silverio Cavazos, quien tiene en su alta responsabilidad la de ser el representante de los intereses del Estado y de sus habitantes.

Los diputados panistas celebraron una reunión en Jalisco con sus colegas diputados del PAN, que nada tiene de ilegal o de violatoria de la soberanía, pero es una acción protagónica, imprudente y provocadora.

Protagónica, porque pretenden ponerle la agenda al gobernador de Colima, acordando tema y reunión y tomando decisiones que competen única y exclusivamente al gobernador, sin consultarlo al respecto.

Es imprudente porque se exhiben. Para los diputados panistas de Colima, primero son los acuerdos con los panistas del estado provocador y demandante de nuestro territorio, privilegian la estrategia entre panistas y relegan la estrategia del congreso del estado y de los tres poderes de Colima, acreditando así que para ellos, el partido va por delante y no así los intereses de Colima.

Es imprudente porque demuestran ante los jaliscienses que las fuerzas políticas locales no están unidas en esta causa fundamental.

También es imprudente porque le compran un conflicto al presidente Calderón con el gobierno de Colima e involucran innecesariamente al secretario de gobernación, Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y mandan así el mensaje de que los panistas en el congreso de Colima y los de Jalisco, politizan y partidizan un conflicto entre estados y presumen que el presidente y el secretario de gobernación, ambos panistas, intervendrán en el asunto de límites en favor de un gobierno panista, Jalisco, y que es donde se destapó como candidato al actual presidente.

Esta imprudencia es el fondo de la visita rápida a Colima del secretario de gobernación, Ramírez Acuña, el pasado viernes, y al no haberse dicho claramente a qué vino, se confirma que vino a decirle en privado al gobernador de Colima, que fue una imprudencia la reunión de diputados panistas de Colima y Jalisco.

Por eso, el secretario de Gobernación declaró que no abordaron el tema de los límites, eso confirma que sí lo abordaron, pues así evitó Ramírez Acuña, exhibir públicamente a los panistas y prefirió protegerlos con su silencio. Si no es así, entonces a qué vino, negó lo de los límites, que lo de la seguridad va bien y que vino a dar seguimiento a los acuerdos del presidente con lo gobernadores priístas y Beatriz Paredes. Entre dichos acuerdos, los más importantes fueron que el gobierno federal no se metería en las elecciones, en los 14 procesos de este año, y en Colima no hay elecciones, y el nombramiento de los delegados federales ,y al respecto el gobernador ha dicho que le consultaron el de Salvador Becerra y no así el de la delegada de SEDESOL.

Entonces, quiere decir que vino únicamente a darle una explicación al gobernador de este nombramiento ¿No es así? Un secretario de Gobernación muy pocas veces va a los estados y cuando lo hace, va a cuestiones muy importantes. Es más su visita no fue reseñada en la prensa nacional.

No es posible que en medio de una guerra contra el narcotráfico, el secretario de Gobernación no vaya a Veracruz, Baja California, Guerrero o Michoacán y dedique parte de su tiempo a venir a Colima, a hablar de los cambios de los delegados, no es creíble o no es posible que a eso haya venido. Por eso se confirma que vino a evitar una confrontación, debida a la imprudencia de los diputados panistas, de un gobernador priísta con el gobierno federal panista. Por eso fue imprudente la actitud de los diputados panistas.

Además, fue provocadora porque los diputados van a Jalisco a reunirse con sus colegas panistas, para hablar mal del gobernador de Colima y a escuchar de los diputados de Jalisco opiniones desfavorables a nuestro gobernador, mismas que fueron publicadas en los medios de comunicación.

Reitero: los diputados panistas de Colima fueron imprudentes, porque con Jalisco tenemos un conflicto real en cuanto a los límites y no una relación amistosa, sino una lucha jurídica en defensa de nuestro territorio y que fue iniciada por Jalisco y que a falta de argumentos legales, recurren a la intromisión, a la invasión, a la violación a la ley y a la soberanía de Colima y a las amenazas permanentes.

Entonces, cuando hay un conflicto entre dos contendientes territoriales, si los de un territorio van con el contrario y no es a luchar, quiere decir que van a negociar o a “ofrecer su colaboración” para socavar internamente nuestro esfuerzo y en una gerra, eso es traición, y en este caso es imprudencia política y no es motivada por la ingenuidad, sino por el interés de partido, por la malicia y el agandalle.

En este caso, el comportamiento de los diputados panistas de Colima ha sido igual a la de los diputados panistas de Jalisco, que han sido imprudentes y se han querido agandallar y son iguales, porque si bien son diputados, unos de Colima y otros de Jalisco, son panistas.

Entiendo que los de Jalisco tienen derecho a hacer su lucha y reclamar nuestros territorios y recurrir a los medios que están acostumbrados. Pero los de Colima van de “coleros” en el agandalle y eso se llama mezquindad y van al servicio de los intereses ilegítimos de sus hermanos mayores, los panistas de Jalisco, que ya tienen en Colima un pie adentro, pero del Congreso del Estado. Que con su pan se lo coman, de todos modos les vamos a ganar.

A Propósito

1.La senadora Martha Sosa, panista foxista porque estuvo en contra de Calderón y en favor de Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco, ratificó su foxismo en el tema de límites y expresó “¿y yo por qué?” Desde ahora se exime de cualquier responsabilidad en ese asunto y confiesa que a ella no la escogieron para defender los intereses de Colima, si no como escalón para ser candidata a gobernadora.

Dice la senadora Sosa de Rodríguez que ella no forma parte de la comisión de límites, que la integran cinco y que en ella están los otros tres senadores de Colima, Rueda, Sotelo y Dueñas y que ella no entró porque las comisiones se integran por sorteo. De manera puntual, el senador Sotelo la critica y lamenta que la senadora Sosa ignore que las comisiones se integran a petición de las fracciones parlamentarias y no por sorteo, sino cuidando el perfil idóneo de cada uno de los senadores y también su interés en formar parte de una comisión. Sotelo le informa a su colega Sosa que esa comisión no se integra por cinco senadores como ella dice, sino por tres y también le corrige al decirle que Rueda y el propio Sotelo no forman parte de la comisión, como ella afirma. La muestra como lo que es: ignorante de todo lo que es su responsabilidad y que no sea su propio interés que es ser candidata a la gubernatura. Defender los límites de Colima no es su prioridad, ni está en sus intereses y es entendible su posición: su amigo Bebeto Cárdenas se lo puede reclamar, pues el presentó la controversia contra Colima.

La senadora Sosa de Rodríguez recibió hace unos días, por parte del cabildo panista de Manzanillo, el premio como la Mujer del Año y así le fue: recibió una muestra de repudio de ciudadanos manzanillenses por no aclarar a la fecha las cuentas pendientes de su administración municipal, que en el caso de Marindustrias le mereció la inhabilitación y en el caso del Mercado 5 de Mayo duplicó el costo de su construcción, de doce a más de 25 millones de pesos, sin aclarar nunca el motivo de dicho encarecimiento.

Hay que recordar que en el caso Marindustrias, quien hizo la denuncia originalmente fue una regidora panista del propio ayuntamiento en el congreso del Estado. La denuncia la hizo el diputado Jorge Luis Preciado y los priístas, al revisar la cuenta pública, retomaron esta denuncia de los panistas contra la señora Sosa de Rodríguez, quien ahora, como antes, me culpa a mí de su inhabilitación y quien la hizo fue el congreso del Estado, incluyendo votos panistas y perredistas y desde luego priístas ,y ella recurrió al amparo de la justicia federal, resolviendo ésta en su contra. O sea, perdió el amparo y la justicia federal ratificó la decisión del congreso de inhabilitar a Martha Sosa.

Recientemente, y con motivo de su “premio”, nuevamente me acusó de ser el culpable de la inhabilitación y así como se le “olvidó” cobrarle a Marindustrias, se le olvida que el PRI no tenía mayoría en el congreso cuando fue inhabilitada.

Este premio, al igual que la inhabilitación, forman ya parte del expediente de méritos para la contienda del 2009 y de seguro, los aspirantes panistas no lo olvidan y tampoco el priísmo, pues si bien es cierto que el tiempo de la inhabilitación ya concluyó, jamás pudo la señora Sosa acreditar su inocencia, ninguna autoridad la exoneró y al contrario, la representación popular y la justicia federal ratificaron su culpabilidad y su correcta inhabilitación.

Ahora bien, si el PAN postula a Martha Sosa como candidata a la gubernatura, inhabilitada por un mal manejo de los recursos públicos a su cuidado, nos está diciendo el panismo que sus demás aspirantes están peor y que ella es la mejor opción.

El pasado fin de semana, la señora Sosa de Rodríguez declaró que el PAN le apuesta a la transparencia y a la rendición de cuentas en el caso de los bonos de la CAPDAM en Manzanillo, pero en su administración municipal transparentó sus errores en el manejo de las finanzas y rindió muy malas cuentas.

El caso del premio como La Mujer del Año entregado a Martha Sosa por el cabildo panista es parte de la contienda interna en el PAN rumbo al 2009, porque si Nabor y Virgilio se hubieran opuesto a dicho premio, éste no se le hubiera entregado, pero ellos estuvieron plenamente de acuerdo, porque sabían que al premiarla iban a provocar una reacción en su contra y ese era el objetivo de premiarla, que la gente protestara y recordara la mala administración de los recursos públicos en su gestión municipal y eso se demuestra con la amplia difusión mediática que le dieron a la protesta, más que al premio o a su discurso de premiación, lo que se privilegió en la prensa es que estuvo más de una hora sin poder salir del recinto municipal por la gran protesta ciudadana, la difusión fotográfica acredita cuál era la intención de la premiación.

Pues quienes creyeron que Nabor y Virgilio eran ingenuos y la estaban premiando para ayudarle en su carrera política, se equivocaron, pues éstos hacían precisamente lo contrario. El propio Nabor Ochoa no asistió al homenaje, no obstante ser éste un acto muy importante para la vida política de Manzanillo, sabía claramente lo que iba a pasar y prefirió estar lejos de la protesta y el escándalo.

Nunca en la historia de Manzanillo, el cabildo había premiado a una autoridad municipal inhabilitada, nunca el reconocimiento de La Mujer del Año o el Ciudadano del Año se le había entregado a un personaje político como es el caso de la señora Sosa Govea, nunca se había premiado a quien recibe un salario del erario público y que ejerce un cargo político que partidiza el premio, nunca se le había entregado premios de esta naturaleza en Manzanillo a algún aspirante a la candidatura a la gubernatura.

La senadora Sosa no ha dado muestras de defender el territorio de Manzanillo, fue inhabilitada, se le premia en el inicio de la contienda interna de su partido a la gubernatura. Esta claro que el motivo fue político, exponerla a la protesta y al repudio popular. Esa es la lucha interna del PAN, que premian a su correligionaria para aparentar que la apoyan, se engaña a los ciudadanos que son sus simpatizantes y también a los protestantes.

La única duda que tengo es si Martha Sosa se creyó que lo del premio era de adeveras o se dio cuenta de la intención política y si se lo creyó es muy ingenua. Creo que ingenua no es, en mi caso, creo que supo cuál era la intención y pudo más la soberbia del aplauso en el recinto, que el repudio fuera de él y además, le dice Martha Sosa de Rodríguez a Nabor y Virgilio que como quieran les juega.

2. He leído con atención la prensa de Guadalajara y en las dos últimas semanas no aparece el tema de los límites como nota importante o menor, no es tema para los de Jalisco y no les interesa, porque saben que no pierden nada y porque les queda claro que Colima tiene la razón. Allá en Jalisco no es tema. Aquí, al parecer, para algunos definirá la gubernatura y algo más.

3. Hay quienes afirman que quien fue administrador de CAPDAM en el 2003, saneó las finanzas del organismo. Así lo expresó Pedro Figueroa en su columna, al referirse al contador Abel Alejandri. No fue así. En mi gobierno, a finales de 1997, al presentar CAPDAM un endeudamiento impagable por 70 millones de pesos, mi gobierno asumió 55 millones como deuda estatal y le quedó una deuda de sólo 15 millones al organismo operador, para que lo pagaran en 12 años.

Los tres primeros años que le correspondieron pagar al Ayuntamiento de Manzanillo, la presidente Sosa Govea de Rodríguez se negó a pagar las mensualidades correspondientes a los tres años de su ejercicio. Por esa razón, mi gobierno tuvo que pagar esos pagos no hechos pór el ayuntamiento presidido por la señora Martha Sosa de Rodríguez .

Gracias a la acción de mi gobierno, ahora le sobra dinero a CAPDAM y por eso se dan cuantiosos bonos cada tres años. Ahora sólo falta que me echen la culpa por esos bonos, por haber saneado financieramente a CAPDAM.

4. Me parece sorprendente el caso del CENDI. Cuando se dio a conocer dicha obra, mereció las ocho columnas de varios periódicos. Cuando surgió la inconformidad para su construcción, mereció también ocho columnas en la prensa y frecuentemente, cuando se discutía sobre la pertinencia o inconveniencia de su construcción, se publicaban grandes titulares. Se establecieron comités en pro y en contra, se partidizó la obra, hubo intercambio de acusaciones, también a ocho columnas, y ahora que se anuncia que siempre sí se construirá, sigue mereciendo las ocho columnas.

Hay quienes afirman que el gran interés, entusiasmo y oposición que ha despertado esta importantísima obra, similar al fallido aeropuerto de Atenco, se debe a que será una obra magna, no tanto debido a la ausencia de obras, pero hay quienes creen que la gran polémica que esta crucial obra para el desarrollo de Colima ha despertado, se debe a que ahí se habrá de inscribir alguien que quizás llegue a ser el futuro presidente de México y si no es así, entonces cuál es la razón de su importancia.

5. Autorizo, a partir de esta fecha, a que esta columna se reproduzca total o parcialmente, sobre todo si es para desahogarse o hacer berrinches.

6. El PRI ganará las elecciones en Yucatán. Mi pronóstico es que ganaremos por cuatro puntos porcentuales. Quizá quedemos 46 contra 42 del PAN. Lo veremos con precisión el próximo domingo.

7. Algo se tiene que hacer. Si no se hacen obras, hay que mover las que otros hicieron. Bueno, las que se puedan, porque bien lo dice un letrero que acabo de leer en Mérida, Yucatán, que a la letra dice: “se pintan fachadas de casa a domicilio”. O sea, no hacen lo imposible.

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Burocracia, Lamentable División

LAMENTABLE el enfrentamiento público y de a deveras entre los dos liderazgos de la burocracia colimense, Agustín Martell y Martín Flores.

Ambos son mis amigos, mantengo con ellos un trato cordial, respetuoso y afectivo. Durante mi gobierno, buscamos siempre beneficiar a los trabajadores y mantener servicios públicos eficientes y cuando implementamos el programa de gobierno electrónico, hubo siempre una muy buena respuesta del sindicato, de los trabajadores y de sus dirigentes.
La negociación salarial y laboral siempre fue en el marco del respeto y de la disponibilidad financiera. Los dirigentes de la burocracia, en aquel entonces, fueron siempre institucionales y disciplinados en las cosas del partido, solidarios siempre en el respaldo político al PRI y al gobierno pero inflexibles y radicales en la defensa de los intereses de los trabajadores.

Eso les permitió mantenerse durante muchos años en el liderazgo sindical, pues la gran mayoría de trabajadores del gobierno y los ayuntamientos vieron siempre en ellos, en Agustín y en Martín, líderes comprometidos por las causas que representan y además, comprobaron en muchas ocasiones que las posiciones políticas o de representación popular que lograban dentro del PRI, nunca fueron en menoscabo de las conquistas sindicales.
Eso les dio mucha fuerza y liderazgo y acreditaron siempre una solidaridad al interior que los mantenía unidos y nadie podía dividirlos, agredirlos y mucho menos debilitarlos, su fuerza en el liderazgo burocrático era tal, que sólo ellos mismos podían hacerse daño, sólo ellos podían provocar la división interna de su gremio y sólo ellos y nadie más los podía llevar al enfrentamiento.

¿Qué les paso?, les quedó “chico” el liderazgo sindical y comenzaron a escalar otras posiciones fuera del gremio sindical y las circunstancias los llevaron a participar en proyectos políticos mayores, pero, a la vez, diferentes y encontrados. Y no hubo, en los tres últimos años, un liderazgo político externo a la burocracia, ni tampoco dentro de ella, que sirviera de equilibrio, de intermediario de buena fe, que los conciliara y evitara su división.
Si hubo liderazgos externos que, por las circunstancias, han contribuido a su división y confrontación, quizás no de mala fe, o posiblemente lo hayan hecho de manera involuntaria, pero lo que resulta evidente es que la división y la confrontación no se deben a las causas de los trabajadores, o de los intereses sindicales que representan, sino que son producto de los proyectos políticos en los que últimamente decidieron participar de manera separada, y que no son de partidos políticos diferentes, ni participan en proyectos políticos que estén desligados del gobierno priista, sino que forman parte del PRI y al mismo tiempo, del gobierno del estado.

Veamos: durante mi gobierno, y siendo yo el líder del priismo, Martell llegó al liderazgo de la Cnop estatal y ocupó el primer lugar en la lista de diputados plurinominales locales. Martell y Martín, desde hace muchos años, reconocieron y aceptaron el liderazgo político de Humberto Silva Ochoa, con él mantuvieron siempre una relación política de reconocimiento a su liderazgo y fueron siempre solidarios con las aspiraciones políticas de Humberto Silva y además, impulsores de ellas.

Durante mi gobierno, Martell y Martín fueron conmigo excelentes amigos y firmes aliados políticos, pero siempre reconociendo en Humberto Silva un liderazgo indiscutible y así se acreditó en la contienda interna del PRI en el año 2002 para postular candidato a la gubernatura, cuando Humberto Silva compitió contra Gustavo Vázquez y optaron por apoyar la candidatura de Humberto y fueron la base fuerte de la misma.
En esta contienda interna, como se supo y se sabe, simpaticé con la candidatura de Gustavo y no con la de Humberto y eso no me distanció nunca de Martell ni de Martín, siempre hablamos claro y nunca nos engañamos, sabíamos cómo jugaba cada quien, ellos jugaron con Humberto, pero al final del proceso, apoyaron con todo la candidatura de Gustavo Vázquez y aunque Humberto no lo hizo de igual manera, demostraron ser más institucionales que su líder.

En mi caso, siempre tuve la seguridad de la institucionalidad priista de Martell y de Martín, siempre confié en que Humberto Silva no podía arrastrarlos fuera del partido como fue su intención, por el contrario siempre estuve seguro que ellos, Martell y Martín, serían el ancla de Humberto para que no se fuera del partido, pues el núcleo de la fuerza real de los simpatizantes de Humberto Silva lo constituía la burocracia.
Cuando se discutió la lista plurinominal del PRI al Congreso del Estado, surgió una importante diferencia, pues Martín aspiraba a ocupar el primer lugar de dicha lista, pues en ese momento la burocracia tenía en Martell la primera plurinominal y era el argumento de Martín para conservarlo.

Durante la campaña interna, Martín me planteó esa aspiración, siendo yo gobernador y en aquel entonces líder del priismo, le respondí que era una situación complicada porque mi opinión era que la candidatura a la gubernatura la iba a ganar Gustavo Vázquez (aunque a algunos les duele que yo reconozca que siempre apoyé a Gustavo, lo cual no hicieron muchos que se hicieron llamar “gustavistas”, y que ya se les está quitando) y en consecuencia, al ganar Gustavo íbamos a ofrecer a Rogelio Rueda la candidatura a la diputación federal y a Humberto Silva la primera plurinominal local, siempre y cuando no se fuera del partido, pero que si Humberto se iba del PRI, entonces Martín podía ir en la primera posición, si no, no.

Le dije a Martín que la otra opción era que Humberto Silva, perdiendo y no yéndose del PRI, no aceptara la primera plurinominal y en agradecimiento a la burocracia por el apoyo otorgado, propusiera que el candidato fuera el propio Martín Flores.
Martín Flores me dijo: ¿qué tal si gana Humberto?, bueno le respondí, si Humberto gana, Gustavo será candidato a diputado federal y Rogelio a la primera plurinominal local; pero, le insistí, lo que te conviene es que gane Gustavo y que Humberto te proponga a diputado en lugar de él, en la negociación que haremos con él.

Y la verdad es que siempre pensamos que Humberto debía ir a la plurinominal local ante la imposibilidad de que ganara una elección de mayoría y teníamos que evitar que él se fuera del partido.

En esa ocasión, Martín me dijo que estaba bien, que iba a seguir apoyando a Humberto y que si éste no ganaba, apoyaría con todo a Gustavo y que además, él iba a sacarle el compromiso a Humberto de que, si había una diputación local para su grupo fuera para él. Quedamos de acuerdo y así fue: los burócratas cumplieron, pues apoyaron a Gustavo cuando ganó.

Y así fue: una vez que ganó Gustavo la interna y que fue candidato del PRI a la gubernatura, Rogelio Rueda fue candidato a diputado federal y en la reunión de la comisión política permanente del PRI local, cuando se presentó la lista plurinominal al congreso local para su discusión y aprobación, la encabezaba Humberto Silva y en segundo lugar Martín Flores, en esa reunión participamos 52 priistas, entre ellos Gustavo y yo y 50 participantes, a la vez testigos, entre ellos Martín, Martell y Humberto.

Cuando se terminó de leer la lista, Martín reclamó que la primera posición debía ser para la burocracia, pues ellos tenían esa diputación, destacando también la militancia de la burocracia y su fuerza dentro del partido.

Se explicó en dicha reunión que se proponía a Humberto Silva, para presentar al electorado una fórmula de unidad con los candidatos que habían perdido en la contienda, al postular a Rogelio a la diputación federal y Humberto a la plurinominal local; o sea, incorporar a los candidatos perdedores para sumar fuerzas y ganar la elección.

Martín volvió a insistir en que debía ocupar el primer lugar de la fórmula y que Humberto ocupara el segundo lugar y además, Martín argumentó que Humberto se había comprometido con la burocracia a que Martín iría en la primera plurinominal y le planteó ahí a Humberto Silva que desistiera y le dejara el primer lugar de la lista, le exigía Martín a Humberto que cumpliera el acuerdo, Humberto permaneció callado toda la reunión y no respondió absolutamente nada a Martín, no habló ni para renunciar al primer lugar, ni tampoco para desmentir a Martín acerca de que tenían un acuerdo. Permaneció en silencio.
En esta reunión estaba también Martell, quien siempre se mostró institucional y respetuoso, no tomó partido, no lo hizo para exigir a Humberto el cumplimiento del acuerdo con la burocracia, pero tampoco para apoyar a Humberto y menos para estar en contra de Martín.
Gustavo y yo estábamos sentados juntos y me dijo después de la segunda intervención de Martín: “Licenciado, se está complicando el asunto, le prometimos al licenciado Silva la primera pluri”, y yo le dije: “no se preocupe candidato, le vamos a cumplir, nosotros sí cumplimos nuestros compromisos, al parecer Humberto no le quiere cumplir a Martín, pero después de esta ronda de intervenciones, haré una propuesta”.

Y así fue, participaron varios oradores, todos llamando a la unidad y después de la intervención de Jorge Vázquez Chávez, quien planteó que estaba bien que al grupo de Humberto le dieran una plurinominal, pero no las dos, que le dieran la primera a cualquiera de los dos, pero la segunda para la CTM, hice una propuesta atendiendo a la preocupación de Gustavo y dije que era un compromiso de nuestro candidato con Humberto Silva el de otorgarle la primera plurinominal y que los compromisos del candidato debíamos asumirlos todos y le solicité a Martín que aceptara ir en la segunda posición y que la tercera fuera para la CTM. Martín estuvo de acuerdo y todos los ahí reunidos también. Así, Martín y Humberto llegaron por el mismo camino a la Cámara de Diputados, pero ya con destinos diferentes, la ruptura estaba dada entre Martín y Humberto, pero no todavía con Martell, pues los líderes de la burocracia siguieron caminando juntos y así llegaron a la huelga de Tecomán.
La disputa por la plurinominal ilustra cómo la relación de Humberto con parte importante de la burocracia, la representada por Martín, se rompió y por eso, al llegar Humberto como líder de la fracción al Congreso y Martín como un diputado alejado del líder de la fracción, hizo alianza al interior de la misma con Mario Anguiano y Silverio Cavazos y ahí los destinos se empezaron a marcar y a bifurcar: Martín se alió al proyecto de Silverio y Martell se mantuvo siempre en amistad y respetuoso del liderazgo de Humberto Silva.
El primero de enero de 2004, al tomar posesión de la gubernatura Gustavo Vázquez, Humberto Silva pasó a ser secretario del Gabinete y Silverio Cavazos asumió el liderazgo de la fracción priista en el Congreso y Martín se convirtió en uno de sus más eficaces operadores.
Con motivo del fallecimiento de Gustavo Vázquez y en los momentos de las decisiones para definir quién sería el gobernador interino, entre Silverio Cavazos y Arnoldo Ochoa, Martín fue un fuerte impulsor para que el gobernador interino fuera Silverio Cavazos, mientras Martell veía con simpatía que fuera Humberto Silva y yo propuse que el gobernador interino fuera Arnoldo Ochoa y así fue: Arnoldo fue gobernador interino y Silverio Cavazos fue candidato a la gubernatura y ganó la elección.
Una vez que el licenciado Silverio Cavazos llegó a la gubernatura, una parte del grupo de los diputados locales que habían sido compañeros de legislatura del nuevo gobernador fueron la simiente del grupo en el poder, junto con un grupo de distinguidos tecomenses, y así se empezó a perfilar lo que ahora es una realidad, un grupo político que se apresta a contender para mantenerse en el poder y de ese grupo de legisladores locales han sido ya propuestos por el propio Silverio Cavazos como aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura: Mario Anguiano, Carlos Cruz y Juan Carlos Pinto, lo cual resulta lógico e indiscutible, además de ellos, el propio gobernador ha enlistado como aspirantes a Rogelio Rueda, Luis Gaitán, Arnoldo Ochoa, Humberto Silva Ochoa y Héctor Michel.
Como es lógico, Martín estará jugando al proyecto de la gubernatura del 2009 con sus compañeros de legislatura y de manera particular con uno de ellos, pues no puede estar en el proyecto de los tres.

En la elección del 2006, Martell logró que en la lista plurinominal del PRI al Congreso del Estado apareciera la dirigente sindical Aurora Espíndola, que fue registrada en la cuarta fórmula y que no obstante ir en dicho lugar, logró llegar al congreso, porque, por primera vez, obtuvimos cuatro plurinominales y también porque es la primera vez que perdemos siete distritos de mayoría.

Posteriormente, Martell fue removido de la coordinación de asesores del gobierno del estado y Martín fue electo secretario general del PRI, o sea uno salía de la cercanía del poder y otro se acercaba más a él.

Después, Martell fue sustituido en el liderazgo de la Cnop estatal, sustituyéndolo José Antonio Orozco Sandoval, con méritos y capacidad suficiente, quien fue compañero del gobernador y de Martín en la legislatura anterior; en el cambio, Martell, pese a no estar de acuerdo con la fórmula fue institucional, como siempre lo ha sido con el partido.
Posteriormente, se presentó la renovación de una de las mesas directivas del congreso y en la primera votación, el PRI perdió la mayoría, no obstante que los priistas tienen en el Congreso una mayoría acreditada, surgieron las especulaciones y hubo quien afirmara, sin pruebas, que uno de los votos en contra del PRI fue el de la diputada Aurora Espíndola, pero nadie ha acreditado que esto fuera así, la especulación aumentó porque en dicha sesión, Martell estuvo platicando con la diputada, pero nadie sabe el contenido de la plática, por eso se especula el resultado.

Con motivo del desfile del primero de mayo, Martell denunció que el PRI había presionado a la burocracia para que desfilara y Martín acusó que Martell había boicoteado el desfile y de ahí se hicieron públicas y abiertas las diferencias entre los dos líderes de la burocracia, las denuncias recíprocas y las acusaciones mutuas y sucedió en este gobierno lo que nunca había sucedido: la división de la burocracia del Estado, en la persona de sus dirigentes.
Siendo los burócratas una fuerza importante en las victorias electorales del PRI, resulta preocupante para el priismo este lamentable enfrentamiento, división y confrontación de sus dirigentes.

En otras circunstancias, la división de la burocracia pudiera beneficiar al gobierno, si ésta fuera enemiga tradicional del mismo, pero cuando ha sido su aliada permanente y más del partido en el poder, de cara al 2009, resulta preocupante para cualquier priista.
Mucho se ha dicho, de mala fe, que un supuesto e inexistente conflicto del señor gobernador y de un servidor, perjudicaría al PRI en el 2009. Eso no es real, no sucederá.
Lo que sí es real y ya sucedió, es que el PRI, por la razón que haya sido, perdió una elección en la Cámara de Diputados donde es mayoría y la burocracia, priista en su gran mayoría, se encuentra dividida y sólo a un retrasado mental se le podrá ocurrir que yo tengo algo que ver con estos dos hechos políticos relevantes.

Lo anterior sí es resultado de una disputa por el poder, pero no entre el gobernador y un servidor, pues ésta nunca ha existido, sino sólo en las páginas de Ecos de la Costa.
Lamentablemente, la disputa por el poder es interna y de sobra conocida e inútilmente ocultada, porque, por una parte, Martín es secretario general del PRI, cuyo líder indiscutible es Silverio Cavazos y Martell hace política al lado de Humberto Silva, que es miembro del gabinete y cuyo líder indiscutible de éste es, también, el señor gobernador.
O sea, el gobernador tiene la solución y el conflicto en casa y nadie está autorizado para decirle que lo resuelva y cómo hacerlo, él sabe por qué suceden estas cosas, a nosotros nos corresponde respaldar cualquier decisión que tome al respecto.

Sobre todo en estos momentos difíciles, en que los panistas de Colima y los panistas de Jalisco, se unen de manera perversa en contra de los intereses de Colima

Así es: mientras los panistas se unen con los de afuera, la burocracia priista se divide en momentos en que todo el priismo debe estar unido en torno al liderazgo político del señor gobernador en la defensa del territorio colimense.

Esta división es porque la burocracia en el 2009, en el mejor de los casos, jugará al interior del partido en proyectos políticos diferentes. Con quien juegue Martín, Martell estará en contra.
Por supuesto, hablar de Martín y Martell no es hacerlo sólo de ellos, sino de dos grandes grupos de burócratas priistas que juegan en bandos encontrados.

Por eso los panistas están ensoberbecidos, porque saben bien que al interior del PRI no hay un choque de liderazgos, cualquier malentendido real o inventado podría ser arreglado si existiera arriba. El problema es cuando la división se da abajo, como en el caso de la burocracia.
Queda claro, pues, que no soy jefe de ninguno de los grupos en disputa, cuando mucho amigo de Martell y de Martín, y como priista, deseo que resuelvan sus diferencias por el bien del priismo colimense.

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Jalisco: Conflicto de Límites, Segunda Parte

LOS LIMITES Y LA CULEBRA

De entrada, debo decir que la familia Leaño, y de manera particular don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, siempre han sido respetuosos y, además, defensores de los límites territoriales del Estado de Colima, porque no obstante ser distinguidos jaliscienses con grandes inversiones en Jalisco, siempre han defendido nuestro territorio, donde han hecho grandes inversiones para generar zonas de desarrollo turístico y agropecuarias.

Hace algunos años, siendo gobernador y con motivo de la controversia de Jalisco contra Colima por los límites, me reuní con Don Antonio Leaño, quien me había llamado telefónicamente para comunicarme que le gustaría aportar a los elementos probatorios en favor de Colima, un expediente que acreditaba que los terrenos de la Culebra siempre habían sido de Colima y que, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había emitido una resolución en favor del gobierno del Estado de Colima en ese sentido, cuando el Licenciado Francisco Velasco Curiel era gobernador del Estado.

Don Antonio Leaño me entregó el expediente, el cual envié a la Secretaría General de Gobierno para su análisis e incorporación como una prueba muy importante en favor de Colima, en el conflicto limítrofe.

Don Antonio Leaño me narró cómo la Corte resolvió en favor de Colima y además, cómo el licenciado Velasco Curiel defendió dichos territorios.

Hace unos días, el 28 de abril, el periódico “Colimán”, publicó un suplemento especial bajo la responsabilidad del periodista Tranquilino Contreras, que había sido también publicado en el periódico Ocho Columnas de Jalisco y que de segurono les gustó a los jaliscienses, pero voy aprovecharlo para tomar los datos sustantivos en apoyo de la platica que sostuve hace varios años con Don Antonio Leaño sobre este tema, en virtud de que él me hizo referencia de que los detalles, las fechas y los registros estaban contenidos en el expediente que me entregó y que el documento que publica Tranquilino Contreras es una síntesis de dicho expediente, al que faltaría agregar lo que me dijo don Antonio Leaño.

Don Antonio Leaño me aseguró que los terrenos de La Culebra han estado inscritos en el Registro Público de la Propiedad en Colima, desde que nuestro estado forma parte del pacto federal y que esa propiedad de 500 hectáreas la adquirió Carlos Suárez en 1956 y fueron inscritas el 30 de abril de dicho año en la Dirección General de Catastro, en la ciudad de Colima.

“El señor Carlos Suárez solicitó y obtuvo del C. Adolfo Ruiz Cortines, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un certificado de inafectabilidad agrícola que ampara el predio de su propiedad denominado “La Culebra” o “Isla de San de Francisco” el que está ubicado según se dice en el certificado Presidencial, relativo a ese predio, en el municipio de Manzanillo, Estado de Colima, el cual ya certificado se acordó expedir en acuerdo del 13 de noviembre de 1957 y fue el mismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1958, amparándose como inafectables las 500 hectáreas, cinco áreas y 43 centiáreas que abarcaba la propiedad.

El título original del certificado de inafectabilidad fue expedido con fecha 22 de enero de 1958 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación”.

O sea, el gobierno federal, a través del certificado de inafectabilidad en favor de dicho predio ubicado en Manzanillo, reconocía que pertenecía al Estado de Colima.

El señor Carlos Suárez vendió dicho predio al Doctor Salvador Madrigal, quien lo puso a nombre de su hermano, Rafael Madrigal, mediante escritura pública del 21 de noviembre de 1957 y que fue registrada en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Manzanillo, Colima, en el libro 21, bajo el número 1,567 y a su vez, en la dirección general de catastro de la ciudad de Colima, bajo el número 10 981.

El señor Carlos Suárez, antes de vender la propiedad, pagó todos los derechos fiscales al gobierno del Estado de Colima, con recibo oficial número 5071, de la receptoría de rentas local.

Los hermanos Madrigal aportaron estas 500 hectáreas de La Culebra para constituir la empresa Albergues Marítimos, S. A., mas otras propiedades que estaban ubicadas en el municipio de Cihuatlan, Jalisco, y que al sumarse, se registraron en una sola escritura constitutiva de la empresa, inscribiéndose en el registro público de la propiedad de Autlan, Jalisco.

O sea, los terrenos de La Culebra, registrados en Colima, pasaron a formar parte de una empresa que se registró con otros terrenos en Jalisco, no obstante que el predio de La Culebra no tenía ningún antecedente registral en Autlan, ni en el Estado de Jalisco.

No obstante, el notario que hizo la escritura constitutiva de la empresa Albergues Marítimos, S. A., asentó en la escritura que las 500 hectáreas del predio de La Culebra estaban registradas en Colima, pero que el municipio de Cihuatlan otorgó un comprobante para que la registraran junto con las otras propiedades en Autlan, Jalisco. Pero nunca fue cancelado el registro hecho con anteriodad en Colima.

Me dijo también el Licenciado Leaño que en 1964, durante la campaña del licenciado Francisco Velasco Curiel, de quien don Antonio era un buen amigo, el doctor Madrigal se entrevistó con el candidato a la gobernatura, a quien le expresó que el predio La Culebra estaba registrado en Colima, pero que también había quedado registrado en Autlan, Jalisco y que le solicitaba que si Colima le condonaba los impuestos que adeudaba, y que además no le cobraba los impuestos a futuro, cancelaría el doctor Madrigal la inscripción en Autlan para que quedaran únicamente registrados en Colima.

El licenciado Velasco Curiel le dijo que no, que una vez que él fuera gobernador, le iba a cobrar todos los impuestos atrasados, más los que se fueran acumulando. Molesto, el doctor Madrigal le dijo al licenciado Velasco que no le pagaría nada y que los mantendría registrados en Autlan, Jalisco, porque allá no le cobraban impuestos.

Cuando el licenciado Velasco llegó a la gobernatura, requirió a los hermanos Madrigal el pago de los impuestos y no habiéndolos pagado y haciendo caso omiso del requerimiento, el gobierno del Estado de Colima inició un juicio ejecutivo en contra del arquitecto Madrigal, que terminó con el remate de la propiedad por no pagar los impuestos estatales a Colima y con la adjudicación al Estado de Colima.

El arquitecto Madrigal, ante la sentencia judicial en contra de su empresa Albergues Marítimos, S. A, recurrió al juicio de amparo contra el remate de las tierras de La Culebra, que hizo el gobierno del Estado de Colima. La justicia federal resolvió el juicio de amparo en favor del Estado de Colima. Una vez ganado el juicio de amparo, el licenciado Velasco Curiel decidió crear un ejido y el gobierno federal, presidido por don Gustavo Díaz Ordaz, entregó las 500 hectáreas a un grupo de campesinos como dotación agraria provisional y dio posesión de las tierras a los nuevos ejidatarios.

Posteriormente, el licenciado Antonio Leaño en pláticas con el gobernador Velasco Curiel, le presentó el proyecto turístico que los hermanos Madrigal pensaban desarrollar en la zona de La Culebra, pero que habían fracasado porque habían perdido en el juicio las 500 hectáreas.

Don Antonio Leaño convenció, según me dijo él, al licenciado Velasco del proyecto turístico y de la posibilidad de que se desarrollara, pero La Culebra ya era tierra ejidal, y no era muy propicia para la agricultura, en virtud de carecer de agua dulce – y a la fecha aún carece de ella- y le propuso que se expropiaran 380 hectáreas a los ejidatarios, dejando 120 para el ejido, de las cuales, 110 se destinarían a la actividad productiva y 10 para el fundo legal.

El licenciado Velasco Curiel se entrevistó con el presidente de la república, acompañado de don Antonio Leaño, que también era amigo del licenciado Gustavo Díaz Ordaz y le explicaron el desarrollo turístico que sería posible realizar, si se expropiaban al ejido La Culebra las tierras necesarias.

El presidente Díaz Ordaz, cuenta Don Antonio Leaño, de entrada les dijo que no, puesto que su gobierno estaba siendo reconocido por la gran cantidad de tierras que había entregado a los ejidatarios y que por ningún motivo iba expropiarle tierras a unos ejidatarios.

El gobernador Velasco Curiel y don Antonio Leaño terminaron convenciendo al presidente de la república al decirle que los ejidatarios estaban de acuerdo con la expropiación, y por ello se emitió un decreto concediéndole como resolución definitiva a los ejidatarios únicamente 120 hectáreas de tierra, 10 de ellas para el fundo legal y 110 para fines agrícolas y ordenando la restitución a los antiguos propietarios de las 380 hectáreas para el desarrollo turístico y el gobierno del Estado regresó las tierras rematadas, a los hermanos Madrigal, mediante la escrituración correspondiente y previo el pago de los impuestos omitidos, constituyéndose así, con las 380 hectáreas, la nueva compañía desarrolladora de Barra de Navidad con la abreviatura TURBANA, S. A., que se registró en el Estado de Colima, de acuerdo con todos los antecedentes regístrales y catastrales de la tierra aportada.

Posteriormente, el Congreso del Estado emitió el decreto número 277, publicado el 1° de septiembre de 1973, que declara zona urbana las 380 hectáreas.

El gobierno federal otorgó a esta empresa una concesión por 30 años para el aprovechamiento de la zona federal, pagándose en Manzanillo, anualmente, los derechos de zona federal.

En el gobierno de la Maestra Griselda Álvarez, se firmó un convenio entre el gobierno del Estado, el gobierno de Jalisco y la empresa desarrolladora, para construir la carretera que conectaría a la carretera Cihuatlan–Barra de Navidad, con el desarrollo turístico Isla Navidad; o sea, pasaba uno por Cihuatlán, en territorio de Jalisco, y había un camino de terracería que decía Colimilla, con una extensión de 11 kilómetros.

El gobierno de Jalisco y la empresa construyeron los primeros 5.5 kilómetros de carretera asfaltada, partiendo de la carretera de Cihuatlan-Barra de Navidad hacía el mar, pues al llegar al kilómetro 5.5 había de madera y que marca la división entre Jalisco y Colima y a partir de ahí hay 5.5 kilómetros que fueron asfaltados por el gobierno del Estado de Colima y la empresa.

Quiere decir pues, que cada gobierno, el de Colima y el de Jalisco, al construir de manera conjunta los 11 kilómetros de carretera, cada uno reconoció cuáles eran sus límites y cada quien hizo su tramo carretero en su propio territorio, y es precisamente en ese tramo de 5.5 kilómetros de carretera construidos por Colima en el convenio con Jalisco, es el espacio territorial donde se han dado los conflictos derivados de la autorización de las autoridades de Cihuatlán, Jalisco, para construir los desarrollos Música del Mar y otros que, evidentemente, están en territorio de Colima, pues se encuentran pasando el puente que ha sido siempre la división entre ambos estados.

Durante el gobierno del licenciado Elías Zamora, y siendo presidente de la república el licenciado Miguel De la Madrid Hurtado el gobierno federal emitió un decreto expropiatorio, para expropiar al ejido sus 110 hectáreas que tenía destinadas para uso agrícola, que le fueron entregadas al gobierno del Estado para que a su vez, las vendiera a los desarrolladores turísticos, previa indemnización convenida con los ejidatarios.

O sea, que las 500 hectáreas de La Culebra, que eran de los Madrigal, se adjudicaron al gobierno del Estado de Colima y así lo ratificó la justicia federal. Después, con las 500 hectáreas se hizo un ejido, posteriormente el gobierno de Díaz Ordaz les expropió 380 has. a los ejidatarios para el desarrollo turístico privado. El gobierno de Miguel de la Madrid expropió otras 110 has al ejido para incorporarlas al desarrollo turístico, quedando únicamente las 10 del fundo legal y desapareciendo, en los hechos, el ejido, que hoy es el desarrollo Isla Navidad, registrado en Colima y pagando aquí sus impuestos.

Cuando fue inaugurado este desarrollo, con la presencia del presidente Zedillo y el gobernador Carlos De la Madrid, quedó acreditado también que toda esta zona es de Colima y al evento inaugural no invitaron al gobernador de Jalisco, porque nada tenía que ver en dicho territorio.

Todo lo que Jalisco ha venido haciendo en esta zona es únicamente con la intención de preconstituir pruebas que no tiene, pues al no tener pruebas que acrediten que ha ejercido soberanía y dominio sobre esos territorios, lo que pretende Jalisco es acumular pruebas para el momento en que el senado realice las visitas de inspección a la zona, y pueda demostrase que las construcciones ahí realizadas fueron autorizadas por Jalisco; o sea, si tuvieran actos de dominio acreditables los hubieran presentado en el periodo de pruebas ante la Suprema Corte. Pero como el Senado, al desahogar la facultad que ahora tiene sobre límites, una vez que notifique a las partes en conflicto, abrirá nuevamente un periodo de pruebas conforme al reglamento respectivo, que deberá aprobar el mismo Senado de la república, que al momento no existe y por lo tanto, el Senado no puede, jurídicamente, iniciar ningún acto procedimental por la falta de reglamento, periodo de tiempo que Jalisco ha aprovechado para pretender ejercer actos de dominio.

Está claro que esas acciones de Jalisco comenzaron en el 2004, cuando se dieron cuenta que la facultad de resolver los límites pasaría de la Corte al Senado y que esta instancia resolverá jurídicamente, pero también valorará con criterio político el efecto de los actos de dominio.

Me preocupa que actualmente en la comisión de límites el PRI no tiene ningún senador, quien la preside es del PRD y los dos secretarios son del PAN, uno de ellos Jesús Dueñas.

En la legislatura anterior, la comisión del senado tenía cinco miembros la presidía el licenciado Héctor Michel y se integraba con otros dos senadores priistas, uno del PAN y otro del PRD, lo que quiere decir que se descuidó la integración de la comisión, pues de tener la anterior tres priistas, ahora no tenemos ninguno.

Y me preocupa, porque el único senador colimense que está en la comisión es el panista Jesús Dueñas, quien ya propuso públicamente que se forme un fideicomiso, integrado por las partes en conflicto y el senado, para que administren los territorios en conflicto.

O sea, propone que nosotros cedamos en administración lo que tenemos en legítima posesión y Jalisco no cederá nada, pues nada tiene, sino únicamente administraría parte de lo nuestro.

Si a ese senador estamos atenidos, debemos tener cuidado, pues si nos va mal en la defensa de los límites, se dirá que un gobierno priista no supo defender el territorio y eso es lo que más conviene a los panistas, que perdamos territorio para que ellos ganen la gobernatura.

aproposito2004.blogspot.com

Jalisco: Conflicto de Límites, Segunda Parte

LOS LIMITES Y LA CULEBRA

De entrada, debo decir que la familia Leaño, y de manera particular don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, siempre han sido respetuosos y, además, defensores de los límites territoriales del Estado de Colima, porque no obstante ser distinguidos jaliscienses con grandes inversiones en Jalisco, siempre han defendido nuestro territorio, donde han hecho grandes inversiones para generar zonas de desarrollo turístico y agropecuarias.

Hace algunos años, siendo gobernador y con motivo de la controversia de Jalisco contra Colima por los límites, me reuní con Don Antonio Leaño, quien me había llamado telefónicamente para comunicarme que le gustaría aportar a los elementos probatorios en favor de Colima, un expediente que acreditaba que los terrenos de la Culebra siempre habían sido de Colima y que, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había emitido una resolución en favor del gobierno del Estado de Colima en ese sentido, cuando el Licenciado Francisco Velasco Curiel era gobernador del Estado.

Don Antonio Leaño me entregó el expediente, el cual envié a la Secretaría General de Gobierno para su análisis e incorporación como una prueba muy importante en favor de Colima, en el conflicto limítrofe.

Don Antonio Leaño me narró cómo la Corte resolvió en favor de Colima y además, cómo el licenciado Velasco Curiel defendió dichos territorios.

Hace unos días, el 28 de abril, el periódico “Colimán”, publicó un suplemento especial bajo la responsabilidad del periodista Tranquilino Contreras, que había sido también publicado en el periódico Ocho Columnas de Jalisco y que de segurono les gustó a los jaliscienses, pero voy aprovecharlo para tomar los datos sustantivos en apoyo de la platica que sostuve hace varios años con Don Antonio Leaño sobre este tema, en virtud de que él me hizo referencia de que los detalles, las fechas y los registros estaban contenidos en el expediente que me entregó y que el documento que publica Tranquilino Contreras es una síntesis de dicho expediente, al que faltaría agregar lo que me dijo don Antonio Leaño.

Don Antonio Leaño me aseguró que los terrenos de La Culebra han estado inscritos en el Registro Público de la Propiedad en Colima, desde que nuestro estado forma parte del pacto federal y que esa propiedad de 500 hectáreas la adquirió Carlos Suárez en 1956 y fueron inscritas el 30 de abril de dicho año en la Dirección General de Catastro, en la ciudad de Colima.

“El señor Carlos Suárez solicitó y obtuvo del C. Adolfo Ruiz Cortines, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un certificado de inafectabilidad agrícola que ampara el predio de su propiedad denominado “La Culebra” o “Isla de San de Francisco” el que está ubicado según se dice en el certificado Presidencial, relativo a ese predio, en el municipio de Manzanillo, Estado de Colima, el cual ya certificado se acordó expedir en acuerdo del 13 de noviembre de 1957 y fue el mismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1958, amparándose como inafectables las 500 hectáreas, cinco áreas y 43 centiáreas que abarcaba la propiedad.

El título original del certificado de inafectabilidad fue expedido con fecha 22 de enero de 1958 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación”.

O sea, el gobierno federal, a través del certificado de inafectabilidad en favor de dicho predio ubicado en Manzanillo, reconocía que pertenecía al Estado de Colima.

El señor Carlos Suárez vendió dicho predio al Doctor Salvador Madrigal, quien lo puso a nombre de su hermano, Rafael Madrigal, mediante escritura pública del 21 de noviembre de 1957 y que fue registrada en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Manzanillo, Colima, en el libro 21, bajo el número 1,567 y a su vez, en la dirección general de catastro de la ciudad de Colima, bajo el número 10 981.

El señor Carlos Suárez, antes de vender la propiedad, pagó todos los derechos fiscales al gobierno del Estado de Colima, con recibo oficial número 5071, de la receptoría de rentas local.

Los hermanos Madrigal aportaron estas 500 hectáreas de La Culebra para constituir la empresa Albergues Marítimos, S. A., mas otras propiedades que estaban ubicadas en el municipio de Cihuatlan, Jalisco, y que al sumarse, se registraron en una sola escritura constitutiva de la empresa, inscribiéndose en el registro público de la propiedad de Autlan, Jalisco.

O sea, los terrenos de La Culebra, registrados en Colima, pasaron a formar parte de una empresa que se registró con otros terrenos en Jalisco, no obstante que el predio de La Culebra no tenía ningún antecedente registral en Autlan, ni en el Estado de Jalisco.

No obstante, el notario que hizo la escritura constitutiva de la empresa Albergues Marítimos, S. A., asentó en la escritura que las 500 hectáreas del predio de La Culebra estaban registradas en Colima, pero que el municipio de Cihuatlan otorgó un comprobante para que la registraran junto con las otras propiedades en Autlan, Jalisco. Pero nunca fue cancelado el registro hecho con anteriodad en Colima.

Me dijo también el Licenciado Leaño que en 1964, durante la campaña del licenciado Francisco Velasco Curiel, de quien don Antonio era un buen amigo, el doctor Madrigal se entrevistó con el candidato a la gobernatura, a quien le expresó que el predio La Culebra estaba registrado en Colima, pero que también había quedado registrado en Autlan, Jalisco y que le solicitaba que si Colima le condonaba los impuestos que adeudaba, y que además no le cobraba los impuestos a futuro, cancelaría el doctor Madrigal la inscripción en Autlan para que quedaran únicamente registrados en Colima.

El licenciado Velasco Curiel le dijo que no, que una vez que él fuera gobernador, le iba a cobrar todos los impuestos atrasados, más los que se fueran acumulando. Molesto, el doctor Madrigal le dijo al licenciado Velasco que no le pagaría nada y que los mantendría registrados en Autlan, Jalisco, porque allá no le cobraban impuestos.

Cuando el licenciado Velasco llegó a la gobernatura, requirió a los hermanos Madrigal el pago de los impuestos y no habiéndolos pagado y haciendo caso omiso del requerimiento, el gobierno del Estado de Colima inició un juicio ejecutivo en contra del arquitecto Madrigal, que terminó con el remate de la propiedad por no pagar los impuestos estatales a Colima y con la adjudicación al Estado de Colima.

El arquitecto Madrigal, ante la sentencia judicial en contra de su empresa Albergues Marítimos, S. A, recurrió al juicio de amparo contra el remate de las tierras de La Culebra, que hizo el gobierno del Estado de Colima. La justicia federal resolvió el juicio de amparo en favor del Estado de Colima. Una vez ganado el juicio de amparo, el licenciado Velasco Curiel decidió crear un ejido y el gobierno federal, presidido por don Gustavo Díaz Ordaz, entregó las 500 hectáreas a un grupo de campesinos como dotación agraria provisional y dio posesión de las tierras a los nuevos ejidatarios.

Posteriormente, el licenciado Antonio Leaño en pláticas con el gobernador Velasco Curiel, le presentó el proyecto turístico que los hermanos Madrigal pensaban desarrollar en la zona de La Culebra, pero que habían fracasado porque habían perdido en el juicio las 500 hectáreas.

Don Antonio Leaño convenció, según me dijo él, al licenciado Velasco del proyecto turístico y de la posibilidad de que se desarrollara, pero La Culebra ya era tierra ejidal, y no era muy propicia para la agricultura, en virtud de carecer de agua dulce – y a la fecha aún carece de ella- y le propuso que se expropiaran 380 hectáreas a los ejidatarios, dejando 120 para el ejido, de las cuales, 110 se destinarían a la actividad productiva y 10 para el fundo legal.

El licenciado Velasco Curiel se entrevistó con el presidente de la república, acompañado de don Antonio Leaño, que también era amigo del licenciado Gustavo Díaz Ordaz y le explicaron el desarrollo turístico que sería posible realizar, si se expropiaban al ejido La Culebra las tierras necesarias.

El presidente Díaz Ordaz, cuenta Don Antonio Leaño, de entrada les dijo que no, puesto que su gobierno estaba siendo reconocido por la gran cantidad de tierras que había entregado a los ejidatarios y que por ningún motivo iba expropiarle tierras a unos ejidatarios.

El gobernador Velasco Curiel y don Antonio Leaño terminaron convenciendo al presidente de la república al decirle que los ejidatarios estaban de acuerdo con la expropiación, y por ello se emitió un decreto concediéndole como resolución definitiva a los ejidatarios únicamente 120 hectáreas de tierra, 10 de ellas para el fundo legal y 110 para fines agrícolas y ordenando la restitución a los antiguos propietarios de las 380 hectáreas para el desarrollo turístico y el gobierno del Estado regresó las tierras rematadas, a los hermanos Madrigal, mediante la escrituración correspondiente y previo el pago de los impuestos omitidos, constituyéndose así, con las 380 hectáreas, la nueva compañía desarrolladora de Barra de Navidad con la abreviatura TURBANA, S. A., que se registró en el Estado de Colima, de acuerdo con todos los antecedentes regístrales y catastrales de la tierra aportada.

Posteriormente, el Congreso del Estado emitió el decreto número 277, publicado el 1° de septiembre de 1973, que declara zona urbana las 380 hectáreas.

El gobierno federal otorgó a esta empresa una concesión por 30 años para el aprovechamiento de la zona federal, pagándose en Manzanillo, anualmente, los derechos de zona federal.

En el gobierno de la Maestra Griselda Álvarez, se firmó un convenio entre el gobierno del Estado, el gobierno de Jalisco y la empresa desarrolladora, para construir la carretera que conectaría a la carretera Cihuatlan–Barra de Navidad, con el desarrollo turístico Isla Navidad; o sea, pasaba uno por Cihuatlán, en territorio de Jalisco, y había un camino de terracería que decía Colimilla, con una extensión de 11 kilómetros.

El gobierno de Jalisco y la empresa construyeron los primeros 5.5 kilómetros de carretera asfaltada, partiendo de la carretera de Cihuatlan-Barra de Navidad hacía el mar, pues al llegar al kilómetro 5.5 había de madera y que marca la división entre Jalisco y Colima y a partir de ahí hay 5.5 kilómetros que fueron asfaltados por el gobierno del Estado de Colima y la empresa.

Quiere decir pues, que cada gobierno, el de Colima y el de Jalisco, al construir de manera conjunta los 11 kilómetros de carretera, cada uno reconoció cuáles eran sus límites y cada quien hizo su tramo carretero en su propio territorio, y es precisamente en ese tramo de 5.5 kilómetros de carretera construidos por Colima en el convenio con Jalisco, es el espacio territorial donde se han dado los conflictos derivados de la autorización de las autoridades de Cihuatlán, Jalisco, para construir los desarrollos Música del Mar y otros que, evidentemente, están en territorio de Colima, pues se encuentran pasando el puente que ha sido siempre la división entre ambos estados.

Durante el gobierno del licenciado Elías Zamora, y siendo presidente de la república el licenciado Miguel De la Madrid Hurtado el gobierno federal emitió un decreto expropiatorio, para expropiar al ejido sus 110 hectáreas que tenía destinadas para uso agrícola, que le fueron entregadas al gobierno del Estado para que a su vez, las vendiera a los desarrolladores turísticos, previa indemnización convenida con los ejidatarios.

O sea, que las 500 hectáreas de La Culebra, que eran de los Madrigal, se adjudicaron al gobierno del Estado de Colima y así lo ratificó la justicia federal. Después, con las 500 hectáreas se hizo un ejido, posteriormente el gobierno de Díaz Ordaz les expropió 380 has. a los ejidatarios para el desarrollo turístico privado. El gobierno de Miguel de la Madrid expropió otras 110 has al ejido para incorporarlas al desarrollo turístico, quedando únicamente las 10 del fundo legal y desapareciendo, en los hechos, el ejido, que hoy es el desarrollo Isla Navidad, registrado en Colima y pagando aquí sus impuestos.

Cuando fue inaugurado este desarrollo, con la presencia del presidente Zedillo y el gobernador Carlos De la Madrid, quedó acreditado también que toda esta zona es de Colima y al evento inaugural no invitaron al gobernador de Jalisco, porque nada tenía que ver en dicho territorio.

Todo lo que Jalisco ha venido haciendo en esta zona es únicamente con la intención de preconstituir pruebas que no tiene, pues al no tener pruebas que acrediten que ha ejercido soberanía y dominio sobre esos territorios, lo que pretende Jalisco es acumular pruebas para el momento en que el senado realice las visitas de inspección a la zona, y pueda demostrase que las construcciones ahí realizadas fueron autorizadas por Jalisco; o sea, si tuvieran actos de dominio acreditables los hubieran presentado en el periodo de pruebas ante la Suprema Corte. Pero como el Senado, al desahogar la facultad que ahora tiene sobre límites, una vez que notifique a las partes en conflicto, abrirá nuevamente un periodo de pruebas conforme al reglamento respectivo, que deberá aprobar el mismo Senado de la república, que al momento no existe y por lo tanto, el Senado no puede, jurídicamente, iniciar ningún acto procedimental por la falta de reglamento, periodo de tiempo que Jalisco ha aprovechado para pretender ejercer actos de dominio.

Está claro que esas acciones de Jalisco comenzaron en el 2004, cuando se dieron cuenta que la facultad de resolver los límites pasaría de la Corte al Senado y que esta instancia resolverá jurídicamente, pero también valorará con criterio político el efecto de los actos de dominio.

Me preocupa que actualmente en la comisión de límites el PRI no tiene ningún senador, quien la preside es del PRD y los dos secretarios son del PAN, uno de ellos Jesús Dueñas.

En la legislatura anterior, la comisión del senado tenía cinco miembros la presidía el licenciado Héctor Michel y se integraba con otros dos senadores priistas, uno del PAN y otro del PRD, lo que quiere decir que se descuidó la integración de la comisión, pues de tener la anterior tres priistas, ahora no tenemos ninguno.

Y me preocupa, porque el único senador colimense que está en la comisión es el panista Jesús Dueñas, quien ya propuso públicamente que se forme un fideicomiso, integrado por las partes en conflicto y el senado, para que administren los territorios en conflicto.

O sea, propone que nosotros cedamos en administración lo que tenemos en legítima posesión y Jalisco no cederá nada, pues nada tiene, sino únicamente administraría parte de lo nuestro.

Si a ese senador estamos atenidos, debemos tener cuidado, pues si nos va mal en la defensa de los límites, se dirá que un gobierno priista no supo defender el territorio y eso es lo que más conviene a los panistas, que perdamos territorio para que ellos ganen la gobernatura.

aproposito2004.blogspot.com

Jalisco:Conflicto de Límites

Sobre el conflicto de límites entre Jalisco y Colima, resulta oportuno hacer algunos comentarios, sin perder de vista el origen del problema, los intentos de Jalisco, así como la respuesta de los colimenses y sus gobiernos a lo largo del tiempo.
En la constitución de 1824, que da vida jurídica al Estado Mexicano, el asunto de los límites de los Estados que integraron la república federal fue pospuesto en el debate del constituyente y se estableció en el texto constitucional que los límites entre los Estados serían determinados por una ley federal que emitiría el Congreso de la Unión en una fecha posterior, lo cual no sucedió.
En la Constitución de 1857, el tema de los límites tampoco fue abordado de manera importante y el constituyente replicó el mismo artículo de la constitución de 1824, en el sentido de que, posteriormente, una ley federal emitida por el Congreso de la Unión fijaría los límites de los Estados.
El constituyente de 1917 dio una gran importancia en los debates del Congreso a las garantías sociales y de manera particular, dedicó el mayor tiempo y lucidez intelectual a la discusión de los artículos 3, 27, 123 y 130, y no resolvió de manera expresa los límites particulares y al detalle de cada entidad federativa y abordó el asunto de los límites en el artículo 45 que a la letra dice: “ARTÍCULO 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos”.
Entendiendo por la frase “que hasta hoy han tenido”, como aquellos territorios en que los Estados ejercen su soberanía y realizan actos de dominio, de esa fecha hacia atrás. De ninguna manera se refiere a hechos o actos posteriores, de ahí que los límites del Estado jurídicamente se acreditan con todos los actos de soberanía ejercidos desde que surge el territorio de Colima como Estado de la federación, a la fecha en que se aprueba la constitución del 17. Los hechos posteriores no tienen ningún impacto jurídico en la determinación de los límites, pues la constitución claramente estableció en 1917 que los Estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido. En ningún momento dice cómo los puede perder o ganar a futuro.
Y si bien en materia de propiedad privada la posesión de un bien presupone, salvo prueba en contrario, que quien posee es el propietario; en derecho público, la soberanía y los actos de dominio ejercidos sobre un territorio determinado, presuponen que el propietario es la entidad pública que los ejecuta o ejerce.
En consecuencia, ningún acto que haga Jalisco, invadiendo territorios nuestros que hemos tenido y teníamos cuando se aprobó la constitución actual en 1917, les da a los jaliscienses ningún derecho ni tampoco perdemos nosotros ningún derecho, ni sus agresiones, construcciones, incursiones, etc., etc., tendrán ningún efecto jurídico sobre el conflicto de límites.
Está fuera de tiempo lo que Jalisco hace y como nunca ha tenido esos territorios que reclama, ahora quieren ejercer sobre ellos actos de soberanía y dominio que nunca ejercieron y menos antes de 1917, que es el fundamento constitucional que da sustento al derecho del Estado de Colima sobre los territorios motivo del conflicto generado por Jalisco, al carecer del argumento jurídico que la constitución del 17 establece para reconocer los límites de un Estado, el que éste los haya tenido, pues en ningún momento la constitución habla en qué forma un Estado a futuro o después del 17, pueda adquirir o ganar territorios.
O sea, que ningún Estado, por grande, influyente o arbitrario que sea, puede apropiarse de territorios que no le corresponden.
Durante el gobierno de Cosió Vidaurri en Jalisco, inició las hostilidades en contra de Colima con el argumento de los límites y en una ocasión, bajó en Minatitlan en un helicóptero y se enojó y exigió que lo fuera a recibir el presidente municipal, pues argumentaba que en los territorios donde había bajado su helicóptero pertenecían a Jalisco y ahí espero molesto hasta que el presidente municipal llegó, el alcalde le dijo al gobernador de Jalisco que el era el presidente municipal de Minatitlan, Colima y que el terreno donde estaba su helicóptero y el gobernado de Jalisco también, era territorio colimense y agregó que en qué le podía servir. El gobernador Cosió se dio media vuelta enojado y se retiró sumamente molesto.
A finales del gobierno del Licenciado Carlos de la Madrid, el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas planteó al gobierno de Colima, la firma de un convenio amistoso para resolver el problema de límites y dicho convenio elaborado por el gobierno de Jalisco implicaba ceder soberanía ante Jalisco y permitirles que compartieran con Colima la prestación de servicios públicos en nuestro territorio.
El gobernador De la Madrid recibió el convenio y, desde luego, se negó a firmarlo, lo que molestó al gobernante panista de Jalisco, pues creyó que como el gobernador de Colima ya iba de salida iba “arreglar amistosamente” el asunto de los límites con Jalisco.
Los gobernantes de Jalisco siempre han creído que el asunto de límites se pueden arreglar amistosamente; o sea, entre cuates, que un gobernador buena onda, evite conflictos y ceda al Estado vecino parte del territorio estatal. Yo nunca firmé convenios amistosos en este asunto que implicaran reconocimientos que no tenía a Jalisco, pues hacerlo supone que Jalisco tiene algún derecho y eso “nuncamente” como dijera Alberto Cárdenas. Firmar convenios amistosos para evitar que se hagan obras o dar servicios, o para hacer obras conjuntas o servicios compartidos, implica el reconocimiento de derechos que no tienen, de compartir territorio que nos pertenece. En este tema no hay amistades, ni buenas intenciones. Simplemente, hay, derechos que defender jurídicamente.
Lo único que se puede convenir amistosamente es que el agresor respete el derecho que nos corresponde y que las cosas permanezcan como estaban hasta antes de la agresión, porque el asunto está en litigio y quien altera el estado jurídico de un asunto no resuelto por la autoridad competente, incurre en delitos. Repito: ningún convenio amistoso está sobre el derecho territorial que nos corresponde; por lo tanto, no se debe firmar ninguno, pues tenemos jurídicamente garantizados nuestros derechos, y sólo quienes no tienen la razón jurídica quieren “ganar amistosamente” lo que el derecho no les garantiza.
Siendo yo gobernador de Colima, en noviembre de 1997, al inicio de mi gestión, se celebraron en Jalisco las elecciones intermedias para renovar el congreso y ayuntamientos. El gobierno de Alberto Cárdenas perdió la mayoría en el congreso de Jalisco, en un acto desesperado del gobierno de ese Estado y de su partido el PAN, para recuperar simpatías perdidas en las urnas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional reclamando de Colima la reintegración de territorios supuestamente de Jalisco, ocupados por Colima desde hace muchos años y sobre los cuales Colima ejercía soberanía y dominio, argumentaba Jalisco.
En la demanda presentada, el gobierno de Jalisco hacia alusión a que el gobierno de Colima se había negado a firmar un convenio amistoso y por eso recurría a la Suprema Corte reclamando territorios y en su pretensión jurídica, nos reconocía como poseedores de dichos territorios.
El gobierno de Jalisco se dio cuenta que su reclamación nos beneficiaba, pues reconocía que teníamos bajo nuestra soberanía los territorios reclamados y retiró su demanda, presentado en el mes de enero de 1998 una nueva controversia, corrigiendo su error.
Fue así como le tocó a mi gobierno, los seis años, hacer frente a la controversia constitucional presentada por Jalisco. Desde el primer mes de mi administración hicimos todo para reinstalar la comisión de límites, presupuestar por primera vez recursos para la defensa jurídica del territorio, así como para la argumentación histórica, geográfica, documental, etc., etc., en defensa de nuestro territorio y se contrató, por primera vez, un despacho especializado en controversias constitucionales, así como los peritos para argumentar nuestros derechos territoriales.
Correspondió al licenciado Héctor Michel Camarena, en su carácter de secretario general de mi gobierno, coordinar el grupo de defensa de los límites, apoyado por el director de gobierno, Gilberto García Nava, y la comisión de límites presidida con la autoridad moral del Licenciado Francisco Velasco Curiel y el apoyo muy importante del licenciado Adolfo Virgen Schulte y de un distinguido y amplio grupo de historiadores y juristas colimenses.
En el seguimiento de la controversia, nos preocupo desde un principio que dos de los ministros de la Corte eran de Jalisco y que, sin duda, litigarían en contra de los intereses de Colima y cabildearían ante los demás ministros en favor de Jalisco.
Por esa razón contratamos un acreditado despacho de abogados, integrado por tres juristas expertos en derecho constitucional y conocedores de las controversias constitucionales, uno de ellos había sido ministro de la Corte, otro fue ministro presidente de la misma y el tercero es, actualmente, ministro de la Corte.
Durante mi sexenio nunca estuvo en riesgo perder el territorio, pues durante los seis años nos correspondió contestar las demandas presentadas por Jalisco, recabar y aportar 590 pruebas que acreditaban nuestro derecho sobre los territorios en conflicto, presentar todos lo peritajes pertinentes y acreditar los actos de dominio y el ejercicio de soberanía de Colima sobre dichos territorios, desde el momento en que nuestro Estado se erigió como entidad federativa integrante del pacto federal, hasta la aprobación de la constitución de 1917 y pruebas que documentaban la continuidad hasta la fecha, del ejercicio de nuestro derechos.
El Estado de Jalisco no presentó más de 20 pruebas, todas ellas, libros y mapas elaborados por jaliscienses, la mayoría de ellos de fechas posteriores a 1917 y algunas muy recientes. Por esa razón los ministros de Jalisco lograron con su influencia que el ministro ponente elaborará en el año 2004, siendo gobernado Gustavo Vázquez, un proyecto de sentencia con más fundamento político que jurídico y que consistía en reconocerle la mitad de los territorios en disputa a Colima y entregarle la mitad a Jalisco, a mitades iguales de manera “salomónica” a falta de argumentos jurídicos que favorecieran a Jalisco, pues sabían muy bien que jurídicamente no tenían la razón, de haber tenido argumentos jurídicos en favor de Jalisco hubieran propuesto darles todos los territorios a Jalisco.
Desde que el Licenciado Michel Camarena llegó al Senado de la República y ante el riesgo que implicaba la presencia de dos jaliscienses como ministros de la Corte, el senador Michel me propuso presentar un proyecto de ley que diera al senado la facultad o atribución de resolver los conflictos de límites y puso en ello todo su empeño.
El gobernado Gustavo Vázquez fue convocado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Mariano Azuela, para, de manera privada y discreta, darle a conocer que el ministro ponente tenía ya listo su proyecto de resolución y que únicamente lo conocía el presidente de la Corte y que aún no era del conocimiento de los demás integrantes del pleno, ni tampoco se había concensado, pero que dicho proyecto consideraba la mitad de los territorios para Colima y la otra mitad para Jalisco.
El proyecto de resolución no le fue entregado al gobernador Vázquez, únicamente se lo dio a conocer el ministro presidente y le pidió discreción, pues era un hecho inusual que a una de las partes de un conflicto en la Corte, se le mostrara el proyecto de resolución y más inusual aún que fuera a la parte que resultaría afectada con la perdida de la mitad del territorio en disputa.
El gobernador Gustavo Vázquez, cuando fue convocado por el ministro Azuela, me invitó a México para que una vez que conociera la información que le daría el ministro presidente la comentáramos. Siendo él acompañado a la Suprema Corte por el licenciado Héctor Michel Camarena.
Después de dicha reunión, de regreso a Colima en el avión del gobierno del estado, el gobernador Gustavo, Héctor Michel y un servidor, discutimos el tema y concluimos que había que advertirle a la Corte que Colima no aceptaría perder, por ningún motivo, ningún centímetro de su territorio. La respuesta de Gustavo Vázquez tenía que ser, y fue, como en la que en su momento tuvieron Francisco Velasco Curiel, Carlos de la Madrid, un servidor y ahora Silverio Cavazos: la defensa invariable de nuestro territorio. Nunca ha habido debilidad o flaqueza en este asunto.
Consideramos también que el licenciado Héctor Michel Camarena presentara a la brevedad su proyecto de reforma constitucional, para sacar del ámbito de la Suprema Corte el asunto de los límites y transferir, mediante la reforma, dicha facultad al Senado. Se acordó también que el licenciado Michel Camarena se entrevistaría nuevamente con el presidente de la Corte, Mariano Azuela, para que le presentara su proyecto de reforma constitucional, lo conociera y le anunciara, que en unos días más sería aprobado por las comisiones del senado y posteriormente por el pleno y que en consecuencia, el proyecto de reforma constitucional tenia ya un tramite iniciado.
El ministro presidente, Mariano Azuela, conoció el proyecto de reforma constitucional y detuvo la presentación del proyecto de sentencia que había elaborado el ministro ponente y que nunca fue concensado con los demás ministros y mucho menos presentado al pleno, o sea, jurídicamente nunca existió.
Está claro que al invitar el ministro presidente Mariano Azuela a Gustavo Vázquez para darle a conocer el sentido del proyecto de sentencia, le interesaba más que nada saber cuál sería la reacción del gobernador de Colima y por eso Gustavo Vázquez decidió hacer pública su negativa a aceptar cualquier resolución en contra de Colima y con ello se lograba, también, que nunca se manejara que le habían anticipado el sentido de la resolución. Así, el senado asumió la facultad de resolver el asunto de los límites, que no será pronto, porque bien lo han reconocido los senadores, el asunto se va a resolver en el senado, después de que éste apruebe el reglamento a la facultad constitucional que ahora corresponde al senado.
Por lo que respecta al circo montado por los jaliscienses en la zona limítrofe, será únicamente eso, pues allá sí tienen pan y circo y acá tenemos la razón jurídica.
No hay que mal interpretar al gobernador Silverio Cavazos, como lo hacen los panistas al decir que el gobierno pretende armar a los ciudadanos para defender el territorio de Colima, pues cuando el gobernador Cavazos habló de una acción armada, se está refiriendo claramente a las fuerzas de la seguridad pública que están armadas y que es lo que Jalisco ya ha hecho acciones armadas con sus cuerpos policíacos para incursionar e intimidar.
Así lo hicieron cuando por medio de sus fuerzas armadas detuvieron a la directora de seguridad pública del gobierno del estado. Esos hechos son los que el gobernador no va a volver a permitir y cualquier acción es correcto que se haga por medio de quienes legalmente están armados para defender el territorio y hacer valer nuestros derechos.
No se trata, pues, de enfrentamientos armados, sino de garantizar con nuestras fuerzas de seguridad pública el respeto del derecho en nuestro territorio y el rechazo legal de cualquier agresión ilegítima.
Por lo que respecta a los conflicto de la zona limítrofe Colima-Cihuatlán, la resolución de la propiedad de dichos territorios esta resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde tiempos del gobernador Francisco Velasco Curiel, ese asunto lo trataré en mi siguiente colaboración.
aproposito2004.blogspot.com

De Distorsiones, Falsedades y Corrupción

El pasado 24 de abril, el periódico Ecos de la Costa publicó en una de sus columnas políticas el siguiente texto:

“ESTE PAÍS

Pues claro que, en 2002, Transparencia Internacional sección México, a través de Federico Reyes Heroles, extendió un reconocimiento al estado de Colima por haber ocupado el primer lugar entre las entidades federales con menos corrupción en el país.

Reyes Heroles, editor de la revista Este País, especializada en estudios de opinión pública, no tuvo que hacer una encuesta muy elaborada para percatarse que en Colima, donde todos nos conocemos, los burócratas no piden propina para facilitar un trámite y los agentes de Vialidad son tan buenas personas que dejan ir a los infractores sin pedir mordida y sin aplicar multa alguna.

En ese sexenio, la corrupción estaba a otros niveles donde no la vio Transparencia Internacional. Pero no fue este error de perspectiva lo que motivó al novelista y politólogo Federico Reyes Heroles a extender el certificado de buena conducta al gobierno del Estado sino el hecho que la administración de Moreno Peña, según se dice, apoyó financieramente a la revista Este País cuando estaba a punto de cesar sus ediciones por falta de dinero”.

En esa columna del Ecos de la Costa, se hace gala de la falta de objetividad y de la presunción dolosa de que la corrupción existió durante mi gobierno y que el reconocimiento de Transparencia Internacional, capítulo México de que en el año 2001, Colima obtuvo el primer lugar con menor corrupción en todo el país, fue un reconocimiento producto de la corrupción; o sea, que lo compré.

Pues bien, la sección de México de Transparencia Internacional, le contestó al periódico y al columnista la dolosa publicación que hace uno de sus columnistas, lo desmiente, le aclara y precisa de qué forma se hacen las mediciones sobre corrupción y cómo se otorgan los reconocimientos a los estados en base a las experiencias que los ciudadanos tienen en sus estados sobre el grado de corrupción en los servicios públicos que ofrecen los tres niveles de gobierno en los estados de la república.

El reconocimiento se otorgó a Colima con base en las experiencias que la gente había tenido en el año 2001 sobre los servicios públicos que se brindaban en Colima, otorgándose el reconocimiento en el 2002 y quien presidía dicho organismo era el distinguido intelectual Federico Reyes Heroles, a quien según el periodista del Ecos de la Costa, soborné o le compré el premio. Este columnista quizá tenga información que yo ignoro, de que los premios o reconocimientos que se otorgan al Estado o a sus gobernantes se pueden comprar, lo cual me parece delicado, que este columnista que escribe en el periódico propiedad del Secretario de Planeación de Gobierno del Estado, ponga en duda este tipo de reconocimientos y siembre la sospecha de que éstos se compran y, en consecuencia, se manipulan.

Es el propio director de Transparencia Mexicana quien le da respuesta, en carta enviada al periódico Ecos de la Costa y cuyo texto se publicó el pasado 26 de abril, y que a la letra dice:

“René González Chávez

Director de Ecos de la Costa

Colima

Estimado señor Director:

Me dirijo a usted en relación a al columna Estación Sufragio de Adalberto Carvajal publicada el 24 de abril de 2007 y que hace referencia al trabajo de diagnóstico y mediación de la corrupción que realiza Transparencia Mexicana, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. En este espacio, Adalberto Carvajal incurre en imprecisiones y distorsiones que no pueden quedar sin respuesta. Al respecto quisiera realizar las siguientes precisiones:

1.- El índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de Transparencia Mexicana no se mueve por ningún otro interés que no sea la defensa del interés público. Realizado en 2001, 2003 y 2005 en INCBG registra las experiencias- no la percepción—de corrupción a las que se enfrentan los hogares de las 32 entidades federativas del país en el trámite de servicios públicos provistos por los tres órdenes de gobierno. Este estudio cuenta con una metodología estrictamente probabilística que incluye a cerca de 16 mil hogares a nivel nacional, lo que permite entregar información para cada una de las entidades federativas del país, incluida Colima. La metodología y aplicación del ejercicio supone el acompañamiento de un consejo técnico asesor de más de una docena de miembros de la academia y expertos internacionales, así como de supervisión externa en campo. Los informantes del estudio son los propios jefes de hogar.

Asegurar que el estudio puede orientarse con sentido político es olvidarse que la única voz que registra es la de la sociedad a la que sirve.

2.- El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno no mide popularidad o reputación de gobiernos o gobernantes, sino que evalúa el comportamiento de los tres órdenes de gobierno en la provisión de servicios públicos. Como tal, el objetivo del índice es registrar la corrupción que afecta los hogares y no la integridad personal de los gobernantes.

3.- El INCBG es un sistema de información de soporte para orientar políticas públicas y Transparencia Mexicana no está involucrada, ni puede hacerse responsable, en el uso político o mediático que distintos actores políticos realicen en este instrumento de mediación.

4.- El estudio es la primera serie de tiempo en términos de la medición de corrupción en la obtención de servicios públicos en el país. Esto permite medir la evolución de los servicios públicos en el tiempo, registrando avances y mejoras en períodos bianuales. Es por ello que los datos para Colima fluctuaron de tal forma en el período que va de 2001 a 2005. En 2001 se ubicó en el primer lugar nacional con un índice de 3.0, en 2003 obtuvo la tercera posición con 3.8 y en 2005 con índice de 7.0 obtuvo la posición 15 entre las 32 entidades federativas del país. La fluctuación sólo puede explicarse a partir de las experiencias de los hogares de Colima. Lo que los hogares nos reportan es lo que se publica.

5.- Como organización de la sociedad civil nos resulta sorpresivo y lamentable que en la columna arriba citada se sugiera que los resultados del Estado de Colima en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno estén asociados en forma alguna a la compra de publicidad oficial. Ello no sólo es muestra de un lamentable desconocimiento de la metodología del INCBG, sino que demerita los esfuerzos que los funcionarios públicos realizan para mejorar en estos temas. Pero aún más lamentable, el editorial descalifica a los colimenses, pues son sus vivencias las que nos permiten medir el desempeño de la entidad en el trámite de servicios públicos.

Le agradeceré considere estas precisiones para su publicación en un respetado medio informativo.

Eduardo Bohórquez

Director de Transparencia Mexicana” (Fin de la cita)

Transparencia Mexicana dice que Adalberto Carvajal incurre en imprecisiones y distorsiones y que estos estudios no tienen orientación política, y que la única voz que se registra es la de la sociedad y deja claro que el objetivo del índice que se pública es la corrupción que afecta los hogares y no la integridad personal de los gobernantes. O sea, se evalúa al gobierno, no a las personas, en lo individual, que gobiernan o forman parte del gobierno.

Lo que se destaca es que la gente de Colima, en el año 2001, al recibir servicios públicos de mi gobierno y de los otros dos niveles, no habían tenido experiencias de corrupción en ese tiempo que yo gobernaba Colima. Yo nunca he dicho que el reconocimiento fue al gobernador o a mi persona, por ser el menos corrupto del país, sino a Colima, el Estado que yo gobernaba.

Durante mi gobierno, se hicieron estudios sobre cómo percibía la población al gobernador Fernando Moreno, como persona y como gobernante y los hizo la misma empresa, la de Ana Cristina Covarrubias, que es la misma que calificó al señor gobernador Silverio Cavazos y a la que se le ha dado una amplia y merecida difusión al otorgarle el primer lugar. Nada más que yo no publicaba durante mi gobierno los premios o reconocimientos que me hacían o me otorgaban, sino que únicamente daba difusión a los que recibía el Estado, como el que otorgó la ONU, que califico a Colima en primer lugar como gobierno electrónico, o el primer lugar nacional de vivienda que nos entregó el gobierno de Vicente Fox, el de ser el Estado más seguro de la república, el ser el primer lugar del seguro medico popular, en calidad educativa y en cobertura, en infraestructura cultural, en materia portuaria, porque durante mi gobierno, Manzanillo tuvo el primer lugar en movimiento de contenedores, en drenaje y agua potable, el segundo lugar nacional en electrificación, en empleo, etc., etc., que con mucha frecuencia otorgaban al Estado, a los colimenses y a sus instituciones.

Mis calificaciones personales o como gobernador nunca las publiqué, por que eso no era lo importante, sino cómo le iba a Colima y a sus habitantes.

En el punto cuatro de la respuesta se afirma que Colima ocupó en el 2001, el primer lugar, con un índice de tres, en el 2003 ocupó el tercer lugar con un índice de 3.8. O sea, que dejé al estado en el tercer lugar nacional de menos corrupción, con un índice de 3.8 y que de un índice de 3 que nos dio el primer lugar, sólo se incrementó ocho décimas en 2 años y esto fue, sin duda, por la percepción generada en la contienda electoral del 2003 y la anulación de la elección y la segunda elección en el mes de diciembre de ese año.

Pero ahora nos enteramos, gracias a la publicación de Adalberto Carvajal, que dos años después de que terminó mi gobierno en el 2005, Colima ocupó la posición 15 de las 32 entidades de la república; o sea, que después de concluido mi gobierno, Colima pasó de 3.8 en su índice de corrupción a un índice de 7, aumentando su grado de corrupción en casi un 100 por ciento en relación con el 2003, y en un 130 por ciento más en relación al 2001, caímos del tercero al lugar 15 de la tabla de corrupción.

Podrá decir lo que quiera dicho columnista, pero durante los últimos años de mi gobierno, los colimenses tuvieron menos experiencias de corrupción en el estado de Colima de los que se tenían al final del 2005, porque la evaluación es cada dos años. O sea, en 2004 y 2005 hubo en Colima más experiencias de corrupción que en el 2001, 2002 y 2003, según lo que la gente dijo a Transparencia Internacional, que quede claro, no lo digo yo ni el columnista citado, sino que es el resultado de la opinión de los colimenses, registrado por Transparencia.

El citado columnista, hoy desmentido por Transparencia Mexicana, con frecuencia habla de una presunta corrupción en mi gobierno, sin aportar jamás ninguna prueba, y cuando me acusa de corrupción siempre miente y no aporta pruebas, porque no las tiene y no existen. Por el momento ya Transparencia Internacional hizo evidente sus imprecisiones y “distorsiones” que le caracterizan.

A propósito

1.- El Presidente Calderón, declaró hace unos días que no participaría en las celebraciones del día del trabajo, 1° de mayo, porque ésta pasó de ser la fiesta de los trabajadores, a ser la fiesta del presidente.

La verdad es que no tienen nada que celebrar los trabajadores, porque es una fecha en que se conmemora el sacrificio de los obreros textiles y mineros, no es un día de fiesta, sino para conmemorar las luchas obreras y reivindicar sus derechos.

Además, el presidente Calderón se presentó en campaña como el presidente del empleo y éste ha ido a la baja y no tiene nada que ofrecer o anunciar a los trabajadores en esta fecha donde los precios de los productos básicos, combustibles y energía han golpeado a la economía popular.

A lo mejor, para un gobierno de derecha ligado al capital empresarial, como lo fue el gobierno porfirista, les parezca correcto “celebrar” la represión de los trabajadores por parte de los empresarios mineros vinculados a un gobierno de derecha. Y esto ya lo repitieron en el gobierno foxista contra los mineros en Coahuila y Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

2.- La costumbre panista de ejercer el poder presidencial en pareja no ha cambiado con el nuevo sexenio, seguimos teniendo pareja presidencial, Fox y Calderón, Vicente dirigiendo la política internacional, y Felipe la interior.

¡Que bueno que la pareja presidencial es Fox y Calderón, grave sería que fuera Calderón y Martita, la pareja michoacana!

3.- Con motivo del día del Niño y como fue durante el sexenio, Martita le dijo a Vicente que cuál iba ser el regalo para los niños, Vicente respondió no, a los “niños Bibriezca” ya les dimos mucho.

4.- Como una precisión respetuosa para Abelardo Ahumada, que escribe en el periódico Milenio, le aclaro que nunca hice ningún viaje oficial Europa, ni a Asia durante los seis años de mi gobierno, ni a Centro o Sudamérica, únicamente a Estados Unidos, a Nueva York, a la sede de la ONU, a recibir el reconocimiento por el gobierno electrónico, a Minessota a promover el programa de intercambio que aún subsiste y 310 veces a Manzanillo, cuando menos 62 veces a Ixtlahuacan, 90 veces a Minatitlan, 290 veces a Tecoman, 180 veces a Armería, más las 310 veces que pasé rumbo a Manzanillo, 80 veces a Coquimatlan, 210 ocasiones a Villa de Álvarez, 180 a Comala, a Cuahutemoc incontables veces, pues ahí tengo mi residencia y cuando estaba en el municipio de Colima, dormí siempre en mi casa, excepto los tres días posteriores al sismo.

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