Se ha venido
repitiendo a diario en todo el sexenio, en el país y en Colima. Hay muchos
detenidos y pocos sentenciados, de nada sirve que en la lucha contra la
delincuencia se logre detener a diario a muchos presuntos delincuentes, si muy
pocos son los que se consignan y menos los que reciben una sentencia del poder
judicial.
No es el número de
detenidos, ni el tamaño o el peso delincuencial de un asesino lo que permite
evaluar la eficiencia en la procuración de justicia y mucho menos que el número
de detenidos refleje que la gente vive segura.
No, lo que permite
evaluar que la gente viva segura y que las autoridades sean eficientes en
materia de seguridad es que el número de delitos sea cada vez menor.
Es lógico que no
se puede ponderar como un éxito policiaco el que se detenga a tales o cuales
delincuentes y mucho menos anotarse un triunfo cuando el detenido tenía en su
cuenta un sin número de crímenes, así los haya confesado, porque lo que refleja
es que existieron los delitos, que los crimines se ejecutaron, que hay víctimas
y que la sociedad está herida y agraviada.
Bien se ha dicho
que una de las características de la salud es la ausencia de enfermedad y en
materia de seguridad, la ausencia del delito.
La seguridad es
eso: no únicamente agarrar delincuentes, esa es una tarea a la que está
obligado el gobierno, a perseguir, a
atrapar a los delincuentes, pero en materia de seguridad no es la tarea
primordial, pues lo importante es que el gobierno garantice a la gente su
seguridad.
La detención de
los delincuentes es una consecuencia de que se violó la ley, de que las
personas fueron agraviadas, de que hay víctimas que sufren una injusticia, que
no debió de haber sucedido si la autoridad tuviera la suficiente capacidad de
haberlos protegido de los delincuentes.
La estadística
criminal se valora, pues, no por el número de detenidos, sino por el número de
víctimas. Calderón no lo entendió y el PAN tampoco, la sociedad mexicana sí lo
entendió y por eso los echó fuera y los mandó al tercer lugar.
Los gobiernos
priistas están obligados a entenderlo, porque la experiencia de los últimos
años no es muy afortunada y la expectativa en los años por venir es muy grande.
La esperanza es más grande que el agravio que se ha recibido debido a la
ausencia de gobiernos federales y locales comprometidos con la seguridad de la
gente.
Del inició del
gobierno de Felipe Calderón a junio de 2012, se registraron en el país 92 mil 48
homicidios dolosos.
En el mismo lapso, se ha sentenciado como
culpables de homicidios dolosos a 679 personas. Solo el 0.73 por ciento.
Si usted mató a alguien en los últimos seis
años, la probabilidad de que esté en la cárcel sentenciado por ese homicidio es
menor a 1 por ciento. La probabilidad de que le hubieran iniciado proceso es de
sólo el 7 por ciento.
Estos datos son de la Procuraduría General de
la República y han sido presentados al equipo de transición del presidente
electo, Enrique Peña Nieto.
Dice el documento que de los 92 mil 48
homicidios dolosos, 73 mil 460 tienen “información validada” y 18 mil 588 con
información en proceso de validación. Es decir, no se tiene información de más de
18 mil.
De esos 73 mil 460, solo se abrieron 62 mil
580 averiguaciones previas, es decir, unos 11 mil mexicanos muertos más no
merecieron ni investigación formal aun cuando tenían “información validada”.
De las 62 mil 373 averiguaciones iniciadas,
sólo en 22 mil 187 se determinó que había elementos necesarios, después de la
investigación. De esos, sólo en 7 mil 202 casos se ejerció la acción penal y se
obtuvieron 763 sentencias, 86 absolutorias y 677 condenatorias. El 1 por ciento
de las averiguaciones previas terminó en una condena. (Milenio, Carlos Puig 9/Oct/2012)
A cuatro años de
haberse signado en palacio nacional el acuerdo nacional para la seguridad, 
en el periodo 2008-2011,
las cifras de homicidio doloso se incrementaron 70 por ciento, al pasar de 13
mil 155 a 22 mil 480 casos mientras que en secuestro, el aumento fue de 48 por
ciento, al pasar de 907 en 2008, a mil 344 casos en 2011.
El 21 de agosto de 2008, el presidente Calderón, los gobernadores, alcaldes, legisladores y poder judicial se comprometieron a reducir el índice delictivo.
- "De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones". Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República
- "El Acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad". Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública
- "Nos parece que el Estado es mucho más fuerte que cualquier amenaza o riesgo que pueda representar la criminalidad". Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación
- "Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo y no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción". Alejandro Martí
en el periodo 2008-2011,
las cifras de homicidio doloso se incrementaron 70 por ciento, al pasar de 13
mil 155 a 22 mil 480 casos mientras que en secuestro, el aumento fue de 48 por
ciento, al pasar de 907 en 2008, a mil 344 casos en 2011.El 21 de agosto de 2008, el presidente Calderón, los gobernadores, alcaldes, legisladores y poder judicial se comprometieron a reducir el índice delictivo.
- "De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones". Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República
- "El Acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad". Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública
- "Nos parece que el Estado es mucho más fuerte que cualquier amenaza o riesgo que pueda representar la criminalidad". Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación
- "Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo y no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción". Alejandro Martí
GOBIERNAN CON EL
EJEMPLO
En Colima, la
deuda es enorme en materia de seguridad. Estamos viviendo una etapa criminal
como nunca se había visto, desgraciadamente algunos cínicos quieren que nos acostumbremos
a la violencia sin freno que agobia a Colima.
Es lamentable el estado en que las administraciones municipales salientes
entregaron sus encargos a los nuevos cabildos, que enfrentan fuertes
endeudamientos bancarios y a proveedores, a pensiones, conflictos laborales,
denuncias a funcionarios municipales, violencia, inseguridad, adeudos a
personal sindicalizado y elementos policiacos.
Un buen número de ayuntamientos se encuentran sin recursos para pagar los
aguinaldos y los compromisos de fin de año y según se ha informado, los diez ayuntamientos tienen
deudas que en conjunto superan los 550 millones de pesos. Tecomán 180 millones,
Villa de Álvarez 90 millones, Colima 50 millones, Manzanillo 190 millones,
etc., etc.
El endeudamiento irresponsable en muchos casos y en otros heredados de
otras administraciones municipales, son el reflejo del desorden financiero y el
endeudamiento que también caracteriza a la administración estatal.
Recientemente se ha acreditado públicamente que la actual administración
duplico el endeudamiento heredado por Silverio Cavazos que de por si fue
escandaloso, por los montos y por la ausencia de obra que justificara los
adeudos.
La crisis financiera del gobierno estatal, reconocida por las propias
autoridades impide auxiliar a las autoridades municipales a solventar sus
problemas económicos y además, ¿cómo les reprocha la autoridad estatal a las
municipales salientes la crisis financiera y el endeudamiento, si están
iguales?
No hay una línea política o un ejemplo a seguir en el buen manejo de la
deuda y las finanzas.
Es vergonzoso como los policías del municipio de Tecomán hicieron protestas
y paros porque no les pagaban las
quincenas: Eso explica por qué Tecomán es uno de los municipios con mayor
presencia del crimen organizado e índice delict5ivo en general, de seguro
muchos narcos se pudieron haber ofrecido a cubrir las quincenas de los
policías.
Insólito es que un particular preste dinero al ayuntamiento de Ixtlahuacán
para el pago de la nómina, no es el caso, pero de seguro muchos narcos estaría
dispuestos a financiar a los ayuntamientos quebrados.
Lamentable lo que sucedió también en el municipio de Armería, donde los
trabajadores bloquearon las carreteras en protesta por no recibir el pago de
sus quincenas.
Vergonzoso el desempeño del ayuntamiento de Villa de Álvarez en el manejo
de la política y de las finanzas y en la aprobación de fuertes sumas de dinero
para que los altos funcionarios aseguraran sus salarios y dejaran las arcas
vacías y las grandes deudas como símbolo de cómo gobierna el PAN.
Lamentable que se hayan presentado denuncias penales contra la alcaldesa
interina de Colima, cuya única culpa fue haber trabajado bien y haber transmitido
la herencia del endeudamiento con
pensiones.
¿Quién pudo haber puesto orden?, ¿quién
tenía la autoridad moral y política para orientar con el ejemplo a las
autoridades municipales?
Sí, es cierto, son autónomos los municipios, pero en su autonomía actúan
como lo hacen otros, ahora todos son compañeros del mismo dolor y esperan que
Enrique Peña Nieto les pague los platos rotos.
Irresponsable el proceder de algunos alcaldes que en su salida basificaron
laboralmente a sus preferidos, favoritas y amigos y que en la mayoría de los
casos no respetaron la antigüedad de los trabajadores, ni la calidad del
trabajo realizado.
Con mucha razón, Víctor Vázquez Cerda, dirigente de los trabajadores al
servicio del gobierno del estado, declaró: las administraciones municipales que recién
concluyeron no acataron las instrucciones de la anterior Legislatura y del
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig) de no
basificar trabajadores, pues ello únicamente acarrearía problemas económicos.
Señaló que las basificaciones de trabajadores
de confianza, sin ninguna planeación. Lo único que generan es mermar la
economía de los ayuntamientos, apuntando que quien resulta más afectad por esa
irresponsabilidad de la población.
Afirmó que los alcaldes que se fueron
“dejaron un caos económico por la falta de prevención económica.”
El diputado panista Fernando Antero Valle: “consideró
como delicada la situación económica de las administraciones estatales y
municipales, el congreso ha venido, de alguna manera, siendo cómplice en las
pasadas legislaturas al aprobar los endeudamientos, por parte de las
administraciones municipales y estatal, y eso es una bomba que eventualmente tendrá
efectos y consecuencias”.
“El 88 por ciento de los recursos que
ingresan a los comunas se destinan el pago de la nómina.”
“Los pocos recursos que llegan vía
participaciones federales son los que se dejan para proyectos de
infraestructura o desarrollo social.
Pueden aprobarse más créditos a los
ayuntamientos, “ya vemos que todos los niveles de gobierno acumulan onerosas
deudas, simplemente hay que recordar que en el gobierno estatal ese rubro
supera los 2 mil millones de pesos.”
Los municipios no pueden operar debido al
desastre financiero en que se encuentran. (Diario de Colima 16/Oct/2012)
El presidente de la Comisión de Hacienda,
Oscar Valdovinos Anguiano, reconoció que debido a la difícil situación que
atraviesan muchas de las administraciones municipales, los alcaldes tendrán que
solicitar créditos para arrancar sus trabajos y cumplir con sus compromisos de
fin de año.
“Los municipios están en una situación de
crisis de la cual el gobierno del estado no es ajeno, y (los legisladores)
tendremos que ver con mucha responsabilidad las solicitudes de financiamiento
que algunos municipios pretendan realizar.” (Ecos de la Costa 16/Oct/2012)
No obstante lo mucho que deben las administraciones municipales y que jamás
en la historia de Colima habían llegado a ese nivel de endeudamiento, lo mismo
sucedió con el gobierno estatal, les ofrecen a los municipios que se sigan endeudando.
El delegado de
BANOBRAS, Omar Magaña Ceballos, informó que esa institución apoyará a las
nuevas administraciones municipales y anunció que el 26 de este mes vendrá la
titular nacional, Georgina Kessel, con ese propósito: a prestarles más.
“Vamos a apoyar a
las nuevas administraciones con un financiamiento de alrededor de 50 millones
de pesos”, indicó el delegado.
MERECIDO
NOMBRAMIENTO
El congreso del
Estado aprobó por 24 votos el nombramiento del licenciado René Rodríguez
Alcaraz como presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, en
reconocimiento a su probada capacidad jurídica y académica.
Únicamente un voto
tuvo en contra: el del diputado Francisco Rodríguez del PRD, que argumentó sus
fuertes ligas con el PRI, para justificar su disidencia y rendir homenaje a
Manuel López Obrador.
La mayoría de los
ciudadanos en Colima han votado por el
PRI y ese no es ninguna estigma para ser descalificado y menos en el caso del
licenciado René Rodríguez, que es un reconocido académico y prestigiado abogado
que ha acreditado en su desempeño público su capacidad profesional.
