Camilo Mouriño y el PRD

El presidente Calderón decidió no remover a Camilo Mouriño y correr el riesgo político de dejarlo en el cargo y asumir el costo político del golpeteo permanente del PRD al hombre más cercano al presidente.

Es obvio: el presidente Calderón no le iba a entregar al PRD, y sobre todo a AMLO, un triunfo contundente con la caída de Camilo Mouriño y menos a unos días de celebrarse la contienda interna del PRD, con lo que Calderón hubiera contribuido al triunfo de AMLO y su candidato Alejandro Encinas.

Felipe Calderón se la jugó, confiando en el triunfo de Jesús Ortega y también confiado en que la división interna del PRD estaba en puerta, como ocurrió.

La propia elección interna del PRD, su desarrollo antidemocrático y su resultado cuestionado y vergonzoso, han tapado, momentáneamente, el caso Mouriño. Es cierto que resultó un cochinero la elección, en el PRD todos se acusan de fraude, de robo de boletas y de urnas, de acarreo y de compra de votos y de resultados electorales alterados e inventados, en algunos casos, con votaciones en casillas que nunca se instalaron y además, con una escasa votación nacional y local. De un supuesto padrón nacional de seis millones de perredistas registrados, en 23 estados se han contabilizado, apenas, cerca de 350 mil votos, el 6% del padrón aproximadamente.

De los casi 15 millones de votos que obtuvo el PRD en la elección presidencial del 2006, cuando mucho van a llegar en esta elección a los 500 mil votos. En Colima, apenas si llegaron a dos mil 600 votos de un supuesto padrón de 21 mil.

¡Que vergüenza! Tanto cochinero electoral para tan poquitos votos. Tanto pleito y tanto insulto para ese pobre resultado. No cabe duda: en la elección del PRD, hubo más “estiércol” que votos y aquellos que siempre pregonaron y exigieron el conteo voto por voto, aún no terminan de contar los suyos, aunque sean poquititos.

Los espacios en los medios de comunicación dedicados a la elección del PRD y la exaltación del fraude y del cochinero en que participaron todos los perredistas, ayudó al gobierno con el caso Mouriño y además, el propio gobierno se ha encargado de que los medios le dediquen mucho espacio a una elección que resultó ser un fraude; o sea, llama la atención de tanto espacio, porque así conviene al gobierno y al PAN, que han decidido tapar con el lodo perredista las presuntas ilegalidades cometidas por Mouriño y denunciadas por el propio PRD. Ello quiere decir que el gobierno panista tapa con lodo perredista las denuncias de AMLO.

Así está el panorama nacional: el PAN en el gobierno tratando de tapar a Mouriño con la división del PRD y sin dar una explicación clara y contundente sobre por qué el presidente Calderón decidió conservar en el cargo a Mouriño y por qué ha omitido respaldar de manera pública y expresa a su hombre de confianza. Es obvio: el presidente y el PAN tomaron la estrategia que más les conviene como partido en el poder, les guste o no a los demás partidos y a los ciudadanos.

Por su parte, el PRD acreditó en su elección interna que es un partido de tribus, de caudillos confrontados y enfrascados en la lucha por el poder al interior de un partido de izquierda violenta, que no respeta la ley cuando compiten con otros y que tampoco se respetan entre sí, cuando compiten entre ellos mismos. Por eso, PAN y PRD han venido perdiendo en el 2007 y en el 2008, las elecciones locales que mayoritariamente ha ganado el PRI.

El PRI, en el caso Mouriño, ha sido acusado por perredistas y antipriistas, de estar apoyando las presuntas ilegalidades que cometió el hoy secretario de Gobernación, cuando, siendo funcionario público y apoderado de los negocios de su familia, suscribió seis contratos con Pemex. Debe quedar claro que el PRI no apoyó a Mouriño en sus presuntas ilegalidades denunciadas por AMLO y por el PRD, lo que el PRI hizo fue no apoyar a AMLO y a su partido en su petición de destitución a Mouriño como secretario de Gobernación y tampoco nos sumamos a la estrategia del PRD, sino que los priistas tenemos nuestra propia estrategia y nuestros propios intereses político electorales, y que aunque somos oposición, al igual que el PRD, no somos, ni representamos lo mismo y mucho menos tenemos las mismas estrategias y tampoco nos sumamos a las suyas.

Si bien es cierto que somos un partido de oposición, no estamos obligados a apoyar a otras oposiciones en contra del gobierno, nosotros decidimos, como partido político y conforme a los intereses que representamos y a la estrategia que diseñamos, cuándo atacamos al gobierno o cuándo lo apoyamos.

No estamos para apoyar al PRD y menos cuando existen varios PRD y cuando ni ellos mismos van juntos en apoyo de las denuncias de AMLO. El PRD planteó una comisión investigadora del Congreso para el caso Mouriño y cuando el PRI decidió que se creara dicha comisión, el PRD se opuso a la misma y se negó a formar parte de ella. El PRD quería una comisión a modo, presidida por ellos para tener las luminarias y los micrófonos de la comisión todo el tiempo. Apoyamos la comisión pero no a modo del PRD, que hicieron la denuncia contra Mouriño y querían presidir la comisión que lo iba investigar. El PRI no está para servir a los intereses políticos de otros partidos, ni para sumarse a sus estrategias en contra del gobierno.

Si el PRI hubiera apoyado a AMLO logrando la destitución de Mouriño, en la lucha interna del PRD nos hubieran alineado con su candidato Encinas y tampoco teníamos por qué mandar ese mensaje, aunque políticamente nos hubiera convenido el triunfo de Encinas, porque radicalizaría permanentemente al PRD en su lucha contra el gobierno y como partido político, eso nos hubiera beneficiado, pero no teníamos por qué aliarnos, ni en la lucha de AMLO contra el gobierno, ni en su lucha al interior del PRD.

Declarar a Mouriño como no interlocutor valido, como lo hizo el PRD, es sumarnos a la causa de AMLO, de no considerar a ningún funcionario federal como legitimo, ni como interlocutores incluyendo al presidente Calderón. Desde un principio, los priistas hemos asumido nuestro respeto a los resultados electorales y a la legalidad de las instituciones y hemos acreditado ser políticos institucionales y profesionales y no merolicos callejeros. Por eso apelamos al voto en las urnas y no al veto en el zócalo.

Además, nosotros tenemos nuestras propias causas y principios que nos distinguen de los otros partidos y que los hacemos valer cuando así lo consideramos pertinente para los intereses que representamos como partido político y actuamos conforme a la estrategia que como partido de oposición hemos diseñado y en la lógica de que somos un partido de oposición a un gobierno de derecha y que para serlo no necesitamos ni el beneplácito, ni la complacencia de un partido de izquierda violenta y antidemocrática y en consecuencia, para los priistas, el secretario Mouriño dejará de ser interlocutor valido cuando así lo decidamos los propios priistas y no cuando lo decidan otros partidos.

La caída de Mouriño a petición de AMLO y del PRD, hubiera significado el fortalecimiento del PRD y la legitimación de la lucha callejera de AMLO, en momentos en que ese partido está en declive electoral. El PRI no está para contribuir al fortalecimiento de un partido contrario al nuestro y menos cuando está perdiendo elecciones y tampoco estamos para fortalecer a un partido que nos ha quitado más votos que ningún otro y al que se han ido casi todos los traidores al PRI. No estamos para fortalecer a los que nos traicionaron, por más santa que digan que es su causa.

El PRD no ha sido un adversario confiable y no tenemos por qué aliarnos en su lucha contra el gobierno y no tienen por qué marcarnos la pauta contra el camino que debemos transitar como oposición. Nuestro camino está claro y nuestra estrategia definida por nosotros mismos. Así ganamos diez de las catorce elecciones del 2007 y hemos ganado dos de las tres del 2008 y vamos a ganar las tres elecciones que faltan este año y en política, cuentan los resultados y no las intenciones, y en las últimas quince elecciones locales, los resultados nos han favorecido, en el 2007 con el 42% de los votos emitidos y tenemos el 39% de la intención del voto para la elección federal del 2009.

Así que nosotros decidimos como partido político qué decisiones tomamos para ganar elecciones, no para destituir funcionarios a contentillo o como estrategia de otros partidos.

Políticamente debemos ser claros: la presencia de Camilo Mouriño en la secretaría de Gobernación ahondará las diferencias entre el PRD y el gobierno federal y contribuirá al debilitamiento del PAN como partido en el gobierno y del PRD por su permanente enfrentamiento con el gobierno, del que somos oposición y no tenemos, como partido político, por qué apoyar los priistas al PAN en el gobierno, ni tampoco por qué evitar que el gobierno se debilite por errores que ellos cometen o por los ataques de otros partidos.

O sea, si contribuimos a la caída de Mouriño, como quería AMLO, el PRD se fortalece y electoralmente nos vamos a enfrentar a este partido que le gana al gobierno y no podemos, en nuestra propia lógica, ayudarle a un partido político en su lucha contra el gobierno, cuando nuestra lógica es que el PRD y el PAN en el gobierno son nuestros adversarios electorales. A nosotros nos conviene que se debiliten y qué mejor que esa debilidad sea resultado de su enfrentamiento y a nosotros nos beneficia electoralmente el debilitamiento de nuestros adversarios, por errores propios o por su mutuo enfrentamiento.

Sería un error suponer que nos beneficia el debilitamiento del gobierno y el fortalecimiento del PRD, como también sería un error que apoyáramos al PRD con el cuento de que su causa o denuncia es por los mejores intereses del país o porque la moral así obliga.

Repito: no somos partido en el gobierno y tenemos que actuar con la lógica de un partido en la oposición y no confundir el hecho de que la permanencia o no de Mouriño en la secretaría de Gobernación es por los intereses del país o por el perjuicio de la nación. La permanencia o no de Mouriño en el cargo, para el priismo, es una cuestión de estrategia propia. Así de claro, pues en él no están depositados los intereses de la nación y si se va o se queda Mouriño, a la nación no le pasa nada.

La presencia en Gobernación de un secretario que ha sido golpeado políticamente, cuestionado en su integridad como servidor público, enfrentado al PRD y confrontado también con su pasado como apoderado de los negocios de su familia y simultáneamente como servidor público, debilita al gobierno y al PAN como partido en el gobierno y nosotros no tenemos como priistas y como oposición a ese gobierno, razones para abogar por un secretario de Gobernación para que sea poderoso y fuerte y que electoralmente se meta a las elecciones de su partido y nos gane y tampoco tenemos por qué exigir al gobierno federal que tenga en la secretaria de Gobernación a un funcionario inmaculado, cuando todos sabemos que, en el panismo, esos funcionarios no existen.

El mito Mouriño se acabó, no tanto por la denuncia de AMLO, sino por su incapacidad para defenderse y en ese sentido, si la capacidad no es tal, que la cercanía presidencial le acompañe en el desempeño del cargo.

Yo estoy seguro, como priista, que cuando se acredite legalmente que la conducta de Mouriño al firmar los contratos con Pemex fue indebida, habremos de pedir su renuncia, pero como partido político no tenemos por qué pedirla antes, si somos un partido que respeta la ley y las instituciones y menos cuando la estrategia de su renuncia es ajena a la de nuestro partido.

Si hubo torpeza o poco cuidado para no saber lo que Mouriño firmaba con Pemex como apoderado de su familia, esa es responsabilidad del presidente Calderón y no nuestra, el que lo nombró sabe por qué lo hizo y por qué lo mantiene en el cargo y sobre todo, por qué lo considera su hombre de confianza y en consecuencia, su permanencia o no en el cargo no es por el apoyo del PRI, sino del presidente Calderón, que a nosotros nos convenga que siga ahí, eso es otra cosa y que el PRD no lo haya podido tumbar, eso es otra cosa también.

O sea, el presidente Calderón consideró estratégico mantenerlo en el cargo, el PRD en su estrategia pidió su renuncia y en la nuestra, nos conviene que ahí siga, pues los errores del PAN en el gobierno no los vamos a corregir nosotros, no es ese nuestro objetivo, pues más que corregirlos, queremos ganarles las elecciones en el 2009 y después en el 2012 y si le exigimos a los panistas que se corrijan, a la mejor nos ganan, así que mejor que sigan cometiendo errores, pues en política, los errores cuentan y se cuentan en votos, a favor o en contra y los priistas vamos por los votos a favor y dejar que el PAN los tenga en contra.

aproposito2004.blogspot.com

La PTAR y los Panistas, ¡ A Ver si ya Entienden!

El diputado Enrique Michel en su calidad de coordinador del grupo parlamentario del PAN y según lo publicado por el Diario de Colima el pasado 5 de marzo declaró que la PTAR es ilegal. Nuevamente se confunde la construcción de la planta con la contratación de servicios o con la concesión.

El abogado del PAN Andrés Gerardo García Noriega afirma en el periódico Ecos de la Costa lo siguiente: “El gobernador nuevamente se confunde. Nadie ha tachado a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de ilegal, nadie la cuestiona en sí misma. La PTAR es sólo un instrumento físico. El cuestionamiento va por otro lado y está muy claro: la transferencia del servicio de saneamiento a una empresa particular en la forma como lo llevó a cabo Ciapacov es ilegal. Este es el punto central (el servicio transferido) no la obra de la PTAR, que en todo caso es consecuencia de aquello”.

Bueno, en su declaración Enrique Michel si dijo que la planta era ilegal sin embargo el abogado García Noriega y los propios panistas ya entendieron y les quedó claro que lo que se contrató mediante una licitación fue el servicio de saneamiento y no la construcción de la planta y el mismo abogado García Noriega dice que nadie cuestiona la planta en si misma, sin embargo durante 30 días estuvieron cuestionando la construcción de la planta y ahora ya dicen que nadie la cuestiona, y dicen que lo que se cuestiona es la transferencia a un particular del servicio de saneamiento.

O sea, los panistas ya usan mis argumentos y ya les quedó muy claro lo que dije hace un mes, que la planta no es el tema sino el tratamiento del agua, que bueno que ya entendieron, pero al quedarse sin argumentos en contra de la planta que fue lo que cuestionaron durante un mes, ahora arremeten contra el saneamiento, no porque sea ilegal, sino porque se quedaron sin argumentos contra la planta.

También les quedó claro a los panistas que es una concesión y que es una contratación de servicios, y ya que entendieron lo de la contratación de servicios la descalifican, como también hubieran descalificado la concesión si se hubiera optado por esa figura, pero como se optó por la contratación de los servicios de saneamiento mediante una licitación, la tachan de ilegal en un desplegado a media plana que publicaron en la prensa local el pasado 7 de marzo y en la que afirman lo siguiente:

“De acuerdo con el artículo 3 de la ley de aguas del estado los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, se podrán prestar a través de: (1) Organismos operadores municipales, (2) Organismos operadores intermunicipales, (3) Comisión estatal del agua y (4) Organismos privados como concesionarios. Estas son las únicas 4 formas de prestación reconocidas por la ley”.

“De conformidad con el artículo 47 de la ley de aguas del estado, la participación del sector privado en el servicio de agua, alcantarillado o saneamiento, se deberá ajustar a lo dispuesto por los artículos del 95 al 109 de la ley de municipio libre del estado de Colima”.

“De esta remisión resulta que los artículos 95 al 109 de la ley del municipio libre establecen las normas sobre “concesión” a las que deberán ajustarse la autoridad a la hora de transferir a los particulares la prestación de algún servicio público municipal, como es el caso del saneamiento de las aguas residuales”.

“Entre los requisitos que categóricamente exige la Ley del Municipio Libre se encuentra el contar con la previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y si la concesión excede el período del ayuntamiento se requerirá además la aprobación del Congreso del Estado”.

“Al estar en manos de una empresa particular el servicio de saneamiento, CIAPACOV-Gobierno del Estado debieron observar las normas relativas a la Concesión de un servicio público municipal, que exige la aprobación previa de los Cabildos, en este caso de Colima y Villa de Alvarez, y además la autorización del Congreso del Estado, por tratarse de un plazo que excede el período de los ayuntamientos involucrados. Ninguno de estos requisitos se cumplió”.

“Pero resulta que el contrato de prestación de servicios celebrado por CIAPACOV y que transfiere el servicio de saneamiento a una empresa privada sólo fue suscrito por el gobernador en calidad de “testigo de legalidad”, cuando en todo caso era él y no CIAPACOV el que debió suscribir el contrato como autoridad otorgantes del mismo y bajo la figura de la concesión ya que implicaba la prestación de un servicio público”.

“De ahí que en los hechos estamos ante un caso de concesión simulada e ilegal. Es concesión porque se “concede” a un particular la prestación de un servicio público, como es el caso del saneamiento. Es simulada porque se le disfraza a través de un contrato de prestación de servicios en donde la intervención del gobernador es como mero testigo. Y es ilegal porque atendiendo a la “legislación aplicable” la transferencia del servicio municipal a un particular se realizó sin la aprobación de los cabildos de Colima y Villa de Alvarez y sin autorización del Congreso”.

“La transferencia del servicio de saneamiento a un empresario privado se encuentra viciada de nulidad, por lo que debe reponerse el procedimiento, ajustarlo en todo caso a la figura de la concesión y establecer nuevas bases que permitan en el futuro inmediato un servicio de saneamiento verdaderamente eficiente y completo y bajo un esquema de tarifas justas y razonables hasta hoy ausentes”.

Efectivamente, el artículo 3 de la ley de aguas del estado establece que los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento se podrá prestar a través de 4 figuras jurídicas, organismos operadores municipales, (existen 8), organismos operadores intermunicipales (CIAPACOV), o sea, existe uno de este tipo, la comisión estatal del agua y organismos privados como concesionarios a través de la figura jurídica de la concesión, que al momento no se ha otorgado ninguna para los servicios del agua, alcantarillado o saneamiento.

De estas 4 formas que establece la ley los municipios de Colima y Villa de Álvarez acordaron constituir un organismo público descentralizado con la autorización de ambos cabildos y con la aprobación del congreso del estado mediante el decreto 157, que aprueba la creación de la comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad a lo dispuesto en la ley de aguas del estado y en la ley orgánica del municipio libre.

El decreto 157 que expide el congreso y crea a CIAPACOV le otorga entre otras las siguientes atribuciones, contempladas en el artículo 2, estableciendo en la fracción primera la facultad de “construir, rehabilitar, ampliar, conservar, administrar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, alcantarillado, así como el tratamiento de aguas residuales; dentro del ámbito territorial de los municipios de Colima y Villa de Álvarez” y en ningún momento establece aquí que CIAPACOV tenga que pedir autorización a los cabildos o al congreso del estado. En la fracción XI le da la facultad de “celebrar convenios y contratos relativos al cumplimiento de los servicios que presta la comisión previo estudio y autorización del consejo de administración”. Ojo En ningún momento obliga a CIAPACOV la ley que la crea a pedir autorización a los cabildos o a los congresos para contratar servicios y eso fue lo que hizo con una empresa privada, contratar mediante licitación, la prestación del servicio de saneamiento, que está dentro de sus funciones y dentro de sus facultades legales de contratar.

Al decir los panistas que es ilegal la contratación de la prestación de ese servicio porque no fue autorizada por los cabildos y por el congreso, se equivocan, porque CIAPACOV no esta obligada a pedir autorización, porque es un organismo público descentralizado que es independiente de los cabildos y que el congreso le estableció sus facultades, en materia de agua porque los dos municipios conurbados convinieron que se transfiriera su facultad de prestar esos servicios públicos a un organismo operador, renunciando o delegando en CIAPACOV la facultad primigenia que tienen los ayuntamiento de prestar el servicio de agua. O sea, los municipios decidieron escoger una de las 4 formas que establece la ley de aguas del estado, que es la del organismo operador intermunicipal, para que a través de éste se preste en ambos municipios el servicio del agua, alcantarillado y saneamiento y que efectivamente originalmente es una facultad de los municipios, pero conviene transferirla y el congreso del estado mediante decreto crea CIAPACOV para esos fines.

Los panistas dicen en su desplegado que de conformidad con el artículo 47 de la ley de aguas del estado la participación del sector privado en el servicio de agua, alcantarillado y saneamiento se deberá ajustar a los artículos del 95 al 109 de la ley del municipio libre que establece las normas sobre la concesión a la que deberá sujetarse la autoridad a la ahora de transferir a los particulares la prestación de algún servicio público municipal.

Efectivamente eso dice la ley de aguas, pero es en el supuesto de que los ayuntamientos hayan decidido concesionar el agua y hubieran adoptado para la prestación de este servicio esa figura contemplada en el artículo 3 de la propia ley de aguas, pero ese supuesto no se da, porque los dos municipios con la aprobación del congreso decidieron adoptar la figura jurídica de un organismo operador intermunicipal, al que el congreso doto de facultades y obligaciones sin necesidad de consultar a los cabildos en ninguna de sus decisiones y únicamente consultar al congreso del estado respecto a tarifas y créditos o empréstitos.

Repito porque a los panistas hay que explicarles más de una vez los ayuntamientos de la zona conurbada ya no tienen ninguna facultad sobre el asunto del agua, el alcantarillado o saneamiento de las mismas, porque éstos servicios públicos están transferidos a CIAPACOV.

Dicen los panistas que la ley del municipio libre establece que para transferir servicios públicos se debe contar con la previa autorización cuando menos con las dos terceras partes del cabildo, los dos cabildos ya votaron para transferir a un organismo operador intermunicipal sus facultades en materia de agua, no puede votar sobre facultades que ya no tienen, porque decidieron mediante convenio que sancionó el congreso del estado mediante el decreto 157 que crea la CIAPACOV crear el organismo operador.

Dicen los panistas que el contrato de prestación de servicios celebrado por CIAPACOV y que transfiere el servicio de saneamiento a una empresa privada solo fue suscrito por el gobernador en calidad de testigo de legalidad, cuando en todo caso era él y no CIAPACOV el que debió suscribir el contrato como autoridad otorgante del mismo y bajo la figura de la concesión ya que implicaba la prestación de un servicio público. Se equivocan los panistas, pues supongo que el gobernador firmó como testigo de calidad, porque es el director de CIAPACOV el que está facultado por la ley para firmar los contratos de prestación de servicios, aprobados por el consejo de administración de la propia CIAPACOV. El gobernador preside el consejo de administración del organismo pero él no está facultado para contratar ni para concesionar en materia de agua en la zona conurbada, repito únicamente CIAPACOV.

Los panistas argumentan por la presencia del gobernador que fue una concesión simulada e ilegal y eso es falso, porque se trata de la contratación de la prestación de un servicio que hace CIAPACOV conforme a sus facultades y con la única autorización que se requiere en esos casos que es la de su consejo de administración.

Debe quedar claro que CIAPACOV frente a los usuarios del servicio es el responsable del tratamiento de las aguas y no la empresa que le presta el servicio, no a los usuarios a CIAPACOV, los usuarios no tienen ninguna relación con la empresa que trata el agua sino que la tienen con CIAPACOV.

En consecuencia CIAPACOV no renuncia ni transfiere su facultad sobre el tratamiento del agua contrata el servicio para prestárselo a los usuarios.

Es lamentable que el panismo en pleno, sus diputados, su dirigencia estatal y sus abogados hayan dado una conferencia de prensa y publicado un desplegado con afirmaciones que carecen de sustento jurídico y que acreditan una total ignorancia jurídica y que a falta de la validez de los argumentos con que iniciaron este debate recurren ahora a falsas interpretaciones de la ley para pretender descalificar con mentiras.

Es lamentable también que CIAPACOV haya dado respuesta al desplegado de los panistas con otro desplegado sin rebatir jurídicamente las falsedades de los panistas y optar únicamente por la descalificación del que descalifica, es lamentable pues que ninguna autoridad haya respondido a los panistas con argumentos jurídicos.

aproposito2004.blogspot.com

La PTAR, Necesarias Precisiones

Algunos amigos me han comentado que con mis artículos sobre el tema del agua se da la idea de que estoy defendiendo de manera incondicional a las autoridades dejando de lado que pudo haber algún negocio con la construcción de la planta en el que se haya involucrado algún funcionario.

Sobre eso quiero ser muy preciso: no estoy defendiendo a nadie, pero sí defiendo los argumento que di a conocer la primera vez que traté el tema y también reitero que los panistas utilizaron mentiras desde un principio para criticar esa obra y que los funcionarios federales panistas, como los de Conagua, y Banobras, también contribuyeron a la duda y a la desinformación con declaraciones que generaban dudas y que también se aprovecharon de la deficiente estrategia de comunicación de las autoridades estatales, las cuales acreditaron una muy mala defensa del tema del tratamiento de las aguas residuales y estuvieron todo el tiempo a la defensiva, publicando de manera tardía información valiosa que pudo haber evitado mucha confusión.

Desde luego, hay muchos temas pendientes en torno al tratamiento del agua, como la contaminación de los arroyos en la ciudad de Colima, que es una realidad que nadie puede negar, porque toda la gente constata por sí misma que los ríos están contaminados, y saben que los drenajes van bajo el arroyo y que cuando hay fuertes avenidas se dañan y los registros de los drenajes, que están sobre el arroyo, se colapsan generándose una mayor contaminación.

También está el tema de la eficiencia de la planta de tratamiento y de la calidad del agua que la planta genera, y de no estar suficientemente tratada, al arrojarla rió abajo estaría contribuyendo a la contaminación que ya de por si tienen los arroyos de Colima en la parte que atraviesa la ciudad.

Desde luego, también está el asunto de que si las aguas tratadas están siendo vendidas a los agricultores y cómo se canalizan éstas a los cultivos, ¿Cuánto se obtiene por su venta? Y si esas aguas para uso agrícola cumplen con los requisitos de la ley de inocuidad alimentaría, es decir, agua lo suficientemente limpia para regar hortalizas que se puedan exportar.

Desde luego, también está el tema de los más de mil 200 millones de pesos que en 20 años se van a recaudar por concepto de cuota de saneamiento y que constituye el verdadero negocio. Desde mi punto de vista, considero que el negocio no está tanto en el costo de la construcción de la planta, sino en el beneficio de la cuota a 20 años, en la venta del agua tratada, en los volúmenes de agua que entregan para su tratamiento y en la forma como las tarifas se van a ir actualizando cada año.

Desde luego que también es tema a analizar el por qué le quitaron a CIAPACOV la autonomía tarifaría, para así poder determinar si lo que se pretendía con ello era que la construcción de la planta y el tratamiento no tuvieran nada que ver las autoridades federales y estuviéramos, como lo vamos a estar ante la ausencia de una auditoria externa o de las autoridades federales en esta negocio, pero para entrar a todas estas consideraciones es necesario que primero se entienda muy bien qué fue lo que se licitó, qué no se licitó y que quede muy claro también por qué las autoridades estatales y federales no pueden intervenir en el tema de la construcción de la planta, que quede también muy claro qué es una contratación de servicios y qué es una concesión y debe, pues, quedar muy claro que no soy defensor de nadie, más que de mis propios argumentos y trato con mis puntos de vista de ser objetivo, sobre todo, por convicción personal y por escribir en Diario de Colima.

A propósito

1.- Los perredistas se despachan con la cuchara grande donde son gobierno y donde no lo son, critican y descalifican todo lo que la autoridad hace. En Michoacán, acaban de hacer de las suyas, horas antes de dejar la gubernatura, el perredista Lázaro Cárdenas Batel repartió 26 nuevas Notarias Públicas entre amigos y conocidos.

Del gabinete de Cárdenas Batel varios funcionarios alcanzaron la repartición.

Según se demuestra el periódico oficial del Estado, entre el 13 y 14 de febrero el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas acomodó a sus allegados con alguna Notaría Pública, estos son los exfuncinarios perredistas que ya tienen notarias:

Nombre Cargo en el Gobierno

Lucila Arteaga Garibay Procuradora de Justicia

María Elena Cornejo Chávez Subprocuradora de Justicia

Miguel Agustín Linarte Guerrero Subprocurador de Justicia

Javier Zúñiga Andrade Subprocurador

Alfonso Vaca Morales Coordinador de Asesores

Salvador Hernández Mora Director de Asuntos Jurídicos

Héctor Pantoja Ayala Director de Jurídico de la Procuraduría

Jesús Calderón Morales Subsecretario de Administración

Rogaciano Morales Reyes Director del Notario y ex Diputado Federal

Estela Carrillo Gallegos Jefa de Departamento de Función

Pública Notarial

Marcelino González García Director de Análisis en Sec. De Gobierno

Héctor Soto Sánchez Director del Registro Civil

2.- Colima ya sacó boleto con AMLO. Ahora resulta que la futura regasificadora de Manzanillo, que está en proceso de licitación para su construcción, forma parte de la lucha de AMLO en defensa de los energéticos. El periódico La Jornada da cuenta de ello: “La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaria de Energía (SE) y al Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron en septiembre del año pasado un contrato para suministro de gas natural licuado con la transnacional española Repsol, durante 15 años, y que de acuerdo con estimaciones del “gobierno legítimo” comprometen un presupuesto de 16 mil millones de dólares.”

En los documentos que Andrés Manuel López Obrador entregó el domingo antepasado a Diputados que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) se informa que Repsol suministrará el gas desde instalaciones ubicadas en la costa desértica central de Perú, en la región de Camisea, y que con esta operación esa compañía concentrará la mayor parte del mercado de distribución de gas LP.

Además, denunció, se le construirá un puerto sin costo para desembarcar el gas traído de Perú, y se le entregarán las instalaciones de suministro de electricidad, como ha ocurrido con otros licitantes.

El contrato se firmó el 6 de septiembre de 2007, por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, a un precio de 0.0300 centavos de dólar por litro de gas, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso de licitación.

Repsol, se encuentra en el lugar 97 de las 500 mayores empresas trasnacionales del mundo por volumen de ingresos, estimado en 44 mil 857.5 millones de dólare4s, y en el lugar 13 del sector hidrocarburos.

El documento del “gobierno legitimo” asegura que el contrato se otorgó como parte de la corrupción que impera en el gobierno federal y con objeto de beneficiar a una trasnacional, cuando Pemex perfectamente pudo realizar la compra de gas natural del sitio de licuefacción y encargarse de su transporte, “Sin embargo, CFE prefirió dárselo a las petroleras extranjeras y le ocasionó un daño al país, porque las ganancias son para Repsol y no para Pemex; además, comprometió su presupuesto futuro hasta por 15 años”.

En México, Repsol concentra siete permisos de distribución de gas natural, de un total de 21, a t5ravés de su subsidiaria Gas Natural, que adquirió cinco plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado y un gasoducto propiedad de Electricité de France y Mitsubishi de México, en una operación valuada en mil 448 millones de dólares.”. Fin de la cita.

Así pues, los representantes de AMLO en Colima ya tienen tarea de protesta y pronto veremos a Jesús Orozco y tribu que le acompañan protestando contra la regasificadora de Manzanillo. Chucho Orozco será en este caso el abanderado contra la inversión extranjera con doble camiseta, porque, por un lado, ha estado promoviendo la inversión extranjera a Colima con sus negocios en Colima y Manzanillo de la franquicia de su propiedad de KENTUCKY FRIED CHIKEN y por la otra, oponiéndose a la regasificadora y protestando contra la inversión extranjera en la que no forma parte del negocio.

3.- El ayuntamiento de Colima al conmemorar dignamente el día de la mujer, ha lanzado una importante convocatoria que resulta sumamente atractiva para miles de mujeres por los premios que ofrece.

La comisión de Atención a la Mujer en el cabildo capitalino, convoca a participar en la elección de la mujer más destacada del municipio y el cierre de recepción de documentos es el 3 de marzo.

Así lo informó la regidora Patricia Lugo Barriga, quien señaló que hasta el momento se tienen dos propuestas de mujeres destacadas, por lo que invitó a la ciudadanía a inscribir a una fémina que esté haciendo alguna labor social, religiosa, incluso política, de beneficio a la comunidad.

La mujer que resulte electa como la mujer más destacada en el municipio, se le entregará un premio, el cual consistirá en un reconocimiento, así como mil pesos. Todas las mujeres que sean propuestas, recibirán un reconocimiento.

Los requisitos son los siguientes: entregar una propuesta a cualquiera de las integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer, o con atención al presidente municipal y tiene que ser una mujer del municipio de Colima, o que tenga dos años mínimo viviendo en el municipio, así como reseñar la trayectoria de vida, por qué consideran que debe ser elegida como la mujer más destacada.

El evento de premiación y la conferencia serán el día 7 de marzo en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia, a las nueve de la mañana; la entrada tendrá un costo de 30 pesos, a beneficio al Hogar de la Madre Soltera.

Por el gran premio que se ofrece, de seguro las filas de aspirantes serán enormes, pero bueno, lo importante es el reconocimiento y sobre todo, en época de crisis económica. Eso explica que por primera vez en este tipo de eventos, se cobren 30 pesos por la entrada a la ceremonia de premiación. Ojalá los diputados del PAN Y PRD no se les vaya ocurrir formar una comisión investigadora para saber por qué se otorga un premio tan alto y se cobre un precio tan bajo a la entrada a la ceremonia de premiación. Sin duda, esto será el gran debate la próxima semana entre nuestros diputados locales. Bien por el ayuntamiento de Colima.

4.-.Si Juan Camilo Muriño declara en su defensa que renunció a sus intereses en 80 empresas de su familia para dedicarse a la política, no se trata de que únicamente él no se dedique a los negocios, ni tampoco que su familia deje de hacer negocios. Sencillamente, se trata que las empresas de su familia no hagan negocios con el gobierno del que él forma parte, sus negocios y sus intereses pueden seguir, lo que se critica es que desde el poder los negocios de la familia Muriño hagan negocios con el gobierno.

Así de sencillo.

5.- En la primera semana de febrero del 2004, el gobernador Gustavo Vázquez le ofreció a Arnoldo Ochoa González una cena en la casa de Gobierno, con motivo de su cumpleaños.

La cena se hizo días después, para tratar de hacerla coincidir con una visita de Beatriz Paredes a Colima, hace tres años, en los primeros días de febrero.

A dicha cena asistió la hoy presidenta del PRI nacional a casa de gobierno, así como un grupo aproximado de 25 personas, pasando una alegre velada a la que Beatriz Paredes correspondió las atenciones de Gustavo Vázquez invitándolo a su casa en la ciudad de México a una cena con un pequeño grupo de amigos comunes, a la que asistimos también Arnoldo Ochoa y un servidor la noche del 22 de febrero.

Al día siguiente, el día 23 de febrero, Gustavo acudió a la residencia oficial de Los Pinos a una reunión con el presidente de la republica, quedándonos de ver a las 2 de la tarde en el hotel Marquiz, para irnos a Toluca a tomar el avión del gobierno que nos llevaría a Colima.

Camino a Toluca, Gustavo Vázquez dijo a quienes lo acompañábamos, Arnoldo Ochoa, Rafael Briceño, Javier Villegas y un servidor, que teníamos tiempo, que podíamos llegar a comer a Toluca y después salir a Colima, porque Gustavo debía llegar a Colima a las 7 de la tarde para asistir a un acto del DIF.

Llegamos a comer a Toluca al restaurante Cambalache, ubicado a cinco minutos del aeropuerto. A las cuatro de la tarde, Gustavo instruyo a Javier Villegas para que avisara a los pilotos que en diez minutos estaríamos en el aeropuerto y Villegas le informo que el avión no había llegado de Colima y que estaba por llegar.

Lo que sucedió es que Gustavo Vázquez al día siguiente, 24 de febrero, tenía una reunión con el presidente de la republica y había considerado no regresar a Colima y había decidido, originalmente, quedarse a dormir en México y regresar a Colima hasta la tarde del 24, pero después decidió venirse a Colima y estar en el evento programado por el Dif para el día 23. El avión de gobierno regreso por la mañana del 23 a Colima a dejar unas personas y tenían programado regresarse hasta la tarde a Toluca pensando que Gustavo se regresaría a Colima hasta el día 24 y por una confusión de la agenda, no les avisaron oportunamente que debían estar a las cuatro de la tarde.

Esto propicio que prolongáramos la espera en el restaurante hasta las seis y media de la tarde y saliéramos del aeropuerto de Toluca aproximadamente a las siete de la tarde, llegando a Colima a las ocho de la noche.

Es obvio que Gustavo Vázquez llegó retrasado al evento oficial que ya estaba programado, pero antes de despedirnos en el aeropuerto, nos dijo a quienes le acompañábamos en el avión: Arnoldo Ochoa, Rafael Briceño y un servidor, que iba a ir a cumplir el compromiso y que nos veíamos en la casa de gobierno a las nueve treinta.

No obstante que habíamos estado reunidos casi cuatro horas en el restaurante de Toluca, Gustavo tenía muchas ganas de platicar y a las nueve treinta de la noche de ese día, 23 de febrero, llegamos los tres invitados a la casa de gobierno y reanudamos la plática hasta las seis de la mañana del 24 de febrero.

Al llegar Gustavo a la casa de gobierno, de regreso ya del acto oficial, nos comento que había ofrecido una disculpa a los asistentes expresándoles que llegaba tarde porque el avión había fallado, frase que a muchos se les quedó grabada y la recordaron al día siguiente, cuando se enteraron que el avión de gobierno se había accidentado y hasta algunos preguntaron por qué había vuelto a viajar en él, si el avión había fallado y desde luego, la falla fue por la confusión de agenda y el avión llego tarde a Toluca.

Fue una larga y agradable noche la del 23 de febrero que se prolongó, como ya lo dije antes, hasta las seis de la mañana del día 24 de febrero, cuando los tres últimos invitados nos despedimos de Gustavo a la casa de Gobierno se despidió en la puerta diciéndonos “me voy al rato, a las ocho de la mañana, pero en la tarde estamos de regreso para el evento a la bandera”.

Así me despedí de Gustavo, después de una charla prolongada de las 14:00 horas del día 23 hasta las seis de la mañana del día siguiente, con un intervalo de dos horas para cumplir sus compromisos, nunca había platicado tanto tiempo con Gustavo, tan abierto él y tan relajado, tan generoso con sus amigos y tan cumplido en sus responsabilidades.

A tres años de su ausencia, somos muchos los que lo extrañamos

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La PTAR, ¿Todavía No Entienden?

El delegado de Conagua, Gerardo Hernández, últimamente se ha hecho el occiso en el caso de la PTAR y no dio jamás respuesta a mi insistente pregunta sobre la no utilización de recursos federales. Sigo insistiendo en que mintió al decir que las autoridades no aprovecharon los recursos federales a fondo perdido para la construcción de la planta. Al parecer, ya no va a contestar, se escondió y puso pie en polvorosa, como otros panistas lo están haciendo.

Es más, el delegado de Conagua no participó en la comisión investigadora que conformó el Congreso del Estado y no asistió a la primera reunión con el argumento: “De que no participó porque en la construcción de la PTAR no se utilizaron recursos federales”. Cuando anteriormente dijo que sí y que se iba a investigar lo de la construcción. Desde el 12 de febrero, he sostenido de manera reiterada en esta columna, que para la construcción de la planta de tratamiento no se habían destinado recursos federales ni estatales y en consecuencia, no había razón para que las instancias públicas investigaran la construcción de una obra hecha con recursos privados.

Ahora, mi argumento se ha convertido en la tesis oficial que he venido manejando desde el 12 de febrero, de que el gobierno contrató el tratamiento de las aguas y no la construcción de la planta.

Ante el silencio del delegado de Conagua, Gerardo Hernández, me imagino que su silencio se debe a que ya renunció o lo renunciaron o lo asustaron, por haber permitido la contaminación de los arroyos y no haber estado al pendiente, como es su obligación, de vigilar la limpieza de los ríos. Ahora, el delegado de BANOBRAS, Omar Magaña, ha entrado al relevo y ha declarado lo siguiente: “que el organismo operador había cumplido con todos los requisitos de elegibilidad para acceder a los recursos del Finfra, sin embargo, “los tiempos se empezaron a achicar, y a muchos organismos se les complicaron los procesos porque no contaban con recursos para hacer las coparticipaciones, y el cambio de administración retrasó el proceso de construcción de la planta de saneamiento”.
”En el caso del estado de Colima se analizó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam) y la Ciapacov, en donde accedieron a los recursos del estudio de diagnóstico, y ése fue el primer apoyo del Finfra, que aportó hasta el 75% de los recursos a fondo perdido, es decir, no recuperable. El 25% restante más el IVA lo puso el organismo operador”. Pero fue para el estudio de diagnóstico, agregado mío

“En la Ciapacov continuó avanzando y firmamos después un convenio de apoyo financiero para la ingeniería básica de la planta, un 50% lo pagó el Finfra, y el resto y el IVA lo pagó la Ciapacov”.

Aclaremos: fue para el estudio de ingeniería.

“Precisó que cuando se llegó al tema de la construcción de la planta, se tomó en cuenta el tiempo y la multa. “Todas las condiciones estaban, pero los tiempos administrativos del proyecto ejecutivo daban como resultado que no iba a ser tan ágil para dar respuesta a la norma o a la fecha fatal”.

“El funcionario bancario dejó en claro que fue decisión del consejo administrativo de la Ciapacov no acceder a los recursos del Finfra, precisamente por el tiempo. Fue una decisión en forma colegiada, en el consejo administrativo”, dijo. (Miércoles 27/feb/08 Diario de Colima). Fin de la cita.

El delegado de BANOBRAS también falta a la verdad, porque Ciapacov no estaba en condiciones de recibir recursos federales, ni de gestionarlos a fondo perdido para una empresa para que fueran utilizados para pagar parte de la construcción de la planta de tratamiento.

A su vez, Ciapacov no podía recibir recursos federales a fondo perdido ni gestionarlos, porque no llenaba los requisitos que establece el Finfra de BANOBRAS y el Promagua y uno de los impedimentos principales es que no cuenta Ciapacov con autonomía tarifaria, o sea, Ciapacov no está facultada legalmente para determinar las tarifas de los servicios que presta, deben ser aprobadas por el congreso del estado y, reitero: uno de los requisitos para obtener dinero a fondo perdido es la autonomía tarifaria del organismo operador.

Durante mi gobierno, Ciapacov contó con autonomía tarifaria y su Consejo de Administración aprobaba en definitiva las tarifas, sin que se requiriera la aprobación del Congreso, pero fue durante este sexenio cuando se modificó la ley para que las tarifas fueran aprobadas por el Congreso, cancelándole así a Ciapacov la autonomía tarifaria.

Es lógico que ninguna empresa privada construiría una planta de tratamiento en sociedad con Ciapacov si este organismo no puede fijar libremente sus tarifas porque están sujetas a decisiones políticas en el congreso, ninguna empresa privada aceptaría eso y tampoco la empresa entró al esquema de buscar recursos federales porque entre otras cosas, la empresa iba a ser auditada permanentemente durante 20 años al recibir recursos federales, debería tener abierta su contabilidad y la operación de la planta a la vigilancia permanente de BANOBRAS.

La empresa optó por construir la planta sin tener ningún vínculo en su operación y administración financiera con autoridad alguna y también sin ningún vínculo con los usuarios del servicio, sin que su relación es únicamente con Ciapacov respecto al tratamiento del agua, y el organismo, mediante la contratación de ese servicio, le paga por metro cúbico de agua tratada conforme a la tarifa determinada en la licitación del contrato, independientemente de las tarifas que Ciapacov cobre a los usuarios e independientemente también de si éstos pagan o no el servicio, y si se opta por cobrarle menos a los usuarios o por condonarles la tarifa.

De cualquier modo, Ciapacov o el Gobierno del Estado deberán pagarle a la empresa la tarifa convenida porque Ciapacov optó por la contratación de la prestación de servicios parcial con la empresa, o sea, únicamente el tratamiento del agua.

La Comisión tan Traída y tan Llevada

Respecto a la reunión de la comisión investigadora que conformaron los diputados, y que se celebró el pasado 27 de febrero, se aceptó lo que yo había venido argumentando desde el día 12 febrero en esta columna: que no se contrató la licitación de la construcción de la planta, sino que se contrató el servicio del tratamiento del agua y al parecer, hasta ese día de la reunión quedó eso muy claro, la prensa da cuenta de ello: “Uno de los temas que marcó diferencias entre el asesor jurídico del grupo parlamentario del PAN, Gerardo Andrés García Noriega y el gobernador Silverio Cavazos, fue lo relacionado en torno a si la planta de tratamiento de aguas se encuentra concesionada a alguna empresa particular o no, pues si era así, se debió de haber contado con la autorización del Congreso. El gobernador aseguró que no hay ninguna concesión en la obra, pues quien cobra el servicio es la Ciapacov y no algún particular”.

“Silverio Cavazos explicó que en donde sí se utilizaron recursos federales fue en la construcción de las obras secundarias.

Enrique Michel aseguró que si una vez que revise los documentos solicitados se percata que el gobierno del Estado hizo bien el procedimiento de construcción de la planta, así lo reconocerá públicamente”.

El diputado Michel insiste sin razón que el gobierno participó en el procedimiento de la construcción de la planta, cuando ha quedado muy claro que es una obra de carácter privado, con recursos únicamente privados.

“El diputado por el PRD, Adolfo Núñez González, dijo haber quedado complacido con esta primera reunión que se celebró, aunque pidió se le requieran las actas de la licitación de la obra. (Diario de Colima 28 de febrero)”. Se equivoca el diputado, pues nada tuvo que ver la autoridad con la construcción de la obra. ¿Es tan difícil de explicar y de entender esto?

La prensa publicó: “La planta de tratamiento de aguas residuales de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez fue construida mediante un proceso de contratación de servicios y no es el resultado de una licitación, aclaró el gobernador Silverio Cavazos a los diputados panista, específicamente a Enrique Michel, quien cuestionó el procedimiento constructivo de la planta en la reunión que al efecto celebraron los diputados de todas las fracciones con autoridades estatales y de Ciapacov”.

Nuevamente el diputado Michel se equivoca y sigue hablando de la construcción de la planta.

“El debate entre el diputado Enrique Michel Ruiz, y el gobernador Silverio Cavazos y el titular de la Ciapacov, fue para dilucidar el por qué la construcción de la planta se dio a una empresa cuando debería haberse realizado un procedimiento de licitación, abierto a todos los interesados”.

El gobernador Silverio Cavazos, dijo que la ley estatal que regula ese tipo de inversiones en obras señala que la contratación de un servicio, en este caso la construcción de la planta de tratamiento de aguas, puede hacerse por invitación directa a cuando menos tres empresas y que en este caso la invitación de Ciapacov fue girada a ocho empresas, de las cuales cinco se mostraron interesadas y de éstas sólo 4 hicieron sus propuestas resultando ganadora del proceso una de ellas, ya que las especificaciones presentadas fueron las más favorables en sus propuestas”.

Aquí hay también una confusión, pues se afirma que la contratación de un servicio es la construcción de la planta de tratamiento y no es así y que la construcción puede hacerse por licitación abierta, lo que también es un error porque, insisto, no se licitó la construcción de la planta, lo que se licitó es la contratación para limpiar el agua, no para construir la planta. Por lo menos a muchos, como a mí, nos ha quedado claro esto.

“Explicó el mandatario que la obra de la planta fue una contratación de servicios y que por eso no erogó el gobierno estatal ninguna cantidad de dinero”.

Aquí se reitera la confusión, porque una cosa es la construcción de la planta y otra muy diferente es la contratación de un servicio.

“Ciapacov contrató el servicio de saneamiento y el organismo operador le pagará, con recursos de las tarifas que cobra más las aportaciones que hace el gobierno estatal”.

“Señaló el mandatario que si la obra hubiera sido por licitación, Ciapacov no tendría que pagar por el servicio, sino que el concesionario tendría que cobrar el servicio. (Jueves 28/Feb/08 El Noticiero)

Reitero: la obra no fue por licitación, la construcción de la planta la hizo la empresa que ganó la licitación del contrato de prestación de servicios para tratar el agua.

La prensa dijo: “La insistencia de la fracción panista de que fue una concesión la que se otorgó a la empresa que construyó la planta y que por tanto debió haberse aprobado por el Congreso del Estado, el mandatario estatal sostuvo que no se trata de una concesión y que a la empresa que administra la planta se le paga por el servicio de saneamiento.

“Jurídicamente no es lo mismo concesión y licitación, y debo aclararles que no es una concesión, porque se contrató el servicio y sólo la Ciapacov cobra por éste, no la empresa”.

“Simple y sencillamente, añadió el mandatario, se contrató la prestación de un servicio y las cuotas las cobra la Ciapacov, que no es representante de la empresa, es el organismo operador y cobra las cuotas porque las autoriza el Congreso y las administra el gobierno, que intervino a la Ciapacov cuando estaba en bancarrota”.

Debe aclararse que Ciapacov nunca estuvo en bancarrota, la Ciapacov se creó cuando se construyó el acueducto Zacualpan Colima, que abastece de agua a la zona conurbada y que lo construyó mediante un crédito de BANOBRAS y ese es el motivo de la deuda que aún arrastra, pero nunca estuvo intervenido Ciapacov ni tampoco en bancarrota.

“Que no se trata de una concesión de ningún servicio, se trata de la contratación de la prestación de un servicio”.

Aquí tiene razón el señor Gobernador, porque con la empresa se celebró un contrato de prestación de servicios, no se le concesionó a la empresa el tratamiento del agua, porque si se le hubiera concesionado el Congreso, la hubiera aprobado y la empresa cobraría directamente al usuario la tarifa de agua.

“Si no paga la gente el saneamiento lo va a tener que pagar Ciapacov, porque al final del camino lo que queremos es que se limpie el agua y cuando no le ajuste el dinero que le cubren por las cuotas autorizadas, va a tener que pagar el gobierno del estado eso me queda muy claro. (Jueves 28/Feb/08 El Comentario)”.

Al gobernador le queda muy claro que si la gente no paga, Ciapacov le pagará a la empresa, porque la gente no contrató con la empresa la tarifa, la contrató Ciapacov, mediante la figura jurídica de contratación parcial del servicio,

Y así la normatividad de Promagua establece: “Contrato de Prestación de Servicios Parcial: El organismo operador establece una relación contractual con una empresa privada para que asuma la responsabilidad de la operación y mantenimiento parcial del sistema, incluidas algunas inversiones, de acuerdo a lo que indique el organismo operador en las bases de licitación”. El tratamiento del agua fue el objeto de la licitación, por eso el servicio es parcial, porque Ciapacov atiende el agua potable y el drenaje y únicamente la empresa atiende el tratamiento, por eso el contrato es parcial de servicios.

La normatividad de Promagua establece: “En el caso de los contratos de prestación de servicio tanto parciales como integrales, la empresa privada no aporta su experiencia en la toma de decisiones respecto al tipo inversiones necesarias y el momento en que se deban realizar éstas, limitando la posibilidad de influir en el incremento de las eficiencias. Otra característica de la modalidad es que el sector privado no tiene ninguna relación legal directa con el usuario, actuando siempre por cuenta y orden de la autoridad pública”.

“Título de Concesión: En esta modalidad la empresa privada tiene completa responsabilidad por los servicios incluyendo la operación, el mantenimiento, la administración y las inversiones para la ampliación de coberturas. Todas las decisiones de carácter tanto técnico como administrativo quedan en manos de la empresa privada.

En esta modalidad existe una relación comercial y jurídica directa entre usuario y concesionario, toda vez que éste último es el responsable directo de la presentación del servicio y lo cobra de manera directa a los usuarios, aplicando esquemas tarifarios previamente pactados en el título de concesión”. Fin de la cita.

Está claro que este esquema de concesión no es el usado por el organismo operador y hubiera sido muy bueno que en esa reunión de la comisión investigadora de los diputados, se les hubiera explicado a los asistentes la diferencia entre título de concesión y contrato de prestación de servicios; por eso, los diputados del PAN y del PRD plantearon una nueva reunión para que se les expliquen estas diferencias que la normatividad de Promagua establece con claridad pero que al parecer ninguno de los asistentes a dicha reunión ha leído.

Por eso, en entrevista posterior, el diputado Enrique Michel Ruiz declaró que celebraba que se diera este primer paso hacia la transparencia, y que entre las cosas que analizarán, menciono está lo jurídico del término de concesión y contrato, “ a ver en que condiciones están”.

Y también el diputado perredista Adolfo Núñez González dijo que es de felicitar a todos los involucrados que se haya llevado a cabo esta reunión, auque aún sigue con algunas dudas.

Indicó que una vez que le digan que fue una concesión, entonces le daría la razón a la gente de la Ciapacov y al Gobierno del Estado, pero si fue una concesión la que se otorgó, entonces esa situación tendría que haber pasado por el Congreso.

O sea, los diputados del PAN y PRD se hicieron bolas con el contrato de prestación de servicios (tratamiento del agua) y la concesión, que es una figura que no uso la Ciapacov y también se hicieron bolas todos lo presentes al confundir la licitación de la construcción de la obra, con la licitación de la contratación del servicio. Pues en la construcción de la obra no hubo licitación porque fue una obra de una empresa privada.

Reitero: a lo que convocó Ciapacov fue a licitar la contratación del servicio que ganó la empresa y esta para cumplir la licitación que ganó, tuvo que construir una planta de tratamiento para cumplir la licitación que ganó.

Si a los asistentes a la reunión de la comisión investigadora no les ha quedado claro se los vuelvo a explicar.

Por eso han confundido a la gente, porque no entienden lo que hicieron y tampoco lo que criticaron.

Me queda claro que no hay ánimo ni interés de los declarantes de confundir a la gente con el asunto de la concesión y de la contratación de servicios, o con la ultramentada licitación. No hay tal. Simplemente hay mucha ignorancia al respecto. Eso es todo. No es mala fe, sino exceso de protagonismo y de falta de claridad de los responsables, al explicar o criticar este asunto.

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