En mi colaboración anterior hablé acerca de la manera como llevamos a cabo el proceso de adquisición de los terrenos ejidales para la Cervecería Modelo. De igual manera, ofrecí que hoy daría cuenta de cómo llevamos a cabo la compra venta de los terrenos de propiedad privada para este mismo proyecto.
Aun cuando eran sólo seis las propiedades particulares que le interesaban a la Cervecería Modelo, se realizó un proceso de negociación transparente en donde las partes interesadas acordaron los términos y los montos que recibirían por sus propiedades.
De las tierras de propiedad particular adquiridas para la Modelo suman 103 hectáreas y se pagaron 56 millones 660 mil pesos, en beneficio de los propietarios de seis fracciones de terreno. En este caso, la decisión tomada por mi gobierno fue expropiar dichas fracciones particulares en beneficio de IVECOL y dichos decretos expropiatorios fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de abril y el 25 de mayo del año 2002.
Como es sabido, el IVECOL es un organismo del gobierno del Estado que tiene entre sus múltiples funciones la compra y venta de reservas territoriales y por eso decidimos que fuera el IVECOL, en el marco de sus atribuciones legales, quien recibiera los terrenos expropiados por mi gobierno y que éste, a su vez, pagara el valor de los inmuebles conforme a los avalúos catastrales, como lo señala la ley.
El pago se hizo con cargo a la cuenta que la Cervecería Modelo aperturó en BANAMEX para la compra de los terrenos y, además de haberse cubierto el pago según su valor catastral, se le pagó a los propietarios un recurso extraordinario como indemnización para cubrir los bienes distintos a la tierra; o sea, la infraestructura, o bien el perjuicio causado a los propietarios que se desprendían de sus terrenos.
Dicha indemnización fue determinada mediante avalúo, a precios comerciales y así, una propiedad de 10.54 hectáreas, con un avalúo catastral expedido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Colima, acreditaba un precio de 421 mil 736 pesos, cantidad que se debió haber pagado conforme a la ley; sin embargo, mediante la indemnización, con avalúo a precios comerciales, se le pagaron siete millones, 164 mil pesos.
Ello significa que en vez de pagarle a cuatro pesos el metro cuadrado de terreno, se le pagó a 50 pesos. Así fue en todos los casos, como consta en el Decreto Expropiatorio, donde se asienta el valor catastral, y en el cheque de caja recibido por los propietarios y el recibo que cada uno de ellos firmó al recibir su pago.
Algunos han considerado que a los propietarios se les pagó una cantidad y a la Cervecería Modelo se le vendió en una cantidad mayor y citan como ejemplo en el periódico Ecos de la Costa lo siguiente: “Al menos dos funcionarios estatales del Gobierno de Fernando Moreno Peña compraron a ejidatarios terrenos a bajo costo, que luego revendieron a la Cervecería en millones. “El Instituto de Vivienda de Colima (Ivecol), cuyo titular era Miguel Flores Gutiérrez, realizó la compraventa de terrenos en tres movimientos comerciales.”
“Según la escritura 1828, de la cual MURAL tiene copia, Ivecol pagó por 81 hectáreas 2 millones 462 mil 856 pesos, adquisición que realizó en tres etapas durante el 2003, 8 de octubre, 26 de julio y 26 de agosto.”
“El 17 de diciembre del 2003, cuando la dependencia realizó la operación de venta, recibió de la compañía cervecera 47 millones 158 mil 592 pesos.”
“Así la dependencia estatal pudo haber obtenido ganancias en la operación hasta por 44 millones 695 mil 736 pesos”.
Efectivamente, las escrituras, en el caso de las pequeñas propiedades, consignan únicamente el valor catastral al que se pagaron los predios, pero no se asienta en las mismas el pago total de la indemnización; y no se hace, precisamente, para no afectar a los vendedores, sino, al contrario, beneficiarlos para que únicamente pagaran el impuesto relativo al valor catastral que por ley tenían derecho a recibir.
Sin embargo, la indemnización por daños causados por la expropiación no genera pago de impuestos y ésta no se considera como compra de terreno, sino como indemnización y su pago no se consigna en la escritura, pero sí en el cheque recibido por el propietario y en el recibo firmado, como consta en el que a continuación publico y que por sí solo representa cuatro veces mas que lo que el Ecos de la Costa publica el 27 de octubre de 2005, y en el que supuestamente se pagaron por 81 hectáreas de las 103, la cantidad de dos millones 462 mil 856 pesos, las cuales, según publica Ecos de la Costa, se vendieron en más de 47 millones de pesos y así, en Ecos de la Costa se afirmó que la dependencia estatal (Ivecol) pudo haber obtenido ganancias por más de 44 millones, lo cual es un error del periodista debido a la falta de información.
Por falta de espacio, no publicamos los seis recibos firmados por los propietarios expropiados, que en total recibieron 56 millones 659 mil pesos, aproximadamente.
Tras dialogar ampliamente con los pequeños propietarios, ellos acordaron vender sus propiedades a precio comercial, que el avalúo realizado determinó en un promedio de 50 pesos por metro cuadrado, pero en su defensa argumentaron que al pagarles los terrenos a valor comercial y asentado así en la escritura, tendrían que pagar una tercera parte en impuesto sobre la renta, y en la realidad, venderían sus terrenos a 33 pesos el metro y así no les convenía.
Por eso, optamos por un camino legal: la expropiación, lo cual nos permitía pagarles sus terrenos a valor catastral, de dos a cuatro pesos el metro cuadrado, y hacerles un pago adicional, por indemnización, de 46 a 48 pesos por metro cuadrado, para completar así los 50 pesos por metro cuadrado, con lo que ellos estuvieron plenamente de acuerdo y que además estaba respaldado por un avalúo a precio comercial. Todo se hizo conforme a la ley.
Ese pago por indemnización no lo hizo el gobierno con recursos públicos, lo pagó la Modelo con sus propios recursos, administrados por el gobierno. La Modelo asumió la indemnización y el gobierno no se quedó con ningún centavo, todo fue a parar a los propietarios de las tierras y no publicamos todos los recibos, ni las copias de cheques, ni el número de hectáreas de cada uno de ellos, porque no es prudente darle a conocer a todo mundo, las operaciones privadas que la gente realiza, aunque, a veces, eso genera confusión en algunos y los hace creer que las cosas no se hicieron correctamente.
Aunque otros, por perversos, quieren politizar todos los asuntos, acusan sin probar nada, opinan en asuntos que no les competen, porque en el caso concreto, no hubo recursos públicos, sino privados, que pasaron esos dineros a manos privadas, únicamente con la intermediación mercantil del gobierno del estado para facilitar una operación inmobiliaria que generará desarrollo al Estado de Colima, sin ninguna utilidad para el gobierno del estado o para los funcionarios que intervinieron sino, únicamente, conforme a la ley para facilitar la inversión.
El periódico Ecos de la Costa ha tratado de manera reiterada el tema de la compra de los terrenos para la Cervecería Modelo, y le ha dedicado importantes espacios en sus páginas, a partir del 21 de octubre y hasta el cuatro de noviembre, razón por la que, en aras del interés que ese periódico tiene porque se aclare en lo general la compra de los terrenos, así como la intervención de funcionarios de mi gobierno en supuestas acciones irregulares con el propósito de obtener un beneficio particular en dicha operación inmobiliaria y en ocasiones, afirmando que actuamos fuera de la ley, que perjudicamos a los expropietarios de las tierras y que siempre tratamos de beneficiar a una empresa por sobre los intereses de los 27 propietarios de dichos terrenos, motiva este escrito.
Y así, el periódico Ecos de la Costa ha dedicado siete notas de ocho columnas relativas a este tema en sólo 14 días, tres editoriales e infinidad de columnas en páginas interiores, en las que, en la mayoría de los casos, se reitera que se actuó fuera de la ley, que los funcionarios de mi gobierno hicieron negocio, que se perjudicó a los que eran propietarios de las tierras y que se privilegió el interés de la empresa Cervecera sobre el interés de los 27 propietarios y que faltan muchas explicaciones que dar y es por ello que se las estamos dando, de manera atenta y respetuosa, fundamentadas, y, sobre todo, apegadas a derecho.
El 25 de octubre de 2005, en la página cinco de Ecos de la Costa, se escribe “Ahora que ya tenemos claro que el proyecto no resultó viable para los inversionistas deberían ventilarse otras cuestiones, por ejemplo las condiciones que en que se dio la adquisición de los terrenos que serían utilizados en la planta cervecera. Para que ese procedimiento se llevara a cabo tuvieron que participar diversos funcionarios de la administración 1997-2003, entonces es pertinente llamarlos a cuentas y que expliquen los claroscuros”, o sea, llamarlos a cuentas, a quiénes y por qué, con qué pruebas.
El jueves 27 de octubre, en la página cinco de Ecos de la Costa, se afirma: “la compra de los terrenos donde se asentaría la factoría aceleró los ánimos de quienes la utilizaron como arma para destruir al enemigo político, se forzaron cambios legales para beneficiar a los inversionistas, y se presionó a las autoridades municipales para que dejaran de aplicar disposiciones de orden público de aplicación inexcusable”. O sea, se uso a la Cervecería Modelo como arma política, ¿En contra de quién? ¿A quién se destruyó? Los cambios legales se dieron en el ámbito de las atribuciones de quien los hizo, el procedimiento fue legal. La pretensión no era beneficiar a los inversionistas, sino facilitar la inversión para que se beneficiara Colima. Quienes no tienen experiencia en la toma de este tipo de decisiones, se confunden: no se forzó al municipio, tan es así que se opuso y ahí están los resultados. No respetó Leoncio Morán el principio de la supremacía de la ley, donde la municipal debe estar acorde a la estatal y si no lo está, por disposición de la propia ley, se debe adecuar.
En esa misma fecha, otro columnista de Ecos de la Costa, afirma “Sin embargo, la manera en que la administración anterior abordó su papel como gestor no deja a todos satisfechos. Es evidente que los promotores del gobierno se esforzaron por conseguirle los mejores precios y las condiciones más ventajosas a… Grupo Modelo, no a los ejidatarios y propietarios rurales que accedieron a vender sus tierras. Fue una política pro empresarial más que social. Pero si es verdad que resultaron más beneficiados los corredores de bienes raíces que los vendedores, eso tendrá que establecerlo el órgano de fiscalización competente”, o sea, que el objetivo de la Modelo era que se hicieran ricos 27 propietarios de terrenos y eso hubiera justificado su instalación. Falso. El objetivo real era que se beneficiaría Colima, con la generación de empleo, con el pago de impuestos, con la creación de vivienda, de mayor infraestructura, con el pago del agua, con la inversión de más de 15 mil millones de pesos.
Es un error, grave error, creer que el negocio estaba en la compra y venta de terrenos en sólo 123 millones que representa el 0.8 de la inversión. De haber sido así, la Cervecería no se instala, pues su negocio no es la compra de bienes, sino la producción y venta de cerveza. Y además, los propietarios recibieron lo justo, tampoco es cierto que pudieron haber recibido más, porque no se hubieran comprado esos terrenos. La Modelo ya tenía contemplados otros, por si no era posible adquirirlos, al precio de los avalúos que ellos habían mandado hacer.
El día dos de noviembre de 2005, en la página 5 del Ecos de la Costa, se afirma: “Por eso, porque la decisión de instalarse depende solamente del grupo Modelo, extrañan los afanes de quienes, a pesar de haber hecho todo lo que estaba en sus manos, fracasaron. El único negocio que se hizo fue con la especulación y fue a costa de los propietarios originales; hubo rendimientos en las operaciones realizada por los funcionarios estatales pero hasta el momento no se sabe el destino de los recursos”. “Bueno, como es posible ver, hace falta clarificar las cosas; sigue siendo inexplicable cómo con todos los recursos legales e incluso morales del gobierno del Estado se haya tenido que improvisar a un funcionario como ejidatario y a una institución gubernamental como intermediaria, sin que se haya reportado el destino de las utilidades que se sabe que fueron millonarias”. Otra vez se insiste en lo mismo: se fracasó, hubo negocio y especulación de los funcionarios estatales, no se sabe el destino de los recursos ¿Se perdieron? ¿Alguien se los robó?, ¿hubo utilidades millonarias? ¿Para quién? Sin ninguna prueba se acusa.
El viernes 4 de noviembre de 2005, en su editorial, Ecos de la Costa afirma: “La administración pasada decidió simular una gran operación de compra-venta en lugar de recurrir a figuras legales como la expropiación de los terrenos con fines de utilidad pública o a la compra de reservas territoriales por parte del Instituto de Vivienda del Estado de Colima”. Así se hizo: donde legalmente lo podíamos hacer, expropiamos en favor de IVECOL.
Y, además, se afirma: “Para los vendedores de la tierra semejante política de fomento económico fue lesiva pues obtuvieron por sus propiedades menos dinero del que hubieran podido recibir”. Nuevamente se confunde el objetivo: el negocio no era la venta de terrenos; además, los propietarios de la tierra nunca fueron amenazados con la expropiación, con los ejidatarios no la podíamos decretar y a los pequeños propietarios les convino. Hubo un ejidatario que nos expresó “háganle como quieran si no me pagan a 80 pesos el metro no vendo” y vendió el ejidatario a 80 pesos el metro. Nadie vendió a fuerzas, por el contrario muchos ofrecieron vender sus parcelas.
Y también se afirma en el editorial “Se procedió como se procedió por estrategia mercantil, digna de un consorcio empresarial que busca maximizar utilidades y no de un gobierno comprometido con generar una distribución más equitativa de la riqueza. Pero también por estrategia política: el proyecto de la Modelo se usó como una bandera electoral para afianzar la hegemonía del PRI con miras a los comicios de 2003”. Siguen confundidos: la riqueza a distribuir eran los 15 mil millones de pesos de inversión, no los 123 millones de los terrenos. Y ahora, resulta que la Modelo es priísta y que gracias a eso ganamos las elecciones tres veces.
Esta claro que se ha pretendido destacar de manera reiterada, que se violó la ley, que hubo negocio y que se beneficiaron los funcionarios de mi gobierno, lo cual es falso, así lo hemos demostrado y quienes nos han acusado, hasta el momento no han aportado ninguna prueba de sus dichos.
Está claro también que en Ecos de la Costa se pretende sembrar la idea de que el éxito o fracaso de mi gobierno fue en función de la instalación o no de la Cervecería Modelo, lo cual es falso, porque la instalación de esta empresa, ni siquiera figuró en mi Plan Estatal de Gobierno, cuando nos enteramos de que deseaban invertir, les ofrecimos y les dimos las facilidades que nos pidieron; sin embargo, independientemente de este proyecto, mi gobierno construyó el mayor número de viviendas en la historia de Colima, lo hicimos el estado más seguro de la república, mantuvimos las tazas de desempleo más bajas en la historia, construimos una gran obra pública y cultural que está a la vista de todos, establecimos al 100 por ciento, el seguro médico popular y el gobierno electrónico, etc. etc., con la Modelo y sin la Modelo, mi gobierno ha sido reconocido por la mayoría de los colimenses.
Este proyecto de inversión era un plus a mis compromisos de campaña, cumplidos todos ellos, era adicional a lo establecido en mi Plan de Gobierno para el período 1997-2003 y siempre lo dije: el proyecto de la Modelo es a futuro, pensamos en el futuro de Colima, hicimos lo que teníamos que hacer, pese a las críticas, no dejamos de actuar por temor a ellas. En mi gobierno vino el proyecto a Colima, razones ajenas a mí y a mi gobierno, han impedido que continúe.
Por lo anterior, no me quejo ni critico a Ecos de la Costa por hacer los señalamientos que hasta hoy ha hecho respecto al proyecto de la Modelo y a mi gobierno. Como hombre público, se que estoy expuesto a la crítica y la acepto. Lo que no acepto son dos cosas: una, que se digan falsedades y no se aporte ninguna prueba de lo que se dice, como lo han hecho los panistas, y la otra, que es el caso y motivo de este escrito, es que se acuse sin fundamentos a quienes fueron mis colaboradores y tuvieron una participación muy importante en la adquisición de los terrenos de la Modelo.
Por eso, quiero recordar a Ecos de la Costa, con todos respeto, a su línea editorial y a sus columnistas, que el funcionario más importante de mi gobierno que participó en el proceso de adquisición de los terrenos para la Modelo, fue mi Secretario General de Gobierno, el Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, quien con ese carácter, suscribió los decretos expropiatorios, firmó a nombre del gobierno los convenios de indemnización a los propietarios de las tierras y ordenó a la Secretaría de Finanzas que fueran pagadas la obligaciones económicas correspondientes, en beneficio de los propietarios de la tierra, como consta en los documentos que están en el expediente respectivo.
Por lo anterior, reitero: avalo la conducta de quienes fueron mis colaboradores y, de manera particular, la de quien fuera mi Secretario General de Gobierno, Jorge Humberto Silva Ochoa, estoy convencido que en el ejercicio de su cargo siempre actuó conforme a la ley y nunca obtuvo ninguna utilidad económica derivada de su participación en el proceso de la adquisición de los terrenos.
Por eso, rechazo tajantemente la falsedad publicada en Ecos de la Costa, de que hubo una utilidad de más de 44 millones de pesos en la compra de los terrenos expropiados y que se ignora donde quedó ese dinero, y que, se da a entender, fueron a parar a los bolsillos de mis colaboradores.
No me preocupa, que me critiquen a mí o a mi gobierno, pues podemos acreditar con documentos que todos lo hicimos dentro de la ley, sino que en el afán de hacer señalamientos – sin fundamento alguno – olviden, tal vez sin darse cuenta, el hecho de que el propietario del Ecos de la Costa, el Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, participó activamente en el proceso de adquisición de los terrenos y yo por él, en este caso y en otros más, meto las manos al fuego, y saldré en su defensa cuantas veces sea necesario.
